Sentencia STC6585-2017/2017-01079 de mayo 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

STC6585-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-01079-00

(Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por el señor J. V. A. contra la Sala de familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la comisaría Cuarta de familia de El Guabal de Cali y la señora P. R. L., trámite al que fueron vinculados la Defensoría Primera de familia de Terrón Colorado de la misma ciudad, los Juzgados Octavo y Once de familia de Oralidad de dicha urbe, y, Décimo y Dieciocho de familia de Oralidad de esta capital, el Defensor de familia y la Procuraduría Judicial para Asuntos de familia, así como la parte activa y los demás intervinientes de los procesos administrativo y judicial a los que alude el escrito de tutela.

Antecedentes

1. El gestor del resguardo reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, “a una familia para [él] y para [su] hijo”, “a ser padre” y “a no ser juzgado y castigado dos veces por el mismo hecho”, presuntamente conculcados por las autoridades administrativa y jurisdiccionales convocadas, dentro de los procesos administrativo de restablecimiento de derechos de su hijo menor M. V. R. y, de privación de la patria potestad que la señora P. R. L. instauró en su contra”.

Exige, entonces, para la protección de sus prerrogativas, i) “anular el fallo que [l]e suspende la patria potestad de [su] hijo”; ii) “impedir de inmediato que la madre (…) saque del país al menor sin [su] consentimiento”; y, iii) “ordenar que en un término no menor a 48 horas el Juzgado Octavo de familia de Oralidad de Cali le exijan a la madre que permita y se cumpla lo resuelto por el mismo y no [se] extiendan más los 4 meses que por ley se establece debe durar [el procedimiento de restablecimiento de derechos]” (fl. 356 reverso y 357).

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resolución del presente asunto, aduce en síntesis, que el 31 de julio de 2006 ante la Procuraduría General de la Nación, celebró junto con la señora P. R. L., madre del prenombrado infante, un acuerdo de custodia y régimen de visitas, en el que se acordó que esta quedaba en cabeza de ella y el domicilio del menor en esta ciudad, convenio que aquélla incumplió al trasladar arbitrariamente al niño a Cali, hecho que lo motivó a acudir “a la Defensoría de familia del Centro Zonal de Usaquén (…) con la finalidad que se restablecieran los derechos de [su] hijo”, quien requirió a la madre para que respetara lo pactado “hasta tanto acord[aran] algo diferente o una instancia judicial decidiera otra cosa”.

Manifiesta que como la conducta realizada por la señora R. L. “constituyó el delito de ejercicio arbitrario de la custodia”, la Fiscalía General de la Nación la citó a audiencia de formulación de imputación en el año 2009, hecho que junto a otros de mayor gravedad, hicieron que el Juzgado Dieciocho de familia de esta ciudad le otorgara la custodia de su hijo el 5 de noviembre de 2008; no obstante, al año siguiente volvió a suscribir un acuerdo con la progenitora del menor, referente a “las visitas, alimentos, custodia, domicilio del niño,…etc.”, el cual en nada modificó lo relacionado con la custodia y el domicilio de éste, acuerdo que fue avalado por el aludido despacho.

Refiere que a pesar de lo anterior, “el 4 de diciembre de 2013 la Sra. R., sin justificación ni fundamento y violando el acuerdo celebrado entre [ellos] en cuanto al domicilio de [su] hijo (…), reincidió en su conducta arbitraria [al] sacar[lo] (…) del colegio, para llevárselo a Cali”, iniciando luego “una serie de actuaciones que lo único que han hecho es violar de manera flagrante los derechos de [su] hijo”, tales como presentarse al “ICBF - Centro Zonal de Usaquén, [donde] h[izo] un relato sobre presuntos actos de maltrato por parte [suya]”, por lo que fue requerido por dicha entidad bajo amenaza de retirarle la custodia si no se presentaba, solicitándole además que le permitiera al niño quedarse con su mamá, a lo cual accedió, iniciando así un procedimiento ilegal a sus espaldas, pues practicó una entrevista interdisciplinaria a su hijo sin estar enterado de ello y sin una providencia que así lo ordenara, a más que “[a]nte la presión del equipo interdisciplinario sobre el temor que supuestamente estaba manejando M. V. R. y el deseo de querer empezar el período de vacaciones con su progenitora de manera anticipada, acced[ió] a suscribir un acta de compromiso”, en la cual se dejó claro que “el cuidado temporal de [éste] por vacaciones estaría en cabeza de la progenitora, pero que la custodia y cuidado personal continuaría en cabeza [suya]”.

Afirma que ante el fallido intento de conciliación sobre la custodia y domicilio de su hijo que promovió la madre de éste ante la Notaría Primera del Círculo Notarial de Cali, aquélla acudió en enero de 2014 a la comisaría Cuarta de familia de El Guabal de la misma localidad, quien, dice, asumiendo una competencia que no tenía por estar domiciliado el menor en la ciudad de Bogotá, le otorgó a ella la custodia de éste sin escuchar sus razones y valorar los hechos ocurridos con anterioridad, desconociendo con ello, asegura, una sentencia judicial, y dándole valor, dice, a “un montaje de violencia intrafamiliar que construyó [aquélla]”, así como a una serie de informes interdisciplinarios en los que los profesionales que los rindieron no sólo dejaron de valorar la “alienación parental” a la que ha sido sometido su descendiente, sino también desatendieron la información que quiso aportar para que dieran “un diagnóstico más exacto y conciso”.

Expresa que al ser solicitada por su apoderada judicial la homologación de lo decidido, el Juzgado Once de familia Oral de dicha urbe, por medio de sentencia del 22 de octubre de 2014, dispuso “declarar la nulidad” de las determinaciones adoptadas, y ordenó remitir el proceso a la comisaría enjuiciada “para que subsanara todas las falencias encontradas en su decisión”, quien sólo hasta el 20 de abril de 2015 “se pronuncia y no modifica su resolución anterior ni todos los errores que en el comete”, por lo que aquella autoridad, al homologar nuevamente lo decidido, redujo la cuota alimentaria fijada a “$2.500.000”, y para restablecer los derechos del infante, revocó la restricción de visitas impuesta, para en su lugar disponer, que “en el marco del proceso terapéutico ordenado [a los progenitores], se producirán las visitas del padre a su hijo (…) en los términos que señale el equipo interdisciplinario de SIMA, previa directriz de la comisaría de familia”, y en consecuencia, ordenó a éste crear “un cronograma de intervenciones de máximo tres (3) meses, (…) el cual servirá como régimen temporal de visitas a favor del padre, este mínimamente tendrá derecho a comunicarse con su hijo de forma diaria y compartir con él directamente los fines de semana cada 15 días incluidos el lunes si resulta festivo, tendrá también derecho a estar con su hijo la segunda mitad de las vacaciones de mitad de año y final de año”; mandato que no se ha cumplido, pues la señora R. y la aludida comisaría, recalca, no le han permitido ver a su primogénito, escudándose en que éste no quiere verlo.

Finalmente sostiene, que con base en lo anterior, su contraparte también promovió en su contra un proceso de pérdida de la patria potestad, el cual no prosperó en primera instancia, pues el Juzgado Décimo de familia de Oralidad de esta capital negó lo pretendido en decisión del 2 de diciembre de 2016, la cual al ser apelada, incomprensiblemente, fue revocada el pasado 19 de abril por la Sala de familia del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial, quien le suspendió el ejercicio de la patria potestad, “sin un análisis concienzudo y correcto de todos los informes psicológicos y de profesionales presentados (…) donde algunos no tuv[ó] la oportunidad de refutarlos”, en tanto que, por un lado, asevera, no se vislumbró en ellos la alienación parental que se ejerce sobre su hijo y que ha venido denunciando, teniendo en cuenta que éste cada vez más rechaza cualquier tipo relación con él, pese a que entre ellos desde hace mucho tiempo no hay contacto, y por otro, si bien reconoció que en algún momento le dio al niño un “cocotazo” en una de sus piernas para corregirlo, ello no puede constituir un motivo suficiente para que se le prive de tal prerrogativa, máxime cuando lo que pretende su contraparte es sacar, sin ningún tipo de obstáculos, al menor del país, razón por la que considera que las referidas autoridades incurrieron en la vulneración de las garantías superiores invocadas (fls. 317 a 361).

3. Una vez asumido el trámite, el día 3 de mayo hogaño se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 363).

Respuesta de los accionados y vinculados

a) La Sala de familia del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de su secretaría, se limitó a remitir las direcciones de las partes e intervinientes del juicio de pérdida de patria potestad criticado, sin hacer pronunciamiento alguno frente a lo pretendido por el accionante.

b) La comisaría Cuarta de familia de El Guabal de Cali, se dedicó a compendiar las actuaciones que desplegó con ocasión del proceso de restablecimiento de derechos que también se debate, sin emitir juicio alguno en cuanto a lo solicitado por el actor.

c) La Defensora de familia ICBF - Centro Zonal de Usaquén, informó que en atención a que la historia de atención del menor involucrado fue remitido a la comisaría antes referida, direccionó la presente queja constitucional a dicha autoridad.

d) La comisaría Primera de familia de Terrón Colorado de Cali, luego de advertir que en atención a que las terapias ordenadas como medida de restablecimiento por el Juzgado Octavo de familia de Oralidad de dicha capital, fueron suspendidas por la falta de colaboración de los señores J. V. A. y P. R. L., quienes se negaron a continuar con ellas pese a habérseles exhortado, se dispuso cerrar y archivar las diligencias, se opuso al éxito del resguardo, tras manifestar que en dicho procedimiento “se observó el debido proceso”.

e) La señora P. R. L., luego de referirse a cada uno de los hechos narrados por el accionante, advirtiendo que éstos “están tergiversados al acomodo de los intereses del [actor]”, solicitó desestimar el amparo invocado, con fundamento en que las decisiones finalmente adoptadas dentro de las actuaciones que se debaten, son el resultado de un estudio juicioso y razonable de las pruebas aportadas en ellas, las cuales dan cuenta del maltrato físico y psicológico al que fue sometido su hijo por parte de aquél durante el tiempo en que éste tuvo su custodia, las que coincidieron en recomendar terapias psicológicas para tratar de mejorar la relación entre ellos, las cuales no dieron frutos, dice, por la “personalidad agresiva y ególatra” del accionante.

f) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se habían efectuado más pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.

Consideraciones

1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún más excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales.

2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protección rogada por el señor J. V. A. resulta procedente, pues en cuanto al proceso de restablecimiento de derechos seguido en favor del pequeño M. V. R. si bien para la Corte la tardanza presentada en su trámite se encuentra justificada, por cuanto que esta obedeció no solo a la complejidad del asunto, sino también a los revés que el trámite ha tenido con ocasión de la nulidad en él decretada, así como en la consecución de las distintas valoraciones que se han efectuado y los impedimentos formulados por varios de los comisarios de familia que han conocido del mismo, lo cierto es que para la Sala es sumamente lamentable que, pese a que desde el 19 de mayo de 2015, se ordenó por parte del Juzgado Octavo de familia de Oralidad de Cali, como medida de restablecimiento de derechos para el prenombrado infante, una serie de terapias familiares, las mismas no hayan alcanzo su fin, y más aún, dadas las circunstancias, que ninguno de los funcionarios que han conocido del asunto, por lo menos, la haya modificado de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006(1), en aras de poder lograr el objetivo buscado, máxime cuando ante tal situación, se plantearon una serie de recomendaciones para ello, pues, finalmente, enfadosos y fatigados por la actitud del accionante, se ocuparon más por conseguir apartarse del asunto, y lo peor, ante el desinterés de las partes por atenderlas, por cerrar y archivar la actuación, con lo cual se desatendió la finalidad perseguida con aquélla, cual es la de “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (art. 1º ejusdem).

2.1. En efecto, en la memorada decisión, la referida autoridad judicial como medida de restablecimiento de derechos, ordenó lo siguiente:

“que en el marco del proceso terapéutico, ordenado en el numeral 3º de la Resolución 4161.2.9.7.243.2015, al cual J. V. A. y P. R. L. están obligados a asistir, se producirán las visitas del padre a su hijo M. V. R., en los términos que señale el equipo interdisciplinario de SIMA, previa directriz de la comisaría de familia; con el primer auto que se emita al retornar el expediente a ese despacho, se ordenará a los respectivos profesionales que presenten a la comisaría de familia un cronograma de intervenciones de máximo tres (3) meses, culminado el cual, presentarán a la comisaría concepto debidamente sustentado sobre la forma más idónea de adelantar las visitas respectivas fuera de las sesiones de terapia, el cual servirá como régimen temporal de visitas a favor del padre. En todo caso, luego de culminadas las intervenciones, y salvo que el concepto incluya más derechos a favor del padre, éste mínimamente tendrá derecho a comunicarse vía telefónica con su hijo de forma diaria y a compartir con él directamente los fines de semana cada 15 días incluido lunes si resulta festivo, también tendrá derecho a estar con su hijo la segunda mitad de las vacaciones de medio año y fin de año, debiendo suministrar los pasajes de ida y vuelta para su hijo, si es del caso, todo ello en el territorio nacional, puesto que la salida del país del niño requiere permiso expreso de la madre, sin perjuicio de que las partes diriman esa situación ante la autoridad competente”.

2.2. Luego, en cumplimiento de dicho mandato, el comisario segundo de familia de Cali, a quien se le asignó el conocimiento del procedimiento ante el impedimento aceptado de la Comisaria Cuarta de familia de El Guabal de la misma ciudad(2), aperturó el respectivo proceso de atención, el cual fue orientado por las respectivas profesionales en trabajo social y psicología, por lo que después de 9 sesiones, se hicieron las siguientes observaciones:

“• Se identifica que M. V. R. se encuentra en medio de una situación de conflicto entre padre y madre.

• Al convivir con su figura materna, M. V. R. desestima el imaginario y las referencias que su padre había señalado de su mamá, como el de "volverse un drogadicto o un narcotraficante". Al contrastar dicho relato por el padre con su vivencia con la madre, M. V. R. deslegitima el relato de su padre y lo coloca en cuestión.

• Se identifica que si bien existe una vivencia de desagrado en M. V. R. respecto a las experiencias de crianza mediadas por los castigos de su padre, impuestas según su relato por la exigencia de asumir sus responsabilidades académicas, resiente también los eventos en que el padre pudo haberle castigado de manera física, evidenciándose en una de las consultas el rechazo al contacto físico de M. V. R. por parte de su papá.

• El aspecto que se identifica de mayor valoración afectiva negativa de M. V. R. hacia su padre, es el señalamiento y la descalificación que este realizó en sus años de convivencia sobre la figura de la madre. Esto conlleva a que M. V. R. refiera “que su papá le quitó la posibilidad de crecer junto a su mamá”.

• A nivel del proceso de atención psicológica, se observó en general una resistencia de M. V. R. para la realización de ejercicios y actividades propuestas, lo que indicó un desinterés en el trabajo terapéutico. Enmarcándolo en la indicación de la imposición de un juez y el deseo de su padre, más no por el propio deseo o interés de M. V. R.

• M. V. R. logra explicitar su resistencia al proceso de atención, basado en la desconfianza por un proceso anterior, en donde su palabra no fue tenida en cuenta.

• Sumado a ello, percibe que no ha habido algún tipo de reparación o escucha frente a las situaciones de “golpes” que refiere durante la convivencia con su papá, dejando en interrogante el que tenga que ser "obligado a ver a su papá", cuando su padre no ha recibido ningún tipo de sanción por las acciones de maltrato.

• Se evidencia que M. V. R. se ubica en una posición de defensa, como lo proyectó en el dibujo de la figura humana. Defensa ante las descalificaciones que su padre realiza hacia su mamá, quien se constituye en la figura que lo protege.

• En la dinámica y estructura familiar, no se ha posibilitado que el padre logre ocupar un lugar valorizado, en la medida que ha interpuesto en la relación con su hijo la descalificación de la figura de la madre. Así mismo, M. V. R. elige protegerse y no verse expuesto hacia una expresión de afecto o de aprobación para con su padre.

• El hecho que M. V. R. refiera “sentirse feliz” tras la noticia de que va tener un "hermanito", ubica la existencia de un vínculo con el padre, viéndose él reconocido como hijo y hermano, del mismo padre.

En relación a los padres se pudo observar:

• Los padres de M. V. R. presentan concepciones y roles de crianza diferentes, para J. la disciplina y el esfuerzo constituyen valores transversales a la crianza de su hijo, es decir, en sus procesos de aprendizaje, de rutinas organizadas, acatamiento de las normas, de consecución de objetivos, aspecto que puede contribuir en el desarrollo de habilidades de su hijo y en la consecución de metas y objetivos de aprendizaje.

• Para P. la relación se encuentra mediada por el afecto, expresiones de cariño y apoyo, aspectos que desencadenan confianza, un vínculo afectivo cercano, encontrando que la madre constituye una figura de respaldo y protección, sin embargo, se presentan aspectos relacionados con la disciplina y la marcación de límites que es importante fortalecer.

• Por su parte la madre de M. V. R., refiere en su relato, su posición de protección para M. V. R., dejando clara la posibilidad que su hijo pueda relacionarse con su papá, en condiciones que se sienta tranquilo y decidido hacerlo, sin sentirse presionado.

• Se presentan dificultades para negociar y encontrar puntos de convergencia respecto a la posibilidad de que el padre vuelva a tener contacto con M. V. R., esto, debido a que constantemente, los padres del adolescente re-editan vivencias del pasado y malestares no resueltos, situación que impide que se focalicen en una posible resolución o acuerdo actual.

• Cuando en el lenguaje verbal o no verbal los padres de M. V. R. hacen uso de comentarios o juicios de valor negativos hacia las respectivas familias del otro, la tensión se hace más fuerte y se cierran las posibilidades de diálogo entre ellos, se recomienda que los padres del adolescente sean cuidadosos en este aspecto, no solo en espacios o momentos en los que deban comunicarse entre ellos, también en la comunicación que establecen con su hijo.

• Para J. es fundamental mantener y fortalecer la relación con su hijo, evidenciándose su deseo de cumplir con sus deberes como padre, “tal como lo ha asumido desde el nacimiento de M. V. R.”.

• Durante el proceso J. mostró una postura comprometida, con disposición a realizar cambios y acciones de acercamiento con su hijo”.

Las cuales fueron ampliadas y/o aclaradas a petición del aquí interesado, en la siguiente forma:

“— Durante el proceso, de acuerdo a las consultas programadas entre J. y su hijo, M. V. R. solo asistió a una de las 4 sesiones proyectadas.

— En la consulta que asistió M. V. R. con su padre, el adolescente asistió bajo la compañía de su madre, como condición para tener el encuentro con su papá.

— Durante la 6ª sesión entre M. V. R. y J., ante la apreciación del adolescente: “su padre le decía que al estar con su mamá iba a terminar siendo un narcotraficante”, se aclara que el Sr. J. le responde “que esto nunca había sido así”, frente lo cual el reacciona saliendo del consultorio, tal como se menciona en el informe.

— En esta misma sesión, donde se presentan M. V. R., J. y P., se plantea la no grabación de las consultas, tal como lo solicita M. V. R. en la sesión misma.

— A partir del proceso de intervención, el informe emitido por el equipo de atención contiene lo observado y analizado sobre la situación relacional y emocional de M. V. R. y sus padres. En el adolescente se evidencia una afectación psíquica, respecto el conflicto parental y la manera de resolución del mismo durante los años anteriores. En el marco de este conflicto el vínculo con su padre es lo que más se ha debilitado.

— Tal como se indica en las conclusiones y recomendaciones del informe: "Es fundamental que M. V. R., logre reelaborar experiencias de choque emocional con su padre, que aún no ha restaurado, frenando el proceso de reencuentro; pese al deseo claro de su padre y de las acciones de acercamiento que J. le ha mostrado en este tiempo””.

A partir de las cuales, se adoptaron e hicieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

“• Se sugiere un proceso de atención entre los progenitores de M. V. R.: P. y J., que posibilite la legitimidad que cobra cada uno en la relación con su hijo, de tal forma que M. V. R. no quede en medio del conflicto, teniendo que aliarse con uno de ellos, o el elegir entre ambos.

• La posibilidad de llegar a un acuerdo entre P. y J. permitirá que M. V. R., se sienta más tranquilo de relacionarse con su papá, no ubicándose en el lugar de traición hacia su figura materna.

• Es fundamental que M. V. R., logre reelaborar experiencias de choque emocional con su padre, que aún no ha restaurado, frenando el proceso de reencuentro; pese al deseo claro de su padre y de las acciones de acercamiento que J. le ha mostrado en este tiempo”.

• A ambos padres, se mostró que el conflicto emprendido por ellos, durante años, generó una afectación emocional en M. V. R., quien aún no resuelve sentimientos de ambivalencia con su padre, pese al vínculo creado con él.

Bajo tal realidad, el mentado comisario advirtió, entonces, que “convendría realizar inicialmente una evaluación y posiblemente un tratamiento terapéutico, por separado, ello es, padre, madre y M. V. R., en donde se procure, a modo de premisa, que las partes sanen o aminoren sus eventuales rencores (incluyendo el infante), que es lo que al parecer no permite avanzar en la solución cierta de la problemática, bajo el entendido que sin su participación franca y decidida, cualquier esfuerzo que hagamos resultara anodino frente al designio del señor juez de familia”; sin embargo, ello no se hizo, ya que, de un lado, aquél también se declaró impedido(3), por lo que pasaron las diligencias a la comisaria primera de familia de Cali, y de otro, ante la negativa de los padres del menor de atender lo anterior, dicha funcionaria el 27 de enero de los corrientes, procedió a cerrar y archivar el memorado proceso.

2.3. Así entonces, para la Sala es evidente que la citada comisaria actuó al margen del procedimiento dispuesto para esta especie de trámites, en tanto que, pese a tener facultad para modificar la orden de restablecimiento impartida por el Juzgado Octavo de familia de Oralidad de Cali, atendiendo las recomendaciones tanto del equipo interdisciplinario del ICBF como del anterior funcionario que atendió el asunto, no lo hizo, y por el contrario, no reparó en mientes para cerrar y archivar la actuación, so pretexto de la renuencia de los progenitores del niño objeto de la misma para atenderlas, cuando precisamente, envestida de dicha prerrogativa, puede, a manera de ejemplo, adoptar aquellas como una amonestación frente a éstos, con la advertencia que su incumplimiento les generará “multa convertible en arresto” (L. 1098/2006, art. 54), a fin de lograr restablecer los derechos del menor, pues como quedó visto, no solo éste se encuentra afectado por la conducta del padre, sino también, por el conflicto irracional y visceral al que se han sometido sus progenitores, en detrimento no solo de sus prerrogativas sino también de su estabilidad emocional, situación que engendra un mayor peligro para su desarrollo armónico e integral.

2.4. Por tanto, cabe acotar, dadas las circunstancias, que la Sala rechaza con vehemencia la conducta desplegada tanto por el tutelante, padre del menor, como por su progenitora P. R. L., quienes sin salvedad, han privilegiado sus sentimientos e intereses personales frente al interés superior que le asiste al prenombrado infante, y en detrimento de su desarrollo integral, pues se han enfrascado en una serie de discusiones bizantinas alrededor de quién ejerce mejor su cuidado, y lo peor, tratando de crear el primero, con base en afirmaciones desobligantes, sean o no sean ciertas, una imagen inapropiada de la madre sobre aquél, con la consiguiente, buscada o no, ruptura de cualquier lazo afectivo entre madre e hijo, asumiendo, además, una actitud altanera y despectiva frente a las autoridades que han conocido el referido procedimiento administrativo, así como en relación a las decisiones que éstas han adoptado cuando no le son favorables, lo que ha generado a raíz de los impedimentos presentados, que dicho trámite no avance, y por ende, que no cumpla su finalidad; y la segunda, que se dé definitivamente un distanciamiento entre éste y su padre, al adoptar una conducta poco proactiva para que ello no ocurra, sin detenerse a mirar las consecuencias que desde ya y a futuro tales actuaciones le están causando a la estabilidad emocional del menor, cuando lo correcto, lo esperado, es que ambos busquen que se dé la integración del niño en un medio adecuado para su desarrollo, y que a su vez, se estrechen los vínculos con cada uno de ellos, primordialmente con el padre, en un ambiente equilibrado y armónico de afecto, respeto y confianza, lo que incluye permitir que el infante pueda disfrutar vacaciones con su mamá fuera del país(4), aptitud que, entonces, deberán comprometerse a cambiar en pos de que se logre materializar en él los derechos que la constitución y la ley le han conferido como parte esencial de nuestra sociedad, fin al que está obligada, en primer lugar, la familia, luego, la sociedad y el Estado.

2.5. Por consiguiente, se impartirá una orden a la comisaria primera de familia de Cali, o al funcionario(a) quien tenga el conocimiento del memorado trámite o designe la autoridad correspondiente(5), para que establezca la reapertura del mismo, y de acuerdo a sus competencias, disponga la modificación y/o realización de la referida medida de restablecimientos, teniendo en cuenta las recomendaciones allí presentadas, en procura que se efectué al grupo familiar un tratamiento terapéutico profesional, de manera conjunta e individual, para que se dé la integración del menor en un medio adecuado para su desarrollo, y que, a su vez, estreche los vínculos con cada uno de sus padres, principalmente con su progenitor, en un ambiente equilibrado y armónico de afecto, respeto y confianza, como antes se indicó, no sin antes exhortar a los padres de aquél, para que cumplan su deber ineludible de fomentar la integración de su hijo en un medio adecuado para su desarrollo, en aras de que estreche los vínculos con cada uno de ellos, principalmente con su papá, en un ambiente equilibrado y armónico de afecto, respeto y confianza, para lo cual deberán prestar toda la colaboración posible a las autoridades administrativas y judiciales, así como a los profesionales que atiendan su caso.

3. Por otro lado, cabe decir, en cuanto al reproche endilgado contra el proceso de privación de la patria potestad, que el mismo no tiene vocación de prosperidad, pues la determinación emitida en audiencia el pasado 19 de abril, por la Sala de familia del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual resolvió, entre otros, “REVOCAR la sentencia proferida el dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Décimo de familia de [la misma ciudad]”, para en su lugar, “SUSPENDER al [accionante] del ejercicio de los derechos de patria potestad que ostenta sobre su hijo menor de edad M. V. R.”; “ORDENAR a l[as partes], a través de su servicio médico, realizar tratamiento y asesoría profesional, individual y conjunta, con el fin de unificar un sistema de orientación y apoyo desprovisto de cualquier forma de violencia física o psicológica. El demandado (…) está obligado a vincularse a una escuela de padres, que le permita obtener herramientas para desempeñar adecuadamente su rol”; y, “ORDENAR que el [citado] niño (…), a través de su servicio médico, realice tratamiento y asesoría profesional individual mientras así lo requiera y conjunta cuando él este en capacidad de aceptarla con el fin de procurar restaurar la relación padre e hijo”, dentro del proceso de privación de la patria potestad que la señora P. R. L. instauró en contra de aquél (fl. 316 bis.), tuvo como fundamento argumentos jurídicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisión en el campo de la acción de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ilegítimo que claramente se oponga al ordenamiento jurídico.

3.1. En efecto, el Tribunal acusado, para llegar a la anterior decisión, consideró, en lo fundamental, lo siguiente:

“Los derechos inherentes a la patria potestad terminan cuando se produce la emancipación del hijo, ya por ministerio legal como cuando se llega a la mayoría de edad o bien por el matrimonio del hijo o la muerte real o presunta de los padres; ya por decreto judicial en los casos de suspensión o privación de la patria potestad con arreglo a las causales previstas en los artículos 310 y 315 del Código Civil.

Contextualizar la causal de maltrato al hijo como fundamento de privación de patria potestad que se invoca en este caso, al amparo de lo previsto en el numeral 1 del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, en los principios constitucionales, incluso supranacionales, que por virtud del artículo 97 de la Carta Política hacen parte del Bloque Constitucional, nos lleva a señalar categóricamente, que toda forma de violencia ejercida contra el hijo, y en general al interior de la familia, está proscrita.

(…).

Por lo mismo no es razonable, ni constitucional la exigencia que el Juzgado impone en su sentencia al señalar que el maltrato no ha sido habitual, porque el ideal constitucional, ya lo dijimos, busca erradicar toda forma de violencia de las familias, de hecho, la sentencia C-1003 de 2007, eliminó del texto normativo el término “habitual”, y advirtió que “el derecho de corrección no puede conllevar la posibilidad de imponerles sanciones que impliquen actos de maltrato, de violencia física o moral, o que lesionen su dignidad humana, o que se puedan confundir con éstos, por ser contrarios a la Constitución”. Derecho de corrección que consagrada en el artículo 262 del Código Civil, cuyo límite sin duda lo constituyen los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

El estudio de la causal implica entonces poner en perspectiva los hechos alegados, en relación con el interés superior del niño, pues si se analiza la situación actual del hijo, ya se puede decir que ciertamente el demandado ha transgredido los límites del derecho de corrección, acudiendo a violencia inaceptable física y psicológica, en contra de su hijo M. V. R.

Admitimos con el Juzgado que los testimonios de G. A. C. N., G. E. C. B., L. C. G., J. A. V. L., M. L. G., G. A. L. G. y S. B. R., parientes y amigos de la demandante no son testigos directos de situaciones de maltrato, pero conocen de esos hechos por los comentarios de M. V. R. quien les mostró moretones, huellas de los actos de violencia ocurridos golpes que el padre propinó al niño en el mes de noviembre de 2013. Estos aspectos también fueron dados a conocer por la demandante P. R. L. en su interrogatorio, que se enteró del maltrato por las conversaciones que tuvo con su hijo, algunas en palabras o frases en clave, que demuestra niveles de miedo en las relaciones paterno filiales.

Algunos de ellos, como A. C. B. M. y S. B. R., se refieren a unos actos de violencia ejercidos por el demandado en contra de S. B. R., en el año 2008, precedente de intolerancia que describe patrones de convivencia sustentados en violencia física, circunstancia que documenta la Fiscalía General de la Nación en los folios 30 a 34 de la actuación.

M. V. R. dijo en la entrevista recibida en el juzgado que su padre le infligía golpes y le hacía promesas de no volverlo a hacer, dice que la primera vez le dio un golpe con la mano cerrada por no hacer tareas, y que esto ocurrió en Alemania, estando en Argentina volvió pegarle, por no levantar la mano en una clase, por no sacar un 100, por no hacer tareas, lo hacía con la mano abierta, con la mano cerrada, le tiraba el pelo, le pegaba con la correa y lo tiraba al piso, de lo que nadie se daba cuenta porque vivían solo los dos, además, le decía que, si le contaba a la mamá, iba a acabar con ella y que no podía vivir con ella porque lo convertiría en drogadicto, narcotraficante, vendedor de drogas y eso le producía miedo.

Dice que, al principio, su padre le daba razones por los golpes como cuando no sacaba buenas notas, porque no había lavado los platos, pero después no lo hizo. Manifiesta que una de las veces que le pegó con la mano cerrada, le dejó como una pelota en la pierna, después de ese golpe le siguió pegando medianamente duro, entre 4 o 6 veces al año, en las partes bajas o en las piernas donde no se veía, además, a veces le decía que era un inútil, bobo, idiota, que podía dar mucho más, en tono cada vez más frío.

Esta versión la sostuvo ante las diferentes autoridades que han intervenido en el proceso de restablecimiento de derechos, como el Centro Zonal de Usaquén del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en diciembre de 2013, cuyos profesionales, en el informe psicológico y de trabajo social, registraron que el niño M. V. R., “refiere maltrato físico por parte de su padre y por iniciativa propia muestra golpes que le ha propinado con la mano y los pies, también refiere jalones de pelo y maltrato verbal”, relato a partir del cual, se concluyó que el niño “se encuentra afectado por la conducta de su padre y evidencia claro temor cuando se refiere a él (…) situación que atenta contra su salud física y emocional” (fls. 44 a 75).

También ante la comisaría de familia de El Guabal (Cali), con apoyo del Centro Zonal Centro de la Regional del Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por parte del área de trabajo social, que registró que “Según narración de M. V. R., se infiere la utilización de violencia física y psicológica como herramienta de disciplina por parte del progenitor, la jerarquía adulto – niño se enmarcaba en el terror y frustración para el niño, en tanto su comportamiento debía alinearse a los parámetros del padre sin considerar la etapa de desarrollo del niño y sus (sic) interés (…)”.

En informe psicológico ordenado en la comisaría de familia D. G. G., concluyó que “en el diálogo entre el padre y su hijo se observa temor del niño y se lo expresa directamente, sin embargo no se observa disposición en el padre a aceptar la solicitud del niño, y llama la atención que justifica sus motivos para reprenderlo y los juicios que ha emitido frente a la familia materna, lo cual es necesario rectificar a nivel legal y psicológico, pues según lo expuesto por el niño el padre ha asumido modos de autoridad y de intervención sobre la relación del niño con la familia materna que están causando daño a nivel físico y psicológico por los que amerita tratamiento actualmente y no es conveniente que continúe viviéndolos hasta que sea posible brindar tratamiento psicológico y por trabajo social a nivel individual y con el grupo familiar, especialmente con el padre.”

Al rendir declaración dentro de este proceso, la Dra. D. G. G., adicionó que, en una ocasión en que por intermedio de la comisaría de familia se logró contacto padre-hijo, pudo observar que “la actitud del señor J. siempre está orientada a generar culpa en el niño M. V. R. cuando le dice me engañaste, todo esto fue planeado por ti y tu mamá, a lo que el chico siempre le pide que él quiere vivir con su mamá, que no quiere que se hable de la familia de su mamá a lo que el señor J. siempre insiste preocupado por distorsionar siempre la figura de su mamá”, generando grave daño en el niño.

La misma versión se sostiene ante el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que concluye que “el examinado refiere a través de un discurso consistente haber sido objeto de tratos maltratantes por parte de su progenitor durante la convivencia con él””.

De lo cual, más adelante, concluyó:

“En suma, el Tribunal encuentra demostrado el maltrato físico y psicológico ejercido por el padre, excediendo a todas luces el deber de corrección, respecto del que, la doctrina Constitucional sentencia C-368 de 2014, advierte que “Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a él una actitud severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energía; privarlo temporalmente de cierta diversión; abstenerse de otorgarle determinado premio o distinción; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia de la sanción no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre la real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos educativos. El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda —consciente o inconsciente— de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social”.

(…)

En busca de la medida justa que procure equilibrar los derechos en conflicto, llega el Tribunal a tres grandes conclusiones: 1. El demandado si ha ejercido violencia contra su hijo, la justifica como método de buena crianza, y en eso está equivocado, su tarea es aprender métodos distintos de enseñar a vivir autónomamente, con límites, pero sin miedo; 2. No todas las relaciones padre e hijo son inadecuadas, hay un vínculo afecto filial que vale la pena preservar y encausar hacia patrones de relacionamiento despojados de violencia, pues el propio hijo dice ante la comisaría de familia de El Guabal (Cali), que le gustaría visitar a su padre cuando no esté bravo o no busque vengarse, es decir, está pidiendo tiempo, reflexión y reorientación de la relación; 3. La etapa de desarrollo del niño agrava los efectos de la violencia que ha sufrido.

En este contexto, la privación del derecho de patria potestad, no es una medida que necesariamente garantice el interés superior del niño, en particular su derecho a contar con el apoyo moral y material de su familia. Observa a propósito la Corte Constitucional, “cuando se investigan posibles irregularidades en la conducta y gestiones de un padre respecto del hijo, sobrevendrá un dilema y una tensión jurídica entre el derecho a tener una familia y no ser separado de ella y las fórmulas de salvaguardia aplicables; para dar solución a tal conflicto el operador judicial o administrativo debe actuar con extrema cautela y prudencia, y sustentar cuidadosamente cuál es la medida más apropiada para amparar los derechos del niño o niña. En cualquier caso, la intervención de la sociedad y el Estado en defensa del menor no puede engendrar un daño mayor de aquel que hubiere sido ocasionado por su padre o madre”.

Reconoce el Tribunal la necesidad de oír y valorar como razonable el tiempo que pide el niño, tiempo de reflexión y de aprender pautas de relación y crianza despojadas de violencia, no puede exponerlo a un solo acto más de agresión física y psicológica, y en busca de que padre e hijo se reencuentren en el amor auténtico, suspenderá al demandado de los derechos de patria potestad, en los que podrá rehabilitarse, cuando demuestre que ha recibido tratamiento psicológico y terapéutico que le permita un acercamiento sano y adecuado con su hijo” (fl. 316 bis.).

3.2. Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los magistrados de la colegiatura acusada hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a través de esta excepcional herramienta, dado que, como quedó visto, la decisión cuestionada está soportada en argumentos sólidos, en una apreciación razonable del material probatorio recaudado, y una interpretación de la norma encaminada a proteger los intereses del menor, detallando las razones por las cuales hay lugar a suspender al demandado del ejercicio de la patria potestad de su hijo hasta tanto reciba atención especializada para llevar a cabo su rol de padre, lo cual armoniza con la medida de restablecimientos que por esta vía se ordena modificar e implementar, cuestión que impide sostener, entonces, que en la reseñada providencia se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, único supuesto que, como repetidamente se ha señalado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de proveídos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una razón para que se admita la intervención del juez de tutela frente a la referida determinación, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo “las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces” (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada últimamente, entre otros, en STC18363-2016, STC18524-2016, STC2847-2017 y STC2999-2017).

4. Por todo lo expuesto, se accederá a lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta corporación en lo que refiere al proceso de restablecimientos criticado, pero se denegará el amparo invocado respecto del citado juicio.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por el señor J. V. A., únicamente, en relación a la queja enrostrada contra la comisaria de familia de Terrón de Colorado de Cali. En consecuencia se dispone:

1. ORDENAR a la Comisaria de familia de Terrón de Colorado de Cali o, al comisario(a) de familia que se le haya asignado el conocimiento del proceso de restablecimiento de derechos seguido al menor M. V. R. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a reanudar dicha actuación, disponiendo, de acuerdo a sus competencias, la modificación y/o realización de la medida de restablecimientos dispuesta por el Juzgado Octavo de familia de Oralidad de la misma ciudad, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.

2. EXHORTAR a los señores J. V. A. y P. R. L., para que cumplan su deber ineludible de fomentar la integración de su hijo en un medio adecuado para su desarrollo, en aras de que estreche los vínculos con cada uno de ellos, principalmente con su progenitor, en un ambiente equilibrado y armónico de afecto, respeto y confianza, lo que incluye permitir que el infante pueda disfrutar vacaciones con su mamá fuera del país, para lo cual deberán prestar toda la colaboración posible a las autoridades administrativas y judiciales, así como a los profesionales que atiendan su caso.

3. Se NIEGA la protección reclamada por el accionante frente a la Sala de familia del Tribunal Superior de Bogotá.

4. COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, envíese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.

5. Envíese el expediente remitido en calidad de préstamo a la oficina judicial de origen.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 “La autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas en este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso 3o del artículo anterior y estará sometida a la impugnación y al control judicial establecidos para la que impone las medidas.
Este artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria de adoptabilidad o decretado la adopción.”

2 Por efecto de la denuncia penal que ésta instauró en contra del accionante, por las injurias y calumnias que éste propinó contra ella a raíz del proceso.

3 Por el mismo motivo de la funcionaria anterior.

4 Aspecto del que resiente éste en gran medida y que el tutelante sistemáticamente se niega a autorizar con sustento en un miedo infundado, dado que, de llegar a suceder que la madre se domicilie en un país extranjero y no permita el contacto con él, se podrá acudir al proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, previsto en el artículo 112 de la Ley 1098 de 2006.

5 En consideración a que esta última también se declaró impedida, sin que hasta el momento se conozca cuál fue el comisario(a) que se designó en su reemplazó.