Sentencia STC6727-2016/2016-00204 de mayo 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 68001-22-13-000-2016-00204-01

(Aprobado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Bogotá, D. C., veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 11 de abril de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acción de tutela promovida por Ruth Stella Gutiérrez Pimiento contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de dicha localidad y Gustavo Fuquen, a cuyo trámite fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil del Circuito, Décimo y Catorce Civiles Municipales, todos de la misma ciudad.

Antecedentes

1. La accionante reclamó la protección de los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, “en armonía con el principio de primacía del derecho sustancial”, que adujo vulnerados por la autoridad judicial acusada.

Solicitó, entonces, “se ordene revocar el fallo de fecha 29 de octubre de 2015 (…) y se confirme la sentencia del Juzgado Catorce Civil Municipal de Bucaramanga, de fecha 23/06/15”. (Fl. 11, cdno. 1).

2. Como soporte de tales pretensiones expuso la situación fáctica que así se compendia:

2.1. Afirmó que promovió contra Gustavo Fuquen un proceso “verbal de menor cuantía de pérdida o reducción de intereses”, en el cual pidió se declarara que el demandado, respecto a un crédito que le concedió a ella, cobró en exceso $ 31.101.669 por concepto de interés de plazo, por lo cual debía ser condenado a reintegrarle tal monto más una suma igual a título de sanción, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. (Fls. 62 a 76, cdno. 1).

2.2. Relató que agotadas las etapas propias del juicio, el 26 de junio de 2015 el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bucaramanga dictó sentencia, en la cual, tras desechar las excepciones de fondo propuestas declaró que el demandado cobró a la tutelante, $ 43.703.257,70 en exceso, por lo que le ordenó devolverle tal monto y le impuso como sanción adicional la obligación de pagar $ 10.873.078,49. (Fls. 203 a 223, c. 1).

2.3. Indicó que el 29 de octubre de 2015 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bucaramanga, al desatar la apelación propuesta por el demandado, modificó el fallo pues declaró probadas las excepciones de mérito de “inexistencia de los presupuestos de hecho consagrados en el artículo 884 del Código de Comercio para invovar la pérdida de intereses” e “indebida acumulación de acciones”, que existió cobro de intereses en exceso y revocó todas las disposiciones relacionadas con el reintegro de dineros e imposición de la sanción.

Determinación a la que arribó al concluir que el juicio “verbal tramitado no permitía que se ordenara devolver tal exceso, toda vez que (éste) (…) es de verificación, por lo cual debería acudir al proceso ordinario conforme lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en sentencias que pasó a referir”. (Fls. 3 y 131 a 145, cdno. 1).

2.4. Concluyó la promotora del resguardo que con la anterior decisión el fallador de segundo grado incurrió en vía de hecho, pues la providencia resulta discordante, toda vez que “la indebida acumulación de acciones que declara probada como excepción de fondo, no era ajustada a derecho (pues) (…) esta se había saneado”, debido a que la demanda no fue inadmitida por ese concepto y la defensa no fue formulada como previa, aunado a que el juzgador, en un exceso ritual manifiesto, “aplicó al proceso un fundamento jurisprudencial contradictorio a las mismas conclusiones expuestas, en la medida que reconoce el “exceso de cobro de intereses”, pero no (…) el derecho para que el mismo sea reintegrado a la parte lesionada, desconociendo el derecho sustancial”. (Fls. 1 a 4, cdno. 1).

Respuestas de los convocados

1. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Bucaramanga, que el 23 de junio de 2015 dictó la sentencia de primer grado en el asunto cuestionado, pidió su desvinculación del trámite constitucional por cuanto accedió a las pretensiones de la quejosa pero su determinación fue modificada por el Superior, por lo que consideró que en ningún momento conculcó los derechos de primer orden de aquélla. (Fls. 241 a 243, cdno. 1).

2. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga manifestó que aunque inicialmente le correspondió conocer del juicio criticado, éste fue reasignado desde el 27 de agosto de 2014 a la sede judicial mencionada a espacio. (Fls. 246 y 247, cdno. 1).

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, tras señalar que por reparto le correspondió la apelación planteada por la parte demandada frente a la sentencia dictada por la sede municipal en el caso objeto de la queja tutelar, indicó que en acatamiento al Acuerdo PSAA13-9984 del Consejo Superior de la Judicatura, remitió tal diligenciamiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de esa ciudad para que desatara la referida censura vertical. (Fls. 250 y 251, cdno. 1).

4. La regente del Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, tras mencionar que actuó como Jueza en descongestión dictando la sentencia de segunda instancia criticada por la gestora del resguardo, se opuso a la prosperidad del amparo porque lo pretendido por la inconforme era obtener, indebidamente, un tercer pronunciamiento frente a una situación ya zanjada por los falladores ordinarios, a más de que en la providencia expuso razonadamente los motivos jurídicos que la llevaron a resolver en la forma en que lo hizo, explicando, además, que “la decisión tomada, no correspondía a una postura caprichosa, sino al obedecimiento de las directrices que fueron trazadas por el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria, y por tanto de forzoso cumplimiento”. (Fls. 261 a 262, cdno. 1).

5. Gustavo Fuquen deprecó la denegación de la salvaguarda por improcedente, dado que al interior del proceso la accionante nunca adujo la vulneración de sus garantías fundamentales, evidenciándose que lo que aquí pretende es “provocar que un juez ajeno al proceso CONFIRME la sentencia de primera instancia”, a lo que adicionó que “no se demostró la vulneración de ninguno de los derechos fundamentales invocados, ni por parte de las autoridades judiciales que conocieron en su momento el proceso, ni por él”. (Fls. 263 y 264, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El a-quo constitucional concedió el resguardo dejando “sin efecto alguno la sentencia proferida el día 29 de octubre de 2015 por el hoy inexistente Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bucaramanga, así como todo lo actuado con posterioridad a aquella”; y ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, “al que inicialmente le correspondió por reparto la alzada, proferir nuevamente la sentencia de segundo grado, pero bajo la observancia de lo dispuesto en este fallo de tutela, relacionado con el alcance del tipo de proceso que se adelantó”.

Para arribar a tal conclusión, en lo medular, expuso que, a pesar de que el Juzgado accionado se basó en jurisprudencia de esta Corte:

(…) a juicio de (ese) tribunal, sí es procedente, por medio del proceso verbal de regulación y pérdida de intereses, ordenar la entrega de la suma que fue cobrada en exceso (…), pues, de lo contrario, la sentencia no tendría la virtualidad de materializar el derecho reconocido, sino únicamente sería de aquellas llamadas sentencias para enmarcar, con lo cual el precedente jurisprudencial, lamentablemente, se aparta de los principios constitucionales que rigen nuestro sistema jurídico, como sistema que es, y debió ser dejado de lado.

Agregó que va contra los derechos fundamentales de los asociados conminarlos a que adelanten un proceso verbal para que se declare un cobro excesivo de intereses en un contrato de mutuo, pero no se emita condena allí mismo porque para esto deben iniciar un juicio ordinario, máxime cuando el Código General del Proceso unificó los dos procedimientos y porque desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil se pretendió erradicar la condena in genere para que fuera hecha en concreto, todo lo cual desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aplicada por el despacho criticado. (Fls. 265 a 281, cdno. 1).

La impugnación

Gustavo Fuquen opugnó el referido fallo reiterando los argumentos traídos al contestar el ruego tutelar, a los que agregó que la determinación del tribunal pasaba por alto los precedentes de esta Corte en casos análogos al suyo. (Fls. 283 a 285, cdno. 1).

Consideraciones

1. Al tenor del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

Jurisprudencialmente se ha señalado que, en línea de principio, esta acción no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado “vía de hecho”, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa judicial, dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. Auscultada la decisión reprochada en sede constitucional, de entrada la Sala estima que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de la interpretación de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, así como de la valoración de los medios de convicción obrantes en el plenario, las que no resultan caprichosas o antojadizas, con independencia de que sean compartidas por la Corte, por no ser este el escenario natural para emitir tal pronunciamiento.

Llega la corporación a la anterior conclusión al observar que la sede judicial censurada, en la citada providencia, preliminarmente realizó un estudio detenido respecto al desarrollo del contrato de mutuo que vinculó a las partes, siendo la accionante deudora y el demandado acreedor, concluyendo, con soporte en las pruebas recaudadas, que efectivamente existió “un cobro en exceso”, aspecto frente al cual no resulta necesario ahondar por parte de esta Sala por cuanto frente a ello las partes involucradas en el juicio no efectuaron ningún reparo. (Fls. 137 a 141, cdno. 1).

Después, procedió a resolver “la segunda objeción planteada por el demandado a la sentencia de primera instancia”, la cual indicó se contraía a que sumado a un trámite inadecuado, “no (se) valoró correctamente el tipo de proceso contenido en el numeral 8º parágrafo 2º del artículo 427 del C. de P.C.”, y “entre líneas dio a entender que la condena impuesta no podía provenir sino de un proceso ordinario, por lo que al habérsele impuesto (…) la misma, se le vulneró la garantía fundamental al debido proceso”, a lo que accedió aplicando la jurisprudencia sobre la materia (entre otras, CSJ STC, 19 may. 2014, rad. 2014-00161-01; y CSJ STC, 13 nov. 2014, rad. 2014-02590-00). (Fls. 141 y 142, cdno. 1).

En efecto, adujo que:

(…) le asiste razón al apelante, pues en efecto no se podía ordenar la devolución de sumas de dinero dentro del trámite verbal o la imposición de una sanción por igual valor al interés cobrado en exceso, pues si bien fueron pedidas en la demanda, (…) ese tipo de condenas son resorte de otra clase de proceso diverso al que se encuentra bajo estudio, por lo que resulta necesario hacer una modificación en la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la orden de restitución de las sumas que por exceso la Juez a-quo encontró estructuradas y a la imposición de una sanción, siendo esta la oportunidad de reafirmar lo ya sentado por este despacho en anteriores ocasiones, no porque se quiera asumir una postura de capricho, sino más bien obedeciendo directrices trazadas por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria —Corte Suprema de Justicia—, y aunque esto cause reproche en algunos, a través de este tipo de procesos —Verbal de Pérdida y Regulación de Intereses— no procede ordenar al demandado, entidades financieras o cualesquiera otro, restituir el exceso que por intereses se determine cobrado o imponer sanciones, pues así lo precisó la Corte Suprema de Justicia en una acción Constitucional que a su vez revocó el amparo que en primera instancia había sido fallado por el tribunal superior de este distrito judicial, puntualmente porque un juez del circuito de esta ciudad, había impartido la orden de restituir los montos que en exceso se habían encontrado probados a causa de los intereses que una entidad financiera cobro equivocadamente.

Entonces, sin duda, el Juzgado sí motivó su decisión teniendo en cuenta tanto las normas que regulaban el caso concreto como la jurisprudencia relacionada con el mismo, cosa diferente es que en tal ejercicio no haya extractado lo pretendido por la accionante.

En ese contexto, no puede considerarse que esté presente la conculcación de derechos fundamentales aducida por la promotora de la queja, relievando que las reflexiones del encausado no se muestran antojadizas, así la conclusión eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra línea interpretativa, por lo que aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida, esa divergencia en sí misma no es motivo para calificar la aludida providencia como constitutiva de vía de hecho, porque reiteradamente se ha dicho que “no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes”. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01).

3. En conclusión, habrá de revocarse el fallo de primer grado y, en su lugar, negar el amparo deprecado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnación y, en consecuencia, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala, con salvamento de voto—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta, con salvamento de voto—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—

Salvamento de voto

Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo

Aunque en la sala anuncié aclaración de voto respecto de la sentencia de la referencia, mediante la cual se REVOCA la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, que había concedido el amparo invocado, lo que realmente debo hacer es UN SALVAMENTO DE VOTO por cuanto mi disentimiento no se va solamente contra los motivos de la decisión sino también contra la parte resolutiva del fallo.

Lo anterior por cuanto a pesar de que la tutela no constituye una nueva instancia que le permita al juez constitucional adentrarse en el proceso revisado para proponer una nueva interpretación del litigio, y que por tal motivo la sala consideró que en este caso el Juzgado accionado si hizo una motivación de su decisión y que mediante la tutela no se puede imponer al fallador una determinada interpretación, la razón principal para negar el amparo es que si en la decisión tomada por el juez accionado se declaró dentro del proceso declarativo que realmente se presentó un cobro excesivo de intereses, resulta totalmente improcedente enviar a las partes a otro proceso declarativo, esta vez a un ordinario para las condenas.

Es factible que cerno en algunas veces se presenta, después de declarado un derecho e impuesta una condena se deba recurrir a la ejecución de la sentencia, pero no a otro declarativo como lo exige el juez accionado.

Además, se advierte: que las providencias citadas como jurisprudencia no dicen lo que pretende: el juez que le avalen, pues a pesar de que esos procesos ordinarios que llegaron a la Corte en recurso extraordinario de casación también se refieren al cobro excesivo de intereses, en parte alguna se está hablando de que siempre se deba acudir a ese proceso ni que el verbal a que se acudió tenga efectos recortados.

Por eso considero que la sentencia de primera instancia ha debido confirmarse en cuanto ampara el derecho de la parte actora ante una grave vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y para ello me acojo a todas las motivaciones del Tribunal Superior de Bucaramanga.

Salvamento de voto

Magistrado Luis Alonso Rico Puerta

Con el debido respeto por los honorables magistrados que conforman la Sala mayoritaria que REVOCÒ el fallo objeto de impugnación y DENEGÓ el amparo solicitado, me permito SALVAR el voto, dado que las razones en las que fundo mi disentimiento me imponen esta decisión en lugar de la simple aclaración que anuncié inicialmente.

Desde el año 1971 se adoptó como criterio interpretativo y finalístico de los procedimientos, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, según lo prescribió el artículo 4º del C de P. Civil, cuyo espíritu y propósito han sido claramente reafirmados por el artículo 11 del Código general del proceso.

Se trata, sin duda, de una exigencia imperativa, orientada a que la tutela judicial efectiva no sea la simple resolución del conflicto mediante el proferimiento de la providencia que resuelva la pretensión, sino y por sobre todo, que los mecanismos o instrumentos procesales sirvan idóneamente al propósito de la justicia material, es decir, a que la decisión se traduzca en implicaciones prácticas para las partes de la relación.

Por idéntica razón, en ocasiones el legislador antepone deberes procesales al juez, agrega contenidos a la decisión, amplia el arbitrio judicial al momento del proferimiento del fallo o fija un nuevo horizonte a la congruencia.

Ejemplos de ello abundan en el Código de procedimiento civil. Es el caso de una serie de consecuencias inherentes a la decisión misma que el legislador ha incorporado a la causa del divorcio en el artículo 444 numeral 4º —idéntico en la letra y el espíritu al 389 del C.G.P— con el inocultable propósito de lograr la tutela judicial efectiva, resolviendo así, anticipadamente, las potenciales omisiones de las pretensiones de las partes del proceso y por sobre todo preservando la economía procesal y procurando la efectividad de los derechos.

Otro tanto ocurre con el proceso de conocimiento de trámite verbal cuyo petitum es la “reducción o pérdida de intereses pactados, o fijación de intereses corrientes, salvo norma en contrario que regula el 427 numeral 8º del C de P. Civil.

Si bien se trata de un proceso declarativo, la simple denominación “reducción o pérdida de intereses pactados…”, contiene una pretensión declarativa de condena cuya materialización debe estar dotada de mecanismos hábiles que den cabal entidad a la celeridad y a la economía procesal, razón por la cual no resulta ajeno al poder de decisión jurisdiccional ordenar la restitución de las sumas reducidas o declaradas en pérdida por el juez, a cuya efectividad ordinariamente sirve el proceso de ejecución especial para este tipo de condenas.

Así las cosas, no parece acorde con los postulados que rigen la actividad procesal, someter a quien obtuvo decisión favorable en un proceso declarativo cuya pretensión es indudablemente de condena consecuencial, al trámite de otro proceso declarativo, porque ello implica un franco desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso en tanto obvia la finalidad de los procedimientos y niega tajantemente la tutela judicial efectiva.

Adelantar un proceso jurisdiccional cognitivo en procura de una decisión que declare la reducción o la pérdida de intereses y a renglón seguido, después de obtener sentencia estimatoria, someter al usuario a otro proceso declarativo para lograr la materialización de esa condena, es la razón esencial que sirve para apoyar mi salvamento de voto, sin perder de vista que el mismo no se orienta a hacer servir la tutela a propósitos diferentes a los que constitucionalmente está encaminada ni a desconocer que ella no autoriza al juez constitucional —en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política— a inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera o a imponer pautas interpretativas que contraríen la razonable libertad hermenéutica del fallador.