Sentencia STC765-2016/2015-00847 de febrero 1º de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC765-2016

Rad.: 05001-22-03-000-2015-00847-01

(Aprobado en sesión de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil dieciséis.

Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la tutela instaurada por Elizabeth Vélez Galvis contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Bogotá, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.

1. Antecedentes.

1. La gestora implora la protección de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, trabajo y “(…) estabilidad laboral (…)”, presuntamente lesionados por las autoridades accionadas.

2. Sostiene, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 1 a 10, cdno. 1):

2.1. Hasta el 31 de octubre de 2015, se desempeñó como Profesional Especializado Grado 23 en Descongestión en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

2.2. Atendiendo a los cargos permanentes creados por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo Nº PSAA15-10402 de 20 de octubre de 2015, fue designada el 1º de noviembre pasado como Abogada Asesora Grado 23 de la Sala Penal de la citada corporación, iniciando labores en esa data.

2.3. El 9 de noviembre siguiente, al consultar “(…) el sistema Kactus dispuesto para funcionarios y empleados de la Rama Judicial [encontró] que en sus reportes aparecía inactiva con la siguiente anotación ‘El contrato seleccionado se encuentra inactivo o tiene ausentismos’ (…)”.

2.4. En vista de lo precedente se comunicó con “pagaduría” donde le informaron la imposibilidad de ingresar la novedad de su nombramiento, por ausencia de presupuesto, “(…) respuesta que no guarda coherencia con el contenido del Acuerdo 10402 que incluso en su artículo final daba cuenta de la existencia de disponibilidad presupuestal (…)”.

2.5. Tras referenciar los pronunciamientos hechos por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura asegurando que los cargos permanentes creados por el mencionado acuerdo se hallaban “(…) debidamente financiados (…)”, aludió la quejosa a la recomendación realizada por el Director Administrativo de la División de Ejecución Presupuestal en el sentido de advertir

“(…) a los nominadores en las altas cortes, unidades de Sala Administrativa y Direcciones Seccionales, abstenerse de realizar nombramientos para la provisión de cargos vacantes, según los cargos creados mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 (…)”.

2.6. Acotó que “la discusión de tipo administrativa” suscitada dentro del nombrado Consejo le quebranta sus garantías fundamentales, por cuanto pese a haber sido designada por su

“(…) nominador conforme al artículo 131 de la Ley 270 de 1996 bajo el amparo de un Acuerdo vigente y que se presume legal, la administración judicial se niega a reconocer dicho acto y retarda actualizar el sistema para que la novedad ingrese debidamente, dejándo[la] en un estado de indefensión pues [la] desafilió, sin ningún argumento legal, del sistema de seguridad social (…)”.

3. Suplica ordenar a los tutelados ingresar la novedad relacionada con su designación como Abogado Asesor Grado 23, con efectos a partir del 1º de noviembre de 2015 y restablecer desde esa calenda, “(…) el estado de afiliación al sistema de seguridad social (…)”.

1.1. Respuesta de los accionados y vinculado.

La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia adujo no tener competencia frente a lo establecido por el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, teniendo en cuenta que el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, “(…) estatuye que el ordenador del gasto, es el Director Seccional de Administración Judicial (…)”.

El Director Ejecutivo Seccional señaló que “(…) en tanto el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015 no cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, no puede, como ordenador del gasto, comprometer su responsabilidad fiscal, penal y disciplinariamente (sic) (…)”.

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través del magistrado César Augusto Rengifo Cuello, indicó

“(…) Mediante Resolución 3 de octubre 30 de 2015 y amparado en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, [se] nombró a Elizabeth Vélez Galvis como Abogada Asesora Grado 23, con efectos a partir del 1º de noviembre.

“Se recibió novedad el 5 de noviembre de 2015, por parte de la Oficina de Pagaduría de la Dirección Seccional de Medellín, quien informó que no se cuenta con disponibilidad presupuestal para financiar el Acuerdo de creación de cargos permanentes.

“El 30 de octubre de 2015, el Presidente de la Sala Penal, Dr. Hender Augusto Andrade Becerra, solicitó autorización al Dr. Jaime Jaramillo Jaramillo - Director Seccional de Administración Judicial de Antioquia, para proceder a efectuar los nombramientos respectivos.

“A través de la doctora Gloria Stella López, magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, nos fue informando ese mismo día que el visto bueno había sido dado por el doctor Jaramillo Jaramillo.

“La accionante ha permanecido 18 días inactiva, figura adscrita a otro despacho y en otro cargo al que fue posesionada (…)”.

1.2. La sentencia impugnada.

Concedió el amparo reclamado por hallar quebrantado el principio de confianza legítima generada por el citado Acuerdo expedido por el Consejo Superior, “(…) que además de tener la función de crear cargos para las corporaciones judiciales, lo hizo, expresando que se contaba con la disponibilidad presupuestal, para tal efecto (…)”.

En consecuencia, conminó a las accionadas, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia - Chocó “(…) coordinar y definir la situación administrativa de la tutelante (…)” dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esa providencia.

Aunado a lo anterior, dispuso que en el mismo término las tuteladas realizaran “(…) una evaluación pormenorizada de la situación administrativa de Elizabeth Vélez Galvis, a efectos de establecer la viabilidad de regularizar su vinculación legal como servidora de la Rama Judicial (…)” (fls. 49 a 52, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

La incoó la promotora manifestando que la orden emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, no garantiza sus derechos, pues la misma debió darse en el sentido de reconocérsele su nombramiento, disponiéndose su inmediata regularización al cargo de Abogado Asesor Grado 23 (fls. 142 a 143, cdno. 1).

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia- Chocó adujo que en virtud de las atribuciones constitucionales y legales propias de la entidad, carece de facultades para resolver la situación de la actora, teniendo en cuenta que el “(…) Acuerdo PSAA15- 10402 de 29 de octubre de 2015, no cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (…)” (fls. 169 a 173, cdno. 1).

2. Consideraciones.

1. Revisado el sublite se distinguen dos situaciones alegadas por los impugnantes para censurar la sentencia del Tribunal constitucional a quo: i) preterir que la pretensión del libelo introductorio consistía en “(…) reconocer y regularizar (…)” el nombramiento de la reclamante como Abogada Asesora Grado 23; y ii) porque al conminar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia - Chocó, normalizar la vinculación de la tutelante al señalado cargo, se rebasaron las atribuciones constitucionales y legales de esa entidad.

2. En cuanto hace al primer punto, resulta importante especificar, para el caso concreto, que el objeto de protección de la confianza legítima no es amparar derechos adquiridos, pues éstos cuentan con sus propios medios procesales para su resguardo1, sino amparar una “expectativa legítima”, entendida ésta como aquella situación jurídica concretada en favor de un particular por causa de una conducta previa y reiterada del Estado.

En efecto, examinado el presente asunto, se observa que la expectativa legítima de la tutelante se tradujo en el hecho de haber sido nombrada y posesionada con base en un Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, entidad que además de tener potestad de crear1 cargos para las corporaciones judiciales, adujo contar con la disponibilidad presupuestal para hacerlo, situación última que a la postre no ocurrió, al establecerse la ausencia de recursos.

Así las cosas, por variarse sin fundamento alguno la condición laboral preexistente de la señora Elizabeth Vélez Galvis, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín concedió el amparo y obligó a las tuteladas corregir tal desacierto en un término no mayor a 48 horas.

En ese sentido, no tiene asidero la protesta de la querellante contra la orden emitida por la citada Corporación, pues se itera, la misma se fijó con el único propósito de garantizarle una expectativa2 laboral originada en su nombramiento como “(…) Abogada Asesora Grado 23 (…)”, el cual efectuó su nominador con fundamento en el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, más no admitir la existencia de un derecho adquirido3 derivado de tal circunstancia.

3. Atinente al segundo tópico, tampoco se accederá al mismo, pues el pretexto esgrimido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia-Chocó para no cumplir el mandato de la sentencia que aquí se revisa, relacionada con un supuesto déficit presupuestal, debió tenerla en cuenta no solo dicha entidad, sino la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura antes de disponer la creación de nuevos cargos en la Rama Judicial, situación que evidencia una falta de planificación y coordinación en el ejercicio de las funciones desarrolladas por tales organismos sobre la materia, circunstancias que se encuentran agravadas si se memora que en el tan citado acuerdo se dijo todo lo contrario, esto es, que ese acto administrativo gozaba del respectivo soporte económico.

4. Por las razones anotadas, se ratificará la providencia examinada.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada.

2. Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 El objeto de protección del principio de confianza legítima no son los derechos adquiridos sino las expectativas legítimas respecto de las cuales no existe otra vía jurídica plausible de protección (Calmes Sylvia, "Du príncipe de protection de la confiance legitime en droits allemand, communautaire et francais", cit., pág. 44. Dalloz, 2001).

2 Las meras expectativas, consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de equidad" (C. Const., sent. C-242/2009).

3 "El derecho adquirido presupone la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento" (C. Const., ídem).