Sentencia STC7217-2017/2017-00432 de 24 de mayo de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC7217-2017

Rad.: 11001-02-04-000-2017-00432-01

(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 6 de abril de 2017 por la Sala de Casación Penal, en la acción de tutela promovida por Cruz Elena Monzón Amador contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Cali, la Sala de Casación Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con ocasión del asunto ordinario laboral impulsado por la aquí actora frente al extinto Instituto de los Seguros Sociales, ISS, hoy Colpensiones.

1. Antecedentes

1. La promotora reclama la protección de los derechos consagrados en los artículos 13, 23, 29, 43, 48 y 53 de la Constitución Política, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales acusadas.

2. Para sustentar su reparo expone que su compañero permanente, Hernando de Jesús Estrada Yance, falleció el 16 de febrero de 2006, habiendo cotizado al ISS 499 semanas antes de la Ley 100 de 1993.

Advierte que mediante Resolución Nº 002514 de 2007 esa entidad le reconoció “(…) una indemnización con un error al no tener en cuenta los años trabajados [por su pareja] en Bogotá con la empresa de Textiles El Cedro (…)”.

Relata que frente a ese pronunciamiento incoó reposición y, en subsidio apelación, con el fin de lograr una “(…) pensión de sobreviviente con el beneficio de la favorabilidad (…)”; no obstante, ello fue negado.

Dada la situación descrita, impulsó el juicio materia de ataque, trámite en el cual el juzgado convocado absolvió al extremo pasivo.

Apeló esa decisión y el Tribunal, en providencia de 23 de junio de 2011, la revocó para, en su lugar, declarar no probadas las excepciones de su contraparte y otorgarle a la aquí petente la mesada pretendida a partir del 18 de febrero de 2006 con un retroactivo de $36.703.238,04, rubro del cual dispuso “(…) descontar (…) lo que el ISS haya pagado a la demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes (…)”.

Asevera que la pasiva acudió en casación y la Sala especializada, en sentencia de 23 de noviembre de 2016 casó la determinación del ad quem y, en sede de instancia, ratificó la del a quo.

Afirma que cuenta con 72 años, sufre de padecimientos propios de su edad y no tiene ninguna fuente de recursos, pues sólo recibe la colaboración de su hija, quien le suministra “(…) lo que ella puede (…)” (fls. 1 al 4, cdno. 1).

3. Solicita, por tanto, disponer el reconocimiento de la prestación deprecada “(…) aplicando (…) el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año (…)” (fl. 11, cdno. 1).

1.1. Respuesta de los accionados.

a) El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali acotó que su homólogo en descongestión denegó las pretensiones de la peticionaria, por cuanto no se acreditaron.

“(…) los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, es decir, haber cotizado [el causante] 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento, la cual data del 18 de febrero de 2006 (…)”.

“De otro lado, respecto (…) del principio constitucional de la condición más beneficiosa (…) [se] manifestó que el mismo tampoco era posible aplicarlo, toda vez que conforme a los pronunciamientos realizados por la H. Corte (…) [aquél] no aplica frente a situaciones surgidas en vigencia de la norma que gobierna el caso (…)” (fls. 97 y 98, cdno. 1).

b) Los demás guardaron silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

La Sala de Casación Penal desestimó la protección rogada, por cuanto no halló arbitrariedad en la gestión de las autoridades convocadas. Resaltó que en la decisión de la Sala de Casación Laboral se

“(…) analizó la legalidad del único fallo que resultó favorable a las pretensiones de la señora Cruz Elena Monzón Amador, esto es, la sentencia de segunda instancia del 23 de junio de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, concluyendo que la misma reconoció la pensión de sobrevivientes a la prenombrada, pretermitiendo la normatividad aplicable a ese particular caso y prefiriendo la creación de reglas sui generis, desconociendo que ‘debía someterse al imperio del marco normativo que regulaba la presentación’ (…)” (fls. 114 al 131, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

La tutelante impugnó con argumentos análogos a los expresados en el libelo introductor (fls. 137 y 138, cdno. 1).

2. Consideraciones

1. La querellante cuestiona el fallo de 23 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala de Casación Laboral casó la sentencia dictada en segundo grado el 23 de junio de 2011, donde se había reconocido su pensión de sobrevivientes y, en su lugar, ratificó la del a quo, providencia desestimatoria de esa prestación.

Debe señalarse que el ad quem sustentó su providencia en el incumplimiento de los presupuestos consagrados en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de sobrevivientes, empero concluyó la procedencia de otorgar dicha prestación porque el sistema pensional no se vería afectado conforme a la finalidad de dicha norma y dada la prevalencia de los “derechos en juego”.

Se memora que la Sala de Casación Laboral revocó ese pronunciamiento, por cuanto

“(…) [E]l Tribunal concedió (…) la pensión de sobrevivientes, en virtud de (…) supuestos tales como ‘(…) la finalidad de la reforma de la Ley 797 de 2003, la sostenibilidad del Sistema, la intención finalista, la proporcionalidad, los derechos en juego, y el análisis económico del derecho (…)”.

“Tras ello, teniendo en cuenta que no se discute el hecho de que el afiliado falleció el 18 de febrero de 2006 y que no tenía semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a su muerte, el Tribunal incurrió efectivamente en la infracción directa del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues, a pesar de que reconoció que esa era la norma que estaba vigente y resultaba aplicable a la situación en estudio, se rebeló abiertamente contra ella y se negó de manera consciente y expresa a hacerle producir efectos. A su vez, esa insubordinación contra la norma no encuentra justificación alguna, como pasa a verse (…)”.

“En primer lugar, resulta necesario reiterar que esta Sala de la Corte tiene adoctrinado que, por regla general, la norma llamada a regular la pensión de sobrevivientes es aquella vigente para la fecha en la cual deviene el fallecimiento del pensionado o afiliado, pues no fue intención del legislador establecer regímenes de transición para esta clase de prestaciones. Asimismo, que el principio de la condición más beneficiosa no supone una búsqueda histórica de normas, con el fin de conseguir aquella que se acomode de mejor manera a las circunstancias personales de cada asegurado, de manera que, por ningún motivo, en casos en los que reclama vigencia la Ley 797 de 2003, resulta dable la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año (…)”.

“En ese sentido, en este caso la norma indiscutiblemente aplicable era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y no existían razones jurídicamente admisibles para que se hubieran desconocido sus efectos, cuando, como lo reconoció el mismo Tribunal, ni siquiera se daban los supuestos para admitir alguna forma de aplicación válida del principio de la condición más beneficiosa (…)”.

“Por lo mismo, como lo denuncia la censura, el Tribunal también infringió de manera directa el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, que establece que “(…) los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones”, pues, en últimas, lo que prohijó en la sentencia gravada fue el reconocimiento de una pensión sin alguna fuente normativa que le diera sustento y luego de análisis abstractos en torno a la conveniencia de las reformas legislativas adelantadas en materia de pensiones, ajenos por completo a la labor del juez ordinario (…)”.

“Nótese, en ese sentido, que la fuente del derecho reconocido por el Tribunal no fue la Ley 797 de 2003, ni la Ley 100 de 1993, ni mucho menos el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sino una suerte de regla concebida arbitrariamente por la misma Corporación, a partir de la cual las personas que tienen (…) un gran número de semanas cotizadas tienen derecho a la pensión de sobrevivientes (…)”.

“En este punto, para la Sala resulta oportuno resaltar que, dejando a salvo algunas discusiones relacionadas con la aplicación de principios constitucionales como el de progresividad y condición más beneficiosa, lo cierto es que las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, a pesar de su gran significado e importancia dentro de la estructuración del derecho social, deben encontrar alguna fuente normativa clara y no derivarse de la mera gracia de juez o de análisis encaminados a determinar cuál sería la mejor política pública en materia de seguridad social (…)”.

“Por lo mismo, en este caso, al Tribunal debía someterse al imperio del marco normativo que regulaba la prestación y, por esa vía, no le era dable discutir si el legislador contaba con criterios técnicos, económicos o financieros adecuados para justificar sus reformas en materia pensional o establecer la conveniencia abstracta de la Ley 797 de 2003 y crear reglas sui generis, pues tales competencias son propias del mismo legislador o, en última instancia, de un juicio de constitucionalidad abstracto, ajeno en todo caso a la labor del juez ordinario (…)”.

“Tampoco podía el Tribunal definir de manera ligera que 499 semanas eran suficientes para financiar una pensión de sobrevivientes, pues este tipo de prestaciones tienen unas características particulares y diferentes a las que guían a las pensiones de vejez, en la medida en que encuentran una fecha cierta de causación, atada a la realización cierta del riesgo que cubren, a la vez que están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años. Por ello, se insiste, es al legislador al que compete configurar su reconocimiento así como sus formas de financiación, principalmente a través de modelos de aseguramiento del riesgo, cuyo juzgamiento abstracto tampoco es de competencia del juez ordinario (…)”.

“Por último, la Sala no puede dejar de advertir que el Tribunal también desconoció que la Ley 797 de 2003 sí previo ‘(…) la situación de aquellas personas que a pesar de no contar con la fidelidad al sistema y las 50 semanas, sí tenían un gran número de semanas cotizadas”, pues en el parágrafo 1 del artículo 12 estableció básicamente, que las personas que hubieran logrado alcanzar el número de semanas definido en el régimen de prima media para obtener la pensión de vejez, dejarían causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. Esta condición, vale decir, tampoco se cumplió en este caso, pues tan solo se acreditaron 499 semanas cotizadas (…)”.

Por lo discurrido, la Sala de Casación Laboral casó el pronunciamiento del Tribunal y, en sede de instancia, ratificó la determinación del a quo, por cuanto

“(…) [E]n este caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Asimismo, (…) como el afiliado fallecido no cotizó semanas dentro de los tres años anteriores a la muerte, no resulta trascendente abordar algún debate en torno a la aplicación de la condición más beneficiosa, encaminado a la aplicación de la norma inmediatamente anterior, y (…), en todo caso, como lo ha adoctrinado la Sala, no era dable justificar la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Por último, como se dijo (…), tampoco se presentan las condiciones definidas en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (…)”.

2. Sobre este tema, esta Sala en recientes auxilios impetrados con similar acontecer fáctico y jurídico, ha acogido la comentada postura adoptada en la referida premisa, sin embargo, avizora este cuerpo colegiado que en esta oportunidad se variará ese criterio, y en consecuencia el fallo a través del cual se desestimó la prestación reclamada por la aquí promotora, deberá ser revocado, por cuanto, es contrario a la jurisprudencia constitucional ahora imperante sobre la “condición más beneficiosa” en materia de pensión de sobrevivientes como a continuación pasa a verse.

2.1. La anotada figura jurídica tiene su asidero en el artículo 53 de la Carta Política, en el cual se establece que la ley laboral deberá tener como principio mínimo fundamental la “(…) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho (…)”.

Ahora, en palabras de la Sala de Casación Laboral el principio de favorabilidad “(…) parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes (…)”(1), por tanto, excluye la posibilidad de comparar la ley actual con disposiciones ya derogadas, pues “(…) no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del [caso] (…)”(2).

El acotado criterio ha sido flexibilizado en materia de pensión de sobrevivientes, por cuanto, esta Corporación aceptó la posibilidad de acudir a una regla sin vigencia, siempre y cuando sea la inmediatamente anterior al momento de causarse dicha prerrogativa(3).

2.2. Bajo esa tesitura, se observa que existe duda sobre el alcance del referido principio cuando lo debatido entraña la comentada prestación social, debiendo el juzgador acudir a la interpretación más amplia y garantista de acuerdo al postulado universal del “in dubio pro operario”.

Frente a lo discurrido, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-084 de 2017, zanjó tal discusión, al exponer:

“(…) Esta [Corte] reconoce que, en efecto, pueden surgir dudas sobre el alcance de la condición más beneficiosa como extensión del principio de favorabilidad, en particular si se le interpreta de manera conjunta con otros principios constitucionales y legales. Así, por un lado, en virtud de los principios de legalidad de la legislación laboral y de seguridad jurídica, podría argumentarse que el mencionado principio de favorabilidad en su extensión a la condición más beneficiosa debe limitar su aplicación en el tiempo solo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causarse la pensión. Pero también, con fundamento en otros principios constitucionales como el respeto de la confianza legítima, solidaridad y buena fe (arts. 58 y 83 de la Constitución), puede entenderse que el alcance del principio de favorabilidad en la condición más beneficiosa no limita su aplicación en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causación de la pensión de sobrevivientes, esto es, el régimen legal vigente al momento de la muerte del causante (…)”.

“(…) Frente a estas dos interpretaciones, una menos restrictiva que la otra, considera la Corte que la interpretación más adecuada frente al principio constitucional de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la Constitución, será aquella que respete la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Como se aprecia, el principio de favorabilidad opera en caso de duda sobre la interpretación de las “fuentes formales del derecho”, las cuales incluyen no solo las normas legales o infralegales, por lo que debe ser tomado en cuenta para determinar el sentido y alcance de las normas laborales de la propia Constitución. Por lo tanto, cuando una norma constitucional admita dos o más interpretaciones razonables, el intérprete debe elegir aquella que sea más favorable al trabajador. De no hacerlo, incurriría en violación directa de la Constitución (…)”.

2.3. Así las cosas, al presentarse un conflicto de regímenes laborales para la aplicación de la condición más beneficiosa como extensión del principio de favorabilidad, esta Sala comparte el criterio del Tribunal constitucional al afirmar que la aplicación de dicho postulado “(…) no se limita en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causación de la pensión de sobrevivientes, esto es, el régimen legal vigente al momento de la muerte del causante (…)”(4).

3. Los derechos laborales tienen un contenido económico y social que se traducen pecuniariamente como retribución a favor del trabajador por vía de los salarios, prestaciones, pensiones, indemnizaciones, auxilios o subsidios de distinta naturaleza, con relación a la prestación de un servicio personal, llámese empleado particular u oficial.

Para lograr cualquiera de estos derechos, esencialmente se debe cumplir con un factor económico que en el caso de la pensión de cualquier índole sea de sobrevivientes, vejez o invalidez, se causa en el régimen vigente, previa cotización de determinado número de semanas, por tanto, reunido ese requisito, o habiéndose cumplido con la carga pecuniaria exigida en una época determinada, estando vigente ese régimen prestacional, también e indiscutiblemente se adquiere el derecho fundamental de aplicación de ese sistema, así luego el mismo sea modificado o derogado.

Si el trabajador ha solventado la densidad de tiempo necesario para ser cobijado con una prestación social, únicamente faltaría la ocurrencia de la condición o plazo para que el respectivo beneficio sea exigible, por tanto, si en el caso de la accionante, su cónyuge fallecido ya había alcanzado en vida o cumplido el requisito económico y le faltaba exclusivamente la condición de exigibilidad (el plazo o condición), indefectiblemente el derecho deprecado lo hace reclamable.

4. Para la Corte, en el presente asunto está acreditada la situación de debilidad manifiesta de la quejosa, atendiendo a su avanzada edad (72 años), siendo un sujeto de especial resguardo y, por ese sólo hecho, merece un tratamiento especial en pro de salvaguardar sus intereses.

Diversos instrumentos internacionales han consignado la especial protección para los adultos mayores, en los cuales se establece la necesidad de otorgarles unas especiales garantías para preservar la vida de estos individuos en condiciones dignas, proscribiendo la discriminación, los maltratos y buscando brindarles la atención en salud, cariño y cuidados que, en general, requieren durante su vejez.

Las Naciones Unidas, a través de sus agencias, ha emitido numerosos pronunciamientos de soft law(5) sobre la materia, estudiando los tratados universales de derechos humanos a través de un enfoque diferenciado creado para favorecer a los ancianos. Como parte de esa labor, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo una lectura con esa perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General Nº 6 de 1995: “Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad”.

Adicionalmente, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, efectuó en 2010 la “Recomendación General Nº 27 sobre la protección de las mujeres mayores y de sus derechos humanos”(6).

5. En el ámbito interamericano, el 15 de junio de 2015 se adoptó la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, la cual, pese a que a la fecha no ha sido ratificada por Colombia, resulta de vital relevancia por su aporte conceptual al tema, pues muestra los derroteros a seguir para desarrollar leyes y políticas favorables a esta población.

El canon 6 de la citada preceptiva reza:

“(…) Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”.

“Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (…)”.

Además, el artículo 17 establece la obligación de promover “(…) progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social (…)”.

Finalmente, la regla 31 refiere la obligatoriedad de “(…) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas (…)”, para lo cual, han de “(…) garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales (…)” y, además, “(…) [l]a actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor (…)”.

6. En el ordenamiento interno, la Carta Política consigna varios derechos a favor de la tercera edad, tales como la dignidad humana, la vida, igualdad y no discriminación, salud, seguridad social, familia y acceso a la administración de justicia, entre otros muchos (arts. 1º, 11, 13, 42, 46, 48 y 49).

En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que por sus particulares condiciones son “sujetos de especial protección”, por tanto, como ya se dijo, es imperativo siempre brindarles unas óptimas condiciones de existencia, materia sobre la cual hay numerosos pronunciamientos(7).

Tratándose del reconocimiento de pensiones, la prerrogativa a la seguridad social adquiere una relevancia vital, por constituir aquélla mensualidad el instrumento a través del cual se garantiza la subsistencia de los adultos mayores en sus últimos años de vida, así se ha dejado sentado en múltiples fallos de tutela(8).

De esta forma, cualquier solicitud de reconocimiento y pago de una prestación de esa índole, elevada por una persona de avanzada edad, como la tutelante, quien tiene 72 años de edad, debe ser examinada con sumo cuidado y diligencia, a fin de adoptar la resolución que le resulte más favorable. Frente a ese tópico, esta Sala comparte lo argumentado por el Máximo Tribunal Constitucional en el siguiente extracto:

“(…) Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de - entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensión. Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las personas ancianas”.

“Ha dicho esta corporación al respecto: "Si una persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 años), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente se ordene el respeto a su derecho (…)”(9).

7. En el asunto subexámine, se tiene que el señor Hernando de Jesús Estrada Yance, compañero permanente de la aquí accionante, falleció el día 16 de febrero de 2006, es decir en vigencia de la Ley 797 de 2003, la cual imponía como requisito para otorgar la pensión de sobrevivientes a los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que “(…) éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento (…)” situación que no acontece en el sublite, pues el causante únicamente cotizó hasta 1º de mayo de 1977.

No obstante, se infiere que si cumplió el requisito económico en su integridad, consistente en 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, estando vigente ese régimen, a su patrimonio ingresó el derecho a la aplicación de ese sistema vigente.

Palmario resulta que la Ley 797 de 2003 al momento del fallecimiento del trabajador es desfavorable para los intereses de la promotora. En consecuencia se debe aplicar el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en atención al principio de la condición más beneficiosa “en sentido lato”, pues el de cuius al momento de la vigencia de esa disposición, contaba con una densidad de más de 860 semanas cotizadas (fl. 131, cdno. 1) en cualquier tiempo, cumpliendo con la exigencia pecuniaria establecida en ese instante, para acceder a la memorada prestación social, quedando pendiente únicamente la condición, plazo o contingencia que torna exigible el derecho(10), en este caso sería la muerte.

Al respecto, se presenta un cuadro comparativo de las leyes ya derogadas y de la vigente, al momento del fallecimiento del señor Hernando de Jesús Estrada Yance, regulatorias de los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes:

Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990Ley 100 de 1993Ley 797 de 2003
ART. 25.—Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común.
ART. 6º—Requisitos de la pensión de invalidez.
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.
ART. 46.—a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
ART. 12.—El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento (…)”

Así las cosas, se itera que en el subexámine la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, otorga a la promotora el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su extinto esposo, por cuanto, aquél al momento de la vigencia de dicha normatividad, cumplía con el requisito económico para la concesión de la mentada prestación social quedando únicamente pendiente la verificación del hecho generador (muerte) de la obtención del derecho, en otras palabras, si Hernando de Jesús Estrada Yarce hubiese fallecido en la época de vigor del memorado Acuerdo, no estaría en discusión la pretensión invocada por la quejosa, por tanto, ineludible es acudir a ese plexo legal por su “condición más beneficiosa”.

8. Expuestas así las cosas, esta Corte concederá el resguardo, infirmará la decisión del a quo y dejará sin efecto el fallo de 23 de noviembre de 2016 proferido por la Sala de Casación Laboral.

En consecuencia, se le ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva resolución estudiando el caso de la tutelante con base en las consideraciones aquí expresadas y teniendo en cuenta la reciente y vigente jurisprudencia constitucional atinente a la “condición más beneficiosa” sobre el derecho de los cónyuges supérstites de acceder a la pensión de sobrevivientes.

De accederse a la pensión de sobrevivientes deprecada, dicha entidad deberá establecer el nacimiento de ese derecho a partir de la ejecutoria de esa nueva decisión, observando la prescripción trienal que rige para esta clase de prestaciones económicas, afectando las mesadas causadas, como se itera, por cuanto es desde esa resolución que la misma adquiere alcances constitutivos.

9. Por las razones anotadas, se infirmará la providencia examinada.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de Cruz Elena Monzón Amador.

2. DEJAR SIN EFECTO el fallo de 23 de noviembre de 2016 de la Sala de Casación Laboral, proferido dentro del proceso ordinario que fue objeto del presente resguardo.

En consecuencia, se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva resolución sobre el caso de la tutelante con base en las consideraciones aquí expresadas.

De accederse a la pensión de sobrevivientes deprecada, dicha entidad deberá establecer el nacimiento de ese derecho a partir de la ejecutoria de esa nueva decisión, observando la prescripción trienal que rige para esta clase de prestaciones económicas, afectando las mesadas causadas, como se itera, por cuanto es desde esa resolución que la misma adquiere alcances constitutivos.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ SL de ocho 8 de marzo de 2017, exp. 63724.

2 Ibídem.

3 CSJ SL sentencias 8332-2016, radicación 48260; 7506-2016, radicación 49831; 17142-2016, Radicado 53203; 2203-2016, radicación 61944, y 1051-2016, radicación 42392; 16867-2015, radicación 47022, y 16868-2015, radicación 54172.

4 Ídem.

5 “(…) La expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica”.
“Con el uso del término no sólo se pretende evidenciar la existencia de determinados instrumentos internacionales que no obstante no ser vinculantes tienen relevancia jurídica, si no también albergar bajo su mando diversas manifestaciones de acuerdos interestatales y consensos internacionales que independientemente de su valor jurídico se incorporan al discurso internacional y producen ciertos efectos que repercuten de diferentes formas en la formación, desarrollo, interpretación, aplicación y cumplimiento del derecho internacional, tanto en el ámbito interno de los Estados como en el propio seno del derecho internacional (…)”. Consultado el 13 de febrero de 2017 en el siguiente enlace:
https://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1754.

6 “General recommendation Nº 27 on older women and protection of their human rights” (CEDAW/C/2010/47/GC.1).

7 Entre otros muchos, conviene destacar la labor de recopilación llevada a cabo recientemente sobre la materia en el fallo C-177 de 2016.

8 Véanse los fallos T-0343 de 2014 y la T-079 de 2016, entre otros muchos.

9 Corte Constitucional, sentencia T-463 de 2003, citada en la C-177 de 2016.

10 El Código Civil en su artículo 1536 establece que “(…) la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho (…)”.