Sentencia STC7474-2018/2018-01283 de junio 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2018-01283-00

(Aprobado en sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., siete de junio de dos mil dieciocho.

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Hernando Simón Ivica contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, actuación a la que se ordenó vincular al Juzgado Promiscuo de Familia de Orocué y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.

I. Antecedentes

a) La pretensión.

En el libelo introductorio de la presente tutela, el ciudadano, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso que considera conculcado por la autoridad judicial accionada al confirmar la providencia que declaró prescrita la acción de liquidación de la sociedad patrimonial que formó con la demandada.

Pretende, en consecuencia, se conceda el amparo ordenándose proferir una nueva decisión que respete la garantía del debido proceso (fls. 1 y 10, cdno. Corte).

b) Los hechos.

1. El 15 de marzo de 2013, Hernando Simón Ivica promovió una acción encaminada a obtener la declaración de “existencia y disolución de sociedad patrimonial de hecho” habida con María Helena Tabaco Alférez (fls. 71 rev. - 73).

2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Promiscuo de Familia de Orocué, Casanare, que mediante auto de 3 de abril de esa misma anualidad, lo admitió y ordenó el enteramiento de la demandada.

3. Sin embargo, en proveído de 17 de abril siguiente dejó sin efectos su decisión anterior para, en su lugar, inadmitir la demanda (fl. 89).

4. Al subsanar el libelo, la parte demandante señaló que la acción instaurada correspondía a la de “existencia y disolución de unión marital de hecho y la consecuente liquidación de la sociedad patrimonial”, términos a los que adecuó sus pretensiones (fl. 80).

5. En cuanto a los hechos sustento de su petitum, aclaró que la unión marital tuvo vigencia entre el 5 de febrero de 2004 y el 3 de febrero de 2012, fecha en que los compañeros decidieron separarse (fl. 80).

6. El 21 de junio siguiente, María Helena Tabaco Alférez se notificó de manera personal y el 4 de julio procedió a contestar la demanda por conducto de apoderado judicial, quien formuló como excepción de mérito la de “inexistencia del derecho base de la pretensión” y la previa de “caducidad de la acción”, defensa que fundó en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.

7. En la audiencia a que se contrae el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil realizada el 6 de marzo de 2014, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el cual convinieron que “la existencia y disolución de unión marital de hecho se decrete por mutuo consentimiento” y que “la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, las partes la tramitarán posteriormente en su oportunidad” (fl. 81 reverso).

8. Como consecuencia de lo anterior, la juez del conocimiento profirió sentencia en la misma audiencia, en la cual aprobó la conciliación y declaró la existencia de la unión marital de hecho entre el 5 de febrero de 2004 y el 3 de febrero de 2012. Además, declaró “disuelta y en estado de liquidación” la sociedad patrimonial formada por las partes (fl. 82).

9. La demandada interpuso recurso de apelación contra lo decidido, alegando que había operado la prescripción consagrada en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 y por tanto no debió darse trámite a la demanda.

10. El 28 de mayo de 2014, la Sala Única del Tribunal de Yopal confirmó la mencionada determinación por considerar que lo resuelto en primera instancia sobre “la existencia de la unión marital y su disolución” fue producto de una conciliación entre las partes (fl. 86).

11. Con memorial radicado el 15 de octubre de 2014, el accionante solicitó la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, petición admitida el 22 de octubre siguiente (fl. 96).

12. La demandada se opuso a dicha solicitud con fundamento en que la acción se encontraba prescrita de acuerdo con lo estatuido por el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 (fl. 94).

13. En la diligencia de inventarios y avalúos realizada el 11 de junio de 2015, dicha parte reiteró su posición frente a la prescripción de la acción incoada (fl. 98).

14. Mediante providencia de 6 de julio de 2016, el despacho declaró la prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial, por cuanto “debió presentarse la demanda de existencia y disolución de la unión marital de hecho, antes del 3 de febrero de 2013 y esta se presenta el 15 de marzo de ese mismo año, situación por la cual, no es posible aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso, para que se interrumpa el término de prescripción”.

15. Apelada la decisión, el 24 de noviembre de 2016, el Tribunal resolvió confirmarla por estimar que en el escrito primigenio el actor señaló como fecha de culminación de la unión marital el 3 de febrero de 2012; en consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda (15 de marzo de 2013) la acción se encontraba prescrita, pues entre esos dos momentos transcurrió un término superior a un año.

16. En criterio del peticionario del amparo, con la declaración de la prescripción se vulneraron sus garantías superiores, porque los juzgadores de las instancias desconocieron que su privación de la libertad el 4 de febrero de 2012 a cumplir como pena por la comisión de un delito, no puso fin a la unión marital de hecho, la cual continuó vigente y prueba de ello es que la demandada lo visitó en el centro penitenciario, de forma habitual y por varios meses.

Criticó que no se decretaran pruebas para corroborar sus afirmaciones y la falta de argumentación del Tribunal para decidir el recurso de apelación, pues en escasos “cuatro renglones” resolvió la impugnación.

c) El trámite de la instancia.

1. El 11 de mayo de 2018 se admitió a trámite la acción de tutela, ordenándose el enteramiento de todos los involucrados, para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa (fl. 57, cdno. Corte).

2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal pidió denegar el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez en atención al prolongado periodo de tiempo transcurrido entre la determinación censurada y la presentación del reclamo.

A su turno, el Juzgado Promiscuo de familia de Orocué, luego de un recuento de lo ocurrido en el asunto, pidió declarar improcedente la acción por no haberla ejercido en un término prudente, pues la última actuación reprochada se dictó el 24 de noviembre de 2016.

II. Consideraciones

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Pero en cualquier caso su eventual concesión está supeditada a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento del requisito de inmediatez.

No obstante, cuando la vulneración de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garantías de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, uno de cuyos componentes es la tutela judicial efectiva, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron unos requerimientos de naturaleza simplemente procedimental.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala al considerar que debe superarse la mencionada exigencia formal ante la trascendencia constitucional del debate planteado, procediendo a analizar si ha existido o no la violación de garantías superiores que se alega (CSJ STC, oct. 12/2012, rad. 2012-1545-01; CSJ STC8850-2016, jun. 30/2016, rad. 2016-00186-01; CSJ STC8909-2017, rad. 2017-01328-00, entre otras).

Lo anterior “en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal” y atendiendo que la herramienta de la tutela, “no puede verse limitada por formalismos jurídicos”, de ahí que “la mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protección” (CSJ STC, ago. 13/2013, rad. 2013-00093-01).

En el asunto sub judice, la formulación tardía de la solicitud de amparo no puede privar al tutelante del goce efectivo de sus derechos fundamentales, porque el juzgador accionado incurrió en un protuberante defecto sustantivo que resulta lesivo de tales garantías, tornándose viable el otorgamiento de la protección.

2. En efecto, como resultado del análisis de la providencia reprochada en esta sede, es decir la proferida el 24 de noviembre de 2016 por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, mediante la cual se confirmó la determinación de la juez a quo de declarar prescrita la acción de liquidación de la sociedad patrimonial formada entre el accionante y su ex compañera permanente, se encuentra que desconoció las normas y procedimiento aplicables a la liquidación de la sociedad patrimonial.

2.1. Téngase en cuenta como al subsanar la demanda que dio inicio al litigio, Hernando Simón Ivica pidió que se declarara “la existencia y disolución de la unión marital de hecho y la consecuente liquidación de la sociedad patrimonial” formada con la demandada, manifestando que la comunidad de vida con su ex compañera tuvo lugar del 5 de febrero de 2004 al 3 de febrero de 2012.

Quedó claro, por lo tanto, que la controversia consistió en determinar si, al amparo de la Ley 54 de 1990(1), entre las partes del proceso existieron la unión y la sociedad patrimonial mencionada a efectos de declarar disuelta la segunda y en estado de liquidación.

Sobre tales pretensiones, la demandada ejerció sus derechos de defensa y contradicción, por lo que necesariamente eran esas peticiones las que debían ser objeto de pronunciamiento por los juzgadores de las instancias.

2.2. En sentencia dictada el 6 de marzo de 2014, la juez del conocimiento declaró que entre Hernando Simón Ivica y María Helena Tabaco Alferez existió una unión marital de hecho desde el 5 de febrero de 2004 hasta el 3 de febrero de 2012 y a la vez “declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial” (fl. 98), determinación que, entre las partes, constituye cosa juzgada, y por tanto, no podía ser desconocida por los sentenciadores ni por ellas.

La declaración de disolución de la sociedad patrimonial presupone que la acción judicial encaminada a obtenerla no está prescrita y por ello puede ser liquidada.

3. El artículo 8º de la Ley 54 de 1990 establece la prescriptibilidad de “las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial”; sin embargo, cuando tales asuntos son sometidos al conocimiento de la jurisdicción, es decir en el evento de que las partes no hayan declarado la existencia y disolución a través de los mecanismos señalados en los artículos 2º y 5º de la Ley 54 de 1990(2), se adelanta una sola causa judicial, en la cual la liquidación de la comunidad de bienes es una etapa más dentro del juicio, y por lo tanto, no está sometida a término de prescripción como lo consideró la autoridad accionada.

Bajo ese razonamiento, resulta indiscutible que el Tribunal accionado se equivocó al confirmar la providencia de 6 de julio de 2016, en la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Orocué, con desviación de las reglas aplicables consagradas en el ordenamiento jurídico, declaró prescrita la liquidación de la sociedad patrimonial bajo el entendido, desde todo punto de vista equivocado, de que aquella correspondía a una acción judicial autónoma y diferente de la encaminada a obtener la declaración de existencia y disolución de la sociedad patrimonial, que es la susceptible de extinguirse por la prescripción establecida en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.

Ese desacertado entendimiento de las normas que rigen el asunto llevó a la Sala de Decisión accionada a desatender la previsión contenida en el inciso 2º del artículo 7º de la Ley 54 de 1990(3), conforme al cual “[l]os procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el título XXX del Código de Procedimiento Civil…”.

Conforme a la anterior remisión normativa, era aplicable el artículo 626 del estatuto adjetivo citado(4), a cuyo tenor “[p]ara la liquidación de la sociedad conyugal disuelta por sentencia civil, se procederá como disponen los numerales 3º y siguientes del artículo anterior. La actuación se surtirá en el mismo expediente en que se haya proferido dicha sentencia y no será necesario formular demanda”.

Lo anterior supone la improcedencia de proponer y estudiar hechos constitutivos de excepciones en la etapa de liquidación, pues surtido el traslado de la solicitud de liquidación presentada por el compañero permanente o por sus herederos, procede el emplazamiento de los acreedores y realizado éste debe señalarse fecha para la diligencia de inventarios de los bienes y deudas de la sociedad y su respectivo avalúo, siendo aplicables las normas relativas al traslado de ese trabajo para efectos de objeciones y peticiones de aclaración o complementación; venta de bienes para el pago de deudas sociales; exclusión de activos de la partición; decreto y presentación de la partición; objeciones y aprobación del trabajo partitivo; remate de los bienes adjudicados; entrega a los adjudicatarios y partición adicional, temas a los aluden los preceptos 601, 602, 605, 608 a 614 y 620 de la codificación procesal.

La razón de lo anterior reside en que en la fase liquidatoria no se persigue una declaración de certeza sobre la existencia de un derecho, sino simplemente la distribución del patrimonio común conformado por los compañeros permanentes.

No es un proceso de conocimiento en el que se albergue algún tipo de incertidumbre en relación con los derechos sustanciales debatidos; en particular, no hay ninguna duda respecto del derecho del demandante a que se realice la liquidación de la sociedad patrimonial, ni hecho que pueda enervar ese reclamo, por cuanto existe sentencia ejecutoriada que la ordena.

Lo procedente en el presente asunto, atendiendo la actuación surtida en la etapa liquidatoria, era dar curso a la diligencia de inventarios y avalúos de los bienes y deudas de la sociedad patrimonial y al trámite posterior descrito, con sujeción a las reglas fijadas en la ley para lograr el cometido de distribuir entre los compañeros permanentes el patrimonio común, producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos.

4. En virtud de lo anteriormente expuesto, se otorgará la protección constitucional solicitada y, en consecuencia, para proteger las prerrogativas fundamentales del promotor de esta acción, se dejará sin valor ni efectos la decisión de 24 de noviembre de 2016 y, en su lugar, se ordenará al Tribunal accionado proferir una nueva determinación, en la que atienda las consideraciones consignadas en este fallo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede, el amparo constitucional invocado. En consecuencia, ordena:

1. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la providencia de 24 de noviembre de 2016, mediante la cual la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal resolvió el recurso de apelación formulado por el demandante contra la decisión de 6 de julio del mismo año proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Orocué - Casanare, dentro del asunto referenciado en esta acción.

2. ORDENAR a la autoridad accionada que, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación que reciba de este fallo, profiera una nueva providencia atendiendo las consideraciones de esta sede constitucional en la que resuelva la apelación interpuesta.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto a los interesados y de no ser impugnada esta sentencia, en oportunidad, remítase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de Sala.—Margarita Cabello Blanco.—Álvaro Fernando García Restrepo.—Luis Alonso Rico Puerta.—Ariel Salazar Ramírez.—Octavio Augusto Tejeiro Duque.—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) Modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005.

(2) La primera norma establece que los compañeros permanentes pueden declarar la existencia de la sociedad patrimonial mediante escritura pública ante notario si acreditan “la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo” o por manifestación expresa en acta suscrita ante centro de conciliación legalmente reconocido, y de la misma forma pueden declararla disuelta de acuerdo con la segunda disposición.

(3) Aunque esta norma fue derogada por la Ley 1564 de 2012, era la vigente a la fecha en que se presentó la demanda de declaración de existencia de la unión marital de hecho y de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.

(4) Esta disposición era la aplicable al momento en que el accionante presentó solicitud de liquidación de la universalidad jurídica declarada disuelta.