Sentencia STC7630-2016/2016-00036 de junio 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación: 86001-22-08-000-2016-00036-01

STC7630-2016

Magistrado ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de primero de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil dieciséis.

Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 30 de marzo de 2016 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, dentro de la tutela instaurada por José Gerardo Estrada, Jhonatan Rosero Madroñero, Nerio Agustín Delgado Córdoba, Miguel Taquinas, Tito Jacinto Zamora, Mercides Vega Solano, Rafael Marcial Mora, Javier Pianda Chamorro y Hernán Alirio Rosales Portilla en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — Corpoamazonía—, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, la Alcaldía de Puerto Asís y la Gobernación del Putumayo, extensiva al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la E.P.S. Indígena Mallamas, a la I.P.S. Hospital Local de Puerto Asís, al Comité de Gestión de Riesgos y Emergencias de la misma ciudad y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH—.

1. ANTECEDENTES

1. Los gestores suplican la protección de los derechos constitucionales a la vida, salud, mínimo vital, ambiente sano y al “(…) agua (…)”, presuntamente lesionados por las autoridades querelladas.

2. Por tratarse de hechos y pretensiones idénticas, fueron acumuladas por el Tribunal a quo constitucional al presente decurso, las tutelas de los aquí actores 2016-00029, 2016-00030, 2016-00031, 2016,00032, 2016-00033, 2016-00034, 2016-00036, 2016-00037 y 2016-00038.

3. Sostienen, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 1 a 11, cdnos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9):

3.1. La comunidad ubicada en Los Guamos, de la vereda Montañita, y los corregimientos de Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera de la vereda de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, ha sido víctima de impactos negativos producto de la actividad petrolera implementada en el área del trayecto Puerto Vega - Teteyé donde está asentada dicha población, en particular, por las “(…) actividades de perforación y explotación realizadas por el Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A. (…)”.

3.2. En el corredor Puerto Vega - Teteyé existe una inmensa red fluvial que incluye caudales comprendidos en algunos sectores de los ríos Putumayo y San Miguel, afluentes con ancho de 2 a 3 m., los cuales además de propicios para navegación, constituyen fuentes: (i) de agua para consumo humano, (ii) de alimento a través de la pesca, y (iii) vías acuáticas vitales para la comunicación y transporte de las comunidades indígenas y campesinas arraigadas en dicho territorio.

3.3. Es constante y desmesurada la contaminación a la que se han visto sometidos los cuerpos de agua del “(…) corredor Puerto Vega – Teteyé (…)” desde el año 2009, con ocasión del proyecto “(…) producción y explotación de hidrocarburos en las áreas de interés Quinde, Cohembí y Quillacinga (…)”, especialmente, en los caños y quebradas afluentes del río San Miguel, caños El Diamante, Mochilero y Buenos Aires.

3.4. Las perforaciones y explotaciones dentro del territorio han afectado “(…) las fuentes hídricas de los ríos, caños, quebradas, y el ecosistema (…)”, por no aplicar un plan de manejo ambiental, pues tales actividades han causado “(…) exceso de polución, ruido y vertimiento de toda clase de agentes contaminantes (...)”.

3.5. El Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A. es la firma que tiene la concesión para la ejecución del contrato de producción petrolera en la zona ubicada en el “(…) corredor Puerto Vega – Teteyé (…)”. Para llevar a cabo dicha operación, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, le otorgó mediante resolución 0937 de 22 de mayo de 2007, la licencia ambiental para el proyecto denominado “(…) Desarrollo de los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga (…), comprendiendo las subcuencas de los ríos Cohembí y San Miguel; a la primera pertenecen la quebrada La Manuela y el río San Lorenzo; y a la segunda, la quebrada El Diamante y el caño Buenos Aires, localizados en jurisdicción del municipio de Puerto Asís.

3.6. Las autoridades indígenas y miembros de las comunidades rurales del “(…) corredor Puerto Vega – Teteyé (…)”, han manifestado en espacios públicos que lo más contaminado por la explotación petrolera es el agua, en concreto, “(…) los afluentes en el trayecto de exploración y explotación, los humedales y lagunas, por vertimiento de aguas residuales industriales propias de la explotación petrolera (...)”.

3.7. El 1 de octubre de 2010, a través de la resolución 1930, la cartera ministerial arriba indicada, modificó el acto administrativo 0937 de 2009 para incrementar la producción de hidrocarburos en los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, mediante la perforación de nuevos pozos, la ampliación de la infraestructura existente y las condiciones operativas, lo cual, de suyo, implicó “(…) la modificación y ampliación de la licencia ambiental global de las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en especial de recursos hídricos (...)”.

3.8. El 30 de mayo de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— expidió la resolución Nº 0551, variando la licencia ambiental primigenia otorgada al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., en el sentido de ajustar el valor de la inversión del presupuesto inicial del proyecto operado por tal firma, orientado “(…) al cumplimiento de la normatividad ambiental (…)”, esto es, el Plan de Manejo Ambiental y de Contingencia.

3.9. Las citadas resoluciones, según los petentes, permitieron la explotación de hidrocarburos “(…) valiéndose de fuentes hídricas (...)”.

3.10. La comunidad de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires, Montañita y Los Cristales se ve perturbada con la actividad de extracción ejecutada en los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, producto de la contaminación de los afluentes caños Mochilero y Buenos Aires.

3.11. En el expediente de la licencia ambiental adelantado por ANLA, se encuentran denuncias respaldadas por la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo –Acsomayo-, acompañadas por las Defensorías del Pueblo de Ecuador y Colombia, dando cuenta de la forma irregular como la comentada firma petrolera, “(…) realiza vertimientos de aguas residuales industriales sobre importantes fuentes hídricas como los ríos San Miguel y Putumayo (sic) (…)”.

3.12. Con ocasión de los derrames de crudo por la falla operacional del Consorcio Colombia Energy, ocurridos en octubre de 2014, mayo, junio y octubre de 2015, fueron afectados, tanto el ecosistema como las fuentes hídricas que abastecían el suministro de agua apta para el consumo humano de los pobladores de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires, Montañita y Los Cristales.

3.13. Para atender la referida emergencia, se acordó, en diferentes espacios de interlocución institucional del orden nacional, departamental y municipal, entre ellos, los Comités Municipal de Justicia Transicional y de Gestión de Riesgos y Emergencias, “(…) la atención integral de las consecuencias producidas desde el primer derrame de crudo, en razón a la normativa y el plan de manejo ambiental y de emergencias que suscribe el Consorcio Colombia Energy (…)”, suministrando agua potable transportada en carro tanques a dichas veredas, la cual no ha tenido un manejo adecuado, pues se ha comprobado públicamente que “(…) les llega contaminada (...)”.

3.14. Hasta la fecha, las autoridades municipales que han hecho presencia en el lugar, han incumplido “(…) la atención integral de emergencia, y la implementación de un plan de trabajo que suministre agua de calidad (…)”.

3.15. El Consorcio Colombia Energy se ha comprometido con la comunidad y las autoridades de Acción Comunal, a (i) descontaminar los caños y cuerpos de agua; (ii) suministrar agua potable para el consumo humano; (iii) hacer trabajos técnicos industriales de mitigación del impacto ambiental generado por los derrames de crudo; (iv) contratar personas del “(…) corredor Puerto Vega – Teteyé (…)” para dichas labores. No obstante, tales obligaciones en su mayoría “(…) están incumplidos (...)”.

3.16. El plan de manejo ambiental no se ha efectuado con eficacia y prontitud por la aludida firma de hidrocarburos, pues “(…) no ha mitigado el daño ambiental de su actividad petrolera sobre los cuerpos de agua (...)”.

3.17. Han hecho diversos requerimientos a las entidades municipales, departamentales y nacionales, para que hagan presencia en el lugar de los derrames, pero a la fecha de interposición del presente resguardo, “(…) no volvieron abastecer de agua potable a las veredas afectadas (…)”.

3.18. Ni la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -Corpoamazonía, ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— tampoco se han preocupado por mitigar, investigar, prevenir y sancionar las consecuencias del impacto ambiental que continúa afectando la región, al punto que los pobladores, entre ellos los ahora actores, “(…) siguen sin tener agua para su sustento diario (…)”.

4. Los querellantes especifican padecer, junto a sus núcleos familiares, afecciones de salud explícitas, las cuales se reseñan así:

4.1. José Gerardo Estrada expresó que sufre de cáncer de estómago “(…) por la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado (…)”, aportando su historia clínica de 3 de noviembre de 2015 donde se lee “(…) carcinoma de células escamosas grandes (sic) (...)”.

4.2. Nerio Agustín Delgado Córdoba indicó que su esposa, quien padecía de cuadro médico terminal asociado con un “(…) cáncer de cuello uterino (…)”, se vio agravada al quedarse sin agua para su consumo, falleciendo el 2 de junio de 2014. Precisó que ha venido presentado diferentes síntomas como náuseas y vértigos constantes los cuales han sido evaluados por médico especialista.

Para el efecto, adjuntó historia clínica de su difunta consorte, en donde se observa su diagnóstico: “(…) tumor maligno del endocervix de 24 de abril de 2014 (...)”.

Igualmente; aportó el reclamante su propia crónica médica de 9 de diciembre de 2015, en la cual se establece que padece “(…) vértigo periférico objetivo, nauseas, cefalea de leve intensidad, no perdida de estabilidad ni alteración (...)”.

4.3. Miguel Taquinas manifestó que por la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado, su cónyuge sufre de “(…) dolor de huesos, cabeza, fiebre alta, escalofríos, daño de estómago (…)”, valoraciones efectuadas desde el 8 de diciembre de 2015 por el señor Enrique Rodríguez, quien practica medicina natural. Allegó escrito firmado por dicho homeópata el 8 de diciembre de 2015.

4.4. Tito Jacinto Zamora indicó que por la falta del suministro de agua potable, sus menores hijos presentan “(…) daños estomacales, afecciones respiratorias y en la piel (…)”, según da cuenta su historia clínica de 14 de diciembre de 2015.

4.5. Mercides Vega Solano sufre de “(…) toxoplasmosis (…)” por causa del consumo de agentes contaminantes en aire y agua, presentando evidente deterioro de su salud, demostrando tal patología mediante constancia médica de 22 de enero de 2015.

4.6. Rafael Marcial Mora expuso que soporta junto con sus dos menores hijos, afecciones estomacales según su historial médico de la EPS, relacionadas con la ingesta de agua contaminada.

Allegó como prueba la biopsia de endoscopia de estómago del 7 de octubre de 2015, en donde se señala como diagnóstico: “(…) Biopsia Endoscópica De Estomago Gastritis Eritema Tosa Crónica Superficial Activa, Helicobacter Pylori Adherente (sic) (…)”.

4.7 Hernán Alirio Rosales Portilla refirió que su familia presenta diferentes padecimientos, “(…) como fiebre, malestar general, lesiones en la piel denominadas descamativas en las plantas de los pies y manos, dolores de estómago fuertes y gastritis (…)”. Para el efecto, aportó el relato médico del menor Diego Fernando Rosales Caicedo de 20 mayo de 2015.

5. Exigen, que las tuteladas aclaren:

i) Cuál es la distancia de la línea de marea más alta del cauce del río Putumayo “(…) donde se encuentran las operaciones ejecutadas para el proyecto de los pozos, Quinde, Quillacinga y Cohembí (…)”;

ii) Si existen zonas de recarga hídrica o nacimientos de agua, “(…) que pueden verse afectados por las actividades desarrolladas en los denominados pozos Quinde, Quillacinga y Cohembí (…)”;

iii) Las actividades implementadas para prevenir los impactos ambientales y lograr el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental frente a los derrames de crudo;

iv) La información y socialización realizada para atender y gestionar las emergencias y mitigar el riesgo, ocasionado por los vertimientos de hidrocarburos y la solución a la escases de agua en el “(…) corredor Puerto Vega - Teteyé (sic) (…)”.

v) Si la ubicación del pozo Cohembí cumple con el margen de alejamiento respecto de la costa del río, previsto en el artículo 15 de la resolución 1037 de 2001 expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

vi) Las consecuencias generadas o que puedan presentarse en la vereda Buenos Aires ubicada en el Corredor Vega - Teteyé, con la labor de explotación realizada dentro del pozo Cohembí, localizado en el “(…) corredor Puerto Vega- Teteyé del municipio de Puerto Asís (…)”, en cuanto afectación del aire, agua, ruido, paso de vehículos, modificación del entorno, entre otras.

Igualmente, suplican ordenar:

i) Abastecer de agua potable a las veredas afectadas donde habiten sujetos vulnerables, “(…) como menores de edad, mujeres y adultos mayores, garantizando fluido constante, permanente, sin interrupciones (…)”; y

ii) Suspender la licencia ambiental otorgada al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., “(…) hasta que se restauren las afecciones a la vida digna, salud, el agua, ecosistema y las fuentes hídricas (…)”.

1.1. Respuesta de los accionados y convocados

a) Ecopetrol S.A. manifestó que el 13 de junio de 2001, con el Consorcio Colombia Energy, suscribieron contrato de producción incremental área suroriente (CPI. Suroriente) “(…) para obtener producción incremental de hidrocarburos en los campos iniciales y en posibles descubrimientos en el volumen contratado (sic) (…)”.

Para ello, indicó, la asociada debe realizar por su cuenta y riesgo exclusivo, “(…) todas las actividades de inversión necesarias para obtener producción incremental (…)”. Dicho contrato tiene vigencia hasta el 13 de junio de 2023.

Agregó que en materia de responsabilidad para la realización de los tramites ambientales, el único responsable de su adelantamiento es el operador, “(…) pues en éste recae cumplir toda la legislación, para ello actúa con autonomía jurídica y técnica como titular del instrumento ambiental (...)”.

Expuesto lo anterior, concluyó carecer de legitimación por pasiva para ser receptor de los efectos jurídicos de la acción de tutela.

b) Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S., en lo pertinente, señaló que los cuerpos de agua en el campo sur oriente son utilizados dentro de la operación de actividades autorizadas por la licencia ambiental, realizando a la fecha únicamente captación de agua de las quebradas “(…) El Diamante, Agua Blanca, Río Cohembí y Río Putumayo (…)”.

Destacó que a efecto de verificar la no afectación del recurso hídrico, realiza constantes monitoreos a través de un laboratorio certificado por el Ideam.

Sostuvo que los derrames realizados por terceros, se han atendido dentro del marco del Decreto 321 de 1999 y el Plan de Contingencia del Campo Sur Oriente, situación corroborada por el informe de cierre de la Comisión de Revisión Socio Ambiental y Jurídica de la resolución N° 1930 de 2010 realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se estableció

“(…) en los casos en los que los resultados de las mediciones estén por encima de los rangos que establece la norma, no es posible establecer con grado de certeza una relación directa con las actividades hidrocarburíferas, debido a que existen en la zona causas de origen antrópico o natural que pueden aportar el cambio de estos elementos (sic) (…)”.

Recalcó que ha monitoreado las aguas y suelos cuyos resultados se consolidaron en el informe de caracterización físico química del Campo Sur Oriente.

Resaltó que a partir del 2011 no se realiza vertimiento alguno a ningún cuerpo de agua superficial de la región. No obstante, por causa del derramamiento de hidrocarburos causado “(…) por terceros (…)” desplegó acciones de conformidad con el plan de contingencia respectivo que forma parte de la licencia ambiental con el objeto de “(…) remediar cualquier tipo de impacto que con ocasión a ello se hubiese podido ocasionar (…)”.

Abasteció de agua la comunidad hasta mediados de 2015. Asimismo, desplegó actividades de control y limpieza en las áreas afectadas; sin embargo, estas tareas se suspendieron en la medida en que acontecieron eventos “(…) tales como: bloqueos, intimidación por parte de
grupos armados, y negativa de algunos miembros de la comunidad como se evidencia en las diferentes comunicaciones enviadas a Corpoamazonía (…)”.

Expresó haber establecido un programa de limpieza ambiental, el cual debía ser ejecutado por la empresa contratada, pero ha sido la propia comunidad quien le ha impedido “(…) ingresar a la zona para ejecutar las medidas de limpieza de manera permanente y continua (…)”.

Respecto a las enfermedades de los querellantes y su núcleo familiar, adujo no encontrar vínculo de causalidad con las actividades petroleras, “(…) siendo indispensable para la imputación de responsabilidad dicho nexo (…)”.

c) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible refirió que según el Decreto 3573 de 2011, la entidad competente para asumir el conocimiento de los temas relacionados con la emisión de licencias, permisos y trámites ambientales, así como la obligación de hacer el seguimiento a las mismas, es la ANLA.

d) La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía —Corpoamazonía—, deprecó falta de legitimación por pasiva, toda vez que “(…) no es la competente para controlar, vigilar, ni manejar la licencia global otorgada en el año 2009 (…)”.

e) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— expuso:

“(…) No existe prueba alguna de la contaminación señalada por los accionantes, se trata de una simple apreciación de los tutelantes, sin certeza plena de los factores reales de una posible contaminación de los caños y quebradas afluentes del Río San Miguel, Caño Diamante, Caño Mochilero, Caño Buenos Aires, quebrada la Amarilla y Quebrada Montañita.

“No es dable atribuir afectación sobre los cuerpos de agua referidos, toda vez que el Consorcio Colombia Energy desde el 2 de abril de 2012 se encuentra en proceso de reinyección de las aguas de formación asociadas al crudo, por lo tanto desde esta fecha suspendieron totalmente los vertimientos a cuerpos ciertos.

“Adicionalmente y producto del seguimiento y control efectuado durante la vigencia del año 2015 se determinó que con relación a los monitoreos fisioquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos, en las fuentes de agua superficiales ubicadas en el área de influencia de cada campo, Cohembí y río Cohembí, campo Quillacinga y Río San Miguel y campo Quinde, los análisis comparados con los criterios de calidad permisibles en el Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, concluyen que la calidad del agua presenta buenas condiciones al no evidenciar índices de contaminación alta, siendo contrario a la afirmación de los accionantes”.

“En las veredas Agua Blanca, los Cristales, Montañita y Los Ángeles, no se reportaron contingencias. Para la vereda Buenos Aires en el período comprendido entre el mes de octubre de 2014 y octubre de 2015 se reportaron dos incidentes ambientales, el primero el 26 de junio de 2015 a causa de la apertura ilícita de las válvulas de los carrotanques (acción de terceros) y la segunda ocurrida el 30 de septiembre de 2015 en la misma vereda a causa de fuga de hidrocarburos en una línea de flujo. Respecto al incidente ambiental, la empresa en el informe de notificación final reportó que la actividad contemplada en el plan de contingencia del proyecto realizó la recolección manual de aguas aceitosas, traslado y acopio de residuos peligrosos, hidrolavado y la reconformación de áreas afectadas (…)”.

Finalmente, deprecó la “(…) falta de legitimación por pasiva, la ausencia de perjuicio irremediable, inexistencia de solidaridad en el otorgamiento de la licencia ambiental y la desestimación de las pretensiones (…)”.

1.2. Prueba decretada

El 16 de marzo de 2016 se practicó diligencia de inspección ocular a los predios de los tutelantes ubicados en las veredas La Montañita y Buenos Aires, por el Juez Cuarto Promiscuo Municipal de Puerto Asís, quien destacó lo siguiente:

“(…) Las veredas Buenos Aires y Montañita es paso obligado del corredor petrolero Puerto Vega - Teteyé. La queja de las familias deriva del daño sobre el medio ambiente y específicamente de los caños y quebradas, fuentes hídricas de las cuales obtenían el agua para consumo, aseo personal y utilización de las viviendas.

“Los derrames producidos en septiembre de 2013, octubre de 2014 y mayo de 2015 contaminaron las fuentes, por cuanto la empresa demoró la implementación del plan de contingencia, permitiendo que el derrame se extendiera sobre sus terrenos y los caños. Los accionantes se han visto afectados en su salud por los contaminantes químicos derramados, existiendo alergias, infecciones, cáncer de esófago, y niños enfermos. El ruido también los ha afectado ya que por la carretera pasan tracto camiones que transportan el crudo y las aguas industriales.

“Sobre los predios de los señores Hernán Alirio Rosales Portilla, Nerio Agustín Delgado Córdoba y Tulio Jacinto Mora, se da cuenta que con los derrames del 13 de octubre de 2013 y 18 de enero de 2014, las familias quedaron sin agua, siendo imposible la labor de pesca, lo que conllevó cerrar la escuela ‘La Montañita’ por falta de agua en razón a que allí se preparaban alimentos para los 22 niños.

“En la actualidad no existen vertimientos de dichos elementos, pero cuando la quebrada se seca se puede mirar el crudo.

“La empresa Postobón S.A. les repartió 5 botellones de agua por familia, Acción contra el Hambre les adecuó tanques en cada inmueble y para cada familia a fin de proveerse del agua de lluvia, pero ante la sequía que duro dos meses, utilizaron el agua de los caños.

“La alcaldía de Puerto Asís y la Cruz Roja facilitaron una planta de tratamiento para el agua de la quebrada por el término de 2 meses, cuyo vencimiento llega al 22 de abril de 2016.

“El agua del tanque para provisión se encontraba contaminada. Ninguna de las familias cuenta con servicios públicos ni alcantarillado, tienen pozos sépticos, y para la energía utilizan plantas solares.

“En el predio del señor Nerio Agustín Delgado fue donde se produjo directamente el derrame el 18 de enero de 2014, ya que ahí se abrió la llave del tanque que transportaba el crudo, ante ello, se le secaron totalmente los árboles y su terreno quedó casi estéril. Allí se observó que efectivamente se muestran restos del crudo que aún se mantiene en el terreno.

“El núcleo familiar de Hernán Alirio Rosales Portilla lo comprende: su esposa, dos hijos, uno de 19 años y otro de 11 años. La familia de Nerio Agustín Delgado por dos hijos, uno de 26 años y otro de 14 años. El de Tito Jacinto Zamora conformado con su esposa y tres hijos de 15 y 11 y 8 años.

“La Inspección a los predios de Rafael Marcial Mora (esposa y dos hijos de 13 y 7 años), Javier Pianda Chamorro (esposa hijos de 11 y 12 años), José Gerardo Estrada (esposa y 4 hijos de 10,11,17 Y 15 años), Jonathan Rosero Madroñero (esposa y dos hijos de 11 años y 23 meses), Miguel Taquinas (esposa, 3 hijos de 11, 16 y 21 años, y un nieto de 3 años), y Mercides Vega Solano (esposo e hija de 12 años).

“Con el derrame del 5 de mayo de 2015 se produjo contaminación a la quebrada y caño El Mochilero. De dicha laguna es tomada el agua para el consumo humano y para el aseo personal y de viviendas. El caño se rebotó y daño potreros y pastos. Existe contaminación por ruido y polución por el paso de carro tanques transportadores del crudo y el agua industrial. Han existido afecciones en salud como alergias y dolor de oídos. En dicha zona los habitantes se dedicaban a la pesca pero a raíz del derrame desaparecieron los peces.

“En la actualidad no existen vertimientos de dichos elementos pero cuando la quebrada se seca se puede mirar el crudo. Igualmente se indicó que Acción contra el Hambre adecuó unos tanques en cada inmueble y para cada familia. El agua del tanque para provisión se encontraba contaminada. Ningún predio cuenta con alcantarillado ni servicios públicos.

“La señora Mercides Vega Solano manifestó que trabajo en Hidrospit empresa que pertenece a Vetra (sic) y es la encargada de recoger el crudo derramado, expresó que le salieron unas llagas en la garganta y cuello por consumir el agua contaminada, además, tiene infección en la matriz y en los pulmones porque en su trabajo tenía que tocar el crudo con las manos. Su hija tiene una infección vaginal por bañarse con el agua contaminada.

“José Gerardo Estrada informó que tiene esófago cancerígeno, lo que a su criterio devino por el consumo de agua contaminada y sus hijos padecen de dolor de cabeza, mareos, manchas en la piel y fiebres constantes.

“Rafael Marcial Mora refirió que tiene gastritis crónica por el consumo de aguas contaminadas. En cuanto a sus cultivos, las matas de plátano se acabaron por el derrame de crudo porque cayó a una laguna y se extendió en los terrenos (…)”.

1.3. La sentencia impugnada

Concedió la protección invocada tras inferir que los diversos pronunciamientos de las autoridades convocadas, la inspección ocular realizada a los predios de los tutelantes, y las pruebas obrantes en el presente sub exámine, acreditaban:

(i) En los años 2014 y 2015, se ocasionaron grandes derrames de crudo por atentados de grupos al margen de la ley, los cuales contaminaron los corredores fluviales “(…) El Diamante, Agua Blanca, Río Cohembí y Río Putumayo (…)”; (ii) se establecieron medidas de mitigación del daño, siendo la mayoría insuficientes, pues en la actualidad los referidos caudales continúan afectados por el vertimiento de hidrocarburo; y (iii) los suministros de agua potable, entregados mediante carro tanques o garrafas a la población afectada, entre ellos, los aquí tutelantes, han resultados escasos, al punto que en la actualidad no reciben el preciado líquido, “(…) amenazando de manera grave su subsistencia y su salud (...)”.

En consecuencia, dispuso:

“(…) Ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía —Corpoamazonía—, que dentro de sus funciones, procedan a verificar las causas de cada situación sobre los resultados de los exámenes del agua que señala el informe del 10 de julio de 2015 realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH— Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía y Ministerio del Interior, que conforman la comisión de revisión socio ambiental y jurídica de la Resolución 1930 del 1 de octubre de 2010, el cual comprende las zonas en las que viven los accionantes, y junto a análisis de resultados a muestras actuales que deben tomar del agua que pasa por los caños y afluentes de los que se surten los accionantes y sus familias, definan las medidas de manejo necesarias para corregir situaciones que puedan o estén afectando el medio ambiente en la región afectada por los derrames de crudo y por lo cual se sigue el presente trámite. Dicha labor debe ser emprendida una vez se les notifique la presente sentencia, y se les concede un lapso inicial de un mes para la toma de muestras y análisis, y un plazo adicional subsiguiente de dos meses para la toma de decisiones y su comunicación al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., y demás entidades que corresponda según sus funciones ambientales respecto de los cuerpos de agua que se dicen afectados y por los cuales se planteó la presente acción de tutela.

“Ordenar al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A. que emprenda las actividades necesarias para la recolección y limpieza de los lugares en los cuales obran residuos de los derrames acaecidos en las veredas Montañita y Buenos Aires de Puerto Asís - Putumayo, que incida en los cuerpos de agua que pasan por los predios de los actores y obviamente incluye dichos predios, así como los caños que a ellos colindan. Si dicha actividad la impiden los accionantes y/o la comunidad, tome la prueba correspondiente y allegue a éste trámite para tener en cuenta a la hora de definir sobre el cumplimiento cabal de la sentencia. La actividad correspondiente deberá ser emprendida dentro del mes siguiente a la notificación de la presente decisión.

“Exhortar a la Alcaldía de Puerto Asís emprenda de manera inmediata su actuar para que los accionantes y sus familias en la región de las veredas donde tienen sus predios, cuentan con agua potable, esto es, puedan ser beneficiadas de dicho servicios, aplicando a los programas que contempla el Gobierno Nacional y de esta manera se aminore de alguna forma la situación en la que viven. Así como buscar apoyo y atención a través de la justicia transicional ante los daños que con actuaciones reprochables se ha afectado a la comunidad (sic).

“Ordenar al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., la Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Puerto Asís, Unidad de Gestión del Riesgo y Emergencias de Puerto Asís y el Comité de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento del Putumayo, que de acuerdo a sus competencias y atribuciones legales, procedan a estudiar de manera coordinada a través de mesas de trabajo, la viabilidad de mantener la planta de agua que está abasteciendo a los habitantes de las veredas Montañita y Buenos Aires del municipio de Puerto Asís - Putumayo, por el período de tiempo necesario, hasta que las aguas de los caños que venían sirviendo de recaudo de agua a los accionantes y sus familias, queden en condiciones de potabilidad aptos para el consumo humano, o emprendan y ejecuten otros mecanismos que permitan abastecerles de agua donde residen en dichas veredas y por ende se les pueda garantizar este derecho fundamental. Para dicha orden, deberán iniciar la coordinación dentro de los 5 días siguientes a la notificación que se les haga de la presente sentencia, teniendo como plazo máximo para definir mesas de trabajo y concretar soluciones y ejecutarlas, el lapso que falte para el retiro de la planta potabilizadora existente para la comunidad, salvo que se prorrogue su utilización, evento en el cual, los términos serán de un mes para fijar mesas de trabajo y dos meses adicionales más para presentar soluciones e iniciar su ejecución, etapa ésta última que podrá durar un lapso de dos meses (…)” (fls. 94 a 100, cdno. 2).

1.4. La impugnación

La incoó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, manifestando que imponérsele “(…) verificar las causas de cada situación sobre los resultados de los exámenes del agua señalados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, para definir medidas de manejo necesarias para corregir situaciones que afecten a los tutelantes y sus familias (…)”, desborda las competencias de la entidad, pues ésta solo se dedica, en virtud del Decreto 3573 de 2011, a otorgar y hacerle seguimiento a las licencias ambientales (fls. 503 a 505, cdno. 3).

2. Consideraciones

1. Revisado el sub lite se distingue que la situación alegada por la autoridad impugnante, se concreta a cuestionar la sentencia del Tribunal constitucional a quo por conminarla a adoptar medidas urgentes y necesarias para corregir las afectaciones causadas por el derrame de crudo a los ríos El Diamante, Agua Blanca, Río Cohembí y Río Putumayo, aspecto que escapa, supuestamente, de la órbita de sus funciones legales.

2. Liminarmente, debe señalarse que en el presente asunto, se discute, principalmente, la vulneración al derecho a un ambiente sano, lo cual, por su naturaleza colectiva, ameritaría denegar el resguardo por tener éste la vía de la acción popular, empero, al ponderar la situación fáctica y la prueba decretada en el curso de la primera instancia, se advierte prima facie que su violación produce inevitablemente la afectación directa de otras prerrogativas de carácter fundamental, entre ellas, la vida, la salud y el acceso al agua de los tutelantes y sus núcleos familiares(1), al resultar obvio que éstos padecen no solo el desabastecimiento del preciado líquido porque su suministro provisional, del cual habían sido beneficiarios como contingencia del derrame de crudo en los caudales de los ríos circunvecinos, les fue interrumpido; sino además, de graves patologías, según dan cuenta sus historias clínicas, tales como epidemias y diversos tipos de cánceres, las cuales pudieron adquirirlas producto del consumo del recurso hídrico envenenado por causa de la mencionada tragedia ambiental.

3. La Carta Política de 1991 le concedió una importancia primordial a la defensa del medio ambiente, estableciendo numerosas disposiciones normativas en aras de garantizar su conservación y protección, lo cual ha llevado a denominarla, por propia voz de la Corte Constitucional como una (…) constitución ecológica o verde (…)”(2).

En ese sentido, la protección del medio ambiente se erige como un propósito dentro del actual andamiaje del Estado Social de Derecho(3), constituyéndose como un bien jurídico con una triple connotación, pues (i) es un principio que se disemina por todo el sistema normativo, el cual impone al Estado el deber de proteger las riquezas naturales de la Nación; (ii) es un derecho fundamental y colectivo, exigible por todas las personas a través de varios mecanismos judiciales; y (iii) es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, “(…) al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores) (...)”(4).

Atinente a las obligaciones que surgen para el Estado, a partir de la declaración del medio ambiente como principio y como derecho, ha señalado la Corte Constitucional:

“(…) [M]ientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (...)”(5) (se resalta).

4. Para esta Corte es evidente que el derecho de toda persona al agua se erige como una prerrogativa fundamental, el cual debe ser resguardado mediante la acción de tutela, concretamente, cuando está destinada al consumo humano, por resultar indispensable para la vida y la salud, y por constituir un elemento imprescindible de muchas de las actividades primordiales del hombre(6).

Se transgrede, por ejemplo, como ocurre en el presente asunto, cuando su suministro a la población se torna intermitente, esporádico, contaminado o no potabilizado, provocando “(…) interrupciones graves, prolongadas y constantes a la prestación del servicio (…)”, al punto que sus usuarios deban acudir al servicio de carrotanques u otros medios que riñen con la salud humana.

Al respecto, expuso la Corte Constitucional:

“(…) Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben procurar que este servicio esencial, como lo es el agua potable, llegue a los usuarios en las cantidades necesarias, más aún a los hogares donde se encuentren menores de edad, como también a guarderías, jardines infantiles, centros educativos, fundaciones, albergues y demás establecimientos a los que suelan acudir o permanecer niños, que deben provocar urgente reacción correctiva en caso de suspensión (…)”(7).

Se desconoce también cuando las autoridades omiten adoptar las medidas necesarias para evitar que la interrupción de la prestación del agua potable continúe, por poner “(…) en grave riesgo la salud, la integridad física y la vida digna de los sujetos de especial protección que se benefician de manera prioritaria del suministro del líquido (…)”(8).

5. Se confirmará el resguardo, teniendo en cuenta que la orden dada por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, no fue arbitraria ni desconocedora del marco jurídico, pues la misma se sustentó en el principio ambiental de prevención, común a la Carta Política y al bloque de constitucionalidad(9).

En efecto, halló la referida Corporación en el informe técnico aportado al plenario por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, realizado por dicha entidad el 15 de julio de 2015, que los caudales afectados por el derramamiento de crudo en los años 2014 y 2015 “(…) sobrepasaban los límites establecidos para los parámetros Cadmio, Plomo, Fenoles y Fosfatos, y que los Fenoles podrían provenir de las aguas de producción de la industria petrolera o de derivados de hidrocarburos que se utilicen en actividades industriales en la zona (…)”, siendo importante que las autoridades ambientales, entre ellas, la aquí impugnante, presten atención especial a los sitios de muestreo relacionados donde se reportan valores altos de tales sustancias químicas, porque es indudable que las mismas pueden afectar la salud de los lugareños.

De ese modo, en desarrollo del principio de prevención, entendido como aquél que busca evitar o minimizar los daños ambientales causados con ocasión de actividades de explotación de los recursos naturales no renovables(10), el juzgador a quo conminó a Corpoamazonía y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, esta última por ser la responsable de emitirle el licenciamiento ambiental al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A., a analizar el impacto de tal estudio en la comunidad y de esa forma adoptar acciones y medidas que se emprendan realmente a mitigar el daño causado.

Así las cosas, por la especial importancia del medio ambiente y su necesidad de protección para garantizar la subsistencia de los seres vivientes, no resulta caprichosa la orden emitida por la colegiatura de primer grado a la ANLA, pues se itera, la misma deviene de un dictamen técnico que identificó rastros de sustancias tóxicas derivadas posiblemente de un vertimiento de crudo realizado en el 2014 y 2015 sobre los caudales que abastecen de agua potable a los moradores del “(…) corredor Puerto Vega – Teteyé (…)”.

6. Por las razones anotadas, se ratificará la providencia examinada.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada.

2. Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Al respecto, recientemente señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-197 de 2014: “Es procedente la acción de tutela cuando ésta busca proteger derechos fundamentales conculcados como producto de la violación a derechos colectivos. Las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son claras al establecer las dos circunstancias en que procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuya afectación se derive de la violación de derechos colectivos: (i) cuando la tutela actúe como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y (ii) cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce la afectación directa de un derecho fundamental” (se destaca).

2 En la sentencia C-750 de 2008, manifestó la Corte Constitucional: “(…) En Colombia el tema ambiental constituyó una seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente. En aquel momento, en el que se preparaba la Constitución de 1991, se consideró que ninguna Constitución moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad nacional, sino para toda la humanidad (…)”.

3 Corte Constitucional, sentencia C-431 de 2000, la cual declaró inexequibles expresiones de los parágrafos 6 y 7 del artículo 1º de la Ley 507 de 1999 (modificatoria de Ley 388 de 1997), en materia de planes y esquemas de ordenamiento territorial.

4 Corte Constitucional, sentencia C-449 de 2015.

5 Sentencia C-123 de 2014, la cual declaró la exequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.

6 Respecto a la consagración jurisprudencial del derecho humano al agua, puede consultarse la sentencia T-028 de 2014 de la Corte Constitucional.

7 Sentencia T-091 de 2010.

8 Sentencia T-091 de 2010.

9 Sobre el principio de prevención, expuso la Corte Constitucional en la sentencia T-080 de 2015: “El principio de prevención se aplica en los casos en los que es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o (ya producido) el daño, se reduzca sus repercusiones o de evitarlas”.

10 Ídem.