Sentencia STC6066-2018/2018-00102 de mayo 10 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-22-10-000-2018-00102-01

STC6066-2018

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

(Aprobado en sesión del nueve de mayo de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de marzo de 2018, dentro de la acción de tutela promovida por XXX contra el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, trámite al cual fueron vinculados YYY y demás intervinientes en el juicio alimentario Nº 2016-00885.

Antecedentes

1. Actuando a través de apoderado judicial, el solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la educación, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al haber resuelto el pleito en mención, accediendo a las pretensiones de la demanda invocadas por su contraparte.

2. En síntesis, tras exponer que en el marco de un proceso ejecutivo de alimentos, el cual fue resuelto mediante conciliación celebrada ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama el 27 de mayo de 2014, fue fijada cuota alimentaria a su favor y a cargo de su padre YYY, “por la suma de $ 1.200.000 junto con un auxilio educativo de $ 1.700.000 semestrales”, que en su criterio equivale al “10% del total de los gastos que requiere el alimentario” en esta capital, el 8 de septiembre de 2016 el obligado en mención demandó la exoneración de dicha prestación.

Indicó que frente a dicha acción, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, se opuso mediante “excepciones de mérito”, entre otras razones porque sus actividades académicas en la Universidad de Los Andes se mantienen, pues si bien “el 21 de marzo de 2014 se graduó en la carrera de administración de empresas (…) desde el mes de junio de 2013 hasta la fecha continua cursando la carrera profesional de música”, y tales estudios los realiza “en el horario, de tiempo completo y con dedicación exclusiva (…), razón por la cual desde el mes de enero de 2011 hasta el día de hoy, se ha visto imposibilitado para laborar y devengar por sí mismo su sustento”.

Expresó que el despacho accionado, además de admitir irregularmente la demanda pese a que carecía de competencia para ello, no tuvo en cuenta su contestación al considerar que no podía litigar en causa propia sin ser abogado, por lo que para la audiencia llevada a cabo el 30 de enero de 2018, se vio precisado a constituir un apoderado judicial que lo representara.

Adujo que en la referida diligencia, el funcionario querellado “utilizó su posición de director de la audiencia para maltratar de palabra en forma gravísima al demandado”, seguidamente, “resolvió de fondo el litigio sin haber escuchado alegatos de conclusión y sin efectuar la valoración de las pruebas”, y durante el desarrollo de la diligencia, hasta en la “cuarta vez” le permitió a su apoderado que planteara la nulidad de lo actuado, para finalmente denegarla exponiendo que “no se omitió la etapa de alegatos”. Subrayado en el texto.

Agregó que el 16 de febrero de 2018, cuando tuvo lugar la continuación de la audiencia, el querellado dictó fallo estimatorio de pretensiones, desconociendo lo contemplado en la Sentencia T-854 de 2012, y con ello “se apartó del antecedente constitucional obligatorio, sin justificación alguna”, por cuanto dijo que allí “se fijaba un tope de edad para el alimentario de 25 años, lo cual no es cierto, ya que la providencia indica que los alimentarios mayores de 25 años tiene[n] derecho a recibir la cuota alimentaria hasta que termine[n] su preparación educativa”.

3. Pretende se proceda a “declarar nula o sin valor la actuación surtida por el Juzgado Tercero de Familia (...) de Bogotá los días 30 de enero y 16 de febrero de 2018”, y ordenarle “volver a fijar fecha para realizar nuevamente la totalidad de la audiencia de instrucción y fallo dentro del proceso de la referencia, conforme tal los artículos 372 y 373 del CGP” (fls. 4 a 16, cd. 1).

Respuesta del accionado

El Juez Tercero de Familia de Bogotá se opuso a lo pretendido, precisando que al estructurar la sentencia ahora censurada, “se tuvo como argumento central que, el joven demandado es una persona adulta, cuenta con 24 años, 8 meses y 21 días de edad, es un profesional en administración de empresas, obteniendo dicho título desde marzo de 2014, es decir hace cuatro años”, y que en tales condiciones, “puede atender sus propias necesidades, independientemente de que falten tres meses para cumplir 25 años, comoquiera que su condición de estudiante se puede convertir en indefinida y la edad de 25 años no constituye postulado legal, sino criterio jurisprudencial “razonable”“, cuya aplicación es “dependiendo del caso”. Acotó que la actuación procesal se ajustó al trámite legal, “garantizando los derechos fundamentales a los extremos, en especial, al demandado, a quien, incluso se le atendieron sus excepciones de fondo y no se le sancionó procesalmente” (fls. 23 a 30, ibídem). Negrilla y subrayado en el texto.

Sentencia impugnada

Concedió el resguardo al considerar que para declarar la exoneración de alimentos, el juzgador no examinó la situación planteada con vista en “lo orientado en la Sentencia T-854 de 2012”, sobre la obligación alimentaria de los padres para con los hijos que superan los 25 años de edad; tampoco que con la certificación expedida por la Universidad de Los Andes, el demandado venía adelantando “doble programa académico en jornada diurna” y como uno de ellos no lo ha terminado, “no quedó demostrado que (…) se encontrara laborando o que devengara algún ingreso para procurar su manutención y continuar pagando lo que resta de sus estudios”.

Dijo también que el fallo adolecía de una “indebida motivación” porque pese a que con la demanda se acompañó copia del acta de conciliación en la que “solo dos meses después de que el joven culminara sus estudios de administración de empresas” se varió la cuota alimentaria, esa situación “tampoco fue valorada por el juez”, en tales condiciones, dejó sin efectos el fallo y ordenó, con observancia de la exigencia contemplada en el numeral 5º del artículo 373 del estatuto adjetivo, que dictara uno nuevo teniendo en cuenta lo observado y “sin perjuicio de que pueda arribar a la misma conclusión”.

Por lo demás, describiendo apartes de la grabación de la audiencia del 30 de enero de 2018, exhortó al funcionario encartado “para que, en lo sucesivo, se abstenga de utilizar expresiones que no guarden el decoro y la conducta ejemplarizante propia de los servidores judiciales en pos de evitar transmitir a los usuarios mensajes que lesionar la imagen de la administración de justicia” (fls. 46 a 63, cd. 1).

Impugnación

La presentó el funcionario accionado, criticando, en primer lugar, la indeterminación del tribunal sobre los defectos en que pudo haber incurrido para haber concedido el amparo, y que se refiriera falta de “rigorismo procesal” cuando tal circunstancia “no tuvo incidencia en la decisión de fondo”, pues al cabo de cada etapa realizó “control de legalidad” y mantuvo las garantías del debido proceso, incluida la revisión de las defensas que el demandado no planteó en oportunidad.

En segundo lugar, dijo que contrario a lo afirmado por el Tribunal, dio adecuado entendimiento a la Sentencia T-854 de 2012, pues en ese precedente como en otros de esta Corte, la edad de 25 años del alimentario estudiante se señala como “razonable para el aprendizaje de una profesión u oficio”, y en el caso concreto, se analizó que el alimentario es mayor de 24 años, cuenta con un título profesional y carece de impedimento físico o mental para proveerse por sí mismo sus necesidades, por lo que afirma que su decisión no se apartó del precedente jurisprudencial ni incurrió en defecto fáctico, pues “al interior del proceso (…) se calificaron, valoraron y apreciaron las pruebas acorde con las circunstancias propias del procedimiento”, incluidos los documentos aludidos por el fallador de primer grado.

En suma, dijo que con la providencia atacada por esta vía, “no existe, ni existió violación de derecho fundamental alguno, pues este juzgador no negó la aplicabilidad del “derecho sustancial”” y por ello pidió que el fallo constitucional impugnado fuera revocado (fls. 87 a 99, ibídem).

Consideraciones

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

También ha sostenido la Corte que excepcionalmente procede este mecanismo cuando el funcionario judicial profiere alguna resolución “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure vía de hecho”, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre otras en STC3616-2018, 15 mar. 2018, rad. 00017-01).

2. Bajo estas premisas, correspondiendo establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, vulneró las prerrogativas fundamentales del accionante al acceder a la exoneración de alimentos deprecada por su progenitor, pese a que sin haber cumplido los 25 años de edad, se encontraba ad portas de culminar los estudios de su segunda carrera profesional, la sala advierte que habrá de revocarse la concesión del amparo, por cuanto la providencia mediante la cual se concluyó dicho pleito, no configura defecto específico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla.

Lo anterior porque las irregularidades suscitadas con anterioridad al acto procesal culminante, en especial las referidas a la estricta inobservancia de exigencias previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 373 del Código General del Proceso, fueron corregidas y finalmente superadas, en la medida que no se pretermitió la etapa de alegaciones, y, en últimas, el demandado omitió hacer uso del recurso ordinario previsto legalmente para atacar la manera en que el juzgado resolvió la nulidad planteada en tal sentido. Por tanto, el auxilio frente a esos aspectos en particular, no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad.

Entonces, precisado el problema jurídico objeto de este pronunciamiento, encuentra la Corte que para resolver el litigio estimando las pretensiones en la que el acá accionante fungió como demandado, el despacho acusado realizó un estudio de las normas legales y de la jurisprudencia aplicable al caso, para ponderarlas con la situación de hecho descrita en la demanda y las pruebas adosadas al expediente, de modo que la conclusión a que arribó obedece a un criterio jurídicamente razonable.

2.1. Ciertamente, de la revisión que mediante inspección judicial realizara el tribunal a-quo al expediente contentivo del proceso de exoneración de cuota alimentaria Nº 2016-00885, promovido por YYY contra su hijo XXX, quien es el ahora reclamante, en el fallo proferido el 16 de febrero de 2018, el accionado da cuenta que se demostraron los supuestos de hecho en que se fundó, y en virtud a ello, con sujeción a la normativa vigente y a la interpretación de los precedentes jurisprudenciales sobre el tema, la decisión finalmente adoptada luce plausible y razonable.

En efecto, adujo que de acuerdo a los medios probatorios que reposan en el plenario, entre ellos los documentos allegados por ambas partes y los interrogatorios de parte, y con vista en la orientación brindada por la Sentencia T-854 de 2012, en el caso analizado estaba dada la limitación temporal respecto de la obligación a cargo del padre, en tanto que “el beneficio de la cuota alimentaria de los hijos que estudian va hasta los 25 años dependiendo del caso, edad que la jurisprudencia ha establecido como término razonable para formarse en una profesión u oficio que le permite obtener su dependencia económica y satisfacer sus propias necesidades, tope cronológico que se encuentra encaminado a que la condición de estudiante no se torne indefinida”.

Precisó enseguida que conforme a lo previsto en el artículo 422 del Código Civil y a los postulados contenidos en la jurisprudencia constitucional, “se negarán las excepciones propuestas y ser accederá a las pretensiones invocadas dado que el demandado o aquí convocado es una persona que a la fecha de la presente sentencia [16 de febrero de 2018] cuenta con una edad de 24 años 6 meses y 16 días, que culminó sus estudios superiores como administrador de empresas el 21 de marzo de 2014, que no padece discapacidad física o mental que le impida solventar sus necesidades por su propia mano ejerciendo la profesión, y tampoco entorpece con ciclo de artes y humanidades en el programa de música, lo cual está probado a folio 77 del dosier”.

Sobre la situación actual del alimentante, resaltó que se trata de “un adulto mayor cuenta con 64 años de edad y tiene como ingreso su pensión con la cual solventa sus necesidades, y por otro lado padece diabetes mellitus tipo 2 insulino requirente con complicaciones instauradas avanzadas en retinopatía, nefropatía diabética clínica sumado a la lipidemia tipo hipercolesterolemia anticoagulación permanente debido a trombosis mesentérica en el año 2008, que empeora su condición física y lo arriesga a sangrados espontáneos en cualquier momento que puede comprometer su vida, que viene siendo tratado su EPS compensar a través de la asociación colombiana de diabetes pero que además complementa su tratamiento con medicamento alternativo el cual costea de sus propios ingresos y cumple obligaciones alimentarlas con su esposa quien tiene 56 años de edad y no trabaja (...)”, y que sus ingresos mensuales se circunscriben a $ 5.400.000” que es el valor de la pensión reconocida como ex trabajador de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

En las circunstancias que se acaban de esgrimir, para el despacho judicial acusado “no existen (…) elementos que permitan a este censor mantener la cuota alimentaria con cargo al demandante, pues contrario sensu la circunstancias que han mantenido la cuota alimentaria con cargo al actor han variado ostensiblemente, en verdad el demandado cuenta con plena capacidad para proveer su propia subsistencia al ser administrador de empresas titulado desde el 2014, mientras que su padre es un adulto mayor que requiere una asistencia médica mayor, dado que es paciente diabético tipo 2, enfermedades y cuadros clínicos ya referidos, los cuales están certificados al Interior del proceso con documentos que se ordenó incorporarlos judicialmente y de forma cabal. Resalta la sala.

Ello porque tras enfatizar que “en punto de derecho la jurisprudencia señala que la prestación del alimento constituye una obligación permanente siempre que se conservan las circunstancias que dieron motivo a su demanda, lo que vale decir a contrario que si se alteran las circunstancias mencionadas, pueden modificarse también la forma y cuantía de esta prestación alimentaría, y aún obtenerse que se la declare extinguida, la índole proteica de la misma prestación conlleva el efecto de que las sentencias que decretan o deniegan su pago no adquieren el sello de la cosa juzgada material, sino que está subordinada a los cambios que se producen en la situación del alimentante y el alimentarlo, dicha prestación obedece a un fin de solidaridad social y puede variar con las circunstancias que lo hace no exigible, hay que resaltar que la Corte Constitucional en la Sentencia T 854/ 12 fijó como tope máximo la edad de los 25 años, este servidor y fallador hace una reflexión en cuanto a la ponderación en el factor temporal en el sentido de que si bien es cierto al señor XXX le falta menos de 6 meses para cumplir ese tope, ponderado y llevado a una balanza frente a los 4 años que hace que se graduó como administrador de empresas pues hay una, de bulto, inferencia hacía que no se justifica tener por parte de este fallador vigente esa cuota alimentaria faltando 6 meses para cumplirse (…)”. Subrayado fuera del texto.

2.2. Aunado a lo anterior, contrario a lo observado por el tribunal de primer grado, en la providencia atacada, el juzgador realizó un amplio examen atendiendo las situaciones descritas en el marco de la Sentencia T-854/ 12, citada como criterio de autoridad en este caso, por lo que tal resolución cuenta con el suficiente soporte jurídico que impide abrirle paso a otro eventual yerro de procedibilidad, como lo sería el de falta de motivación o el de desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Valga precisar, sin que sea contrario al sentido del fallo cuestionado, que al respecto esta Corporación ha dicho y reiterado, que para exonerar al padre de los alimentos para el hijo que estudia, el juez no puede restringirse al hecho de si este rebasó los 25 años de edad, sino a analizar otras especificidades del caso particular, en tanto que así como la obligación podría mantenerse transcurrida esa edad, podrían darse situaciones en las que tal concepto temporal no tiene la incidencia necesaria para ello, justificándose entonces la exoneración pretendida por el alimentante, ya que:

“(...) contar con 25 años de edad como límite para el suministro de alimentos a hijos mayores de edad que cursan estudios superiores no es un parámetro absoluto, pues allí entran en juego circunstancias disímiles como la duración de la carrera escogida por el alimentario o alimentaria, o la edad en que empieza tal formación académica por factores también diversos como, entre otros, la obligación de prestar el servicio militar obligatorio en tratándose de los alimentarios varones, etc. (…) De modo que la sentencia examinada no apareja, en sentir de esta sala, error susceptible de protección en sede de tutela, habida cuenta que se afianzó en un trabajo hermenéutico que no luce arbitrario” (CSJ STC de 9 sep. 2009, exp. 00144-01). Resalta la sala.

Es más, de vieja data y refiriendo a la fijación de alimentos para los hijos mayores que mantenían su condición de estudiantes, la Corte dijo que la edad del alimentario “no constituye una verdad inconcusa, pues lo cierto es que para acceder a su prorroga el beneficio mencionado, cuando el demandante supera ampliamente la mayoría de edad, el fallador debe examinar con esmerado cuidado si aquel es merecedor del mismo, como que no resulta equitativo que se obligue a los padres mayores a continuar con la carga mencionada, cuando la falta de adquisición de una carrera o arte por parte del beneficiario, que le permita enfrentar el futuro de manera independiente, obedezca exclusivamente a su desidia o negligencia” (CSJ, sentencia de 9 jul. 1993, exp. 632, citada en STC 27 feb. 2006, exp. 2005-00935, y STC1982-2017, 16 feb. 2017, rad. 2016-00856-01).

Tal postura, traída en asuntos como el que ahora es materia de discusión, donde se plantea como límite temporal los 25 años, mantiene vigencia en la medida en que solo corresponde a un parámetro para establecer si se conserva o no la obligación alimentaria a cargo del padre, pues en dichos eventos es necesario que el juez de conocimiento evalúe con detenimiento elementos preponderantes, tales como la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario, de modo que la conclusión se ajuste, en lo posible, a la realidad llevada al juicio.

Así, independientemente de la edad del accionante, con los medios de prueba recopilados en el expediente, en especial con los interrogatorios de parte, ciertamente podría entenderse demostrado que el ahora quejoso, desde hace cuatro (4) años ya cuenta con una “preparación académica” que le permite procurar su ubicación laboral y con ello la obtención de los recursos económicos para atender su propia manutención y sostenimiento, y de paso sufragar los demás estudios que puedan resultar afines y tiendan a mejorar su competitividad profesional, o de aquellos que a bien tenga adelantar por gusto o mera satisfacción personal, sin que para ello requiera dependencia de su progenitor.

Esto porque, culminados exitosamente los estudios superiores en administración de empresas, el acá accionante obtuvo el correspondiente título profesional otorgado por la Universidad de Los Andes el 21 de marzo de 2014, mientras que su segunda carrera, esta vez en música, al haberla iniciado en el primer semestre de 2013, sería terminada totalmente en el segundo semestre de 2018. De ahí que quede desvirtuada su aseveración en el sentido de que, por mantenerse copado su horario, se le ha imposibilitado ejercer alguna jornada laboral.

3. Según lo que acaba de verse, la determinación adoptada por la autoridad accionada, no configura una vía de hecho susceptible de enmendarse por este mecanismo excepcional, en tanto realizó una valoración normativa y probatoria cuya resolución no puede tenerse como caprichosa o antojadiza, sino que obedece a un criterio razonable frente a lo cual no procede la intervención del juez constitucional.

Al respecto la Corte ha reiterado que no constituye causal del auxilio “las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces” (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC18376-2016, 15 dic. 2016, rad. 00653-01, entre otras), y que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, como también que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo, porque aunque se comparta o no la hermenéutica utilizada por el juzgador:

“(…) ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque este pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia” (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01).

Así mismo se ha sostenido que al juez de tutela:

“(…) le está vedado inmiscuirse en ese análisis tanto fáctico como jurídico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se basó la decisión cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podría interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Carta Política, arts. 113, 228 y 230). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a través de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el carácter residual y subsidiario de esta acción, así como que la misma no está llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de trámite preestablecidas y de acuerdo con la asignación legal de competencias” (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada en STC1027-2017, 2 feb. 2017, rad. 2016-00326-01, entre otras).

Recuérdese que el juez constitucional no está llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, pues ese reproche solo sería aceptable en la medida que tal proceder constituyera un defecto fáctico por no valorar un medio de prueba o por haberlo realizado indebidamente, lo cual acá no acontece.

4. De otro lado, tampoco procede el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que no invocó y menos probó la configuración de las mínimas exigencias, pues para ello se requiere que el daño “revista cierta gravedad e inminencia más allá de lo puramente eventual, y que solo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela” (CSJ STC 1º sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018, 31 ene. 2018, rad. 00439-01).

5. Por lo demás, en cuanto a la queja elevada por el accionante frente al comportamiento asumido por el titular del juzgado accionado, en particular por las expresiones que resaltó el tribunal a-quo, las cuales fueron dirigidas en audiencia contra el aquí querellante y su apoderado judicial, como ciertamente resultan contrarias al respeto que el director del proceso debe brindar a todos los usuarios de la administración de justicia, se avala la exhortación realizada en el fallo objeto de impugnación, para que en lo sucesivo, dicho funcionario se abstenga de incurrir en tales procederes.

6. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone revocar la concesión del resguardo y en su lugar negarlo, comoquiera que la actuación censurada no comporta desafuero susceptible de corrección por esta senda, precisando que conforme a lo discurrido en precedencia, se mantiene la exhortación realizada al funcionario accionado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el otorgamiento del amparo contenido en el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo impugnado, y en lo demás se mantiene incólume.

En consecuencia, de acuerdo con los razonamientos contenidos en la parte motiva, se NIEGA la tutela impetrada por XXX, y por tanto se deja sin efecto alguno las actuaciones que se hubieran podido adelantar en cumplimiento de la concesión del auxilio.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, salvo voto—Álvaro Fernando García RestrepoLuis Alonso rico PuertaAriel Salazar RamírezOctavio Augusto Tejeiro Duque, salvo voto—Luis Armando Tolosa Villabona.