Sentencia STC8318-2017 de junio 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC8318-2017

Radicación: 11001-02-03-000-2017-01219-00

(Aprobado en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete)

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil diecisiete.

Decídese la tutela instaurada por la Sociedad Pine Com Asia Pca Colombia SAS, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados María Patricia Cruz Miranda, Julia María Botero Larrarte y Jorge Eduardo Ferreira Vargas, extensiva al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta misma ciudad.

Antecedentes

1. La sociedad promotora, a través de apoderada, depreca la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo singular que le inició a CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., Disico S.A. y Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles Ltda.

2. Arguyó, como pilares de su reclamo, en suma, lo siguiente:

2.1. La demanda «que dio origen a este proceso fue presentada el 24 de noviembre de 2010, esto es, con la anticipación suficiente para que no operase la prescripción, a lo menos antes de julio 2 de 2014».

2.2. El mandamiento de pago fue librado el 27 de enero de 2011, notificándose el mismo a Disico S.A. y Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., el 3 de marzo de 2012; Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles el 29 de mayo de ese mismo año y Cm Construcciones y Mantenimiento Ltda., el 15 de julio de 2015, a través de curador ad litem.

2.3. El Despacho 25 Civil del Circuito profirió sentencia dentro del sub judice el 18 de noviembre de 2016, declarando probada la excepción de prescripción alegada por Cm Construcciones y Mantenimiento Ltda. «por intermedio de su curador ad litem».

2.4. El ad quem recriminado al desatar la alzada, en providencia de 16 de marzo de 2017 confirmó la determinación adoptada por el a quo.

2.5. Reprocha, que «No debe olvidarse que son cuatro los aquí demandados, todos ellos deudores solidarios, y que el Juzgado omitió tener en cuenta que con la notificación de los primeros dos de ellos se interrumpió el cómputo de la prescripción respecto de los dos restantes, incluida la sociedad CM Construcciones y Mantenimiento Ltda.».

3. Solicita, conforme a lo relatado, «dejar sin efecto el fallo proferido […] el 16 de marzo de 2017…» (fls. 26-37).

La respuesta de los accionados

El juzgado de conocimiento, señaló que «{se} remite a la actuación surtida en el interior del proceso ejecutivo 2010-00648 de la sociedad Pine Con Asia Pca Colombia SAS contra la sociedad Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda. y otros, en cuanto haya intervenido en ella» (fl. 59).

El tribunal acusado, manifestó que «se advierte que los argumentos que la accionante esgrimió para fundamentar su queja constitucional no develan que la actuación que adelantó este tribunal sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas vías de hecho, por el contrario, los mismos obedecen sólo al interés particular de la querellante en reanudar el debate de una controversia que ya se resolvió a través del fallo de 16 de marzo de 2017, en el cual se confirmó la determinación que adoptó el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá» (fl. 62).

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de «vía de hecho» fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado social de derecho» y la ordenación contemplada en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se actuó con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en últimas, contra el tribunal encartado por cuanto profirió la sentencia de 16 de marzo de 2017, confirmando la de primera instancia, en la que se declaró probada la excepción de «prescripción de la acción cambiaria», propuesta por la deudora, CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., a través de curador ad litem.

3. Obra como acreditación que atañe con el asunto que ahora concita la atención de la Corte, el CD contentivo de la audiencia de fallo realizada el 16 de marzo hogaño por la colegiatura recriminada, oportunidad en la que consideró «[…] en este caso los suscriptores del pagaré que se aportó con la demanda como título valor son deudores solidarios pues de conformidad con el artículo 632 del Código de Comercio cuando dos o más personas suscriban un título valor en un mismo grado […] se obligan solidariamente, en armonía con el artículo 825 del mismo estatuto que dispone “en los negocio mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirá que se han obligado solidariamente”, luego no hay discusión que para el caso se configura la solidaridad y por ser los demandados signatarios en un mismo grado conforme al artículo 792 del Código de Comercio los efectos de la interrupción de la prescripción se comunica a todos los obligados, así lo dice el artículo 792, principio que también consagra el artículo 2540 que citó el recurrente del Código Civil al decir que la interrupción que obra en prejuicio de uno o varios codeudores no perjudica a los otros a menos que haya solidaridad, disposiciones estas de las que se colige que tanto en la ley civil como en la mercantil las causas que interrumpen las prescripción respecto de uno de los deudores la interrumpe respecto de los otros; por lo tanto, si el tenedor de un título valor dirige la demanda contra los obligados en el mismo grado, como lo es, en este caso y se interrumpe la prescripción respecto de uno de los deudores como efectivamente se presentó, los efectos de esa interrupción se comunican a todos los signatarios. Acá la demandada sociedad Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles que se notificaron con antelación a la excepcionante lo hizo de manera personal el 29 de mayo de 2012, es decir, dentro del término de prescripción (sic), o mejor cuando esta aun no se había verificado, luego entiende la Sala que la interrupción se produjo no solo respecto de ella sino también frente a la sociedad CM, Construcciones y Mantenimiento Ltda., y demás deudoras. Pero tal interrupción no puede resultar indefinida como lo sugiere el apelante, pues así como ella tiene la virtualidad de borrar el tiempo transcurrido, igualmente lleva al cómputo de un nuevo término prescriptivo […] y, ello es así porque en principio la interrupción concerniente a un determinado derecho no se extiende a otros derechos así sean conexos y no se proyecta sobre sujetos distintos de aquellos entre los cuales se dio, sin embargo, tal regla en lo que hace a la cuestión personal sufre atenuaciones cuando se trata de obligaciones solidarias […] así también lo sostuvo otra Sala de este tribunal al desatar la apelación de una sentencia donde estuvieron involucradas las mismas partes de este proceso […] al decir que al interrumpirse la prescripción el tiempo anteriormente transcurrido pierde toda su eficacia y el término para que opere la figura decadente debe contabilizarse de nuevo a partir de hecho generador de la interrupción a la luz de lo consagrado en el inciso 3º del artículo 2536 Código Civil, según el cual “una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término” […]» (resaltado de la Corte) (15:49:28 a 15:53:18).

Seguidamente, precisó que «si la sociedad Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles quedó notificada el 29 de mayo de 2012 en virtud de la interrupción y del nuevo cómputo, la demandante tenía hasta el mismo día y mes del año 2015 para notificar a CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., acto procesal que tan solo se verificó a través de la curadora el 15 de julio de 2015, conforme puede verse a folio 156 del cuaderno 1, es decir, cuando ya había operado plenamente el fenómeno de la prescripción de la obligación. Entonces como el tema de la inoperancia del fenómeno de la prescripción respecto de la demandada CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., es el eje central del recurso de apelación, solo puede la Sala concluir que conforme a lo anotado, la prescripción sí se consumó y porque además, primero: consagra el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, vigente para el momento en que se interpuso la demanda y aun para cuando se notificaron las demandadas que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción que impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o del mandamiento ejecutivo en su caso se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias por estado o personalmente, (resalto) pasado ese término los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado […]» (15:53:19 a 15:56:03).

Y, finalmente, relevó que «en el caso objeto de estudio se advierte que, primero: el pagaré que sirve de base a la presente acción ejecutiva se hizo exigible el 1º de julio de 2010 […] en ese orden el término de tres (3) años a que atañe la prescripción de la acción cambiaria directa se cumplió el 1º de julio de 2013. Segundo: la demanda ejecutiva se instauró el 24 de noviembre de 2010. Tercero: el mandamiento ejecutivo del 27 de enero de 2011 se notificó al ejecutante por estado el 31 de enero de 2011, data a parir de la cual comienza el conteo a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y que se agotó el 31 de enero de 2012. Cuarto: la notificación del mandamiento de pago se hizo así a las demandadas: por aviso a las sociedades Pinzón Pradilla Caro Restrepo Ltda., el 5 de marzo de 2012 y Disico el 6 de marzo del mismo año; personal a Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles el 29 de mayo de 2012 y por curador ad litem a CM Construcciones y Mantenimiento el 15 de julio de 2015, ello para reiterar que la presentación de la demanda no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción por lo que sus efectos se surtieron con la notificación del mandamiento de pago que se les hizo a las demandadas como lo prescribe el artículo 90 Código de Procedimiento Civil […]» (15:56:06 a 15:57:50) (fl. 24).

4. Descendiendo al preciso asunto motivo de pronunciamiento, se advierte, con vista en el fallo cuestionado, que el amparo rogado debe otorgarse de acuerdo a las razones que pasan a explicarse.

4.1. El gestor como acreedor en el juicio ejecutivo singular que adelantó en contra de cuatro (4) sociedades se duele de la prosperidad de la excepción de «prescripción» propuesta por la última de las notificadas, cuando considera que el término prescriptivo se interrumpió con la notificación de las dos primeras, situación que cobija a los demás deudores dada su solidaridad, luego entonces no hay lugar a declarar la aludida exceptiva.

Entretanto, el tribunal encartado al confirmar la decisión de primer grado, sostuvo de una parte, que el extremo pasivo está compuesto por signatarios del mismo grado razón por la que se predica de ellos «solidaridad», en ese orden la interrupción de la prescripción se comunica a todos, empero advierte también que tal situación no es indefinida por lo que necesariamente el tiempo debe volver a contabilizarse a partir del hechor generador de la «interrupción», para el caso de marras desde la última notificación a los demandados.

4.2. La Sala observa que la modificación introducida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002 al canon 2536 del Código Civil, en cuanto posibilita que «una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el término», ha dado lugar a disimiles interpretaciones asumidas por tribunales y jueces del país, que en oportunidades anteriores se consideraron razonables; empero, esta postura no ha sido correctamente comprendida por los operadores jurídicos, lo que ha generado un estado de incertidumbre en torno a los efectos de la interrupción de la prescripción civil; situación que amerita la intervención de la Corte a fin de valorar cuál de las posiciones resulta ajustada al ordenamiento jurídico y se acompasa con el orden constitucional.

4.3. Aunado a ello, la Sala sobre esta temática tuvo la oportunidad de manifestar en sentencia de fecha 9 de septiembre de 2013, radicado C-2006-00339-01, que «la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el cómputo del término extintivo, prevista en el inciso final del artículo 2536 de Código Civil respecto de la interrupción o la renuncia de la prescripción, no aplica cuando se trata de interrupción civil»; providencia citada por la Corte Constitucional en la sentencia adiada 13 de mayo de 2015 (T-281/2015), a través de la cual, esa Corporación acogió la hermenéutica advertida en el señalado pronunciamiento.

4.4. Ahora bien, ante la evidente dualidad de enfoques en torno a un mismo tema se precisa que:

a) Respecto a la solidaridad e interrupción en materia mercantil, el Código de Comercio dispone en los cánones 632 «cuando dos o más personas suscriban un título valor, en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligaran solidariamente (…)» y 792 «las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo en el caso de los signatarios en un mismo grado»; siendo esta disposición de carácter especial aplicable a los títulos valores.

b) Entretanto, en esos mismos aspectos, el Código Civil, consagra en los artículos 1568 «En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley»; 2540 «La interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la obligación sea indivisible» y 2536 «La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término», los dos últimos modificados por los artículos 8º y 9º de la Ley 791 de 2002.

c) Se reitera que esta Corte en sede casación tuvo la oportunidad de relevar que:

(…) Es entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el cómputo del término extintivo, prevista en el inciso final del artículo 2536 de Código Civil respecto de la interrupción o la renuncia de la prescripción, no aplica cuando se trata de interrupción civil, o cuando la prescripción se entiende renunciada por la omisión del deudor en interponer oportunamente la excepción respectiva. Los efectos de la interrupción civil, que además descarta la inactividad del acreedor, o de la no interposición oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminación mediante sentencia, pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalización permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las consecuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o ineficacia de la interrupción» (CSJ C-2006-00339-01, sep. 9/2013).

d) Recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-281 de 2015, manifestó:

«(…) el máximo órgano de la jurisdicción civil definió que la interrupción prevista en el inciso final del artículo 2536 del Código Civil no implica la posibilidad de iniciar de nuevo el cómputo del término prescriptivo, cuando se produce como consecuencia de la presentación de la demanda —interrupción civil—, que descarta por sí misma la inactividad del acreedor, elemento esencial para que se configure la prescripción extintiva».

5. Por tanto, conforme lo acotó la Sala en la jurisprudencia antes invocada, para contabilizar nuevamente el término prescriptivo a partir de la ocurrencia de la interrupción como lo ordena el inciso final del artículo 2536 del Código Civil, resulta necesario estar frente a la figura de la «interrupción natural», pues ella ocurre de forma inmediata; por el contrario ante la «interrupción civil», los mentados efectos se mantienen hasta la terminación del proceso objeto de debate en razón a que es esa vía judicial, mientras esté en trámite, el objeto de ese fenómeno, lo que impide reiniciar el cómputo estando en curso el mismo; a más de no olvidar que el artículo 792 del Código de Comercio, norma especial aplicable al caso, determina que «las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpe respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios en el mismo grado».

6. Decantado lo precedente, se destaca que en el sub examine, las citadas disposiciones y los aludidos precedentes no fueron acatados puntualmente por el ad quem acusado, dado que, si bien es cierto, reconoció la solidaridad existente entre las cuatro sociedades ejecutadas, pues las reconoció como signatarias del pagaré objeto de cobro en un mismo grado, también lo es, que incurrió en error cuando señaló que en la medida en que la interrupción no es indefinida en el tiempo, la prescripción debe volver a contabilizarse a partir del hecho generador de aquella, para el caso que nos ocupa, desde la notificación al tercer demandado, esto es, el 29 de mayo de 2012, luego entonces, los 3 años de que trata el Código de Comercio cuando de la acción cambiara consagra, vencían el 29 de mayo de 2015 y, el enteramiento de la compañía CM Construcciones y Mantenimiento acaeció hasta el 15 de julio de ese año, situación fáctica con la que advirtió que el trienio exigido estaba cumplido, concluyendo que en virtud de la solidaridad, prescrita la obligación para uno también lo es para todos.

6.1. Se resalta que contrario a lo definido por el tribunal, contenida en el pagaré ejecutado fue suscrita por cuatro (4) deudores, realidad que para la ley mercantil presume la solidaridad y, en ese orden, de igual forma, dispone como «regla general» que en tratándose de la «interrupción de la prescripción» respecto de un «deudor cambiario» dicho beneficio no se extiende a los demás, empero, estipula como «regla excepcional», que si se trata de «signatarios de un mismo grado» el favorecimiento de uno cobija a los demás; regla que guarda similitud con los mandatos del Código Civil en esta precisa materia (art. 2540).

En efecto, la interrupción civil de la prescripción en el sub judice sobrevino con la notificación a la demandada sociedad Pinzón Pradilla Caro Restrepo Ltda., el 5 de marzo de 2012, del mandamiento de pago librado el 27 de enero de 2011, extendiéndose los efectos de la interrupción al resto de obligados cambiarios, tal como lo consagra el artículo 792 del estatuto mercantil.

7. Así las cosas, de lo transcrito se desprende que el fallador cuestionado, omitió efectuar una interpretación sistemática de las normas sustanciales que aplicó para resolver en segunda instancia, amén que el sustento argumentativo de su postura brilló por su ausencia, pues se limitó a señalar que según lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil el término de la prescripción una vez interrumpido en virtud del proceso, debía volver a contabilizarse inmediatamente, cuando era indispensable argumentar de manera más exhaustiva y a través de las reglas de la hermenéutica, la decisión a adoptar dado el álgido tema objeto de debate; por supuesto, tal proceder se constituye en «defecto sustantivo y decisión sin motivación».

8. En virtud de lo anterior, se impone por encima de toda consideración, procurar la salvaguarda de las garantías denunciadas, en especial al debido proceso, ofreciendo seguridad jurídica en el punto objeto de controversia, declarando próspera la reclamación extraordinaria, como efectivamente se dispondrá, y en consecuencia, se dejará sin valor y efecto el fallo de segunda instancia proferido el 16 de marzo de 2017, así como las actuaciones que del mismo se desprendan, ordenando a la colegiatura encartada, que en el término de diez (10) días, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este fallo, vuelva a dictar sentencia, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este fallo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Pine Com Asia Pca Colombia SAS, conforme a las consideraciones expresadas, por lo que se deja sin valor ni efecto la providencia de 16 de marzo de 20176(sic), dictado dentro del juicio ejecutivo singular referido en los antecedentes, así como todas las actuaciones que de la misma se desprendan.

2. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, que, dentro del lapso de diez días (10) contados a partir de la fecha en que reciba notificación de la presente resolución, dicte nuevamente la sentencia de segundo grado, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en este pronunciamiento.

Por secretaría, envíesele copia de la presente decisión.

3. Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.