Sentencia STC8123-2016/2016-01438 de junio 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC8123-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2016-01438-00

(Aprobado en sesión de dieciséis de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., diecisiete de Junio de dos mil dieciséis.

Decídese la tutela impetrada por Clara Inés Estrada de Cuartas, Lina María y Constanza Cuartas Estrada frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, específicamente contra los magistrados Nubia Esperanza Sabogal Varón y Julio Enrique Mogollón González, con ocasión del asunto de “revocatoria concursar” impulsado por el liquidador de la Sociedad Probolsa S.A. — en liquidación judicial— contra las aquí actoras y Rodríguez Medina Asociados & Cía.- S.C.A.

1. Antecedentes.

1. Por conducto de apoderado judicial, las accionantes reclaman el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por la Corporación denunciada.

2. Como fundamento de su reparo, aseveran que la Superintendencia de Sociedades avocó el conocimiento del juicio censurado y dispuso aplicarle a éste las normas de los asuntos abreviados, garantizando con ello el principio de doble instancia.

Relatan que las excepciones previas de “(...) inexistencia del demandante; falta de legitimación en la causa por activa; no integración del litisconsorcio necesario y falta de jurisdicción (...)” incoadas por ellas, fueron desestimadas el 18 de septiembre de 2012, providencia recurrida en reposición y, en subsidio, apelación.

El primer remedio se negó y el segundo, admitido el 13 de abril de 2015, fue desatado con auto de 28 de julio de 2015 por el Tribunal, quien confirmó la denegación de las defensas enunciadas.

Mediante Sentencia de 11 de agosto de 2015 se accedió a las pretensiones del libelo y se condenó en costas al extremo pasivo.

Las tutelantes incoaron el recurso vertical frente a esa determinación, empero éste fue inadmitido por la magistrada convocada al considerar que el pleito era de única instancia.

Aunque propusieron súplica contra esa providencia, el funcionario a quien correspondió el asunto la ratificó con iguales argumentos el 13 de abril de 2016.

El Colegiado querellado incurrió en vía de hecho porque estimó equivocadamente “(...) que una acción revocatoria corre la misma suerte del proceso concursal y que por tanto, es de única instancia (...)”, pues el artículo 75 de la Ley 1116 de 2006 estableció que aquélla se rige por las normas del pleito abreviado y, por tanto, tiene dos instancias.

Acotan que el Tribunal desconoció el principio de confianza legítima, por cuanto previamente había aceptado la procedibilidad de la apelación frente a los pronunciamientos adoptados en el decurso criticado, cambiando su criterio pasados “(...) escasos cuatro meses (...)”.

Tras sostener que se quebrantó el derecho a la igualdad porque en otros litigios el atacado sí ha resuelto las apelaciones interpuestas, aseveran que esta Corte en Sentencia de tutela de 2 de marzo de 2016 accedió al resguardo imponiéndole al aquí enjuiciado desatar una alzada en un caso de idénticos perfiles.

3. Piden, en concreto, dejar sin efecto la inadmisión de la apelación memorada y el proveído con el cual se confirmó esa providencia en sede de súplica.

1.1. Respuesta del accionado.

Se opuso a la prosperidad del amparo, insistiendo en las razones esgrimidas en las providencias criticadas.

2. Consideraciones.

1. Examinadas las decisiones de 7 de diciembre de 2015 y 13 de abril de 2016, con las cuales, en la primera, se inadmitió la apelación incoada por las tutelantes frente a la sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades en el asunto reprochado y, con la segunda, se ratificó esa decisión al desatarse la súplica, no se observa irregularidad lesiva de prerrogativas constitucionales.

2. En efecto, se constata que la magistrada accionada resolvió no admitir la alzada planteada, por cuanto en su criterio, el legislador no previó para litigios como el atacado la doble instancia.

Recurrida esa determinación en súplica, el funcionario cognoscente la mantuvo cerrando con ello el debate en torno a la procedencia del remedio vertical. Así, señaló:

“(...) La acción que dio origen al asunto de la referencia se encuentra regulad a en la Ley 1116 de 2006, ‘Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones’, en donde en su artículo 6º se dispuso “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, señalando a continuación las providencias que admiten el recurso de apelación, sin que se encuentre la que fue objeto de alzada; normativa que corresponde con lo preceptuado en el numeral 5º, parágrafo 5º, del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, que dispone que “Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento (...)”.

“Al respecto la Corte Constitucional ha precisado que ‘En el caso específico del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, consagra la posibilidad de que durante un proceso de insolvencia se pueda demandar ante el juez del concurso la revocación o simulación de ciertos actos o negocios celebrados por el deudor, cuando hayan perjudicado a los acreedores o afectado el orden en la prelación de pagos y el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir los créditos reconocidos (...) la acción de revocatoria y la de simulación, en el marco del proceso de insolvencia, puede[n] ser adelantada[s] tanto durante la etapa de reorganización empresarial como en la fase de liquidación judicial, ante el juez del concurso, cuando el patrimonio del deudor resulta insuficiente para atender las obligaciones adquiridas y los negocios celebrados hayan afectado a cualquiera de los acreedores (...)”.

“Por ende, al iniciarse la acción revocatoria que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, en el marco del proceso de insolvencia, la sentencia que ponga fin a dicho asunto, al ser el juicio de única instancia, es inapelable, fenómeno que se extiende a la solicitud de revocación, por cuanto se itera, no se trata de un proceso independiente (...)”.

“Ahora, aunque el suplicante insista en que el recurso de apelación es procedente en tratándose del trámite de las acciones revocatorias, independientemente que se trate de un proceso abreviado o un proceso verbal; el despacho debe precisar que el artículo 75 ibídem, prevé que éstas se tramitan como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil, sin que ello signifique su apelabilidad, por cuanto la normativa refiere sobre el trámite que debía surtir tal solicitud (procedimiento que ahora es verbal con la modificación introducida por la Ley 1395 de 2010) (...)”.

“Frente a las excepciones previas desatadas con anterioridad por la Magistrada Ponente mediante auto de 28 de julio de 2015, el despacho advierte, que la colega soportó cada uno de sus razonamientos, para lo cual precisó que el cambio de criterio adoptado ha sido reiterado en asuntos similares (...)”.

Posteriormente, aseveró que el proceder del Tribunal en casos análogos ha sido aceptado por esta Corporación, así,

“(...) en el fallo de tutela proferido por la Sala (...) Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez, (...) al respecto [se] precis[ó]:

‘(...) [L]os procesos de liquidación que sean tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de éstos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias, tal como lo advirtió el Tribunal al inadmitir el recurso de alzada (...)”.

“La anterior decisión (...) fue confirmada por la Sala de Casación Laboral mediante proveído del 4 de noviembre de 2015, con ponencia del Magistrado Gustavo Remando López Algarra (...)”

“Bajo las mencionad as argumentaciones se descarta la vulneración a la seguridad jurídica aducida por el suplicante (...)”.

En torno a la reciente sentencia emitida por esta Corte y referida por las querellantes en su demanda, donde se accedió al amparo tras estimarse la apelabilidad del fallo proferido en un decurso como el criticado, advirtió:

“De otra parte, el despacho debe precisar que la Alta Corporación, en providencia del 2 de marzo de 2016, en Sala complementada por dos conjueces, desató la acción de tutela instaurada por el Banco de Occidente S.A., contra esta Colegiatura y la Superintendencia de Sociedades, en donde se determinó que los fallos dictados dentro de los procesos de liquidación tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria son apelables (...)”.

“Valga señalar que la anterior decisión cuenta con tres salvamentos de voto, de los cuales el despacho, ha tenido acceso a dos de ellos, que por su importancia sobre el tema deben ser traídos al presente asunto:

“(...) Salvamento de Voto del Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, por medio del cual precisó que en el parágrafo 1º del artículo 6º de La Ley 1116 de 2006, se establece que “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”. Asimismo, no compartió la interpretación que se ha dado al artículo 74 ibídem en el sentido de demandar dentro del mismo proceso la revocación y la simulación, pues en su parecer tal normativa no se refiere a la acumulación de procesos y menos aún que el proceso de insolvencia sea principal y los allí citados sean accesorios, pues de la lectura del texto, se infiere “que no son procesos independientes sino simples pretensiones que se pueden proponer dentro del proceso y por tal motivo se conocerán también en única instancia como el proceso en el que se pueden proponer (...)”.

“Igualmente consideró que el hecho de haber admitido la apelación e impartir trámite, no podía invocarse para mantener un error, si la providencia de que se trata no admitía el recurso (...)”.

“(...) El Magistrado Ariel Salazar Ramírez, en su salvamento de voto señaló que el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia, de modo que la solicitud de revocación o simulación no es un procedimiento independiente y distinto del trámite de insolvencia, sino una pretensión que se ventila dentro de éste (...)”.

“Por lo anterior, concluyó ‘que bien pudo el legislador dotar al proceso de insolvencia del beneficio de la doble instancia, más su voluntad no fue esa, como se deduce del tenor del Parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1116 de 2006, que señala de manera expresa que las providencias dictadas en el referido proceso sólo tienen recurso de reposición, a excepción de algunas enlistadas en ese precepto contra las cuales procede apelación, sin que en tal lista se encuentre la que decide la acción de revocación o simulación (...)”.

“El H. Magistrado precisó que la anterior conclusión fue asumida por esa Corporación en Sentencia del 11 de septiembre de 2015, en donde afirmó que “las decisiones adoptadas en los procesos (...) de liquidación (...), serán de única instancia y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento. De ahí que los procesos de liquidación que sean tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de estos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias, tal como lo advirtió el Tribunal al inadmitir el recurso de alzad a (CSJ STC12055-2015) (...)”.

“Advirtiendo que la mencionad a conclusión no fue un obiter dictum, sino uno de los argumentos medulares para negar la protección constitucional que se invocó en ese asunto (...)”.

Teniendo en cuenta lo esbozado, el magistrado querellado acotó:

“(...) respetuosamente me aparto del criterio contenido en la providencia en cita (proferida el 2 de marzo de 2016), toda vez que la Corte Constitucional se ha ocupad o de analizar la figura del precedente, es así como en Sentencia C-083 de 1995, señaló que es un criterio auxiliar de la actividad judicial, previendo que los fallos de las Altas Cortes ofrecen pautas de orientación a los tribunales y jueces; del mismo modo, en Sentencia C-836 de 2001, determinó que tres sentencias uniformes de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal probable y conforman un precedente jurisprudencial (...)”.

“Igualmente cabe advertir que no existen más pronunciamientos al respecto, a fin de constituir el precedente jurisprudencial para alterar el criterio que ha venido señalando la Corte Suprema de Justicia en relación a dicho aspecto, el cual seguimos acogiendo como guía de interpretación (...)”.

3. Como se sostuvo, no se observa vía de hecho en la gestión de los falladores atacados, pues éstos estimaron inviable la apelación contra el fallo proferido en el juicio criticado con sustento en una interpretación prudente de la normatividad aplicable.

Sin bien pudiera disentirse de su criterio, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues “(...) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho (...)”(1)

4. Además, conviene precisar, tal como lo acotó el funcionario convocado, que el fallo dictado por esta Corte el 2 de marzo de 2016, donde se accedió a la salvaguarda solicitada, imponiéndole al Tribunal querellado desatar la apelación propuesta frente a una sentencia proferida en un juicio suscitado con ocasión de la acción de revocatoria concursal, fue acogido por dos conjueces y dos magistrados de esta Sala, disintiendo del mismo tres de sus integrantes, incluido el aquí ponente.

Así las cosas y dada la composición actual de esta Sala, se revela trascendente insistir en la inviabilidad de apelar las decisiones adoptadas en asuntos como el criticado, pues el régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, tiene como finalidad “(...) la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generad ora de empleo (...)”; y para el efecto, diseñó una arquitectura compatible con los “procesos de reorganización y de liquidación judicial (art. 1º) (...)”.

De esta manera, todos los trámites y herramientas, “en su integrid ad”, contenidas en ese compendio normativo, se encuentran encaminadas a lograr la recuperación económica y reactivación de la empresa, garantizando su viabilidad cuando sea posible, y, en caso adelantar la liquidación pertinente. Lo contrario, antelado, entendiendo el papel preponderante de las empresas dentro del sistema financiero y en la estructura económica de la sociedad.

Por tanto, para alcanzar los cometidos precedentes, el legislador entendió indispensable crear un procedimiento caracterizado por la eficiencia y la celeridad, en el cual, las autoridades cognoscentes adoptarían sus decisiones en el menor tiempo posible, preservando los intereses y derechos, tanto de la sociedad intervenida como de sus acreedores y, por esa senda, impedir el estancamiento del aparato económico o la aniquilación de las compañías, con la promoción de procesos extenuantes.

La persona jurídica mercantil sometida a esta actuación judicial se infiere, atraviesa un período crítico para su normal funcionamiento, por causa de insolvencia o de cualquier otro fenómeno, atentatorio inclusive de su existencia; por ende, requiere para su recuperación de la estructuración de institutos procesales que procuren resolver sus incumplimientos obligacionales eficazmente, los cuales no pueden convertirse en mecanismos de destrucción, sino en medios para apalancar su resurgimiento, el empleo y la generación de riqueza para todos los que intervienen en el ciclo económico.

Una de las principales medidas para llevar a cabo este cometido, en procura de un salvamento pronto es el ya citado parágrafo 1º del canon 6 ejúsdem, según el cual, “(...) el proceso de insolvencia adelantad o ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia (...) “, como instrumento para evitar un litigio interminable (...)”.

Asimismo, las normas anteriores que regulaban la materia, también atendían el mismo cometido: lograr un trámite preferente, eliminando expresamente o limitando la posibilidad de apelar las determinaciones adoptadas, en actuaciones tan relevantes.

La Ley 550 de 1999 estatuyó en el parágrafo 1º del artículo 39: “(...) Las acciones revocatorias y de simulación (...) se tramitarán ante la Superintendencia de Sociedades, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario. (...)”.

En sentido análogo, la Ley 222 de 1995 consignó que en el trámite concordatario adelantado por la Superintendencia de Sociedades, las siguientes providencias, entre otras, sólo podrán controvertirse a través de reposición: i) lo resuelto en la audiencia preliminar (art. 129); la calificación y graduación de créditos (art. 133); y iii) la declaratoria de cumplimiento del acuerdo (art. 141). Además, la decisión que fija fecha para la audiencia final “no tendrá recurso alguno” (art. 130). En lo concerniente a la acción revocatoria dispuso que se surtirá conforme al proceso abreviado (art. 146).

El Decreto 410 de 1971 estableció, las “(...) acciones de revocación, de simulación y de disolución se tramitarán y decidirán como incidente dentro del proceso de quiebra (...) se fallarán en la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos, para lo cual el juez estimará todas las pruebas que obren tanto en el proceso civil como en el penal (...) “(art. 1972), fallo que en esa oportunidad podía apelarse en el efecto devolutivo (art. 1981).

El argumento relativo con algunas de las leyes precedentes que permitían la doble instancia tocante con la cuestión debatida, no halla asiento fértil, pues no todas esas normas la autorizaban. Por el contrario, la última vigente antes de entrar en vigor la actual, la Ley 550 de 1999, la prohibía expresamente; claro, sin olvidar que esos compendios se encuentran derogados al día de hoy.

Además, todas esas leyes, al unísono, dejan entrever el ánimo muy razonable por construir recursos, concordatos o insolvencias ágiles y expeditas, en las cuales las apelaciones son excepcionales o inexistentes para mantener la productividad, pero también para proteger las fuentes de empleo.

Ahora bien, al interior del trámite de insolvencia, regido en la actualidad por la Ley 1116 de 2006, se incluyó la posibilidad de iniciar las acciones de revocatoria y de simulación (art. 74 ídem.), con el fin de proteger el éxito mismo de ese procedimiento, ceñidas a las reglas especiales del trámite principal, mediado éste por la celeridad y prontitud, y ajustado en un todo a la única instancia, sin importar que las acciones accesorias deban evacuarse “como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”. Lo contrario desvertebra el fuero de atracción y el principio de universalidad que campea en forma totalizante en asuntos de ésta estirpe.

Por tanto, la orientación de la norma es la de propender por un proceso de única instancia, y la remisión efectuada al procedimiento civil para las acciones precedentes, no implica la posibilidad de permitir apelar lo allí decidido, pues ello va en contravía de tres principios, a saber: i) lo accesorio sigue la suerte de lo principal; ii) la norma especial prima sobre la general; y iii) la taxatividad por existenia de texto legal que autorice la alzada.

Además, no es admisible avalar contradictoriamente que una determinación parcial adoptada dentro de la insolvencia pueda ser impugnada verticalmente, mientras la decisión definitoria y central del asunto en su totalidad, y la más relevante en ese procedimiento revista plena horizontalidad al no admitir apelación, por tratarse de única instancia.

Así lo entendió esta Corte en providencia anterior, opuesta al criterio de la emitida el 2 de marzo de 2016:

“(...) [L]os procesos de liquidación que sean tramitad os ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de esos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias (...)”(2).

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.

6. El punto no halla retorno para abrirle paso a la alzada, pues siguiendo el hilo conductor aquí expuesto, el numeral 2º del art. 19 del C.G. del P. asignó la competencia en única instancia “[d]e los trámites de insolvencia no atribuid os a la Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes (...)”.

De consiguiente, quedó derogado tácitamente el inciso 2º del parágrafo 1º del canon 6º de la Ley 1116 de 2006, apalancando la inapelabilidad que aquí se pregona.

7. De acuerdo con lo discurrido, el amparo deprecado será negado.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la tutela solicitada por Clara Inés Estrada de Cuartas, Lina María y Constanza Cuartas Estrada frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, específicamente contra los magistrados Nubia Esperanza Sabogal Varón y Julio Enrique Mogollón González, con ocasión del asunto de “revocatoria concursal’ impulsado por el liquidador de la Sociedad Probolsa S.A. —en liquidación judicial— contra las aquí actoras y Rodríguez Medina Asociados & Cía- S.C.A.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

Magistrados: Alavaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, Salvamento de voto—Fernando Giraldo Gutiérrez, Salvamento de voto—Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo, Salvamento de voto—Luis Alonso Rico Puerta. 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto debido a la mayoría de la Sala, a continuación consigno las razones por las cuales no acompaño la decisión adoptada en el proceso identificado con la radicación precedente.

1. El asunto constitucional de cuya solución disiento, halló razonable la providencia que declaró “inadmisible” el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia adoptada al interior de la acción revocatoria, de que trata la Ley 1116 de 2006, objeto del sub lite.

2. Los motivos de mi discrepancia se circunscriben, básicamente, a reiterar lo que sobre el particular tópico fue señalado en CSJ STC2595-2016, 2 marzo 2016, rad. 2016-00092-00, pronunciamiento mayoritario con dos (2) conjueces, en que, con ponencia de la suscrita, por contrario a la tesis que alberga la determinación de que me aparto, la Sala otrora manifestó que “las sentencias dictadas al interior de las acciones revocatorias o de simulación, de que tratan los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que se surten mediante el procedimiento abreviado, hoy verbal, sí son objeto del recurso de alzada (siempre y cuando se trate de verbales de mayor y menor cuantía), comoquiera que al efecto claramente las mismas demarcaron las pautas del procedimiento a seguir (abreviado, hoy verbal) y, por ende, se impartieron directrices de orden público que devienen invariables al juez o a las partes, por lo que otro entendido no es aceptable a la luz del ordenamiento legal colombiano” (Resaltado del texto original, como también son los demás).

Ese entendido, adoptado en el fallo atrás citado, al efecto pregonó, entre otras cosas, que “los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que es el compendio normativo que regula el punto objeto del presente pronunciamiento, en manera alguna permiten deducir válidamente que los juicios abreviados (hoy día verbales, de acuerdo al precepto 21 de la Ley 1395 de 2010) en que se debaten acciones revocatorias —como lo es la proferida en el sub examine— o de simulación no sean susceptibles de ser tramitados en doble instancia, esto es, asimismo, que las sentencias dictadas al interior de tales no sean aptas de recurso de apelación (salvedad hecha, eso sí, de los asuntos de mínima cuantía que, entone.es, se adelantarán por el procedimiento verbal sumario y bajo las precisas pautas de este), pues si nos remitimos al rito que legalmente está demarcado en el Código de Procedimiento Civil para esa especie de litigios declarativos, surge que los asuntos que se regulan por dicha cuerda procesal (preceptos 408 a 426 de la ley de ritos civiles), salvo aquellos en que puntualmente se ha hecho excepción (verbigracia, ver el trámite de restitución de bien raíz arrendado: artículo 424 ibídem, que ha de armonizarse con el 39 de la Ley 820 de 2003), son dignos, todos, de surtirse ante a quo y ad quem, en este último evento si temp9stivamente se activa por los interesados el debido ejercicio del medio impugnativo vertical que al efecto es menester”.

Sostuvo, asimismo, que “vale la pena apuntar que no obstante que en algunas épocas, como quedó visto, se les dio “trámite de única instancia” según de ese modo lo prescribió la ley, lo cierto es que esa eventualidad ya no ocurre con las acciones de simulación o revocatorias contemplad as en la 1116 de 2006, porque si hoy día se surten por la vía verbal, lo propio lo único que depara es que según la cuantía tengan o no “doble instancia”; es de ver que ese entendido se predica, también, para las “acciones revocatorias de que tratan los artículos 19, 20 y 56 del Decreto 350 de 1989”, según así lo contempla el canon 427-14 del Código de Procedimiento Civil lo cual refuerza el aserto de marras”.

Esgrimió, de seguido, que «primeramente, esa prohibición no está contempladaen dichos mandatos, como tampoco en el decreto reglamentario atrás referido, y menos en las normas procesales que regulan los ritos por donde han de transitar las acciones —que regulan los cánones 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006— aquí en comento, con lo cual se impone atender la regla general que prima sobre el punto contemplada, como ya se dijo, en las normas 31 Superior, 3º del Código de Procedimiento Civil y 9º del Código General del Proceso, máxime que, valga recordarlo, las de procedimiento son reglas que se erigen como de inaplazable y perenne observancia, a más que no resisten interpretación alguna tendiente a modificar los parámetros por los que debe transitar toda acción. […] En segundo término, dado que en tales no se sostuvo que las acciones de marras sean de naturaleza subalterna a las demás contemplad as en el Régimen de Insolvencia, lo cual no es un tópico coyuntural sino que, como se vio, el legislador así lo ha venido estableciendo históricamente al punto que ha llegado a relievar, expresamente, que por el hecho de iniciarse una “acción revocatoria “ o una “de simulación”, ello “no suspenderá ni afectará el curso del trámite liquidatorio”. Es decir, observándose la precisa naturaleza de las acciones, sus propósitos sustantivos y el particular sendero procedimental que legalmente se les dio, no emerge que haya sustento valedero para predicar que los procesos por los que transite se erijan en asuntos accesorios al “proceso de reorganización” de que tratan los preceptos 9º a 46 ibid, o al ‘‘proceso de liquidación judicial” contemplado en las normas 47 a 66 ibídem, si no que más bien, en cambio, se revelan independientes” en tanto que, denotó, “el legislador las abordó en el Título II de las “disposiciones comunes”, de donde surge que si bien tienen como fin que se declaren revocados o simulados los negocios allí aducidos “cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectad o el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos” y ello en aras de que se “recuperen” bienes para el patrimonio del deudor o se reporten “beneficios” a este, lo propio no comporta que el concreto procedimiento por el que se han de mover en el tráfico jurídico (es decir, en la actualidad según sea el caso, ya verbal —de menor o mayor cuantía— ora verbal sumario —mínima cuantía—, tendiente a lograr un fallo eminentemente “declarativo”) se vea impregnad o del de naturaleza “concursal”, que sí se aplica a la “reorganización” o a la “liquidación judicial”. Valga decirlo, si bien es cierto se estipuló que tales acciones “podrá[n] demandarse ante el juez del concurso”, también lo es que lo así dicho no implica que ello sea causa de amalgama alguna en el procedimiento a seguir. Dicho con otras palabras: no por darse el caso de avocarlas el mismo .funcionario judicial (ya sea de la Rama Judicial o del sector administrativo desempeñando funciones judiciales) ante quien se lleva a cabo el trámite de “insolvencia”, es dable colegir que dicha circunstancia implique que él les deba imprimir el rito —de única instancia— por el que este último asunto transita, ya que, iterase, aquellas, en cuanto a los postulados procesales a que atienden, se orientan por las pautas del Código de Procedimiento Civil a que expresamente las normas en cuestión hacen referencia y remiten claramente. Con la anotada expresión, en cambio, lo que meramente se contempló fue un “fuero de atracción”, que es el acontecimiento que, con fines prácticos, opera por mandato legal para atribuir a un juez, desplazando a otros que serían los originalmente competentes, la potestad de conocer asuntos que ordinariamente corresponderían a otros administradores de justicia; lo propio con el fin de que el funcionario que asuma la insolvencia también avoque las acciones de que se viene hablando, pero llevando estas bajo la tramitación adjetiva que legalmente les corresponde y, aquella, por el específico curso que le ha de imprimir”.

De inmediato expresó que, “[e]n tercer lugar, comoquiera que las apuntadas acciones detentan unas connotaciones que las perfilan como totalmente autónomas e independientes del proceso de insolvencia. Es decir, al momento de regularlas fueron establecidos ciertos supuestos que menester hay que observar, con los que se perfilaron separadas y distintas a las de reorganización o liquidación judicial, que la misma Ley 1116 de 2006 también contempla; lo dicho, habida cuenta que, entre otras cosas, para diferenciarlas, se estableció, para su caso en particular, cuáles son los actos jurídicos sobre los que pueden gravitar; se indicó con precisión quiénes son los sujetos activos —calificados— que las pueden promover; se contempló el lapso durante el que es dable su proposición, so pena de caducidad; se determinó el juez que las puede conocer; y, vuelve a decirse, se explicitó, por vía de envió normativo al Código de Procedimiento Civil, el puntual “trámite” por el que han de cursar abreviado (hoy día verbal)”.

Igualmente, destacó que “otro aspecto pone de presente que los fallos dictados al interior de dichas acciones son apelables: no puede olvidarse que en tales está de por medio la contingente intervención de terceros extraños a la actuación de insolvencia que paralelamente cursa, por lo cual de ser sometidos a un trámite de única instancia, se verían vulnerados en su derecho al debido proceso pues sólo a ellos se les sometería a litigar en un juicio de naturaleza abreviada (hoy verbal) en que, sin que el legislador le hubiere hecho excepción, así se les impusiere, cuando sabido es que sólo los ritos en que expresamente se contempla aquella connotación está restringida la apelabilidad de las decisiones que se adopten”.

3. Con base en el criterio enantes transcrito, cual es el que estimo ha de aplicarse a asuntos litigiosos como el auscultado y que ya había sido aprobado por mayoría de votos con la participación de conjueces, disiento de la mayoría.

Fecha ut supra. 

Margarita Cabello Blanco

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones que me impiden acompañar la decisión que dirimió en primera instancia la acción de tutela de la referencia.

1. La determinación de la cual me aparto es aquella que consideró razonable el proveído que inadmitió la alzada propuesta frente a la sentencia dictada con ocasión de una demanda revocatoria de las que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, “[p]or la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, bajo el supuesto cardinal de que como el proceso de insolvencia allí regulado es de única instancia, aquella acción corre la misma suerte.

2. Ahora, en síntesis, no comparto el anterior planteamiento porque las acciones revocatorias a las que alude el referido artículo 74, pueden plantearse “[d]urante el trámite del proceso de insolvencia (...) ante el Juez del concurso” respecto a determinados “actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicad o a cualquiera de los acreedores o afectad o el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos”; y las mismas, de conformidad con el artículo 75 ibídem, se someterán al trámite del “proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”. (Se destacó)

Entonces, lo consignado quiere decir que si la demanda revocatoria ha de tramitarse por la cuerda del juicio abreviado (hoy en día léase verbal), sin duda alguna la sentencia que allí se profiere es susceptible del recurso de alzada.

Ahora, no se desconoce que el artículo 6º de la Ley 1116 de 2006 establezca que “[e]l proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, tampoco se pasa por alto que entre las providencias allí contempladas, taxativamente, como susceptibles de apelación no está la providencia que resuelve la acción revocatoria; sin embargo, lo cierto es que una cosa es ese trámite de insolvencia, en sí mismo, y otra distinta las acciones revocatorias y de simulación que pueden plantearse durante su curso, encontrando que, de manera expresa, el legislador previo para el juicio concursa! el trámite de única instancia mientras que para las mentadas acciones el del proceso abreviado, hoy verbal.

Luego, si la Ley de manera clara y expresa estableció una norma especial para el trámite de la acción revocatoria, esto es, el artículo 75 de la Ley 1116 de 2006, distinto del proceso de insolvencia, considero que esa regla debe aplicarse de manera prevalente, por su naturaleza específica.

En ese sentido, en un asunto que guarda simetría con el de ahora, esta Sala, entonces integrada con cinco de sus magistrados y dos conjueces, con salvamento de voto de algunos de los primeros, dejó dicho:

(...) las sentencias dictadas al interior de las acciones revocatorias o de simulación, de que tratan los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que se surten mediante el procedimiento abreviado, hoy verbal, sí son objeto del recurso de alzada (siempre y cuando se trate de verbales de mayor y menor cuantía), comoquiera que al efecto claramente las mismas demarcaron las pautas del procedimiento a seguir (abreviado, hoy verbal) y, por ende, se impartieron directrices de orden público que devienen invariables al juez o a las partes, por lo que otro entendido no es aceptable a la luz del ordenamiento legal colombiano. (CSJ STC2595-201 6, 2 mar. 2016, rad. 2016-00092-00)

Sumado a ello, la posibilidad de agotar el mencionado recurso vertical frente a la decisión que desata de fondo la demanda revocatoria, también halla sustento en que en este especial estadio intervienen personas ajenas al trámite de la insolvencia, a las cuales las reglas de ésta no les pueden quebrantar sus garantías, en especial el debido proceso allí reflejado en el principio de la doble instancia. Así lo dijo la Sala en la decisión atrás citada:

(...) otro aspecto pone de presente que los fallos dictados al interior de dichas acciones son apelables: no puede olvidarse que en tales está de por medio la contingente intervención de terceros extraños a la actuación de insolvencia que paralelamente cursa, por lo cual de ser sometidos a un trámite de única instancia, se verían vulnerad os en su derecho al debido proceso pues sólo a ellos se les sometería a litigar en un juicio de naturaleza abreviada (hoy verbal) en que, sin que el legislador hubiere hecho excepción, así se les impusiere, cuando sabido es que sólo los ritos en que expresamente se contempla aquella connotación está restringida la apelabilidad de las decisiones que se adopten. (Ídem)

Por demás, lo expuesto por esta Corte en STC2595-2016, 2 marzo 2016, rad. 2016-00092-00, así como el salvamento de voto de la Honorable Magistrada Margarita Cabello Blanco, que precede al del suscrito, dan cuenta pormenorizada de este asunto y a ellos me remito en aras de la brevedad.

3. En los anteriores términos dejó consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisión mayoritaria.

Fecha ut supra. 

Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo

1. CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, Exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, Exp. 2012-01828-01.

2. CSJ. Civil, STC12055 de 12 de septiembre de 2015, rad. 2015-01993-00.