Sentencia STC8260-2018 de junio 28 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

STC8260-2018

Rad.: 11001-02-04-000-2018-00848-01

(Aprobado en sesión de veintisiete de junio de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Se decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 8 de mayo de 2018 por la Sala de Casación Penal de esta corporación, dentro de la acción de tutela promovida por Dora Elcy Ortiz Cano y Juan Carlos Cañola Ortiz contra la Sala de Casación Laboral de esta Corte y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a cuyo trámite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado 12 Laboral de la misma ciudad, las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, a través de apoderada judicial, reclaman el amparo de sus derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas.

Solicitan, entonces, se revoque el fallo de «la Sala Laboral de la... Corte Suprema de Justicia... SL18300-2017 de 25 de octubre de 2017», y en consecuencia, «se apliquen... las reglas jurisprudenciales consagradas en la Sentencia SU-442 de 2016..., y se conceda a [su] favor... la pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de [José Darío Cañola Arango], desde la fecha de su deceso, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993» (fl. 9, cdno. 1).

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

2.1. Indicaron los actores que José Darío Cañola Arango (q.e.p.d.) falleció por causas de origen común el 22 de septiembre de 2016, ante lo que, previa solicitud de Dora Elcy Ortiz Cano, el Instituto de Seguros Sociales expidió la Resolución Nº 8695 de 2007, negando el reconocimiento de pensión de sobrevivientes, «toda vez que dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del asegurado sólo tenía cotizadas 3 semanas y un total de 995 semanas. La entidad aceptó la calidad de compañera permanente de la demandante respecto del causante y le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes».

2.2. Posteriormente, Dora Elcy Ortiz Cano promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de que le reconociera la pensión de sobrevivientes, asunto cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 12 Laboral de Medellín, que el 28 de julio de 2009 absolvió a la demandada y negó las pretensiones; determinación confirmada, en sede de alzada, el 16 de septiembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, al considerar que «de conformidad con la fecha de defunción del causante, la normatividad aplicable e[ra] la Ley 797 de 2003, no siendo aplicable el principio de condición más beneficiosa para aplicar el decreto 758 de 1990, que el causante no contaba con 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento y que en aplicación del parágrafo de la Ley 797 de 2003 el asegurado no tenía derecho al régimen de transición[,] por lo tanto para acreditar la pensión de sobrevivientes[,] conforme esta disposición[,] debía contar con las semanas que exige el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues solo contaba con 932 semanas cotizadas».

2.3. Sostuvieron los tutelantes que Ortiz Cano acudió en casación, pero esta corporación no casó el fallo del a quem, según sentencia de 25 octubre de 2017, determinación con la que, en su sentir, vulneró las prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que no aplicó los criterios de favorabilidad de la ley conforme lo establece la Sentencia SU-442/16, pues si bien para el momento del fallecimiento de José Darío Cañola Arango (q.e.p.d.) se encontraba vigente la Ley 797 de 2003 y cumplía el requisito exigido por esta, de cotización de 50 semanas durante los últimos 3 años, lo cierto era que bajo el imperio de la Ley 758 de 1990, satisfacía la exigencia de cotización de 500 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que el causante hacía parte del régimen de transición, colmándose las condiciones del régimen de prima media con prestación definida para la viabilidad del derecho reclamado por la demandante.

2.4. Agregaron que la Sala de Casación Laboral no analizó el caso particular atendiendo lo reglado en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, además, tampoco estudió la figura de la condición más beneficiosa y «la posibilidad de aplicar para el efecto el Decreto 758 de 1990, esto en la forma en que se solicitó en la demanda y conforme lo desarrollado... en la Sentencia SU-442 de 2016...; por el contrario, [se] limit[ó] a realizar un análisis frente a la norma inmediatamente anterior (L. 797/2003) la cual impone requisitos más gravosos que limitan el acceso al reconocimiento de la [prestación reclamada]».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín informó que el proceso objeto de queja fue remitido al despacho origen desde el 1º de marzo de 2018 (fl. 127, cdno. 1).

2. La Sala de Casación Laboral de esta Corte instó la improcedencia del resguardo al considerar que la decisión cuestionada se encontraba ajustada a los precedentes jurisprudenciales (SL15265-2017); que «el régimen de prima media, es el mismo que administra el Instituto de Seguros Sociales —hoy COLPENSIONES—, a través del sistema de reparto simple, de allí que sean aplicables las regulaciones del Acuerdo 049 de 1990, únicamente en el evento en el que demuestre que el afiliado, hace parte del régimen de transición, pues de lo contrario acudirá a las reglas de la Ley 100 de 1993» (fls. 131 y 132, cdno. 1).

LA SENTENCIA IMPUGNADA

El a-quo constitucional denegó el resguardo al considerar que la determinación reprochada no lucía arbitraria, pues fue el resultado del análisis de los medios suasorios allegados al plenario, así como de la normatividad y jurisprudencia (SL15265-2017) decantada sobre la materia, concluyendo que «el régimen de prima media, es el mismo que administra el Instituto de Seguros Sociales, a través del sistema de reparto simple, de allí que sean aplicables las regulaciones del Acuerdo 049 de 1990, únicamente en el evento en que se demuestre que el afiliado hace parte del régimen de transición, pues de lo contrario acudiría a las reglas de la Ley 100 de 1993».

Agregó que si bien la Corte Constitucional ha reconocido la condición más beneficiosa en materia pensional, acudiendo al principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución, lo cierto es que la Sala de Casación Laboral de esta Corte constituyó «la nueva doctrina... sobre el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003», análisis que no lucía caprichoso.

Destacó que, de cara al caso concreto, no se configuraba un perjuicio irremediable ni se demostró una afectación grave a las condiciones de vida o al mínimo vital a fin de estudiar de manera excepcional la procedencia del resguardo (fls. 157 a 169, cdno. 1).

LA IMPUGNACIÓN

La presentó la parte actora reiterando los argumentos del libelo inicial, a los que adicionó que el causante superaba más de 500 semanas cotizadas al sistema de pensión «con lo cual cumple con el número mínimo de semanas que exigía en el año 2006 el régimen de prima media con prestación definida», razón por la que le era aplicable la condición más favorable conforme a lo contemplado en la Sentencia SU-442/16, a fin de acceder al reconocimiento pensional (fls. 175 a 192, cdno. 1).

CONSIDERACIONES

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

2. De entrada surge palmario la necesidad de precisar que de acuerdo con la documental allegada al trámite tuitivo, se advierte que Juan Carlos Cañola Ortiz carece de legitimación para cuestionar por esta vía las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no ser parte de esa contienda, pues quien promovió tal libelo fue Dora Elsy Ortiz, en contra del Instituto de Seguros Sociales, ISS (hoy Colpensiones), que no aquél.

Sobre la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulación que quien así obre tenga un interés que legitime su intervención, el cual, cuando se trata de la presunta violación de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes.

Al respecto, la Sala precisó:

En un asunto de contornos similares al presente... que ‘al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostentó la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protección impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo’ (sentencia de 26 de noviembre de 2010, Exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, Exp. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct., Rad. 2012-00171-01; reiterado en STC2689-2015, 11 mar., Rad. 2015-00421-00).

3. Zanjado lo anterior, se destaca que en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación del mismo.

Al respecto, la Corte ha manifestado que:

...[E]l juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado...” (CSJ STC, 11 mayo 2001, Rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).

Así pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada «vía de hecho».

4. Así las cosas, de cara al caso concreto, observa la Corte que Dora Elsy Ortiz Cano enfila su crítica directamente contra la sentencia del 25 de octubre de 2017, proferida por la Sala de Casación Laboral de esta corporación, mediante la cual negó casar la providencia de 16 de septiembre de 2010, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín; pues, en su sentir, dichas autoridades quebrantaron sus garantías fundamentales, toda vez que no le fue reconocida la pensión de sobrevivientes reclamada, pese a que su compañero permanente falleció el 22 de septiembre de 2006 y cumplió con las semanas de cotización que el Acuerdo 049 de 1990 exigía para el efecto, norma que -afirmó- le era aplicable, en atención a la «condición más beneficiosa» establecida por la jurisprudencia constitucional en armonía con el canon 53 de la Constitución Política.

En efecto, la Sala de Casación Laboral de esta Corte, al analizar las peticiones de la gestora, con apoyo en la jurisprudencia (SL15265-2017), consideró que:

...La recurrente parte de varios supuestos incontrovertidos, esto es que José Darío Cañola Arango nació el 9 de agosto de 1958, que en toda su vida laboral sufragó 932 semanas de cotización, de ellas 3 en los 3 últimos años anteriores a su deceso; sin embargo intenta una tesis por virtud de la cual el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, permite que quien haya alcanzado 500 semanas en los 20 años anteriores a la contingencia cause el derecho para sus beneficiarios. 

Para soportar su postura acude al principio de la condición más beneficiosa, y encuentra claro que el régimen de prima media es el previsto únicamente en el Acuerdo 049 de 1990, de allí que desprende el derecho del afiliado que complete 500 semanas en el periodo anterior al deceso y, de contera la prestación de sobrevivientes de la reclamante. 

No obstante para la Sala no es viable el alcance de tales acusaciones, pues el régimen de prima media, es el mismo que administra el Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones—, a través del sistema de reparto simple, de allí que sean aplicables las regulaciones del Acuerdo 049 de 1990, únicamente en el evento en el que se demuestre que el afiliado hace parte del régimen de transición, pues de lo contrario se acudirá a las reglas de la Ley 100 de 1993. 

Esa postura no es novedosa, pues esta Sala ha explicado, con detenimiento, cuál es el alcance de tal disposición, entre otras en pronunciamiento CSJ SL15265/2017 en el que se consideró: 

La Ley 100 de 1993, creó el Sistema de Seguridad Social Integral, y en materia de pensiones implementó uno nuevo con distintos regímenes, entre ellos, el Régimen solidario de prima media con prestación definida. Para aminorar el impacto negativo frente a algunas personas que estaban cerca de obtener su beneficio jubilatorio y que pudieran ser afectados con las nuevas disposiciones, creó un régimen de transición que desarrolló en su artículo 36, con el que permitió a dichas personas que se pensionaran bajo el amparo de la legislación anterior, pero únicamente en cuanto a densidad de cotizaciones o tiempo de servicio, monto y edad, salvo lo relativo al ingreso base de liquidación para llegar al monto, conforme lo ha dicho de manera reiterada esta Sala al fijar los alcances interpretativos de dicho precepto. 

Ahora, si se pregunta acerca de cuál era el sistema de prima media con prestación definida que existía antes de la Ley 100 de 1993, en su contenido original, la respuesta es obvia: todo el sistema pensional legal que regía hasta ese entonces, que para el caso de los trabajadores particulares, era el Acuerdo 049 de 1990. 

Pero si ese interrogante se hace desde la perspectiva de la Ley 797 de 2003, la respuesta es también obvia: si el artículo 9 de dicha ley modificó los requisitos para acceder a la pensión de vejez que inicialmente regulaba el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el sistema de prima media anterior al de la Ley 797 de 2003, era justamente el de la Ley 100 de 1993. No podía ser el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, porque ya había sido derogado por la última ley mencionada. 

Precisamente, siguiendo el propósito y la filosofía de la Ley 100 de 1993 en su artículo 36, la Corte, al interpretar los alcances del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, permitió a los causahabientes de un asegurado que fallece, acceder a la pensión de sobrevivientes bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando fuera el fallecido beneficiario del régimen de transición del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La razón es unívoca: si ese asegurado podía pensionarse de acuerdo con la legislación anterior, una nueva normativa no podía privar de manera abrupta a sus beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Es decir, extendió el radio de acción del artículo 36 a sus beneficiarios en cuanto a la mencionada prestación. Pero no ha dispuesto, y no puede hacerlo, que el Acuerdo 049 de 1990 siga manteniendo sus efectos jurídicos generales e indeterminados en el tiempo. 

Así las cosas, cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 se refiere al régimen de prima media, este régimen no es otro que el previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

Y concluyó que:

Bajo ese entendido y estando claro que el afiliado no integraba el contingente de trabajadores beneficiarios de la transición, al acudir a tal parágrafo es evidente que aquel, debió dejar por lo menos 1075 semanas, pues para el momento del deceso ya se habían aumentado las exigencias conforme se desprende del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, de allí que no pudo quebrantar el tribunal las disposiciones denunciadas. 

5. En ese contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado, al encontrarse que tal determinación es contraria a la jurisprudencia constitucional en cuanto a la aplicación del criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa en material laboral, especialmente en el campo pensional, en interpretación amplia del principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que:

...de manera clara y unívoca... en materia de pensión de sobrevivientes se debe aplicar el principio de favorabilidad en su criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa, en aquellos casos en los que se deba dar aplicación a la interpretación de normas jurídicas laborales (art. 53 de la Constitución), en una situación en la cual un afiliado hubiese realizado cotizaciones bajo distintos regímenes, siempre que se demuestre que dicho afiliado cumplió con el número de cotizaciones exigidas por dicha norma jurídica y que los aportes se hubiesen efectuado durante su vigencia, y que su muerte ocurra en vigencia de un régimen diferente que le resulte desfavorable. Lo anterior, por cuanto el legislador no tuvo en cuenta las expectativas legítimas de las personas al no prever un régimen de transición. Según la línea jurisprudencial mencionada, no es razonable restringir la causación de la pensión de sobrevivientes al régimen inmediatamente anterior al vigente al momento de la muerte del afiliado, pues se trata de una limitación que no encuentra fundamento constitucional, en la medida que, desconoce el principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución, y no protege las expectativas legítimas y la buena fe del ciudadano. 

(...) 

...en aplicación del criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa, específicamente en los casos relacionados con la pensión de sobrevivientes... esta Corte ha considerado que los beneficiarios de quienes hayan cotizado en distintos regímenes pensionales tienen derecho a que su solicitud de pensión de sobrevivientes sea estudiada a la luz de la norma más benéfica en cuya vigencia el causante haya realizado cotizaciones, incluso si esa norma no es la inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte del causante, dando de esta forma plena aplicación al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta. Lo anterior, siempre y cuando: (i) se logre demostrar que el afiliado hubiese cotizado la totalidad de las semanas requeridas en vigencia de la norma, y que los aportes se efectuaron durante su vigencia; (ii) el legislador no hubiese previsto un régimen de transición; y (iii) la norma vigente el momento de la muerte del afiliado le sea desfavorable (CC T-084/17).

Por consiguiente, surge palmario que los juzgadores ordinarios deben aplicar la condición más beneficiosa en materia pensional, siempre que se encuentren ante un conflicto de interpretación de normas laborales, por consiguiente, si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de interpretarlas, en casos como estos no es plausible emplearlas en contra del reclamante de la prestación, «esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquél que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica...: “En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional» (CC SU 241/2015).

6. Bajo esos presupuestos, se observa que la autoridad judicial accionada, se itera, vulneró las prerrogativas de la gestora, pues verificados los medios suasorios aportados al plenario, se tiene que el causante (afiliado) previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, logró cotizar 731 semanas (fls. 4 a 16, cdno. Corte), es decir, mucho más de las 300 que exigía el Acuerdo 049 de 1990 para que se otorgara la pensión de sobrevivientes, por lo que tal disposición era la procedente a darle aplicación en consideración al criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa que en materia de pensión de sobrevivientes ha adoptado la Corte Constitucional bajo la interpretación del contenido del artículo 53 Superior.

Igualmente, la jurisprudencia constitucional también ha consignado que el juzgador ordinario debe efectuar la exegesis más garantista en materia pensional de acuerdo al postulado universal del «in dubio pro operario», en efecto, precisó que:

...pueden surgir dudas sobre el alcance de la condición más beneficiosa como extensión del principio de favorabilidad, en particular si se le interpreta de manera conjunta con otros principios constitucionales y legales. Así, por un lado, en virtud de los principios de legalidad de la legislación laboral y de seguridad jurídica, podría argumentarse que el mencionado principio de favorabilidad en su extensión a la condición más beneficiosa debe limitar su aplicación en el tiempo solo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causarse la pensión. Pero también, con fundamento en otros principios constitucionales como el respeto de la confianza legítima, solidaridad y buena fe (arts. 58 y 83 de la Constitución), puede entenderse que el alcance del principio de favorabilidad en la condición más beneficiosa no limita su aplicación en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causación de la pensión de sobrevivientes, esto es, el régimen legal vigente al momento de la muerte del causante (...)”.

“(...) Frente a estas dos interpretaciones, una menos restrictiva que la otra, considera la Corte que la interpretación más adecuada frente al principio constitucional de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la Constitución, será aquella que respete la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Como se aprecia, el principio de favorabilidad opera en caso de duda sobre la interpretación de las “fuentes formales del derecho”, las cuales incluyen no solo las normas legales o infralegales, por lo que debe ser tomado en cuenta para determinar el sentido y alcance de las normas laborales de la propia Constitución. Por lo tanto, cuando una norma constitucional admita dos o más interpretaciones razonables, el intérprete debe elegir aquella que sea más favorable al trabajador. De no hacerlo, incurriría en violación directa de la Constitución... (CC T-084/2017).

Así pues, en el presente caso, es evidente que la Sala accionada acogió la interpretación más desfavorable para la accionante, conculcando sus prerrogativas fundamentales, comoquiera que su compañero permanente solventó la densidad de tiempo necesaria para ser beneficiario de la prestación pensional conforme a lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, razón por la que el derecho deprecado era procedente.

Aunado a lo anterior, se destaca que la Ley 100 de 1993 no contempló un régimen de transición para la pensión de sobrevivientes, pues sólo la estableció para la de vejez, circunstancia resaltada por la doctrina constitucional en diversos pronunciamientos, precisando que «a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 o del 19 de la 797 de 2003, necesario era aplicar el contenido de los artículos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que el afiliado al sistema de seguridad social hubiese cumplido con las semanas exigidas por la última de las codificación mencionadas para acceder a la pensión de sobreviviente (T-584/11; T-228/14; T-401/15; T-294/17) (CSJ STC2367-2018).

Esta Sala, al estudiar y rebatir por vía supralegal el fallo emitido por la Sala de Casación Laboral de esta Corte (STC2367-2018), en el cual apoyó la decisión acá cuestionada (SL15265/17), por resultar trascendente para este caso, se tiene que precisó, in extenso, que:

...verificadas las premisas de tal argumentación, de cara a los pronunciamientos que al respecto ha emitido la Corte Constitucional, posible es advertir la vulneración de los derechos invocados por la quejosa, pues del reporte de cotizaciones que a este trámite se aportó, se desprende que el afiliado, previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, logró cotizar las 300 semanas que el Acuerdo 049 de 1990 exigía para que se otorgara la pensión de sobreviviente a sus beneficiarios, disposición que debe aplicársele en consideración al artículo 53 Superior.  

3. Frente a la aplicación de principio de condición más beneficiosa en materia de pensional, la Corte Constitucional en Sentencia T-294 de 2017 explicó: 

Este tribunal ha reconocido el alcance del principio de la condición más beneficiosa, precisando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas legítimas de acceder a la pensión de invalidez, vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. Así, la condición más beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensión, como es el caso del número de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de éstos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada por el legislador, sin que se prevea un régimen de transición, puede darse aplicación a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que éste sea más favorable al trabajador, para salvaguardar la expectativa legítima de haber cumplido con los requisitos durante la vigencia de un régimen que habrían dado lugar al reconocimiento de una prestación bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano accedió a un régimen pensional que le ofrecía unas garantías legítimamente establecidas, y cumplió con la parte que, en principio, le correspondía.  

Así, en vista de que la Ley 100 de 1993 no contempló un régimen de transición para la pensión de sobrevivientes, pues sólo se estableció para la de vejez, la Corte Constitucional, en desarrollo del principio al que se ha hecho alusión, estableció que a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 o del 19 de la 797 de 2003, necesario era aplicar el contenido de los artículos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que el afiliado al sistema de seguridad social hubiese cumplido con las semanas exigidas por la última de las codificación mencionadas para acceder a la pensión de sobreviviente. 

Dicho criterio, según explicó la Corte Constitucional, fue compartido por la Sala de Casación Laboral hasta el 2008, pues a partir de esa época se presentó una variación en el racionamiento que hasta ese entonces había sostenido esta corporación, imponiéndose, entonces, una restricción temporal a la aplicación del principio, pues la condición más beneficiosa solamente podría predicarse de la ley inmediatamente anterior a la que se encontrara vigente al momento de la muerte del afiliado. 

Variación jurisprudencial que tras ser estudiada por la Corte Constitucional, se estimó contraria a los preceptos de la Carta Política, pues con ellas no se demostraba un mejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales.  

Al respecto dicha corporación indicó: 

Así las cosas, si bien la reciente interpretación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es plausible, la Sala no considera que cumpla el segundo requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para el cambio de precedente, es decir, que demuestre con suficiencia un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales analizados.  

(...) En efecto, la Corte Constitucional determinó que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión. 

43. Para la Corte Constitucional resulta diáfano que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez, el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sus familiares.  

(...) Igualmente, la Sala considera que el artículo 53 de la Constitución Política no impone un límite temporal al funcionario judicial para determinar la norma más favorable al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cuál norma sería la más favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que ésta haya regulado su situación jurídica. De esta manera, la restricción impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta obligación de aplicar únicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas legítimas generadas por una normativa en materia pensional.  

En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debió ser aplicado para efectos de proteger el principio de condición más beneficiosa en el caso de la accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas legítimas se generaron no con base en esa norma jurídica, sino con base en el Acuerdo 049 de 1990.  

En este sentido, no es adecuado que la interpretación de la Corte Suprema de Justicia haya desconocido el valor jurídico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no sólo de los principios de favorabilidad y de condición más beneficiosa, contenidos en el artículo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.  

45. En consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias más recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jurídica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condición más beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la corporación. Para la Sala, dicha interpretación no brinda un mayor y más adecuado desarrollo de los principios y garantías constitucionales, sino que impone una restricción a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza legítima, y al derecho al mínimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores.  

46. En este sentido, no puede sobreponerse la aplicación estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes con base en un determinado régimen jurídico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un régimen de transición u otro tipo de alternativa jurídica para el ciudadano.  

Una ponderación de los derechos, principios y garantías involucrados, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Carta Política, permite concluir que debe prevalecer la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad que le asisten a los cónyuges o compañeros permanentes supérstites en la situación objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protección de los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del legislador. 

Pronunciamiento que fue estudiado nuevamente en Sentencia SU-005 de 2018, donde la Corte Constitucional reiteró la postura que sostenía frente a la procedencia de aplicar de manera atractiva los requisitos que el Acuerdo 049 de 1990 establecía para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, indicando que el presupuesto de subsidiariedad que gobierna la acción de tutela se debería encontrar satisfecho cuando el solicitante de tal pretensión superara el test de procedibilidad que allí se desarrolló. 

Según el comunicado de prensa Nº 6 de 13 de febrero de la presente anualidad, el test contiene los siguientes criterios de procedencia:  

«i. Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.  

ii. Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.  

iii. Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario. 

iv. Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes. 

v. Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 

4. Ahora bien, el criterio que ha sostenido la corte constitucional, previo al debate de la sentencia de unificación últimamente mencionada, fue compartido por esta Sala en fallo STC7210-2017 emitido el 24 de mayo de esa anualidad y que posteriormente ha sido reiterado en sentencias STC7217-2017 y STC10041-2017. 

En la primera de ellas se estudió un caso en el cual una madre y su hija, en condición de beneficiarias del cotizante, quien había fallecido el 8 de mayo de 2015, solicitaron que se les concediera la pensión de sobrevivientes bajo los presupuestos que para el efecto exigía el Acuerdo 049 de 1990. Dicha pretensión, tras agotarse todos los recursos ordinarios y extraordinarios, fue denegada de atender que no se cumplieron las exigencias que para el efecto establecía la Ley 797 de 2003 y tampoco las de la Ley 100 de 1993, última disposición, que de acuerdo con el criterio de la Sala de Casación Laboral, era la única que podía estudiarse en virtud de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosos del trabajador.  

En dicha ocasión, esta Sala advirtió la configuración de la vulneración alegada, toda vez que las beneficiarias lograron acreditar que el de cujus a la fecha de su fallecimiento había cotizado un total de 860 semanas, de las cuales más de 300 se aportaron en vigencia de del Acuerdo 049 de 1990, por lo que se lograron las 3000 (sic) mínimas que allí se exigían.

De ese modo, a efectos de lograr el reintegro de las garantías constitucionales, se dejó sin efectos las sentencias que en primera instancia y en sede de casación se emitieron dentro del juicio ordinario laboral iniciado por las beneficiarias, y en su lugar se ordenó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.  

En la segunda de las providencias mencionadas se concedió el amparo de una mujer, que ante el fallecimiento de su compañero permanente, ocurrido el 16 de febrero de 2006, solicitó el reconocimiento de la prestación aquí estudiada. Ésta fue concedida, en vista de que se acreditó la cotización de más de 300 semanas en vigencia del acuerdo reiteradamente mencionado.

7. Conforme a lo anterior, se tiene que para que el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por muerte de origen común proceda, el beneficiario del asegurado debe acreditar que el causante haya cotizado 300 semanas al sistema de pensión y, de conformidad con lo establecido en los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, éstas se hubiesen realizado en su totalidad, con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, de cara al caso concreto, se tiene que tales presupuestos se encuentran satisfechos, pues según con la Resolución Nº 008695 de 2007, emitida por el Instituto de Seguros Sociales(1), para el momento del fallecimiento José Darío Cañola Arango, compañero permanente de la hoy reclamante, aquél había cotizado un total de 995 semanas, de las cuales 731 se realizaron en vigor del Acuerdo 049 de 1990.

No obstante lo anterior, también encuentra la Sala reunidos los requisitos exigidos en el test de procedibilidad últimamente implementado por la Corte Constitucional, según lo contemplado en el último precedente acá citado, en tanto la aquí accionante:

i. Se encuentra próxima a cumplir 60 años de edad y a pesar de estar afiliada al régimen contributivo en salud, a través de la Nueva EPS S.A., según lo registrado en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social (fl. 17, cdno. 2), lo cierto es que su inclusión es en condición de beneficiaria, no de cotizante, hecho indicador de su vulnerabilidad económica.

ii. De acuerdo con las declaraciones de la gestora, dependía económicamente de su compañero permanente, quedando desamparada ante su fallecimiento.

iii. La falta del reconocimiento pensional incide directamente en su mínimo vital.

iv. El cotizante fallecido no cumplió con las exigencias de regímenes posteriores, pues según la constancia emitida por el Instituto de Seguros Sociales, solo realizó aportes por 3 semanas durante los últimos 3 años anteriores a su deceso; y

v. Está acreditado que el proceder de la hoy reclamante fue diligente, toda vez que ante la muerte de José Darío Cañola Arango presento oportunamente el reconocimiento, y ante su negativa agotó todos los medios de defensa judiciales que el ordenamiento legal le concedió para el efecto.

8. De esta manera, a efectos de lograr la protección invocada, esta Sala procederá a revocar el fallo impugnado, para conceder el amparo a los derechos de Dora Elsy Ortiz Cano, ordenando la inaplicación se las sentencias que en el proceso ordinario laboral emitieron el Juzgado 12 Laboral de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casación laboral de esta corporación, para en su lugar ordenar a Colpensiones reconocer y pagar a favor de la accionante la pensión de sobrevivientes que solicitó, por cumplir con los requisitos exigidos para tal fin, conforme lo reglado el Acuerdo 049 de 1990.

En adición, se destaca que la negativa de la pensión de sobrevivientes por parte de la administradora de pensiones, generó el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de pensión, por lo que se autoriza a Colpensiones a que, en caso de que hubiese sido efectivamente pagada, descuente dicha suma de las mesadas pensionales que en adelante se causen, sin que ello implique la afectación del mínimo vital de la beneficiaria(2).

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Confirmar el fallo impugnado respecto de Juan Carlos Cañola Ortiz, por las razones consideradas en la parte motiva de esta providencia.

2. Revocar la sentencia de tutela objeto de impugnación y, en su lugar, conceder el amparo frente a los derechos fundamentales de Dora Elsy Ortiz Cano.

3. Inaplicar las sentencias 28 de julio 2009, 16 de septiembre de 2010 y 25 de octubre de 2017, emitidas por el Juzgado 12 Laboral de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casación Laboral, respectivamente, dentro del proceso ordinario que la accionante promovió contra el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones).

4. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a emitir un nuevo acto administrativo en el cual reconozca a favor de Dora Elsy Ortiz Cano la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de quien fuera su compañero permanente, José Darío Cañola Arango.

5. Autorizar a Colpensiones, en caso de que hubiese cancelado efectivamente a la accionante el valor reconocido por indemnización sustitutiva de pensión, para que descuente de manera progresiva su monto de las mesadas que por concepto de pensión de sobrevivientes se causen en adelante, lo cual deberá realizarse con respeto del mínimo vital de la beneficiaria.

6. Comuníquese esta decisión a todos los intervinientes por el medio más expedito.

En oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala (comisión de servicios)—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Fl. 93, cdno. 1.

2 T-228 de 2014 y T-294 de 2017.