Sentencia STC6970 de mayo 17 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC6970-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-01102-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la acción de tutela que el municipio de Santander de Quilichao promovió contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, trámite al que se dispuso vincular a los juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de esa urbe, a la Compañía Energética de Occidente SAS y Centrales Eléctricas del Causa S.A. ESP.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

La entidad territorial accionante solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por el Tribunal Superior de Popayán, entidad que ordenó seguir adelante la ejecución que se inició en su contra, sin tener en cuenta que no se había conformado de manera adecuada el título ejecutivo, en tanto no se allegó el contrato a través del cual se otorgó a la electrificadora la prestación de servicio de alumbrado público y semaforización.

Así mismo adujo, respecto al cobro de facturas de servicios domiciliarios, que su pago estaba regulado por el contenido de la escritura pública 1572 de 1962, por lo que ninguna obligación al respecto puede iniciarse en su contra.

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia emitida por el tribunal en segunda instancia y en su lugar se modifique la emitida inicialmente para que, ante la falta de título ejecutivo y el cobro de lo no debido alegada, se termine la ejecución.

B. Los hechos.

1. Mediante escritura pública 1572 de 1962 el municipio de Santander de Quilichao entregó a Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP - Cedelca S.A. el dominio y posesión ejercida sobre la hidroeléctrica de Mondomo, recibiendo como contraprestación 178.458 acciones de dicha entidad.

En el referido documento, se estableció que Cedelca S.A. se obligaba a suministrar al ente territorial “entre las seis (6) de la tarde y las seis (6) de la mañana, el servicio de alumbrado público de la ciudad de Santander y demás dependencias municipales y el servicio de energía permanente del Hospital “Francisco de Paula Santander” y de los establecimientos de educación municipales a las tarifas que para el efecto fije el Ministerio de Fomento y con cargo a las utilidades que se liquiden a favor del municipio por el aporte total de las acciones suscritas y pagadas conforme al presente contrato”.

2. Entrada en vigencia las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, Cedelca ESP el 31 de diciembre de 1997 realizó el contrato de servicios públicos con condiciones uniformes, con el fin de regular la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario.

3. Mediante resolución de 13 de julio de 2005 la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de la mencionada entidad, disponiendo para la solución de la empresa la necesidad de nombrar un gestor especializado.

4. Realizadas las convocatorias pertinentes, se nombró en esa calidad a la Compañía Energética de Occidente SAS, por lo que el 28 de junio de 2010 se suscribió contrato de gestión entre aquella, a quien se le denominó gestor y Cedelca S.A. ESP como empresa.

En dicho contrato el gestor se obligó a prestar todos los usuarios del área de influencia(1) los servicios de energía eléctrica de conformidad con el contrato de condiciones uniformes elaborado por la empresa en 1997, el cual fue cedido por la empresa en virtud de la referida negociación.

Así mismo se comprometió a realizar la “lectura correspondiente, critica, facturación, cobro, recaudo, corte y suspensión a los usuarios”.

5. Teniendo en cuenta que dentro de los usuarios cedidos mediante la referida negociación se encontraba el municipio de Santander de Quilichao, entidad que no realizó el pago de los servicios suministrados por la nueva entidad, la Compañía Electrificadora de Occidente SAS presentó demanda ejecutiva en su contra para lograr el pago de $960’847.284, representados en facturas de prestación de servicio domiciliario de energía eléctrica, alumbrado público y semaforización, suministrados entre el 1º de agosto de 2010 y el 6 de agosto de 2011.

Junto con la demanda allegó contrato de condiciones uniformes que fue cedido por Cedelca S.A. ESP a la compañía Electrificadora de Occidente SAS, el nuevo que la última entidad elaboró y el mencionado contrato de gestión.

6. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la referida municipalidad, quien mediante proveído de 15 de noviembre de 2011 libró mandamiento de pago en la forma y términos solicitados.

7. Enterado de la actuación, el ente territorial formuló las excepciones que denominó improcedencia de la acción, cobro de lo no debido, pleito pendiente e inexistencia de título ejecutivo.

Los argumentos invocados para demostrar la ocurrencia de los medios exceptivos, en resumen, se fundan en que la entidad ejecutante no puede desconocer el acuerdo al que llegó con Cedelca S.A. ESP mediante Escritura Pública 1572 de 1962, según el cual la prestación de los servicios se cancelarían con las utilidades de las acciones que el municipio tenía en esa sociedad.

8. Evacuadas las etapas pertinentes, el 28 de octubre de 2015 se emitió sentencia de primera instancia en la que se ordenó seguir adelante la ejecución únicamente respecto de las facturas contentivas de la prestación de servicios de energía eléctrica domiciliaria, pues, en criterio del juzgador, respecto de las obligaciones derivadas por la prestación de servicios de alumbrado público y semaforización, no se logró constituir el título ejecutivo complejo en tanto no se allegó el contrato estatal que permitiera establecer las condiciones y términos en que se facilitaría la energía.

9. Inconformes con lo anterior, ambas partes formularon recurso de reposición.

La ejecutante manifestó que no era procedente verificar el cumplimiento de los requisitos formales del título, en tanto dicha situación debió alegarse por vía de reposición contra el mandamiento de pago.

Por su parte, el municipio de Santander de Quilichao insistió en que los pagos de los servicios de energía quedaron establecidos en la escritura de 1962, por lo que no hay lugar a ordenar continuar la ejecución por ninguna de las obligaciones.

10. Mediante sentencia de 8 de marzo de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán modificó la proferida en primera instancia y, en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución por la totalidad de las sumas indicadas en el mandamiento de pago.

Adujo que el contrato de condiciones uniformes aportado por la ejecutante no sólo es vinculante para la prestación de servicios domiciliarios, sino también para los de alumbrado público y semaforización, razón por la cual no podía entenderse incompleto el título ejecutivo y, por tanto, necesario era continuar con la ejecución.

Reforzó su postura aduciendo que con independencia de lo anterior, lo cierto es que en el expediente no obra discusión respecto a la prestación de los servicios públicos cobrados, por lo que necesario se torna que por vía judicial se acceda a su satisfacción económica.

11. La parte ejecutada acude al amparo constitucional por considerar que en la referida decisión se incurrió en un error de carácter sustancial, toda vez que equiparó la prestación de servicios de carácter domiciliario con la destinada para alumbrado público, último que se regula de conformidad con las disposiciones del Decreto 2424 de 2006.

Reiteró que con el acuerdo de condiciones uniformes de servicio domiciliario se están desconociendo las cláusulas contenidas en la escritura firmada en 1962, en donde se acordó la forma en que se realizaría el pago de los servicios de energía que se le brindaba, incluyendo los domiciliarios y públicos.

C. El trámite de instancia.

1. El 5 de mayo de 2017 se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 36, c. 1].

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao manifestó que asumió el conocimiento del asunto ante el impedimento declarado y aceptado de su homologó segundo. Indicó que las actuaciones por él adelantadas se ha limitado únicamente a emitir auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, por lo que no puede considerar que la vulneración denunciada provenga de aquel.

Por su parte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito indicó que la decisión que en dicho trámite emitió se ajusta a los preceptos legales que rigen la materia, sin que pueda considerarse que la misma vulnera los derechos de la accionante.

II. Consideraciones

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

2. En el caso objeto de estudio, a partir del examen de la providencia que en esta sede se reprocha, posible es advertir que el tribunal accionado incurrió en un defecto de carácter sustancial, que torna necesaria la intervención del juez constitucional a efectos de garantizar la protección de las garantías fundamentales de la autoridad administrativa accionante.

En el presente caso, la Compañía de Electrificadora de Occidente S.A. inició juicio ejecutivo en contra de la autoridad administrativa accionante con el fin de lograr el pago de la prestación de servicios de energía eléctrica tanto de carácter domiciliario como de alumbrado público y semaforización.

Junto con la demanda, la acreedora además de las facturas en donde consta el valor que debe retribuírsele, allegó contrato de condiciones uniformes elaborado por Cedelca en 1997, el nuevo contrato que aquella realizó ante la liquidación de la antigua prestadora de energía y el contrato de Gestión celebrado en el 2010 a través del cual se le cedió la prestación de los referidos servicios.

El juez de primera instancia, tras verificar los supuestos contenidos en la demanda y la legislación que regula el asunto, consideró la improcedencia de continuar la ejecución por las facturas derivadas de la prestación de alumbrado público y semaforización, toda vez que a la solicitud inicial no se adjuntó el contrato estatal necesario para integrar junto con las facturas, el título ejecutivo complejo para lograr el pago de las referidas obligaciones.

Dicha decisión fue modificada por el tribunal, pues en su criterio se tornaba ineficiente la exigencia realizada por el a quo, toda vez que a la prestación de los referidos servicios, se le hacía extensivo el contrato de prestaciones uniformes elaborado por la ejecutante para la prestación de servicios públicos de carácter domiciliario.

Sucede, sin embargo, que dicha interpretación es equívoca, pues ha sido un punto reiterado por la jurisprudencia que regula el asunto, que a la ejecución donde se pretenda lograr el pago de prestaciones económicas provenientes del suministro de servicios de energía destinados al alumbrado público, deberá allegarse no solo las facturas en las que conste la cuantificación económica de la prestación, sino además el convenio o acuerdo que celebre la empresa prestadora de servicios públicos con los municipios respectivos.

Inicialmente es necesario precisar que mientras la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario está regulada por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994; el suministro de energía con destino a alumbrado público se regula por las disposiciones contenidas en el Decreto 2424 de 2006.

Último,segúnelcual,elserviciodealumbradopúblicoeselserviciopúbliconodomiciliario queseprestaconelobjetodeproporcionarexclusivamentelailuminacióndelosbienesdeusopúblicoydemásespaciosdelibrecirculacióncontránsitovehicularopeatonal,dentrodelperímetrourbanoyruraldeunmunicipiooDistrito. Elserviciodealumbradopúblicocomprendelasactividadesdesuministrodeenergíaalsistemadealumbradopúblico,laadministración,laoperación,elmantenimiento,lamodernización,lareposiciónylaexpansióndelsistemadealumbradopúblico. 

Dicho servicio, de acuerdo con la misma disposición, si bien está en cabeza del ente territorial respectivo, pues es esa autoridad la que principalmente está llamada a garantizar su prestación a la ciudadanía, en caso de que no cuente con la infraestructura necesaria para realizarlo directamente, podrá encomendar esa labor a un tercero, que bien puede ser una empresa de servicios públicos domiciliarios o cualquier prestador del servicio de alumbrado público. (Parágrafo del artículo 4º de la disposición estudiada).

Así las cosas, en eventos en los casos que sea necesario contratar los servicios de un tercero, debe atenderse lo que al respecto establece el artículo 6º ibídem, el cual indica con claridad que “todos los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estado General de Contratación de la Administración Pública, y demás normas que la modifiquen, adiciones o complementen”.

Al paso de lo anterior, el artículo 7º de ese estatuto contempla que la prestación también podrá realizarse mediante contratos de suministro de energía, los cuales deberán respetar las disposiciones que al respecto estableció la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

De esa manera, evidente es la regulación existente en materia de contratación de servicios de alumbrado público, la que como se vio, bien pude hacerse mediante contratación estatal o a través de contratos de suministros. Dichos medios de negociación, también son predicables de los convenios que se realicen para los servicios de semaforización, toda vez que la Resolución 043 de 1995 de la CREG, específicamente el artículo 1º, contempla dicho servicio como una clase del primero.

Así las cosas, teniendo en cuenta, como se advirtió inicialmente, que la ejecución de obligaciones provenientes de este tipo de servicios, solo se logra a través de títulos ejecutivos complejos, conformados por las facturas respectivas y los contratos pertinentes, necesario era que la electrificadora demandante a efectos de lograr el pago de los servicios de alumbrado público y semaforización, allegara el contrato a través del cual el municipio le encomendó la iluminación pública, lo que en el caso no sucedió.

Al respecto, prudente es recodar la jurisprudencia emitida por la Sesión Tercera del Consejo de Estado, jurisdicción anteriormente encargada del conocimiento de este tipo de ejecuciones, según la cual:

“En lo que respecta a los procesos ejecutivos derivados de los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios, el título para la ejecución lo conforman el contrato de prestación de servicios o de condiciones uniformes y la factura respectiva, en una interpretación sistemática de los artículo 128, 130 y 148 de la Ley 142 de 1994, tal como lo sostuvo la sala en providencia del 89 de octubre de 1997, Expediente 12.684.

Igualsuertecorrenloscontratos,conveniosoacuerdosquecelebrenlasempresasprestadorasdeserviciospúblicosconlosmunicipiosparalaprestaciónde serviciospúblicosconlosmunicipiosparalaprestacióndealumbradopúblico,elcualporconsiguientedebeacompañarsedelafacturadelservicio,cuandosepretendademandarejecutivamentesucobro. (Auto de 7 de marzo de 2001. Exp. 17001-23-31-000-2001-00337-01 (21503)).

4. Visto de esa manera, ninguna razón le asiste al juez colegiado accionado para concluir que el contrato de prestación de servicios uniformes elaborado por la ejecutante se hacía extensivo a las prestación de alumbrado público, pues quedó claro que aquel únicamente regula la prestación de servicios domiciliarios, sin que pueda aceptarse el ejercicio interpretativo que dicho juzgador realizó a efectos de demostrar la configuración de un contrato de suministro, toda vez que necesario era que se aportara documento en donde conste el mismo, tal como se desprende de la jurisprudencia anteriormente trascrita, lo que en el caso, se insiste, no sucedió.

5. De esa manera, a efecto de lograr la protección de la garantía constitucional invocada, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán dentro del juicio ejecutivo que la Compañía Energética de Occidente SAS inició en contra de la entidad accionante, para que, en su lugar, se emita una nueva, atendiendo las consideraciones que aquí se exponen.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE.

1. CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del municipio de Santander de Quilichao.

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 8 de marzo de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán dentro del proceso ejecutivo que la Compañía Electrificadora de Occidente SAS promovió contra el municipio de Santander de Quilichao, así como todas las decisiones que con posterioridad a esta se hubieran emitido.

2. ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán que dentro del término de treinta y seis (36) horas siguientes al recibo del expediente contentivo del juicio ejecutivo mencionado, emita nuevamente sentencia de segunda instancia, en la que atienda las consideraciones contenidas en la presente providencia.

4. ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, despacho donde en la actualidad se encuentra el expediente mencionado, que en el término máximo de veinticuatro (24) horas, proceda a remitirlo al Tribunal Superior de Popayán, para que se dé cumplimiento efectivo al presente amparo.

5. Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Corresponde a los municipios del departamento del Cauda atendido por la Empresa [Fl. 178].