Sentencia C82-2015 del 22 de enero de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-20140292300

Magistrado ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil quince)

Decide la Corte la acción de tutela promovida por María Gladis Zapata Mendoza y Federico Ortiz Mendoza, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda).

Bogotá D.C., veintidós de enero de dos mil quince

I. Antecedentes

A. La pretensión

En el libelo introductorio de la presente acción, los ciudadanos solicitaron la protección de los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, que consideran vulnerados por la Sala accionada, al revocar la sentencia que en primera instancia se profirió dentro del proceso de responsabilidad civil contractual que promovieron.

En consecuencia, pretenden que se deje sin efecto la referida decisión y se ordene proferir la de reemplazo "… de acuerdo a los lineamientos trazados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia" (fls. 1º-8º, cdno.1º).

B. Los hechos

1. En el año 2007, los reclamantes adquirieron un paquete turístico con la agencia de viajes y turismo “Turiscartago”, en la ciudad de Pereira, punto desde donde el cual iniciaron el tour, en un bus afiliado a la empresa “Transarama S.A.”, donde se accidentaron.

2. Los accionantes interpusieron demanda de responsabilidad civil contractual contra la empresa transportadora y Jhon Jairo García Henao, a fin de que se les condenara a pagar los perjuicios ocasionados con las lesiones ocasionadas en aquel suceso.

3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) que luego de agotar el trámite pertinente, emitió sentencia de primer grado el 28 de mayo de 2013, en la cual declaró a la demandada y a su aseguradora civilmente responsables por los daños causados a los tutelantes y las condenó al pago de perjuicios. (fls. 32-47, cdno. 1º).

4. Inconforme con lo así resuelto, la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., presentó recurso de apelación.

5. Surtido el trámite de rigor, el 17 de septiembre de 2014 el Tribunal Superior de Pereira dictó sentencia en la que revocó la decisión impugnada, tras concluir que la vía correcta para demandar el resarcimiento de perjuicios en el asunto, era la acción de responsabilidad civil extracontractual; adicionalmente, estimó que como el escrito introductorio goza de total certidumbre, el fallador no está facultado para interpretar su contenido. (fls. 54-64, cdno.1º).

6. Los promotores de la queja acuden al amparo constitucional por considerar que la referida decisión se apartó injustificadamente de la jurisprudencia que sobre la materia ha emitido esta corporación, toda vez que incurrió en un defecto sustancial, al dejar de aplicar los artículos 981 y 1003 del Código de Comercio, que regulan el contrato de transporte. (fls. 1º-8º, cdno.1º).

C. El trámite de la instancia

1. El dieciocho de diciembre de 2014 se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. (fl. 69, cdno.1º)

II. Consideraciones

1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de su actividad el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso y por contera (sic), incurre en una inadecuada valoración de los hechos, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.

2. En el presente asunto, como resultado del análisis de la decisión contra la cual se dirige el reclamo en tutela, se advierte su incursión en una vía de hecho que transgrede los derechos fundamentales de los actores y que hace necesaria la intervención del juez constitucional.

En efecto, la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, incurrió en el defecto sustantivo alegado por los promotores de la queja, al revocar el fallo dictado por el Juzgado 1º Civil del Circuito de la misma localidad, que había declarado la existencia del contrato de transporte entre ellos y la empresa Transarama S.A., así como su incumplimiento en virtud de las lesiones que, en calidad de pasajeros, sufrieron, pues la colegiatura desconoció la normatividad que regula dicho negocio jurídico, así como la naturaleza jurídica de los servicios ofrecidos por las agencias de viaje y turismo, en este caso, la compañía “Turiscartago”.

Tal como lo aseguran los actores, el tribunal accionado olvidó que al no haber discusión alguna acerca de que María Gladis Zapata Mendoza y Federico Ortíz Mendoza, se transportaban en el vehículo de placas VOV-133, como pasajeros, su reclamación de perjuicios estaba encausada por la senda correcta, esto es, la responsabilidad civil contractual, acorde con lo establecido en los artículos 981 y siguientes del código de comercio, que en su parte pertinente, establecen:

“(…) ART. 981.—Subrogado por el artículo 1º, Decreto 1º de 1990. El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario.

El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales (…)

ART. 982.—El transportador estará obligado, dentro del término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa:

1) (…)

2) En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino.

(…)”.

Y es que, si bien los turistas no contrataron de manera directa el servicio de transporte, es evidente que lo hicieron a través de la agencia de viajes y turismo “Turiscartago”, que de acuerdo con su naturaleza jurídica y sus funciones, está dedicada a la intermediación en este tipo de contratos de servicios turísticos, entre ellos, obviamente, el de transporte, máxime, cuando los tutelantes adquirieron lo que el Decreto 2438 de 2010 denomina como un “paquete turístico”, figura que incluye los servicios básicos de alojamiento y desplazamiento.

De manera, que la sala de decisión accionada obvió la consideración de la normatividad en cita y se limitó a señalar que en el asunto en estudio “(…) no se comprometieron la sociedad demandada ni el señor Jhon Jairo García Henao, a prestar ese servicio a los demandantes, como se plasmó en el escrito con el que se promovió la acción.

En esas condiciones, los actores han debido demandar las indemnizaciones que reclaman por la vía de la responsabilidad civil extracontractual contra los demandados que se han citado, mas no por la contractual que efectivamente se invocó”.

Conclusión desacertada, si en cuenta se tiene el contenido de los preceptos normativos dejados de aplicar (C.Co., art. y ss.), así como, se insiste las reglas que enmarcan la prestación de los servicios de turismo en Colombia, especialmente, la Ley 1558 de 2012 y el Decreto 2438 de 2010.

Y es que refiriéndose al perfeccionamiento del negocio jurídico que viene de comentarse y el mecanismo judicial adecuado para reclamar la indemnización de perjuicios por su incumplimiento, esta Sala ha puntualizado:

“(…) es la pretensión contractual la que tiene a su alcance exclusivamente el pasajero lesionado para conseguir el resarcimiento del daño padecido:

‘(sic) En los contratos de transporte de personas el transportador se obliga para con otra persona (generalmente el mismo pasajero, pero bien puede ser un tercero) ‘a conducir a las personas (…) sanas y salvas al lugar o sitio convenido’ (C.Co., art. 982), cuyo incumplimiento genera una responsabilidad fundada en el contrato por (salvo las limitaciones y exoneraciones legales) ‘todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de este’ (C.Co., art. 1003), que estando con vida, debe hacer efectiva el mismo contratante mediante acciones provenientes del contrato (C.Co., art. 903), porque en este evento en que el daño no ocasiona la muerte al pasajero, tales prescripciones legales no contemplan expresa ni implícitamente (como ocurre para el caso contrario), que al lado de una responsabilidad contractual también surja o pueda surgir simultáneamente, en forma acumulativa o alternativa, una responsabilidad civil extracontractual entre las mismas partes de un contrato de transporte con fundamento en el mismo incumplimiento contractual.

En cambio, tratándose del fallecimiento del pasajero en desarrollo de la ejecución de un contrato de transporte, la mencionada codificación no limitó dicha hipótesis a las reglas generales de transmisión mortis causa de las acciones contractuales, que permitieran a sus causahabientes la reclamación de la correspondiente responsabilidad contractual por el fallecimiento del causante, contratante original, con fundamento en los artículos 993, 998 y 822 del Código de Comercio, en armonía con el artículo 1008 del Código Civil; sino que, por el contrario, determinó consagrar una regulación especial que, reiterando la existencia de la responsabilidad extracontractual, trasmitida su relación mortis causa, también permite la posibilidad del surgimiento de una responsabilidad contractual, a favor directo de los herederos, fundada en la muerte del pasajero; con la salvedad de que son incompatibles su reclamación acumulativa, pero en cambio factible su reclamación separada y sucesiva.

Ello fue recogido en el artículo 1006 del Código de Comercio, que como se deriva de su texto, no otorga expresa ni implícitamente a favor del pasajero lesionado (no fallecido) en la ejecución de un contrato de transporte, acción de responsabilidad extracontractual contra el transportador por la referida lesión, causada precisamente por el incumplimiento de sus obligaciones de conducirlo sano y salvo al lugar de su destino”. (CSJ, Sent. Cas. abril 19 de 1993. Reiterada en CSJ, Rad. 2005-00265-01, julio 15 de 2010.).

Quiere decir lo anterior, que para que se configure el contrato de transporte, no es necesaria ninguna formalidad adicional al consenso de las partes de prestar y recibir el servicio, respectivamente, pues como quedó visto, no se trata de un negocio jurídico solemne, el cual, además, puede celebrarse a través de intermediarios, como las agencias de viaje y turismo, circunstancias en las que no reparó el Tribunal Superior de Pereira.

3. Luego, como la determinación adoptada por la citada autoridad incurre en el defecto sustantivo alegado por los reclamantes, procedente se torna el amparo invocado, ante el cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad de la acción, pues se acudió dentro de un término razonable a la solicitud de protección constitucional (3 meses) y los afectados no cuentan con otra vía para exponer su súplica.

4. Así las cosas, se tutelará la garantía fundamental al debido proceso de los reclamantes. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia dictada el 17 de septiembre de 2014 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira y se le ordenará emitir una nueva, debidamente motivada, y con observancia de los lineamientos normativos y jurisprudenciales que regulan el contrato de transporte, para resolver el caso puesto a su consideración.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede la protección constitucional solicitada. En consecuencia, se dispone:

Primero: Dejar sin efectos la providencia del 17 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Pereira.

Segundo: Ordenar al tribunal accionado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a emitir una nueva decisión, debidamente motivada, teniendo en cuenta los lineamientos normativos y jurisprudenciales que regulan el contrato de transporte, para resolver el caso puesto a su consideración.

Tercero: Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Rutén Ruiz.