Sentencia STC8585-2016/2016-01484 de junio 24 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC8585-2016

(Aprobado en sesión de veintitrés de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

Decídese la tutela promovida por L... P... L... Y..., en representación de la menor V... D... L..., frente al Juzgado Civil del Circuito de Villeta y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hernández, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel Dumez Arias, con ocasión del juicio de simulación de contrato de D… L… Y…, en nombre de la citada infante, contra J... A... D... P... y C... P... T... G....

1. Antecedentes

1. La petente en la calidad descrita y actuando a través de apoderado, reclama la protección del derecho al debido proceso, presuntamente lesionado por las autoridades judiciales accionadas.

2. En sustento de su inconformidad acota, en síntesis, que fruto de la relación sentimental sostenida por su hermana, D... L... Y..., con J... A... D... P..., nació el 12 de julio de 2003 V... D... L....

Como el citado señor no reconoció a la menor como su hija, esta inició juicio de investigación de paternidad contra el prenombrado, culminando el 29 de octubre de 2009 con sentencia declarando la paternidad alegada e imponiendo al demandado cuota alimentaria a favor de la niña por valor de $180.000.

Agrega que ante la existencia de la mencionada tramitación, D... P... vendió el 15 de julio de 2009 los predios identificados con matrículas 156-102197 y 156-10050 “a su compañera permanente C… P… T…”.

Por lo anterior, D... L... Y..., en representación de V..., promovió el litigio materia de este auxilio, siendo admitida la demanda de simulación el 31 de diciembre de 2011. En el curso de ese asunto, el 18 de diciembre de 2012, falleció la progenitora de la infante.

Rituado el pleito, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta accedió a las pretensiones, en consecuencia decretó simulados los actos de enajenación denunciados. El Tribunal querellado revocó la anterior determinación para en su lugar, negar los pedimentos del extremo actor.

Critica la quejosa al ad quem, porque se pronunció sobre “la legitimación en la causa” por activa, aun cuando el apelante no fundó su desacuerdo en ese aspecto.

Agrega que para el superior “el interés jurídico de la menor (...) como acreedora del señor J... A... D... P..., nació al quedar ejecutoriada la sentencia de filiación”, desconociendo tal juzgador,

“(...) que aunque en la fecha en que se realizó la supuesta compraventa (...) no existía una sentencia ejecutoriada del proceso de paternidad, sí existía dentro del mismo la prueba genética (...) que salió 99.9% compatible, sumado a que la demanda de investigación de paternidad fue admitida el día 25 de marzo del 2009, (...) y [D... P...] realizó la venta después de notificado [de ese acto]. En ese momento es cuando nace el interés jurídico de la menor cuando demanda a su padre por un maldito apellido y por una cuota alimentaria para poder sobrevivir (...)”.

Asevera que en la litis se acreditaron los actos fingidos del progenitor en aras de evadir sus obligaciones alimentarias para con V... D... L....

Manifiesta que el juicio de simulación fue fallado en vigencia del Código General del Proceso, destacando de ese lexo legal, que en su artículo 386 consagra la posibilidad de decretar alimentos provisionales desde la admisión de la demanda de investigación de paternidad, y con soporte en la citada regla, concluye

“(...) que V... D... L... tiene interés jurídico desde el momento de presentación de la demanda de impugnación (sic) de paternidad (...) [por tanto] el Tribunal (...) erró al momento de determinar el interés jurídico de la menor”.

3. Luego de reiterar los supuestos ya descritos, pide ordenar a la corporación tutelada confirmar la sentencia dictada en primer grado en el pleito ahora objetado.

1.1. Respuesta de los accionados.

El colegiado aseveró no haber desconocido las garantías fundamentales de quienes intervinieron en el memorado asunto.

La otra autoridad convocada guardó silencio.

2. Consideraciones.

1. El Tribunal accionado, en el fallo materia del reproche constitucional examinado, estimó que la menor querellante, carecía de legitimación para demandar la simulación de los actos mediante los cuales su padre extramatrimonial transfirió dos bienes inmuebles que integraban su patrimonio, por cuanto para el momento de dicha mutación, aquélla no había sido aún reconocida como hija de éste y, por lo mismo, no había surgido su derecho de crédito por concepto de alimentos.

2. Tal planteamiento fue cuestionado por la impulsora de este resguardo, porque, en su concepto, sí estaba asistida del interés suficiente para intentar la acción de prevalencia, por cuanto las referidas enajenaciones le causaron un agravio que era actual en el momento en el cual solicitó esa declaratoria de la justicia, por precisamente, tratarse de una obligación alimentaria en favor de una menor.

3. En el ámbito de la jurisprudencia nacional, es tema superado que los acreedores sí están legitimados para demandar la simulación de los actos de transferencia de bienes realizados por sus deudores, en tanto ellos le irroguen un perjuicio a su derecho de crédito.

Pese a lo anterior, frente a la hipótesis de que la acreencia surja con posterioridad al acuerdo mediante el cual se materializó el desprendimiento del correspondiente activo patrimonial, esa unidad de criterio se rompe, pues para unos, en ese supuesto, el acreedor no está autorizado para ejercitar la aludida acción, mientras que para otros, por el contrario, sí está habilitado para ello.

Esa doble postura quedó plasmada en la sentencia de 20 de agosto de 2014 dictada por esta Sala de la Corte en sede de casación, en la cual se manifestó la falta de legitimidad, esencialmente porque

“(...) si el artículo 2488 del Código Civil, prescribe que ‘[t]oda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros’, esto supone una obligación preexistente al negocio jurídico que se controvierte, por cuanto el patrimonio de una persona, al momento de obligarse, es el que al fin de cuentas determina la seguridad del acreedor.

(...).

“En otras palabras, el crédito del demandante de la simulación, así no esté documentado o declarado judicialmente, necesariamente debe preceder al acto o contrato simulado, puesto que se instituye como un requisito para hablar de la garantía. (...).

Si el crédito no ha nacido ni existe al momento del acto fingido, es apenas lógico que no se puede hablar de un perjuicio serio, cierto y actual. El acreedor posterior del negocio simulado, por lo tanto, no puede, escudriñar en el pasado de quien para entonces no era su deudor, de ahí que en protección del principio de seguridad jurídica, la prenda general de garantía, debe recibirla como se encuentra, en el entendido que la conoce y asume sus consecuencias, circunscrita, como ha quedado dicho, a los bienes presentes y futuros. Por esto, como tiene sentado la Corte, ‘el soporte legal de la acción [de simulación] se halla en los artículos 2488 y 1766’1, que no exclusivamente en este último”2.

4. El suscrito magistrado ponente de este amparo aclaró su voto en el fallo reseñado en precedencia, por estimar, entre muchas otras cosas, que la legitimación del acreedor en casos como el allí analizado debe ser expansiva, sin condicionamiento temporal, urdiendo en relación con el beneficio, el provecho o la utilidad que le puede acarrear o propiciar la sentencia favorable, de tal forma que si su interés existe al momento de promover el juicio, sea que los créditos hayan sido anteriores, coetáneos o posteriores al acto tachado de simulado, pero son vigentes en ese momento, independientemente de la época de su gestación, el actor sí está facultado para enarbolar la acción de prevalencia.

5. Al margen de las distintas posturas que el tema en cuestión pueda generar entre los magistrados integrantes de esta Sala de Casación, lo cierto es que en el caso objeto del actual estudio para esta corporación no existe discusión en torno a la concesión del amparo deprecado, por hallarse comprometidos los derechos fundamentales de la menor de edad demandante en el memorado proceso de simulación.

6. De la legitimación constitucional especial para impetrar acciones de esta estirpe. Con prescindencia de lo antes expresado, la Sala al hallarse ante un derecho que demanda protección reforzada, resguardará la garantía invocada, según se razona a continuación.

6.1. El principio de interés superior del menor y, en particular, el derecho a recibir alimentos, goza de especial protección en el marco del orden público internacional y en el ámbito del derecho nacional.

El constituyente colombiano le otorgó estatura constitucional, pero también se incorporan al mismo entramado supralegal las normas externas e internas que lo protegen por virtud de la categoría “bloque de constitucionalidad”.

El artículo 42 de la Constitución Política de 1991 perfila a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, imponiendo como obligación al Estado y a la sociedad la de garantizar protección especial. Con miras a garantizar el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, recalca la ley deberá reglamentar la progenitura responsable, disponiendo que los hijos tienen iguales derechos y deberes bien sea habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica; y, adicionalmente, apunta que aunque la pareja tenga derecho a escoger libremente el número de hijos, correlativamente tiene el deber de mantenerlos y educarlos mientras sean menores.

Esta norma ha sido desarrollada parcialmente por la Ley 25 de 1992, en su artículo 11 cuando dispone que en caso de divorcio de los padres, aunque quede disuelto el vínculo del matrimonio civil y se disuelva la sociedad conyugal, subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes.

Asimismo, en forma específica el artículo 44 del tinglado constitucional, señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, enunciando una larga lista de garantías fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho a una alimentación equilibrada.

El mencionado texto, responsabiliza a la familia, la sociedad y el Estado en la asistencia y protección de los niños, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Además, da vía libre para que cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

El amparo especial se hace extensivo a los adolescentes, quienes en virtud del artículo 45 superior, tienen derecho a la protección y a la formación integral. Por esta razón, con la Ley 1098 de 2006 se expide el C.I.A., Código de la Infancia y de la Adolescencia, derogando el Decreto 2737 de 1989, que se refería unívocamente a éstos como menores de edad.

En materia de alimentos, este nuevo Estatuto, se refiere a la responsabilidad parental, como un complemento de la patria potestad, que consiste en la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Ello incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

En este sentido, la responsabilidad parental implica el cumplimiento de la obligación alimentaria, ya que en virtud del artículo 24 de esta ley, los alimentos incluyen todo aquello que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo es el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción; haciendo la salvedad de que su reconocimiento dependerá de la capacidad económica del alimentante y señalando como obligación del Estado, apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.

Del mismo modo, en el artículo 41, numeral 31, instituye como obligación del Estado asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De igual manera, el artículo segundo de este código, en consonancia con el artículo 93 Superior, señala que garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, que particularmente, en materia de alimentos, apuntala en su principio II, que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; y, en el principio IV, específicamente sostiene que el niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Asimismo, la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 6º, dispone que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo; y, en su artículo 27 establece que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo siendo responsabilidad primordial de sus padres proporcionárselo. En esta vía, el Estado debe adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida, si es el caso, mediante el pago de la pensión alimenticia.

En el caso colombiano, la Ley de Infancia y Adolescencia traza como mecanismo de exigibilidad para garantizar el pago efectivo de la cuota alimentaria, la habilitación a cualquiera de los representantes legales del niño, niña o adolescente o al Defensor de Familia para promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante.

Del mismo modo, en virtud del artículo 130 eiusdem, el juez puede tomar medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria tales como ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley; y, cuando ello no sea posible, decretar medidas cautelares sobre bienes muebles o inmuebles, o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en los que el demandado sea el titular del derecho de dominio.

Todo un plexo normativo del Código de la Infancia y de la Adolescencia protege el derecho a los alimentos para niños, niñas y adolescentes, dado el carácter fundamental y su trascendencia constitucional, tanto así como el agua para toda la humanidad, y de consiguiente, los torna defensables y reclamables sin límites ni fronteras.

En efecto, el C.I.A., en el derecho nacional expone:

“ART. 132.—Continuidad de la obligación alimentaria. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.

ART. 133.—Prohibiciones en relación con los alimentos. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.

“No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.

“ART. 134.—Prelación de los créditos por alimentos. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás.

ART. 135.—Legitimación especial. Con el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del niño, niña o adolescente o el Defensor de Familia podrán promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante.

ART. 136.—Privación de la administración de los bienes del niño, niña o adolescente. En el proceso para la privación de la administración de los bienes del niño, niña o adolescente, el juez podrá decretar la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes y la designación de un tutor o un curador, según se trate”.

Para los propósitos de la acción constitucional materia de decisión, esta Corte se ve en la obligación de hacer un control constitucional siguiendo la regla 86 de la Carta, y por supuesto, también aboga por un control convencional, previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972, con relación a la decisión impugnada para abrir paso al amparo, por cuanto incurre en defecto sustantivo, al infringir rectamente las disposiciones que in extenso, se han citado, y con mayor rigor porque desatendió la regla especial contemplada en el art. 135 del C.I.A., disposición que de manera tajante otorga legitimación especial para “(...) hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria”, autorizándose promover indistinta e indiferenciadamente “(...) ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante”.

El artículo 27 del Código Civil colombiano consagra: “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

De tal modo que siguiendo las disposiciones constitucionales, los principios generales de derecho (donde la ley no distingue al intérprete no le es dado distinguir), así como la regla especial citada, fluye del texto 135 pretranscrito, que el mismo legislador en forma expresa otorga una legitimación especial para impugnar y para solicitar la revocación o declaración de simulación de los actos de disposición de bienes por parte del alimentante, cuando afectan los derechos del alimentante, con independencia de la época de ocurrencia de los actos dispositivos o mendaces, sean anteriores o posteriores al crédito alimentario, pues la ley no distingue al respecto.

Ahora, si el texto 135 admitiera interpretaciones disímiles, aquéllas que violenten la Carta o no se adecúen a ella, ésta Corte, debe rechazarlas en cuanto repugnan a la misma Constitución, puesto que la misma, aboga por la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la regla 44 y en otras disposiciones, ante la supremacía constitucional del apotegma absoluto, avasallador, indiscutido e intemporal: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (art. 44. C.N.). La Sala debe preferir las interpretaciones que procuren la protección de los derechos y garantías constitucionales y sean admisibles a los principios, valores y derechos que consigna el ordenamiento superior.

Tan relevante resulta la regla citada, que la Constitución Política, en ese artículo 44, les reconoce a los niños los derechos a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, nombre, nacionalidad, a crecer en el seno de una familia, entre otros. Asimismo, en consideración a la superlativa protección que ellos demandan, estatuye su protección integral3 y la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistirlos y protegerlos “(...) para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” —art. 44—.

La regla de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños, y por tanto, venero de la legitimación constitucional especial otorgada en el artículo 135 del C.I.A. a los acreedores alimentarios atrás reseñados, rige como criterio orientador de la interpretación de las normas de protección de los menores, amén de todas ellas, hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, tratándose de menores de edad, el derecho a los alimentos se convierte, como ya se vio, en garantía fundamental, por guardar estrecha relación con su mínimo vital. Esta obligación de orden supralegal demanda su verificación tanto de las autoridades públicas como de los particulares, por cuanto de ello pende el aseguramiento de las condiciones de vida digna del niño.

7. Lo comentado en precedencia torna principalísimo el asunto materia de este análisis y de ahí la necesidad de otorgar la tutela reclamada, pues cuanto conllevó a la menor demandante a ejercer la acción de simulación fue precisamente, el crédito por concepto de alimentos reconocido en su favor en la sentencia mediante la cual se declaró a J... A... D... P... como su progenitor, quien, en virtud de la misma providencia, es el obligado solventar tal acreencia, lo cual compromete directamente su patrimonio.

8. En ese orden, y atendiendo a que la prestación alimentaria, como ya se enunció, halla sustento en la propia Constitución Política, en los instrumentos internacionales, en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, y acompañada la cuestión del control constitucional y convencional de rigor, que compete a esta Sala, el cumplimiento de dicha obligación civil emerge necesaria para propender por la vigencia del derecho fundamental al mínimo vital de los niños. Se concederá el auxilio deprecado.

En consecuencia, se ordenará a la corporación querellada que en el lapso de tres (3) días, contado a partir del momento en que reciba el proceso puntal de esta salvaguarda, deje sin efectos el fallo reprochado por esta vía y en su lugar provea de fondo, esto es, superando el aspecto relacionado con la legitimidad por activa, sobre la apelación propuesta contra la sentencia emitida en primera instancia dentro del memorado litigio, atendiendo a lo aquí considerado.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

1. CONCEDE la tutela solicitada por L... P... L... Y..., en representación de V... D... L..., frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hernández, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel Dumez Arias.

2. Por consiguiente, se le ordena que en el lapso de tres (3) días, contado a partir del momento en el cual reciba el expediente puntal de esta salvaguarda, deje sin efectos el fallo reprochado por esta vía y en su lugar provea de nuevo sobre la memorada apelación, atendiendo a lo consignado en esta providencia.

3. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

4. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona

1 Sentencia de 10 de junio de 1992, CCXVI-540, primer semestre.

2 CSJ, SC 1103-2014, exp. 2004-000307-01.

3 La protección integral de los niños, niñas y adolescentes consiste en “(...) el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”, materializada “(...) en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos”. (L. 1098/2006, art. 8º).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión tomada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la petición de amparo presentada por la señora L... P... L... Y... en representación de la menor V... D... L... frente al Juzgado Civil del Circuito de Villeta y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, con ocasión del proceso de simulación presentado ante dichos despachos judiciales en nombre de la mencionada menor y en contra de J... A... D... P... y C... P... T... G....

Como en el proceso ordinario se despacharon negativamente las pretensiones simulatorias con fundamento en que no existía “legitimación en la causa por activa” para promover el citado juicio en razón de no existir en concreto la obligación alimentaria para el momento en que se presenta el contrato que se pretende declarar simulado, considero acertada la decisión en cuanto reconoce que para la menor nace el interés desde el momento en que demanda su reconocimiento frente al vendedor a quien se acusa de simulador, pues desde ese mismo momento ya se conoce que se persigue un interés económico que debe prevenir de su patrimonio, y aunque es cierto que no puede ejecutarse hasta que no exista el título ejecutivo que puede o no surgir de la sentencia de filiación, lo que legitimaría a la actora como titular de un derecho, si aparece nítido un interés jurídico y económico para proteger el patrimonio de su deudor, máxime cuando éste ya tenía conocimiento de la existencia del proceso de filiación, lo que pudo incluso ser dentro del proceso un indicio en favor de la simulación, sin embargo, ese interés no puede constituirse propiamente en una legitimación sustantiva para obtener una decisión favorable declarando a toda costa simulado el proceso, pues aparte del mentado interés, debe quedar plenamente demostrado que efectivamente en el contrato se dio un acto simulado y no uno cierto y verdadero, y esta prueba debe quedar clara, tanto frente al ahora obligado, como frente al tercero adquirente. Por eso ha debido quedar claro en la sentencia de tutela que la decisión que conlleva la orden de dictar una nueva sentencia, surge del interés procesal que asiste a la menor, pero que indudablemente la que allí se decida debe obedecer a lo efectivamente demostrado y probado, pues aun tratándose de una menor de edad, las pruebas son las que indican si la protección va hasta la declaración de simulación o no, ya que la capacidad en el proceso de tutela solo conlleva a que se le escuche como demandante y no a que se le decida en favor, lo cual no veo claro en la decisión, en la cual, se ahonda en los derechos del menor y su supremacía, sin que quede claro que no contiene ninguna orientación para la nueva decisión, en la cual los jueces decidirán en forma libre y haciendo uso de su interpretación independiente, sin más ligamen a la tutela que reconocer a la menor su interés para demandar.

Se deja esta aclaración para evitar que el nuevo fallo encuentre desviaciones que puedan vulnerar otros derechos también protegibles.

Álvaro Fernando García Restrepo 

ACLARACIÓN DE VOTO

De la misma manera que los magistrados que aprobaron la providencia, considero que en este caso se debía conceder la tutela solicitada, como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales de la accionante; sin embargo, debo aclarar mi voto por los motivos que a continuación explico.

Particularmente, no estimo procedente que el reconocimiento de la legitimación en la causa que le asiste a la menor para demandar la simulación de unos contratos de venta, sea suficiente, por sí solo, para acceder a sus pretensiones, de ahí que le correspondía a la Corte —en sede de tutela— dejar en claro que son los jueces de instancia quienes deben establecer si los negocios jurídicos son o no ficticios, con base en el material probatorio recaudado.

En efecto, este excepcional mecanismo de protección de los derechos fundamentales, le impide al juez de tutela, resolver a priori sobre la sobre la cuestión litigiosa, pues es un asunto que está asignado al funcionario que conoce del proceso y a quien le compete dirimir la controversia.

En ese sentido, si bien la legitimación en la causa de la promotora del juicio, constituye una de las condiciones necesarias para la prosperidad de la pretensión debatida, no es suficiente, para que se acceda a sus pedimentos, pues para ello, es necesario que en el proceso se demuestre que las ventas no eran reales y que se celebraron con el propósito de perjudicar a la acreedora de la obligación alimentaria.

Entonces, el reconocimiento de la legitimación de la accionante para promover el juicio de simulación, no basta para declarar que las ventas no fueron reales, sino que resulta indispensable que la autoridad judicial que conoce del proceso, efectúe la valoración de las pruebas aportadas, conforme a las reglas de la sana crítica y determine si las pretensiones deben o no ser acogidas.

No es procedente que bajo el argumento de la protección de los derechos fundamentales de un menor de edad, se oriente la decisión que le corresponde adoptar a los juzgadores de instancia, quienes de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, gozan de autonomía e independencia, siempre que actúen con respeto al ordenamiento jurídico.

En los términos esbozados con precedencia, dejo expresada mi aclaración.

De los señores magistrados,

Ariel Salazar Ramírez