Sentencia STC5977-2017 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Luis Armando Tolosa Villabona

STC5977-2017

Rad.: 11001-22-03-000-2017-00695-01

(Aprobado en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de abril de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Link Global S.A. —en liquidación— contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de la “acción revocatoria” impulsada por la aquí actora frente a Minergy S.A.S. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A., iniciada en el trámite de intervención de la tutelante, consagrado en el Decreto 4334 de 2008.

1. ANTECEDENTES

1. Por conducto de apoderado judicial, la promotora exige la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada.

2. Como fundamento de su reparo, asevera que la sociedad actora fue intervenida por la Superintendencia querellada el 22 de mayo de 2013, disponiéndose la posesión de sus negocios, bienes y haberes, dada “(...) la verificación de los hechos (...) que permitieron determinar (...) [la] reali[zación de] operaciones de captación masiva y habitual de dineros (...) sin autorización del Estado (...)”.

El 13 de febrero de 2014 se aprobó el plan de desmonte presentado por la tutelante y ante su posterior incumplimiento, el 25 de marzo de 2015 se decretó la apertura del decurso de liquidación judicial.

La accionante, a través de su agente liquidadora, formuló “acción revocatoria” frente a Minergy SAS y Acción Fiduciaria S.A., para lograr la invalidación de un contrato de compraventa celebrado el 12 de abril de 2013 respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 23094064.

Señala que ese negocio jurídico fue simulado, por cuanto, en realidad, consistió en una dación en pago orientada a “(...) satisfacer el crédito de uno de los afectados por [la] captación, excluyendo dicho bien de la masa pasiva del proceso de intervención que se avecinaba en perjuicio de los demás acreedores (...)”.

Aunque inicialmente se admitió el libelo, al desatarse la reposición formulada por los demandados, cimentada en que el contrato objeto de la revocatoria fue celebrado fuera del período de sospecha reglado en el numeral 1º del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006(1), el ente acusado revocó ese pronunciamiento para, en su lugar, rechazar el escrito introductor.

La entidad atacada sostuvo que esa norma se aplicaba en razón de la remisión contenida en el canon 14 del Decreto 1910 de 2009, reglamentario del 4334 de 2008. Por tanto, como la compraventa reseñada se surtió fuera del lapso de “sospecha” enunciado, comprendido entre el 25 de septiembre de 2013 y el 25 de marzo de 2015, no podía admitirse la revocatoria deprecada, pues, según se indicó, dicho plazo “(...) se cuenta de manera independiente según se trate de toma de posesión o de liquidación judicial y (...) en el caso (...) la acción debió proponerse (...)” durante el primer trámite.

Impugnó ese pronunciamiento mediante los remedios horizontal y vertical, alegando, en síntesis, la autonomía y especialidad de los procesos de intervención; la consagración especial de la “revocatoria” de actos contractuales suscritos antes de la toma de posesión como una “medida de intervención”, de acuerdo con el literal b) de la regla 7ª del Decreto 4334 de 2008; la obligatoriedad de acudir a ese artículo conforme a los criterios de interpretación de las leyes; y la aplicación subsidiaria del canon 74 de la Ley 1116 de 2006 sólo para “(...) aspectos procedimentales (...)”.

En auto de 19 de octubre de 2016 se mantuvo el rechazo de la demanda, desconociéndose sus alegaciones, no se tramitó la alzada por improcedente.

Con el proceder descrito se incurrió en vía de hecho y además, se generó un perjuicio irremediable, por cuanto la Superintendencia perdió la posibilidad de revisar

“(...) de fondo, en sede de la acción revocatoria, (...) la distracción definitiva de un bien del deudor que como universalidad jurídica debía conformar el haber del proceso de intervención en fase de liquidación, y que podría conllevar (...) la oportunidad (...) de que dicho bien ingres[ara] al haber con el cual se puede pagar a los afectados reconocidos (...)” (fls. 1 al 23, cdno. 1).

3. Exige, en concreto, revocar los proveídos criticados y resolver, de nuevo, sobre la admisibilidad del libelo (fl. 24, cdno. 1).

1.1. Respuesta de la accionada.

La Superintendencia de Sociedades relató los antecedentes del decurso y se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque las providencias denunciadas no contienen defectos sustanciales o procedimentales.

Acotó que las mismas se emitieron con apego a la normatividad pertinente, particularmente, se apoyaron en los artículos 74 a 76 de la Ley 1116 de 2006, aplicables por remisión “(...) expresa y general (...)” según los Decretos 4334 de 2008 y 1910 de 2009, los cuales “(...) regulan de manera íntegra lo referente a la acción revocatoria (...) y en consecuencia, su aplicación no puede ser excluida o parcial (...)”.

Agregó que la decisión de no formular la demanda revocatoria durante el trámite de toma de posesión y sí en el liquidatorio, “(...) con las implicaciones que ello acarrea, no es imputable a [ese] despacho ni mucho menos puede abrir el paso a que se hagan interpretaciones con carácter excluyente frente a las normas que rigen la materia (...)” (fls. 220 al 223, cdno. 1).

1.2. La sentencia impugnada.

El tribunal accedió a la salvaguarda y, por tanto, le ordenó al ente querellado

“(...) que dentro de los 10 días siguientes a la notificación (...) deje sin efecto el auto (...) de 19 de octubre de 2016, así como las demás actuaciones que de él dependan, y resuelva nuevamente el recurso de reposición propuesto frente al proveído dictado el 20 de junio de 2016 (...) siguiendo las pautas [de esa providencia] (...)”.

Lo anterior, por cuanto estimó que la entidad acusada inobservó lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1116 de 2006 sobre la caducidad de la acción revocatoria y lo preceptuado en el parágrafo 3º, canon 14 del Decreto 1910 de 2009.

Lo primero porque aquélla norma consagra la posibilidad de iniciar dicha demanda “(...) hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto (...)” acto a cumplirse sólo en la etapa liquidatoria, surtida conforme al canon 12 del Decreto 1910 de 2009, y no en la intervención mediante toma de posesión.

Y lo segundo, dado que está contemplado el rechazo del enunciado libelo

“(...) ante la falta de prueba siquiera sumaria del acto o negocio realizado por el intervenido (Decreto 1910 de 2009, artículo 14, parágrafo 30), debiendo, entonces, acudirse en este específico aspecto a lo reglado en el Código Contencioso Administrativo, por remisión expresa del artículo 80 del Decreto 4334 de 2009 (...)” (fls. 235 al 242, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

a) La representante legal de Minergy S.A. impugnó señalando, en síntesis, que la Superintendencia querellada aplicó correctamente las disposiciones normativas, pues el contrato objeto de revocatoria fue celebrado fuera del período de sospecha regulado en la regla 74 de la Ley 1116 de 2006; además, conforme al artículo 14 del Decreto 1910 de 2009, la acción rebatida procede “(...) durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial (...)” y en este caso debió formularse la misma oportunamente, esto es, mientras se surtió la primera etapa. Acotó que la única causal de rechazo del libelo no es la contenida en el Decreto 1910 de 2009, pues éste lo que hizo fue agregar la referida por el a quo constitucional a la “(...) la generalidad de nuestro ordenamiento jurídico (...)” (fls. 258 al 266, cdno. 1).

b) Acción Sociedad Fiduciaria S.A. y Campos SAAB S.A.S. recurrieron indicando estar legitimadas para el efecto, por cuanto están involucradas en el contrato de fiducia mercantil realizado respecto del bien comprado por Minergy SAS. Adujeron que el ente querellado no incurrió en vía de hecho porque los mecanismos de intervención consagrados en el precepto 7º del Decreto 4334 de 2008 pueden agotarse de forma “(...) independiente (...) y no son consecuencia una [del] otr[o] (...)”.

Resaltaron que el canon 14 del Decreto 1910 de 2009, según lo adujo el órgano atacado, determinó la procedencia de la acción revocatoria

“(...) durante el trámite de la medida de intervención correspondiente, es decir que si el negocio jurídico objeto de la acción fue celebrado con anterioridad a la apertura del proceso de toma de posesión para devolver, era justamente ‘durante’ el trámite de [éste] (...) cuando se debía (...) [demandar la revocatoria en discusión] (...)”.

Acotaron que el Tribunal desconoció lo reglado para el período de sospecha, el cual se contabiliza en asuntos como el denunciado, teniendo en cuenta la fecha de toma de posesión o el inicio del trámite liquidatorio (fls. 313 al 330, ídem).

c) La Superintendencia de Sociedades cimentó su alzada en razones similares a las esgrimidas al contestar la solicitud de amparo. Adicionalmente, resaltó el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la compañía actora “(...) ejerció de manera deficiente los mecanismos de defensa de los que disponía (...)”.

Lo aducido porque en la reposición formulada frente al rechazo de la acción revocatoria no alegó

“(...) que esa no era la oportunidad procesal para analizar si el acto demandado se encontraba dentro del período de sospecha previsto en la ley sustancial (...). Se limitó a quejarse de la forma de contabilizar el término [de ese lapso] (...) pero calló con respecto a si ese era o no el momento de analizar el tema (...)”.

Añadió que las elucubraciones del a quo constitucional no estaban relacionadas con las cuestiones esbozadas en la tutela; y sostuvo que esa autoridad se equivocó al estimar que podían aplicarse normas del antiguo Código Contencioso Administrativo por la remisión contenida en el artículo 80 del Decreto 4334 de 2008, por cuanto las actuaciones en el decurso de intervención “(...) tienen carácter jurisdiccional (...)”.

Finalmente, argumentó la intrascendencia de lo ordenado por el tribunal, pues la caducidad de la acción revocatoria está atada al período de sospecha, lapso en el cual debe haberse celebrado el negocio objeto de la misma. Por tanto, sobre la temporalidad de ese mecanismo es mejor resolver desde la presentación del libelo y no en la sentencia, ello para evitar “(...) dilaciones injustificadas (...)” tal como lo pretendió esa entidad al emitir las providencias confutadas (fls. 301 al 340, ídem).

2. CONSIDERACIONES

1. La queja se dirige frente a los proveídos de 20 de junio y 19 de octubre de 2016, mediante los cuales, en el primero, se infirmó la admisión de la demanda revocatoria impulsada por la liquidadora de Link Global S.A. y, el segundo, ratificó en sede de reposición ese pronunciamiento.

2. Al asunto confutado les son aplicables los decretos 4338 de 2008 y 1910 de 2009; así como la Ley 1116 de 2006.

El proceso de intervención regulado en la primera norma, fue definido en su artículo 1º como

“(...) el conjunto de medidas administrativas tendientes, entre otras, a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades (...)” (subraya fuera de texto).

A su turno, el canon 7º ibidem estableció como medidas para intervenir, las siguientes:

“(...) a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas;

b) La revocatoria y reconocimiento de ineficiencia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión; (subraya fuera de texto).

c) La devolución de bienes de terceros, no vinculados a la actividad no autorizada;

d) En caso de que a juicio de la Superintendencia se presente una actividad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el presente decreto, por parte de una persona natural o jurídica y ésta manifieste su intención de devolver voluntariamente plan de desmonte. En el evento que dicho plan se incumpla se dispondrá la adopción de cualquiera de las medidas previstas en este decreto, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar;

e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de multas sucesivas, hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta medida se publicará en un diario de amplia circulación nacional indicando que se trata de una actividad no autorizada;

“f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la Superintendencia de Sociedades, independientemente a que éste incursa en una situación de cesación de pagos. 

“g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de persona natural sin consideración a su calidad de comerciante; 

“(...)”.

La Corte Constitucional, al estudiar la legalidad del enunciado decreto expuso:

“(...) El artículo 1º declara la intervención del gobierno por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, ‘en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley’, para lo cual se le otorgan a dicha Superintendencia ‘amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado (...)”.

De esa manera, la norma bajo análisis delimita el ámbito de aplicación del régimen de intervención regulado en el Decreto 4334 de 2008, dotando al mencionado organismo de las más extensas atribuciones, lo cual se justifica constitucionalmente si se tiene presente que lo que busca el gobierno es encarar una situación excepcional originada por la captación masiva y habitual de dineros del público, sin la debida autorización legal, como garantía de que esos acontecimientos no se repetirán y de ahí que sea indispensable que tales facultades no sean ejercidas arbitrariamente para fines distintos a los mencionados en dicha preceptiva (...)”.

Esa medida tiene además relación con las causas que generaron la declaratoria de emergencia social mediante el Decreto 4333 de 2008 y con el propósito fundamental del Decreto 4334 del mismo año en revisión de adoptar urgentes medidas con fuerza de ley para intervenir de manera inmediata las conductas, operaciones y el patrimonio de las personas involucradas en la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización estatal y las de quienes amenazan con desarrollarlas en adelante (...)”.

Para esta Corte tal determinación no es una decisión inapropiada o carente de sustento jurídico, pues a través de las superintendencias el Gobierno desarrolla la función constitucional de ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control, para el caso sobre las personas que realicen las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, al igual que sobre cooperativas y sociedades mercantiles (art. 189-24 Const.) (...)”.

Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley (arts. 150-19-d, 189-24 y 335 Const.); al respecto conviene acotar que, ni en la Constitución ni en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, se prohíbe ni limita la intervención del Estado en las mencionadas actividades. En relación con el significado de tal intervención, la jurisprudencia ha señalado: (...) ‘el artículo 334 de la Constitución confía al Estado la dirección general de la economía y le ordena intervenir, por mandato de la ley -que no solamente puede serlo la expedida por el Congreso sino también la contenida en decretos legislativos expedidos por causa de grave emergencia-, para racionalizar aquélla, con el fin de conseguir, entre varios objetivos más, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, así como para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (...)”.

En igual sentido, el artículo 335 constitucional hace explícito el interés público de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y de cualquiera otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado, y en consecuencia estatuye que se ejercerán previa autorización del Estado y conforme a la ley, ‘la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito (...)”.

“(...) Cobran así sentido los mandatos de los artículos 2º y 7º del Decreto 4334 de 2008, que establecen que la intervención sobre quienes participan en la actividad financiera sin la debida autorización del Estado, es un conjunto de medidas administrativas, que apuntan a los objetivos fundamentales de suspender inmediatamente las operaciones o negocios de quienes ejercen dicha actividad y organizar un procedimiento cautelar orientado a lograr la pronta devolución de los dineros, medida que, por la razones antes indicadas no es desproporcionada ni irrazonable, ya que, se repite, es trasunto del deber de intervención estatal previsto en los artículos 333, 334 y 335 superiores; tampoco se observa que afecte garantías fundamentales, ya que, por el contrario, la determinación de esos objetivos busca proteger los derechos de los depositantes y el interés público ínsito en el manejo de los recursos de captación (...)”(2) (subraya fuera de texto).

Ahora bien, debe indicarse que el Decreto 1910 de 2009, mediante el cual se reglamentó parcialmente el 4334 de 2008, determinó en su capítulo I las gestiones a surtirse en el decurso de intervención. Éstas consisten en la exposición del plan de desmonte o de pagos, el decreto de medidas cautelares, la devolución de dinero a los afectados y, de no haber dinero, la presentación del inventario valorado si lo hay y, en firme éste, la rendición de cuentas del agente interventor, luego de lo cual se declarará la terminación del proceso de toma de posesión para devolver (arts. 1º al 8).

No obstante, en caso de considerarse “necesario” o si llegara a inobservarse el plan de desmonte, esto último conforme al parágrafo del artículo 13 del anotado decreto, la Superintendencia de Sociedades decretará el incumplimiento del mismo y deberá abrir la liquidación judicial, “(...) bajo el procedimiento establecido en la Ley 1116 de 2006 (...)” (inc. 3º, art. 8º).

El artículo 14 del Decreto 1910 de 2009, previó, además, la acción materia de queja, indicando:

“(...) Acción revocatoria y reconocimiento de los presupuestos de ineficacia. Las acciones revocatorias y de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006 y procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial (...)”.

La acción revocatoria como medida de intervención, podrá también interponerse por el agente interventor o por cualquier reclamante del proceso de toma de posesión para devolver (...)”.

PAR. 1º—Las acciones referentes a daciones en pago y a los actos de disposición a título gratuito, podrán ser iniciadas por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de toma de posesión para devolver y se tramitarán como incidente de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1116 de 2006 (...)”.

“PAR. 2º—En los casos en que las acciones revocatorias sean interpuestas por los reclamantes del proceso de toma de posesión para devolver, estos tendrán derecho a la recompensa de que trata el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 (...)”.

PAR. 3º—Para los efectos de este decreto, quien interponga la acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, deberá allegar prueba siquiera sumaria del acto o negocio realizado por el intervenido, so pena de rechazo (...)”.

3. Con el propósito de desatar el reparo planteado, es del caso reseñar lo ocurrido en el asunto confutado.

Dados los actos comprobados de captación masiva e ilegal cometidos por la citada sociedad, la Superintendencia querellada el 22 de mayo de 2013, declaró la intervención de la misma mediante la toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2014 se aprobó el plan de desmonte presentado por la intervenida; sin embargo, ante su incumplimiento, el 25 de marzo de 2015 se decretó la apertura del proceso de liquidación judicial.

La liquidadora designada promovió la acción aquí criticada para obtener la revocatoria de un contrato de compraventa celebrado con Minergy SAS el 12 de abril de 2013 sobre una parte del “(...) Área (...) del condominio Parque Residencial Canaguay (...)”, ubicado en Villavicencio.

En auto de 4 de enero de 2016 se admitió dicho libelo, empero el 20 de junio siguiente, al desatarse la reposición incoada por Minergy SAS y Alianza Fiduciaria S.A., se revocó ese pronunciamiento exponiéndose:

“(...) De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 1910 de 2009: ‘Las acciones revocatorias y de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006 y procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial (...)”.

“(...) Según el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, ‘Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los (...) actos o negocios que hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos, (...) durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario obró de buena fe (...)”.

“(...) Para el caso en estudio, el negocio cuya revocatoria se pretende se celebró el 12 de abril de 2013 y, el proceso de liquidación judicial inició el 25 de marzo de 2015. Así las cosas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 74 citado, el negocio atacado habría ocurrido por fuera del período de sospecha, que abarca del 25 de septiembre de 2013 al 25 de marzo de 2015 (...)”.

“(...) Lo anterior obedece a que, en afecto, el artículo 14 del Decreto 1910 de 2009 expresamente define que, la presentación de las acciones revocatorias ‘procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial (...)”.

“(...) Por lo expuesto es claro que, el período de sospecha se cuenta de manera independiente según se trate de fase de toma de posesión o de liquidación judicial. En este sentido, la acción en estudio debió proponerse en la toma de posesión (...)”.

La promotora impugnó en reposición esa decisión aduciendo iguales cuestiones a las argüidas en esta salvaguarda, particularmente, resaltó el carácter autónomo y especial de los procesos de intervención y relievó que el lapso contenido en el canon 74 de la Ley 1116 de 2006 debía contabilizarse “(...) desde el momento en que se formaliza la toma de posesión, pues, ciertamente, desde ese momento se encuentran evidenciados los hechos dolosos proscritos por la ley (...)”.

Lo anotado teniendo en consideración, además, que el literal b) del artículo 7º del Decreto 4334 de 2008 preceptúa como medida de intervención “(...) [l]a revocatoria y reconocimiento de ineficiencia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión (...)” (subraya fuera de texto).

El 19 de octubre de 2016 se confirmó el proveído recurrido, acotándose:

“(...) El Decreto Legislativo 4334 de 2008 regula un procedimiento cautelar de intervención cuyo objeto es suspender de manera inmediata las operaciones o negocios que generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer actividad financiera irregular y que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades (...)”.

“(...) En desarrollo de dicha intervención, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, puede adoptar, entre otras, la revocatoria de actos y negocios jurídicos celebrados con antelación a la toma de posesión y la disolución y liquidación judicial de la persona jurídica, contrato o forma de asociación (...)”.

“(...) Por su parte, el Decreto 1910 de 2009 reglamentó parcialmente el citado, y dictó otras disposiciones. El capítulo I desarrolla la toma de posesión para devolver y liquidación judicial. De la lectura de los artículos 8º -último inciso- y 9, queda claro que (i) la toma de posesión para devolver y la liquidación judicial son dos procesos diferentes, aun cuando se lleven en el mismo expediente y (ii) el proceso de liquidación se adelantará bajo el procedimiento de la Ley 1116 de 2006 salvo las excepciones, expresamente, contempladas en sus artículos posteriores (...)”.

“(...) Específicamente, el Capítulo III del Decreto en estudio -artículo 14- regula lo referente a la acción revocatoria en donde ratifica que la misma se tramitará de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006' y procederá durante cualquiera de los dos procesos, a saber, toma de posesión para devolver o liquidación judicial (...)”.

“(...) De acuerdo con lo anterior, el Decreto 1910 de 2009 es norma especial, aplicable al caso en estudio, el cual expresamente remite a la Ley 1116 de 2006 en cuanto a la acción revocatoria se refiere (...)”.

“(...) Así las cosas, cualquier interpretación del decreto en cita en orden a excluir la aplicación total o parcial de artículos, como el 74 de la Ley 1116 de 2006, con el ánimo de obviar la contabilización de los 18 meses bajo el entendido que el Decreto 4334 de 2008 es norma especial porque ‘establece que el referente es la fecha en que se ordene la toma de posesión’ excede su tenor literal pues lo que dice, exactamente, el numeral b) del artículo 7º ejusdem, es que esta Superintendencia podrá adoptar ‘[l]a revocatoria y reconocimiento de ineficiencia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión’ (...)”.

“(...) Teniendo en cuenta que cuando la norma es clara y no distingue no le es dable al interprete hacerlo, no es cierto, como lo afirma el recurrente, que a la acción revocatoria en el escenario de la intervención no le sea aplicable la Ley 1116 de 2006, específicamente en cuanto al término de contabilización del denominado período de sospecha respecto de los procesos de toma de posesión para devolver y liquidación judicial independientemente considerados (...)”.

4. Precisado el anterior escenario, esta Sala estima pertinente otorgar el amparo, pues sí se observa la vulneración de las garantías invocadas.

En efecto, en los proveídos cuestionados se omitió interpretar conjuntamente las normas antes reseñadas, desconociéndose el interés público del juicio de intervención y, eventualmente, los derechos patrimoniales de las víctimas de la captación.

Ciertamente, debe destacarse, como lo adujo la tutelante, que “(...) la revocatoria y reconocimiento de ineficiencia de actos y negocios jurídicos celebrados con antelación a la toma de posesión (...)” se estableció como una medida de intervención, posterior a esa toma de posesión (art. 7º, D. 4334/2008).

Aunque el canon 14 del Decreto 1910 de 2009, establezca la interposición de la acción revocatoria “(...) durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial (...)”, lo cierto es que los negocios a revocar deben haberse celebrado antes de la toma de posesión; así, es desde la apertura de ésta que procede contabilizar los dieciocho (18) meses indicados en el numeral 1º del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006.

Lo anterior porque aun cuando esa norma consagra tal lapso atendiendo a la apertura de la “(...) reorganización o del proceso de liquidación judicial (...)”, es claro que el objetivo de los trámites de insolvencia no es el mismo que el del decurso de intervención, el cual pugna por lograr “(...) la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de [las] actividades (...)” de captación ilegal, en defensa del interés público y para garantizar los derechos patrimoniales de las posibles víctimas.

Si en casos como el actual se presenta un plan de desmonte y éste es incumplido, tal gestión genera un retraso en la toma de posesión de bienes, atribuible sólo a la intervenida. Por tanto, una interpretación como la de la Superintendencia acusada, daría lugar a comprender que si el agente nombrado para la liquidación judicial percibe un contrato simulado pasible de ser revocado, no puede interponer la demanda respectiva en la etapa liquidatoria porque la dilación de la captadora se lo impediría.

Ello iría en desmedro, como se dijo, del interés público y de las prerrogativas de los acreedores reconocidos; además, aunque podría aducirse que el liquidador tiene a su alcance la acción pauliana o la de simulación ante la especialidad civil para lograr el reintegro del bien objeto del negocio fingido, esa circunstancia contraría la “pronta devolución” pretendida por el legislador en los litigios de intervención.

La interpretación defendida por el ente cuestionado aúpa y prohíja conductas desleales en el ejercicio de operaciones o actividades financieras que afectan el interés público y los derechos de la ciudadanía en aspectos tan sensibles como los relacionados con la captación masiva y habitual de dinero del público con o sin autorización legal, desentendiéndose de una eficaz inspección, vigilancia y control que a la susodicha Superintendencia le otorga el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo esgrimido, la consideración del tribunal relativa a la posibilidad de declarar la “caducidad” de la acción revocatoria cuando se propone fuera de los seis (6) meses establecidos en el artículo 75 de la Ley 1116 de 2006, refuerza la viabilidad de este auxilio.

En efecto, no sólo corresponde analizar los términos consagrados en el canon 74 ídem para promover el respectivo libelo, además, éste debe incoarse “(...) dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto (...)”, etapa prevista legalmente en los decursos de reorganización y liquidación judicial, más no en la toma de posesión.

Por tanto, hallándose el juicio confutado en la fase liquidatoria, la decisión sobre la tempestividad de la acción revocatoria incoada por la liquidadora de Link Global S.A. debe adoptarse, se insiste, teniendo en cuenta la data de la toma de posesión de bienes y la fecha en la cual se realice la calificación y graduación de créditos.

5. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos(3), motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aquí atacada, es factible la intervención de esta particular jurisdicción, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.

Deviene fértil abrir paso a la protección invocada por virtud del control legal y constitucional que atañe en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso.

6. Por tanto, se confirmará el fallo impugnado por los motivos aquí esbozados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones esgrimidas en esta providencia.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 “(...) ART. 74.—Acción revocatoria y de simulación. Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos:

“1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de buena fe (...)”. (Subraya fuera de texto).

2 Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009.

3 CSJ. STC de19 jun. 2013, Rad. 2013-00182-01.