Sentencia 2016-00248 de mayo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

STC6774-2016

Rad.: 11001-22-03-000-2016-00248-02

(Aprobado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de febrero de 2016, adicionada el 21 de abril siguiente, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá concedió la acción de tutela promovida por Plinio José Calderón Landinez en contra de la Secretaria del Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, vinculándose a dicho estrado judicial y a las partes e intervinientes en la actuación objeto de censura.

Antecedentes

1. El gestor demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, “libre desarrollo”, a escoger profesión u oficio, defensa y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la servidora acusada.

2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. Desde el 7 de agosto de 2007 se desempeña como “Dependiente Judicial” del abogado Juan Manuel Arboleda Perdomo, devenga un “sueldo remunerado por prestación de servicios”, y en ejercicio de dicha labor “ha revisado desde su inició” el expediente del juicio ordinario 2009-684 de Jhon Stol Tersano contra Guillermo Calderón Estrada, en el que dicho profesional actúa como “apoderado” y donde el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia que fue revocada por el Tribunal Superior de la misma ciudad (fls. 2-3 cdno. 1).

2.2. El dossier fue devuelto a la Célula Judicial Octava Civil del Circuito el 4 de febrero de 2015, que ordenó liquidar las costas, libró mandamiento ejecutivo y decretó medidas cautelares en contra del demandado, pero, “para poder observar el expediente o tomar fotos, debía estar autorizado expresamente por el demandado o apoderado”, la cual “present[ó] el 25 de febrero de 2015”, y “[d]e ahí en adelante no tuv[o] ningún inconveniente” (fl. 3 ibíd.).

2.3. El 7 de diciembre siguiente un empleado del despacho lo requirió nuevamente para que presentara “autorización expresa” y al no hallarse esta en el proceso, la aportó el día 9 de diciembre posterior, fecha en que fue atendido por la secretaria del despacho que en “forma grotesca e insultante” le preguntó si era abogado a lo que le respondió que “era estudiante de derecho” y le adjuntó la copia del carné que lo acreditaba como tal, pero ella “siguió refiriéndose muy grosera y a voz populi, desacreditándo[lo] delante de todas las personas que se encontraban en la baranda del Juzgado […], que [él] no era abogado y que por qu[é] tenía tarjeta profesional y porque [sic] había hecho presentación personal y que [s]e había identificado con una tarjeta de abogado falsa”, además “[l]e mostró una autorización y era la del 25 de febrero de 2015, donde aparecía con un sello de presentación personal con [su] nombre y el número de una tarjeta profesional el cual nunca la había visto y cuya firma no es la [suya]”.

También le manifestó que “no podía ver el expediente por estricta orden de la señora juez” y le “compulsaron copias para la Fiscalía General de la Nación” (fls. 3-4 cdno. 1).

2.4. El togado Juan Manuel Arboleda Perdomo acudió al día siguiente al juzgado en compañía de un colega para hablar con la secretaria, quien “fue muy grosera con los señores apoderados”; entonces, tomó fotos de los autos que “se notificaron por estado el día 7 de diciembre de 2015 y de la autorización del cual fu[e] objeto de constreñimiento y de insultos”; luego le radicó un escrito a la titular del juzgado exponiéndole la situación anómala presentada “en la secretaría de su despacho para que se adopten las medidas a que haya lugar” (fls. 4-5 ibíd.).

2.5. La citada servidora incurrió en “Vía de hecho”, pues para prohibirle el acceso al expediente, “depende de una decisión legal”, ya que cumple los requisitos para ser “Dependiente Judicial”, los que constan en el expediente, por lo que es “víctima de una confabulación o conspiración” para que no pueda ejercer su profesión “al punto que [l]e falsificaron [la] firma y de esta manera desacreditar[lo]” (fls. 6-7 ib.).

3. Pidió, conforme lo relatado, “ORDENAR a la Señora Secretaria del Juzgado Octavo (8) Civil del Circuito de Bogotá D.C. […], en lo sucesivo, se abstenga de privar al actor del derecho a obtener, copias simples y fotos de las providencias o actuaciones surtidas dentro de los procesos en los que actúa como apoderado judicial el Dr. Juan Manuel Arboleda Perdomo, que ya fueron notificadas, pero no se encuentren ejecutoriadas” (fl. 20 ibíd.).

4. La acción constitucional fue conocida inicialmente por el Juzgado 9º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que concedió el amparo; empero, mediante proveído de 15 de enero de 2016 la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad decretó la nulidad de todo lo actuado por dicho estrado por falta de competencia, y, en su lugar, avocó el conocimiento de la tutela (fl. 13 cdno. 2), y el día 24 del mismo mes y año otorgó la salvaguarda rogada (fls. 64-69 ibíd.).

5. La Corte en proveído del 31 de marzo pasado determinó devolver el expediente al a quo para que resolviera la petición de “adición” propuesta por el gestor en el escrito de impugnación y, en cumplimiento de lo así dispuesto, el 21 de abril de 2016 el colegiado a quo adicionó el fallo “en el sentido de indicar que el amparo concedido al accionante corresponde a la protección de los derechos a “ejercer profesión u oficio” y “trabajo”“ y, negó la protección de los demás derechos que invocó (fls 105-108 ib.).

Respuesta de la accionada y vinculados

1. La Jueza Octava Civil del Circuito solicitó se deniegue el amparo por no observar vulnerada ninguna garantía constitucional por parte de ese estrado, e informó que mediante auto de 3 de diciembre de 2015 decidió no tener en cuenta la autorización otorgada al querellante “para actuar como dependiente judicial del doctor Juan Manuel Arboleda Perdomo” y ordenó el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación “para que se investigue la comisión de un posible delito, ya que al momento de hacerse presentación personal al escrito de autorización allegado al juzgado (fl. 319) el señor Plinio portaba la Tarjeta Profesional de Abogado 105058 […] que no se encuentra vigente y que fue expedid[a] a nombre de una persona ya fallecida”, enfatizando que “cuando la autorización en mención ingres[ó] al despacho para resolver lo pertinente […], realizó una revisión oficiosa y de rutina a la tarjeta profesional presentada por el autorizado, dado que en ella se observaba[n] ciertas formas irregulares que aconsejaban verificar su vigencia y autenticidad”, actuación que “no genera vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte actora”.

Señaló también que “los memoriales a los que hace referencia el accionante en su escrito de tutela, serán resueltos una vez ingresen al despacho, toda vez que previamente el expediente se hallaba en la oficina de fotocopiado de la Rama Judicial a efecto de dar cumplimiento al auto del 3 de diciembre de 2015 que ordenó remitir copias a la Fiscalía”, las cuales fueron puestas a disposición de ese estrado el 12 de enero de 2016 y entregadas al ente acusador el día 19 de ese mismo mes y año; además corrió traslado a los recursos presentados contra los autos de 3 de diciembre de 2015. Asimismo, que debido a la anormalidad en la atención al público, causada por el paro judicial adelantado por otras sedes judiciales, “no han corrido los respectivos términos y el expediente no se puede ingresar al despacho” (fl. 20-21 cdno. 2).

2. La secretaria del juzgado querellado solicitó se denieguen las pretensiones porque el trato hacia el actor “ha sido el que exigen las normas legales, respetuoso y diligente que se observa con todos los usuarios de es[e] juzgado, y tal como corresponde a los lineamientos de la administración de justicia” (fl. 34 cdno. 2).

La sentencia impugnada

El Tribunal concedió el amparo, por considerar que ni el artículo 26 del Decreto 196 de 1971, ni el canon 127 del CPC, exigen o determinan que la condición de dependiente judicial “deba ser reconocida mediante auto, al punto que el legislador, con el fin de dejar ese tema en claro, en el artículo 123 del Código General del Proceso, dispuso de manera expresa y literal que: “Los expedientes sólo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por éstos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca”; por tanto, “de la revisión de la documentación que aportó la jueza accionada, se infiere que incurrió en una vía de hecho por “defecto procedimental” al haber determinado, mediante auto, no tener en cuenta la autorización que el accionante allegó al despacho el 25 de febrero de 2015, pues al margen de considerar que en el escrito existían irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, no era posible, bajo ese argumento, limitar el ejercicio de las funciones que como dependiente judicial ejerce el accionante a partir de la nueva autorización que allegó el 9 de diciembre de 2015”.

Seguidamente sostuvo que “el reconocimiento de “dependiente judicial” no amerita una providencia, toda vez que según la norma transcrita, para desempeñarse como tal, solamente debe demostrarse i) que sean estudiantes de derecho y, ii) que estén debidamente autorizados por los abogados reconocidos en el proceso; por lo tanto, solicitar requisitos adicionales resulta un detrimento, no solo al derecho a ejercer su profesión u oficio, sino también a la garantía fundamental del trabajo, si se tiene en cuenta que recibe una remuneración por el desarrollo de sus actividades como “dependiente judicial”.

En consecuencia, ordenó al juzgado censurado, que “permita que, en el evento en que el señor Plinio José Calderón Landinez demuestre los presupuestos necesarios para fungir como dependiente judicial del abogado Juan Manuel Arboleda Perdomo, revise el expediente para el cual haya sido autorizado” (fls. 64-69 cdno. 2).

Asimismo, en la providencia que adicionó el fallo señaló que “en la parte resolutiva no se indicó cuál o cuáles de los derechos invocados se protegerían, estos son, como ya se vio, el “derecho a ejercer profesión u oficio” y al “trabajo”, sin que se advierta la vulneración de los demás; “debido proceso”, “libre desarrollo”, “honra”, “defensa” y “acceso a la administración de justicia”, si se tiene en cuenta que no es parte en el proceso judicial génesis de la acción constitucional, como tampoco se vislumbra que su honra hubiese sido quebrantada por la “compulsa de copias” que efectuó la Jueza querellada, pues eso obedece a un debate que no le compete dirimir al juez constitucional”.

Precisó, en lo referente a “la falta de pronunciamiento con respecto al fallo que profirió el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá” que “no había lugar a ello, pues este Tribunal, mediante proveído de 15 de enero de 2016, en concordancia con lo manifestado por la Sala Penal de la misma corporación en auto de 11 de febrero de 2016, declaró la “nulidad” de esa actuación, tras estimar que el “Juzgado 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá” carecía de competencia funcional para conocer del asunto, por lo que, se procedió a avocar el conocimiento de la acción de tutela de la referencia” [negrilla del texto original], (fls. 105-108 cdno. 1).

La impugnación

La formuló el actor enfatizando que se le amparó la garantía al trabajo y a ejercer profesión u oficio, pero se negó “la protección de los demás derechos que se invocaron y la nulidad de lo actuado con relación a la certificación, junto con el auto que dispuso remitir copias a la Fiscalía General de la Nación”, pese a que “si se vulner[ó] tan solo un derecho, este solo hecho constituye nulidad de las actuaciones que se hayan realizado o efectuado bajo la tutela del Derecho a Ejercer profesión u oficio y trabajo”, pues “transgredió hostilmente lo referente al examen del proceso de Jhon Stol Terzano contra Guillermo Calderón Estrada, conforme a los presupuestos que dispone los artículos 127 numeral 3º del CPC y 123 numeral 1º del CGP.”

Agregó que “no es aplicable [el] Decreto 196 del 1971 artículo 26 literal f)”, porque “no tiene la jerarquía procedimental” razón por la cual “se violó de manera hostil y arbitraria el debido proceso, por no ceñirse a los parámetros procedimentales de los códigos de procedimiento que son ley y tiene una exegesis por jerarquía” y al no permitirle “ver el expediente […], también se violó acceso [el] a la administración de justicia”; además, “se violó el derecho a la honra, pues se [l]e está acusando de la constitución de un delito y por ello se compulsaron copias ante la Fiscalía General de la Nación en [su] contra, cuando lo actuado por parte de la Señora Juez y Señora Secretaria del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, debieron [abs]tenerse de exigir tal certificación expresa y en su lugar ceñirse y cumplir lo estipulado […] por los Códigos Procedimentales”.

Sostuvo, también, que constituyó una arbitrariedad la anulación del fallo proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado porque no fue apelado por las partes y “la Señora Juez Octava Civil del Circuito de Bogotá, no estaba legitimada para presentar impugnaciones y mucho menos solicitar nulidades […], pues ella carece de legitimación en la causa por activa”, y que el tribunal a quo no hizo pronunciamiento frente a la nulidad de la orden de expedir copias en su contra, pese a que “la prueba […], es la certificación de fecha 25 de febrero de 2015, pues esta carece de legalidad por cuanto la misma se exige con violación a las normas de los Códigos de Procedimiento Civil y Código General del Proceso”.

Para finalizar adujo que el 20 de abril de 2016 acudió al despacho censurado a revisar el proceso ordinario 2009-684 y la secretaria “nuevamente [l]e exigió una certificación expresa, carnet estudiantil vigente y que tenía que dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 196 artículo 26, que era una orden de la señora juez, además se dictó un auto de fecha 19 de abril de 2016, donde se [l]e exige que de deb[e] acreditar [la] calidad de estudiante, toda vez que el carnet que adjunt[ó] el día nueve de diciembre de 2015, tiene vigencia hasta el primero de diciembre de 2015”, decisión que contraría lo dispuesto en el artículo 123 del CGP; amén que el doctor Juan Manuel Arboleda Perdomo lo relevó de la labor como dependiente judicial para el referido expediente, porque no puede desempeñar libremente tal función y “considera que esto entorpece su labor como defensor del [demandado”, y además “ya no pued[e] ejercer más [su] profesión u oficio con el Dr. Juan Manuel Arboleda Perdomo, pues él opto por contratar a otra persona” (fls. 115-127 cdno. 2).

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la disposición contemplada en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el censor, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo (i) contra la Secretaria del Estrado judicial cuestionado porque no le permitió el examen del expediente con radicado 2009-00684, pese a que el 9 de diciembre de 2014 presentó autorización expresa conferida por el apoderado del demandado junto con el carné que lo acredita como estudiante de derecho y (ii) frente a la providencia de 3 de diciembre de 2015 que no le tuvo en cuenta la autorización que le expidió el abogado Juan Manuel Arboleda Perdomo el 25 de febrero de ese mismo año, por cuanto “no acredita alguna de las condiciones establecidas por el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil para ser reconocido como dependiente judicial” y dispuso el envío a la Fiscalía General de la Nación de copias de toda la actuación por él desplegada para que investigue “la comisión un posible delito” dado que la misma aparece una presentación personal que la ley no exige, en la que se impuso un número de una tarjeta profesional de abogado que no se encuentra vigente; por lo cual considera que la funcionaria incurrió en causal específica de procedibilidad por defecto “procedimental” y “material” pues, en su sentir, “rectific[ó] que no era abogado”, y con la “incriminación de un hecho que no se ha esclarecido y que del mismo [es] víctima porque [le] falsificaron su firma y [sic] de una presentación personal que nunca hi[zo]” se impartió orden para que se le investigue, pero “no se le permitió defenderse, contradecir y aclarar”, la que se basa “un supuesto de hecho y no [en] determinaciones de fondo o dictadas por la juez”.

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en relación con la queja constitucional, lo siguiente: a) Autorización otorgada por el abogado Juan Manuel Arboleda Perdomo al accionante para que en condición de dependiente judicial “reciba información y consulte el expediente [Nº 2009-684]”, con constancia de haberse radicado el 25 de febrero de 2015 ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, con nota de presentación personal ante esa sede judicial por parte del quejoso en la señalada fecha, donde se menciona que es portador de la T.P. 105058 del CSJ (fl. 34 cdno. 1).

b) Certificado Nº 107915 expedido el 20 de agosto siguiente por la Unidad de Registro Nacional de abogados y Auxiliares de la Justicia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de que el gestor, identificado por su cédula de ciudadanía “NO se encuentra inscrito como abogado en e[sa] Unidad” (fl. 38 ibíd.).

c) Consulta individual de abogados donde aparece que la tarjeta Nº 105058 no se halla vigente, por “muerte” de su titular (fl. 39 cdno. 1).

d) Proveído de 3 de diciembre de 2015 que no tiene en cuenta la autorización otorgada al querellante “obrante [en] folio 319 de este cuaderno, ya que aqu[é]l no acredita alguna de las condiciones establecidas por el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil para ser reconocido como dependiente judicial”; además advierte que “en la presentación personal de[l] aludido escrito, el señor Calderón Ladinez exhibe la tarjeta profesional de abogado Nº 105058, sin embargo, aquella no se encuentra vigente y no corresponde con la referenciada persona, tal como se consiga en [el] Certificado Nº 107915 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados e impresión de la consulta individual de abogados”, por lo cual dispone “compuls[ar] copias a la Fiscalía General de la Nación de toda la actuación desplegada por Plinio José Calderón Ladinez, para que a [sic] investigar la comisión de un posible delito” (fl. 40 ibíd.).

e) Copia de la autorización dirigida al estrado encartado, expedida al actor por el abogado Juan Manuel Arboleda Perdomo para que este desempeñe las funciones de dependiente judicial en relación con el expediente 2009-684 y del carné que identifica al gestor como estudiante de derecho de la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín, con vencimiento el 1º de diciembre de 2015 y con constancia de radicado en el juzgado el 9 de diciembre de esa anualidad (fls. 42-43 cdno. 1).

f) Copia del escrito radicado el 14 de diciembre de 2015 ante el Juzgado 8º Civil del Circuito, suscrito por el mencionado togado, poniendo en conocimiento de la titular de dicho estrado “la anómala situación que se ha presentado en la secretaría de su despacho para que se adopten las medidas a que haya lugar” y que se relaciona con los supuestos fácticos de la presente acción de amparo (fls. 23-24 cdno. 1).

4. Centrada la Corte en los puntuales tópicos en que descansa la impugnación, consistentes en que debe brindarse la protección de las demás prerrogativas invocadas en el libelo “debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, libre desarrollo y honra” por considerar que “si se vulner[ó] tan solo un derecho, este solo hecho constituye nulidad de las actuaciones que se hayan realizado o efectuado bajo la tutela del Derecho a Ejercer profesión u oficio y trabajo”, pues la autoridad acusada trasgredió lo dispuesto en los cánones 127-3 del CPC y 123-1 del CGP; aplicó el art. 26 literal f) del Decreto 196 del 1971 pese a que “no tiene la jerarquía procedimental”; le impidió el acceso al expediente para el que lo autorizó el apoderado del demandando; lo acusa de la comisión de un delito y remitió copias a Fiscalía General de la Nación para su investigación con fundamento en una presentación personal que la ley no contempla, advierte la Corte que:

4.1. En el caso sub examine en relación con la garantía al “debido proceso” en el que se subsumen las prerrogativas de “defensa” y “acceso a la administración de justicia”, el actor carece de legitimación para solicitar su protección, comoquiera que el mismo no es parte ni interviniente en el trámite judicial cuestionado; más bien, conforme lo afirma en la demanda, actúa como “dependiente judicial del apoderado del demandado” (fl. 2 cdno. 1), “de ahí que el interés para ventilar la supuesta vulneración de las prerrogativas esenciales, con ocasión de las actuaciones […] cuestionadas, radicaría en la aludida persona y no en él” (CSJ STC 18 dic. 2012, rad. 00832-01, reiterada en STC 19 feb 2013, rad. 2012-00141-02).

Al respecto, esta Sala ha dicho que:

[L]a acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, por sí misma o a través de representante o agente oficioso, evento último en el cual es requisito manifestar tal circunstancia.

“En tratándose de la transgresión del debido proceso, es claro que quienes ostentan legitimación en la causa para demandar su protección constitucional, en principio, son aquellas personas naturales o jurídicas que intervinieron en el respectivo juicio o trámite administrativo o que siendo imperativa su vinculación no fueron citados” (CSJ STC, 4 Ago. 2009, rad. 01001-01 reiterada en STC1208-2015, 17 feb. 2015 rad. 2014-00788-01).

Sobre el interés que asiste a quienes reclaman la protección de sus garantías constitucionales si ser parte dentro del litigio del cual dimana la queja, esta Sala ha señalado que:

[S]obre la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulación que quien así obre tenga un interés que legitime su intervención, el cual, cuando se trata de la presunta violación de los derechos fundamentales generada de actuaciones o providencias judiciales, se encuentra en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes (CSJ STC 19 feb. 2013, Rad. 2012-00141-02, reiterada en STC1208-2015, 17 feb. 2015 rad. 2014-00788-01).

4.2. Frente a la vulneración a su garantía a la honra, por haberse remitido copias a la Fiscalía para que se averigüe la “supuesta” comisión de un ilícito, la Corte no encuentra lesiva a tal prerrogativa del gestor esa actuación, dado que la jueza de circuito la adoptó en cumplimiento al deber general de denunciar, al considerar que existe una circunstancia que constituye una conducta punible, amén que en el evento que el ente investigador respectivo halle mérito para iniciar la actuación del caso, la misma deberá adelantarse conforme a los procedimientos legales establecidos para tal fin, escenario natural ante el cual puede ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Al respecto, señaló la Sala:

Ningún reparo amerita la orden de la investigación y compulsación de copias a otra autoridad, porque “es una facultad discrecional de los funcionarios poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen podrían llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitación de sus funciones, criterio que ha mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada en la 21 de octubre de 2011, radicación 00398-02 (CSJ STC. 23 de febrero de 2012, exp. 2011-00102).

Asimismo, la corporación ha sostenido que:

[E]s ante el ente investigador que el investigado podrá ‘ejercer su derecho de contradicción rindiendo las explicaciones solicitadas, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la práctica de las que considere conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanción que se sigue como consecuencia de ella (CSJ, STC 2 nov. 2010, exp. 2010-00279-01, reiterado, entre otras en STC 2 de junio de 2012, exp. 00027-01).

4.3. En lo que respecta a la aplicación del artículo 26 literal f) del Decreto 196 de 1971, debe recordarse que la sentencia C-619 de 13 de noviembre de 1996 de la Corte Constitucional que se ocupó de la constitucionalidad de dicha norma, señaló que:

[E]n el Código de Procedimiento Civil se establece que el acceso a los expedientes por parte de los dependientes de los abogados no está condicionado a que éstos sean estudiantes de derecho. Sin embargo, mientras que el estatuto procesal civil fue expedido mediante los Decretos-Leyes 1400 y 2019 de agosto 6 y octubre 26 de 1970, el Decreto 196 de 1971, contentivo de las disposiciones demandadas, fue expedido el 12 de febrero de 1971. Si bien el Código de Procedimiento Civil fue modificado en su gran mayoría por el Decreto-Ley 2282 de 1989, el artículo 127 no fue objeto de ninguna adición, modificación o derogación por parte de este último decreto. Como quiera que las normas acusadas son posteriores a la fecha de expedición del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 26 del Decreto 196 de 1971 no hace excepciones en cuanto a los procesos judiciales en los cuales debe ser aplicado, debe considerarse que el estatuto procesal civil fue modificado por el Decreto 196 de 1971, en punto a la exigencia de que los dependientes de los abogados que pueden acceder a los expedientes sean estudiantes de derecho.

(…).

En resumen, las normas demandadas se encuentran vigentes y son aplicables dentro del procedimiento civil, penal, laboral y en aquellas actuaciones administrativas sometidas a reserva. De este modo, es necesario concluir que la restricción de que trata el literal f) del artículo 26 y el artículo 27 del Decreto 196 de 1971 sólo perdió su vigencia en materia de acceso a expedientes contentivos de actuaciones administrativas ordinarias, esto es, no sometidas a reserva alguna.

Ahora bien, no puede perderse de vista que los hechos que motivaron la queja constitucional del actor ocurrieron en el mes de diciembre de 2015, es decir, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pues, debe recordarse que de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, “el Código General del Proceso” entró “en vigencia desde el 1º de enero de 2016 íntegramente”, es decir con posterioridad a los mismos.

De cara al anterior análisis, encuentra la Sala que la determinación de la funcionaria cuestionada de dar aplicación a la referida norma no constituye el defecto material que el actor le endilga y que amerite la intervención del juez constitucional.

4.4. Relativo a la inconformidad del gestor por haberse invalidado la actuación del Juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, basta señalar que el Tribunal Constitucional a quo señaló que tal decisión, adoptada mediante proveído de 11 de febrero de 2016, obedeció a que dicho estrado “carecía de competencia funcional para conocer del asunto, por lo que se procedió a avocar el conocimiento de la acción de tutela”, determinación que el actor no cuestionó.

5. Ahora, en cuanto a los cuestionamientos enfilados por el actor en la impugnación, referentes con los supuestos fácticos de i) haberse proferido auto de 19 de abril de 2016 que dispuso que previamente a tenerle en cuenta la autorización que le otorgó el apoderado del demandado para la revisión del expediente con radicado 2009-00684 debía acreditar “su calidad de estudiante de derecho conforme lo establece el literal f) del artículo 26 del Decreto 196 de 1971” y ii) ya no puede “ejercer más [su] profesión u oficio con el Dr. Juan Manuel Arboleda Perdomo, pues él opt[ó] por contratar a otra persona” porque “no pued[e] desempeñar libremente [su] función como dependiente judicial”, es claro el fracaso de esas alegaciones, pues constituyen hechos nuevos frente a los cuales el extremo pasivo no tuvo la oportunidad de pronunciarse.

Con relación a lo expuesto, esta Sala ha manifestado:

[E]s cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad - deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…). También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC 15 mar. 2011, rad. 00003-01, reiterada en STC 10 may. 2011, rad. 00416- 01).

Lo anterior no obsta para que, en el evento que el actor considere que no se ha dado cumplimiento al fallo por parte de la autoridad cuestionada, formule ante el juez constitucional a quo el respectivo incidente de desacato, escenario natural para determinar si la orden de tutela ha sido cabalmente observada y, en caso que su ejecución no se ciña a los parámetros fijados, habrá de agotarse el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 art. 52 para su acatamiento.

6. De conformidad con lo discurrido, se ratifica el fallo materia de opugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.