Sentencia STC6002-2017/2016-00298 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 15693-22-08-003-2016-00298-02

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de enero de 2017 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acción de tutela promovida por J... O... T... R... contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha –Boyacá–, con ocasión del asunto de restitución de inmueble arrendado iniciado por el aquí actor frente a C... E... S... y Ó... A... H...

1. Antecedentes.

1. El accionante reclama el amparo de los derechos a la familia, igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición, presuntamente lesionados por la autoridad jurisdiccional querellada.

2. En apoyo de su queja, asevera que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Sogamoso desde el 21 de abril de 2015.

Como lo anterior ha incentivado su “(…) crisis económica (…)” y la de su núcleo familiar, presentó una demanda ante el juzgado acusado pretendiendo la restitución de “(…) una mina de carbón (…)”, por cuanto los arrendatarios de la misma han incumplido con el pago de los cánones.

Aunque le explicó al despacho su difícil situación y la carencia de recursos para contratar un apoderado judicial y gestionar a través de éste el litigio impulsado, ese estrado, con oficio de 21 de noviembre de 2016, sin

“(…) analiz[ar] su caso (…) [y] apeg[ado] a la ley civil [le informó] (…) que debía tener defensa técnica (abogado de confianza) para poder continuar el proceso (…), cuestión que [lo] deja (…) en total estado de indefensión jurídica (…)” (fls. 1 al 5, cdno. 1).

3. Pide, en concreto, permitirle iniciar el decurso censurado sin representante judicial (fl. 9, cdno. 1).

1.1. Respuesta del accionado.

El estrado enjuiciado esgrimió: “(…) [E]n este despacho (…) no cursa proceso civil que haya instaurado el accionante, sólo se tramitó [un] derecho de petición, al cual se le dio respuesta de fondo y concreta (…)” (fl. 38, ídem).

1.2. La sentencia impugnada.

El a quo constitucional negó el amparo rogado, por cuanto no estimó quebrantada la garantía contenida en el artículo 23 de la Constitución Política, pues fue suficiente la contestación emitida por el juzgado frente a la solicitud del censor porque “(…) dada la cuantía de la demanda, era necesario promoverla a través de apoderado (…)”.

Aseguró que si bien el debido proceso y la defensa no pueden ser objeto de suspensión para las personas privadas de la libertad,

“(…) ello no quiere decir que no deban sujetarse a las normas procesales y condiciones para su ejercicio, entre ellas, la de no poder litigar en causa propia (…). En esas circunstancias, la respuesta dada por el juzgado no constituye una vulneración (…), pues dada la cuantía de la demanda era necesario promoverla a través de apoderado judicial y si no cuenta con los recursos para ello, puede solicitar el amparo de pobreza en los términos del artículo 152 del Código General del Proceso (…)” (fls. 59 al 67, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

a) El querellante impugnó con argumentos análogos a los expresados en su libelo. Resaltó que en estas diligencias el tribunal estimó la existencia de un proceso, pues lo pidió en préstamo; sin embargo, el despacho acusado abiertamente manifestó no estar conociendo de un litigio, cuestión de la cual se desprende el quebranto de sus garantías.

Añadió de forma imprecisa la inviabilidad de demandar amparo de pobreza porque

“(…) continuaría el asunto en la jurisdicción civil ordinaria que ya se sabe demora años y [él] se halla es ante la consumación de un perjuicio irremediable (…), con un abogado de oficio no se solucionaría nada, por el contrario, (…) dilataría el proceso a sabiendas de que [él] pertene[ce] a la población en situación de debilidad manifiesta (…) que la única solución es por la vía de la jurisdicción constitucional (sic) (…)” (fls. 74 al 83, cdno. 1).

b) Mediante proveído de 14 de marzo de 2017, la Sala de Casación Penal señaló: “(…) [E]l superior jerárquico de la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la especialidad del proceso que está siendo censurado –restitución de inmueble arrendado– (…)”.

Por lo anterior se abstuvo de desatar la alzada reseñada y remitió la misma a su homóloga Civil.

2. Consideraciones.

1. Examinada la queja y los soportes adosados a este asunto, se evidencia la prosperidad de la protección incoada por hallarse quebrantado el debido proceso del solicitante.

2. En efecto, se constata que el querellante incoó una “(…) demanda de restitución de inmueble arrendado (…)” frente a C... E... S... y Ó... A... H..., recepcionada por el estrado atacado el 16 de noviembre de 2016 (fl. 23, cdno. 1) y, en esa misma data, allegó un “derecho de petición” explicando la imposibilidad de contratar un abogado para la representación de sus intereses en ese litigio, “(…) dada [su] ínfima [realidad] económica derivada de [su] condición actual de recluso (…)”.

Pese a lo expresado, el fallador involucrado ningún tratamiento judicial impartió al libelo reseñado, pues además de no adelantar lo pertinente para conferirle un número de radicación, estimó que lo adosado fue una simple solicitud de información y se limitó a contestar la misma mediante oficio de 21 de noviembre de 2016 donde le indicó al querellante:

“(…) no es viable estudiar la demanda anexa de restitución de inmueble arrendado, teniendo en cuenta que dada la cuantía señalada en el escrito (…) debe comparecer al proceso por conducto de abogado como lo preceptúa el artículo 73 del C.G.P., por no ser de aquellos asuntos que la ley permite actuar en causa propia, según lo señalado en el artículo 28 del Decreto 196 de 1971 (…)” (fl. 28, cdno. 1).

3. El proceder descrito evidencia la denegación del acceso a la administración de justicia y el desconocimiento de la situación del promotor, quien acreditó estar privado de la libertad y por lo cual merecía un trato diferenciado de carácter positivo.

El juzgado convocado ha debido tener especial consideración con las circunstancias particulares del quejoso. Así, le correspondía gestionar lo pertinente para el ingreso del proceso a su despacho y emitir una decisión judicial, susceptible de los recursos pertinentes, definiendo lo concerniente a la admisión del libelo introductor.

En ese punto y ante la manifestación del gestor, referente a no contar con medios económicos, el juzgador bien pudo conferirle un término para que expresara si pretendía hacer uso del beneficio de amparo de pobreza consignado en los artículos 151 y siguientes del Código General del Proceso, pues esa institución, conveniente para el censor, tiene como efectos, según el canon 154 ídem, entre otros, los siguientes:

“(…) El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.

“En la providencia que conceda el amparo el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, en la forma prevista para los curadores ad lítem, salvo que aquel lo haya designado por su cuenta.

“El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo (…)”.

4. Por tanto, corresponde en esta ocasión otorgar la salvaguarda reclamada, pues el artículo 1º de la Constitución Política, prescribe el carácter de Estado social de derecho de Colombia, cimentado en la dignidad humana y en el principio de solidaridad, precepto que impone atender a la calidad de sujeto especial de protección del petente, dado que en la actualidad está privado de la libertad.

Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional ha reiterado la universalidad de las prerrogativas de la población recluida en establecimientos carcelarios, pues

“(…) [s]in importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales, de toda persona. Es una posición moral que refleja la decisión social, consagrada por el Constituyente, de respetar el valor intrínseco de todo ser humano. Su dignidad. Es precisamente una de las razones por las que es legítimo sancionar con penas privativas de la libertad a quien comete un crimen: el no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a al cual se ofendió y violentó. La sociedad, se diferencia, precisamente, porque no hace lo mismo; no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor propio; el ser fin en sí mismo. Toda persona vale, a plenitud, en un estado social y democrático de derecho. (…) Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son indivisibles. Todos los derechos, sin importar su tipo, son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho, necesariamente, tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden existir jerarquías entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser respetados, protegidos y garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas en prisión, implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; diversas facetas de una misma protección al ser humano. (…) Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes. (…) Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección, los derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de proteger el derecho a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana, puede traer otras violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la vida. La imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar en restricciones ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un preso que por no saber leer y por falta de información y de acceso a la justicia, no sabe que tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un tiempo) (…)”(1).

En virtud del control de convencionalidad impuesto a todas las autoridades públicas, incluyendo a los funcionarios judiciales, es pertinente acotar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en su artículo 5º que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, aspecto sobre el cual se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas ocasiones(2).

5. Asimismo, sobre el acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, acotó:

“(…) Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata (…) del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad (…)”.

De igual modo, el artículo 229 de la Constitución garantiza a toda persona la posibilidad de acceder a la administración de justicia y “(…) como vehículo que es de la efectividad de los otros derechos (…) [se] le ha reconocido a esa prerrogativa el carácter de (…) fundamental (…)”, pasible de salvaguardarse mediante esta acción(3).

Otros tratados internacionales, aplicables a nivel interno por integrar el bloque de constitucionalidad –art. 93 C.P.–, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también

“(…) contienen importantes disposiciones que resaltan la trascendencia de la función judicial y su necesidad dentro de los Estados de derecho, pudiendo entre ellas citarse especialmente los artículos 9º, 10, 14 y 15 que desarrollan las garantías relativas a la libertad y seguridad personales y a los derechos que no pueden ser restringidos frente a personas acusadas o sospechosas de la comisión de un delito. El mismo tratado atribuye a los jueces la responsabilidad de garantizar la efectividad de esos derechos y garantías (…). En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 7º, 8º y 9º contiene también cláusulas relativas a esos mismos temas y a la labor que en relación con ellos compete a los jueces. Además, su artículo 25 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que le permita defenderse de situaciones que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución (…)”(4).

6. Así las cosas, se revocará el fallo impugnado para, en su lugar, otorgar la protección rogada.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER la salvaguarda reclamada.

En consecuencia, se le ordena al titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha –Boyacá— que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las gestiones necesarias para radicar en su despacho el proceso de “restitución de inmueble arrendado” presentado por el tutelante y emita la decisión pertinente en torno a la admisibilidad del libelo, sin desconocer la institución del amparo de pobreza, conforme a lo discurrido en este pronunciamiento.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2013; reiterada en Sentencia T-127 de 2016.

2 Corte Interamericana de DDHH. Caso Pachecho Turuel y otros contra Honduras.

3 Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, C-1195 de 2001, C-1027 de 2002 y T-117 de 2009, entre otras.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 1º de abril de 2011.