Sentencia STC7194-2018/2018-01030 de junio 5 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC7194-2018

Rad. 11001-02-03-000-2018-01030-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho).

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil dieciocho.

Decídese la tutela promovida por Amed Jairo Gómez Cárdenas en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Agón Amado y Antonio Bohórquez Orduz, con ocasión del juicio declarativo de unión marital de hecho iniciado por Norma Eloísa Quintero Gómez respecto del aquí gestor.

1. Antecedentes.

1. El promotor suplica la protección del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.

2. De lo consignado en el libelo constitucional y de las pruebas aportadas se colige que Norma Eloísa Quintero Gómez y Amed Jairo Gómez Cárdenas, aquí petente, convivieron desde el 19 de agosto de 2006 al 9 de julio de 2010.

El 10 de julio de 2010, los citados contrajeron matrimonio civil, separándose “física y definitivamente” el 13 de octubre de 2015.

Posterior a ello, la aludida señora inició el juicio de unión marital de hecho materia de este amparo, donde el Juzgado Séptimo de Familia de Bucaramanga dictó fallo declarando acreditada la existencia de esa relación sentimental y probada la “(…) excepción de mérito denominada prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes (…)” propuesta por ahora promotor.

Para acoger ese medio de defensa memoró el a quo que el mismo se apoyó

“(…) en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 manifestando [el convocado] que al haber transcurrido más de un año desde el momento en que finalizó la unión marital de hecho entre los señores Norma Eloisa Quintero Gómez y Admed Jairo Gómez Cárdenas, esto es el 9 de julio 2010, (…), la acción para incoarla prescribió, ya que a partir del día 10 de julio del año 2010, los (…) [prenombrados] contrajeron matrimonio, momento en el cual quedó disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial, fecha desde la cual inicia el tiempo del año para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial”.

El estrado de circuito estimó acertado ese criterio, pues

“(…) el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, que establece, “las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. Y efectivamente, revisando el presente asunto se tiene que la unión marital de hecho, entre los señores Norma Eloisa Quintero Gómez y Admed Jairo Gómez Cárdenas, tuvo como fecha inicial la del 19 de agosto 2006, como fecha final la del 9 de julio 2010, (…), infiriéndose sin lugar a dudas que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es el 11 de octubre de 2016, la acción para reclamar la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial estaba más que prescrita”.

La anterior determinación fue apelada por la allí demandante y la alzada dirimida por la colegiatura convocada el 23 de noviembre de 2017, resolviendo revocar parcialmente lo decidido por el a quo, para desestimar el mencionado medio exceptivo.

3. El tutelante reprocha la decisión del ad quem, por cuanto, en su entender, sí se configuró la “prescripción” deprecada, pues:

“(…) [C]uando dos compañeros permanentes, contraen matrimonio, bien sea por el rito (…) civil o católico, queda disuelta la sociedad patrimonial, igualmente está asentado, con fundamento [en] las reglas de interpretación que nos aportan la[s] Ley[es] 57 (…) [y] 153 de 1887, que la ley especial prima sobre la general, y en el caso que nos ocupa, (…) el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, es enfático en afirmar que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros, si bien es cierto esa norma no contempló de manera explícita la hipótesis cuando dos compañeros contraen matrimonio, de manera implícita se puede deducir, (…) la imposibilidad de coexistencia de una sociedad patrimonial y una sociedad conyugal, y además porque si dos compañeros se casan, los efectos a dirimir en la nueva relación serían los de la sociedad conyugal (…)”.

Por ende, esgrime, el anotado lapso extintivo debió contarse a partir del matrimonio celebrado entre los extremos en litis, acontecido el 10 de julio de 2010, pues, desde ese momento, “se transformó la sociedad patrimonial en una conyugal”.

4. Implora invalidar el pronunciamiento objetado.

1.1. Respuesta del accionado.

Guardó silencio.

2. Consideraciones.

1. Amed Jairo Gómez Cárdenas censura que, en segunda instancia, se haya negado la “excepción de mérito denominada prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, por cuanto, en su criterio, se incurrió en una “arbitrariedad”.

2. En la determinación confutada, en torno al aspecto aquí controvertido, el colegiado acusado acotó que el problema jurídico sometido a su conocimiento “(…) consist[ía] en resolver si el término de prescripción de la acción para que se declare la disolución y se liquide la sociedad patrimonial se cuenta desde que los compañeros permanentes contraen matrimonio entre sí o no (…)”.

A renglón seguido, precisó que en su criterio, tal lapso “(…) no se cuenta desde el matrimonio que entre sí contraen los compañeros permanentes (…)”, por cuanto, si bien es cierto el canon 8 de la Ley 54 de 1990, consigna “(…) un término de prescripción de un año de la acción para (…) la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, contado a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros (…)”, no lo es menos, ese precepto

“(…) no establece el matrimonio de los compañeros entre sí como una de las situaciones o hechos a partir de los cuales empieza a correr el término prescriptivo de la acción de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, no hay norma alguna que así lo prevea, entonces no podemos contar dicho término desde allí. Y es comprensible que así sea, (…) porque el matrimonio de los compañeros antes de ponerle fin a la familia de hecho conformada por ellos, la refrenda, la refuerza, la formaliza, expresa el deseo de los compañeros de seguir manteniendo la comunidad de vida permanente y singular, que tiene como uno de sus efectos económicos, el surgimiento de la sociedad de bienes”.

“Valga explicar que la necesidad de liquidar y repartir el patrimonio social, surge a su vez de la necesidad de obtener la entrega de los bienes o activos que lo integran y que le corresponderían a cada compañero, la cual es evidente que no surge cuando los compañeros contraen matrimonio entre sí, pues se reitera, el matrimonio, contrario a los hechos previstos por el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, no le pone fin a la comunidad de vida, al querer de los compañeros de convivir conformando una familia, con todas su consecuencias o efectos, incluidos los económicos, sino que por el contrario la refrendan (…)”.

En virtud del anterior aserto, razonó:

“(…) [H]asta que no ocurra uno de estos supuestos [hace alusión a los previstos en el canon 8 de la Ley 54 de 1990 ya citada] no empieza a correr el término prescriptivo, y en el presente caso no se discute entre las partes que la pareja conformada por Norma Eloísa Quintero Gómez y Jairo Amed Gómez Cárdenas, se separó física y definitivamente el 13 de octubre de 2015, presentándose la demanda el 11 de octubre de 2016, lo que quiere decir que la acción se impetró en tiempo y no corrió el término de prescripción de un año, en atención a que de conformidad con el artículo 94 del C.G.P., y antes con el 90 del C.P.C., la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo que además, la misma se notificó dentro del año siguiente a su presentación, pues dicha diligencia se llevó a cabo el 11 de enero de 2017 a través del apoderado judicial del demandado (…)”.

“(…) Valga agregar que no es de recibo el argumento del demandado, (…) según el cual, de todas maneras transcurrió el término de prescripción, contado desde la separación física y definitiva de la pareja, ya cuando ellos estaban casados, porque la demanda se formuló el 18 de octubre de 2016, y ello no es cierto, (…) esta demanda ya había sido presentada antes, en abril o mayo del año pasado, y tal como aparece (…) a folio 44 del expediente, (…) podemos ver [la] (…) constancia de que la demanda fue objeto de un primer reparto el 15 de abril de 2016 a las 3:55 p.m. y que, [debido al rechazo de ese libelo,] después fue (…) nuevamente presentada el 11 de octubre de 2016, (…) y la Oficina Judicial entendió que se le podía enviar nuevamente sin necesidad de nuevo reparto al mismo juez, (…) y este no aceptó porque entiende que es una demanda nueva y mediante un auto de 13 de octubre de 2016, (…) da cuenta de cómo la demanda fue rechazada en mayo de 2016, y ordena su devolución inmediata a la Oficina Judicial para su correcta asignación, y como consecuencia de ello, (…) se la reparten al Juzgado Séptimo de Familia de Bucaramanga y ya queda constancia allí de reparto el 18 de octubre de 2016, normalmente esa fecha coincide con la de presentación, pero aquí, debido a lo que se acaba de comentar, (…) en realidad tiene que tenerse como fecha en que se interrumpió la prescripción la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el 11 de octubre de 2016; entonces, no es cierto que haya transcurrido el término de un año contado desde la separación física y definitiva de la pareja, que ambas partes aceptan ocurrió el 13 de octubre de 2015, (…) faltaron dos días para consumarse la prescripción (…)”.

3. En el caso, el tutelante no desconoce que el evento de que quienes conforman una unión marital de hecho, sin existir solución de continuidad, contraigan matrimonio entre sí, no es causal de disolución y liquidación de la respectiva sociedad patrimonial, pues como lo establece el artículo 5º de la Ley 54 de 1990, con la modificación que le introdujo el artículo 3º de la Ley 979 de 2005, ello tiene lugar únicamente por el consentimiento o el mutuo acuerdo de los convivientes, por la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes o por sentencia judicial.

Recaba, sin embargo, que las nupcias entre quienes existía una unión marital de hecho, debe interpretarse como un motivo implícito de disolución de los efectos patrimoniales, ante la imposibilidad legal de coexistencia de una sociedad patrimonial y de una sociedad conyugal, de donde, en su entender, las cuestiones a “dirimir en la nueva relación serían los de la sociedad conyugal”, toda vez que desde el momento del matrimonio “se transformó la sociedad patrimonial en una conyugal”.

La postura por la cual aboga el accionante, desde luego, se dirige a mostrar, también como detonante implícito del término prescriptivo de un año de las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial originada en la unión marital de hecho (artículo 8º de la Ley 54 de 1990), que ese lapso extintivo igualmente debe computarse a partir del matrimonio entre los mismos compañeros permanentes.

Empero, esa interpretación que se pretende, indudablemente comporta una sanción, resulta bien claro, en aplicación del principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Policita, no puede ser de recibo para la Sala, considerando que es al legislador al único a quien le compete de manera expresa establecerla.

El Tribunal, por tanto, al declarar infundada la excepción de prescripción de las acciones de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, no incurrió en ninguna falta superlativa con trascendencia constitucional. El error sustantivo, por el contrario, lo habría cometido en el caso de haber computado el término de prescripción de un año a partir del matrimonio de los compañeros permanentes, porque en ese evento estaría suplantando al legislador.

Con todo, pese a que la defensa en cuestión no prosperó, se precisa en esta oportunidad que la prescripción tampoco podía correr desde cuando los compañeros permanentes, ya como cónyuges, se separaron física y definitivamente, tal cual fue concluido por el Tribunal, porque se trata de una hipótesis igualmente ayuna de regulación positiva. En ese evento, las reglas de la prescripción aplicables no pueden ser las señaladas para la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, sino las referidas a la sociedad conyugal, sean específicas o genéricas, según sea el caso.

No se pierda de vista que en el subjúdice al no existir solución de continuidad tanto en el campo personal, como en materia de sociedad patrimonial y de sociedad conyugal, al fin de cuentas, disuelta esta última, se trata de un mismo patrimonio universal separado en dos niveles temporalmente, gobernado bajo unas mismas reglas, aunque con los matices que le son propios a una u otra sociedad, sin que por ello, al ser perfectamente delimitadas en el tiempo, pueda afirmarse su coexistencia.

Por esto, se precisa que en el caso se hallan presentes dos universalidades jurídicas sucesivas, no simultáneas, la primera con un vínculo jurídico gestado en los hechos, consistente en la sociedad patrimonial, entidad, que luego, por voluntad de los convivientes, dio paso a una ligadura de derecho, nacida del contrato solemne; sin que, tal cual se advirtió, hayan sido simultáneas, sino encadenadas; pero, sin que respecto de la mutación de la primera haya acontecido, “(…) separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros” (art. 8º de la Ley 54 de 1990).

Recuérdese que el matrimonio ulterior a la unión marital fue entre los mismos consortes, y no en relación con terceros, ni tampoco hubo separación material concluyente de los compañeros, ni mucho menos acaeció la muerte como hecho jurídico aniquilante de aquella convivencia.

Claro, lo dicho por esta Sala, en esta acción, apenas para hallar coherente la decisión del tribunal en su particular forma de resolver la controversia, sin perjuicio de toda nueva, diferente o adicional precisión que las futuras circunstancias fácticas compelan a la Sala para analizar o replantear la cuestión.

En todo caso, dada la similitud entre matrimonio y la unión marital, entre sociedad de gananciales y la sociedad patrimonial, desde la perspectiva de principios, valores y derechos por los que aboga y defiende la Carta de 1991, con venero en el artículo 42 de la misma, no pueden prohijarse interpretaciones restrictivas, discriminatorias y extintivas, entre quienes como pareja han convivido como casados, faltándoles únicamente el rito solemne; primero, al abrigo de la unión marital, y luego, sin solución de continuidad, en las mismas condiciones materiales y sociales bajo el manto del matrimonio, como acto jurídico solemne, sin interrupciones temporales ni brechas afectivas, familiares, sociales y económicas, siendo continuadores de la familia como pareja monógama.

4. Siguiendo los derroteros de la Convención Americana de Derechos Humanos(1) y su jurisprudencia, no se otea vulneración alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervención de esta Corte para declarar inconvencional la actuación atacada.

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:

“(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”.

Así como por la regla 93 ejúsdem, al estipular:

“(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”.

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 1969(2), debidamente ratificada por Colombia, según el cual: “(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”(3).

4.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad solo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no.

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no solo a petición de parte sino ex officio(4).

No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados —incluido Colombia—(5), a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales(6); así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías(7).

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no solo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de los mismos.

Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las garantías fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.

5. Por lo discurrido, el amparo deprecado será negado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la tutela solicitada por Amed Jairo Gómez Cárdenas en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Agón Amado y Antonio Bohórquez Orduz, con ocasión del juicio declarativo de unión marital de hecho iniciado por Norma Eloísa Quintero Gómez respecto del aquí gestor.

2. Notificar lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo, con aclaración de voto—Luis Alonso Rico Puerta, con aclaración de voto—Ariel Salazar Ramírez, con aclaración de voto—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.

2 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

3 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

4 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330.

5 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323.

6 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274.

7 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 308.