Sentencia STC8800-2016/2016-00054 de junio 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación 70001-22-14-000-2016-00054-01

Magistrado ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil dieciséis

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 3 de mayo de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acción de amparo promovida por el menor XXX contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de dicha localidad y Quinto de Familia de Barranquilla, así como las partes y los intervinientes de los asuntos a los que alude el escrito de tutela.

ANTECEDENTES

1.El menor de edad accionante reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a las garantías previstas en el artículo 44 de la Constitución Política, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasión de los autos que rechazaron por competencia la demanda ejecutiva de alimentos que instauró M. E. M. M. en su representación y de YYY, contra J. A. C. B., J. del C. C. G., M. T. C. M., E. C. M. y S. C. T., éstos como herederos del causante H. C. C..

Solicita, entonces, que se ordene a la autoridad judicial convocada, «admitir la demanda ejecutiva de alimentos [referida]» (fl. 4 cdno. 1).

2.En apoyo de tal pretensión, aduce en síntesis,que mediante sentencia de 31 de agosto de 2004, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo ordenó a H. C. C. (q.e.p.d.), suministrarle a él y a su hermano, también menor de edad, la suma de «$2’350.000.oo» mensuales y «cuotas extras en junio y diciembre de $2’700.000.oo», por concepto de alimentos.

Refiere que el 29 de octubre de 2015, representado por su señora madre, M. E. M. M., promovió demanda ejecutiva de alimentos contra J. A. C. B., J. del C. C. G., M. T. C. M., E. C. M. y S. C. T., en calidad de herederos del causante H. C. C., con el fin de obtener el pago de los alimentos adeudados por este último desde el mes de mayo de 2012 y hasta octubre de 2015.

Sostiene que en auto de 17 de febrero de la presente anualidad, el Despacho atacado rechazó el escrito inaugural, con fundamento en que se omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1434 del Código Civil, esto es, «la notificación judicial del título a los herederos» y porque carecía competencia, ya que se encontraba en trámite el proceso de sucesión de su difunto padre, escenario en cual se podía hacer valer la obligación alimentaria, decisión que recurrió infructuosamente en reposición, pues mediante proveído de 15 de abril siguiente, se mantuvo íntegramente lo resuelto.

Asevera que el estrado judicial atacado conculcó las garantías invocadas con lo resuelto, toda vez que i) aplicó el artículo 1434 del Código Civil sin tener en cuenta que fue derogado por el canon 626 del Código General del Proceso, y, ii) desconoció que si bien la deuda alimentaria integra el pasivo de la sucesión del alimentante, ello no le impide ejercitar la acción ejecutiva para obtener el pago de esa acreencia, tal y como lo establece, afirma, el artículo 87 ibídem.

Tras ese relato, señala finalmente, que la causa mortuoria puede demorar muchos años más, y entre tanto necesita los emolumentos reclamados para «sobrevivir, alimentarse, vestirse, educarse y acceder a la salud» (fls. 1 a 4 cdno. 1).

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS

M. E. M. M., madre del menor accionante, solicitó que se acceda a las «pretensiones» de la demanda de tutela (fl. 67 ídem).

La Procuraduría Veintisiete Judicial II de Familia de Sincelejo adujo, que en sentencia T-506 de 2011 la Corte Constitucional consideró que el proceso de sucesión es el escenario pertinente para discutir los alimentos que por ley estaba obligado el difunto a suministrar, razón por la que con las providencias cuestionadas no ha vulnerado garantía superior alguna al accionante (fls. 68 a 72 ídem).

A su turno, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo alegó, que los proveídos censurados están ajustados al ordenamiento jurídico, pues «los alimentos debidos a los menores YYY y XXX, a cargo de su fallecido padre, H. C. C., pasaron a ser deudas deducibles del caudal relicto que comprende su sucesión y es allí donde deben solicitarse y ser pagados con la prelación que le es propia a este tipo de créditos» (fl. 76 ibídem).

Por su parte, el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla informó, que dentro del juicio de sucesión del causante H. C. C., se reconoció como heredero al aquí interesado, por lo que en la diligencia de inventarios y avalúo de 25 de julio de 2013 se incluyó como pasivo «las cuotas alimentarias» que éste echa de menos (fl. 93 ídem).

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo negó la protección reclamada, tras considerar que:

«[E]l juez de tutela no puede entrar a terciar la competencia, cuando lo procedente es que quien la declara (Jueza Segunda Promiscuo de Familia de Sincelejo), remite la demanda ejecutiva de alimentos a quien cree que lo es (Juez Quinto de Familia de Barranquilla) y él habrá de decidir si asume o no el conocimiento, pero en cualquier sentido le imprimirá el trámite consecuente».

De otro lado, estimó que el accionante no demostró la ocurrencia de un menoscabo grave de sus garantías, por el contrario,

«cuenta con su señora madre, M. E. M. M. y, ella, a su vez, con asesoría jurídica particularmente contratada, representándolo, inclusive en la diligencia de inventario y avalúos practicada el 25 de julio de 2013, dentro de la sucesión del causante H. C. C., a cargo del Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, que para el 19 de diciembre de 2012 le reconoció la calidad de heredero» y «el hecho de presentar la acción ejecutiva de alimentos debidos desde el mes de abril de 2012, esto es, el que finalizó 12 días de la muerte del alimentante, el 29 de octubre de 2015, en la oficina judicial de Sincelejo, resalta por sí solo que trascurrieron tres años, cuatro meses y 27 días, lapso durante el cual, los adolescentes pudieron sobrevivir, alimentarse, vestirse, educarse, acceder a la salud, pero que conforme a la acción de tutela, sería ahora inhumano esperar las resultas de un proceso de sucesorio como se afirma en el libelo, numeral 8, cuando lo cierto es que primero se ha de surtir el trámite dispuesto por la ley, en casos de declaración judicial de incompetencia» (fls. 99 a 103 ídem).

LA IMPUGNACIÓN

El promotor impugnó el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 114 y 115 ibídem).

CONSIDERACIONES

1. Se recuerda que la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.

De igual manera es necesario destacar que, en línea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que en el evento excepcional en el que el juzgador adopte una determinación o adelante un trámite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.

2. De entrada, advierte la Corte que si bien XXX es menor de edad, esa condición no lo inhabilita para instaurar la acción de tutela, pues «no existe duda de la facultad que tienen los menores de edad para acudir directamente a este excepcional mecanismo, derivada de su condición de sujetos de especial protección constitucional (art. 44 Carta Política), y del carácter informal y naturaleza garante de los derechos fundamentales de la acción de resguardo. Tampoco, de la obligación del juez de tutela de “efectuar un particular examen a aquellas circunstancias en que se vean involucradas personas que no hayan cumplido la mayoría de edad”» (STC3269-2015), máxime cuando en el presente caso la demanda de protección va dirigida contra actuaciones emitidas en un juicio en el que éste es parte.

3. En efecto, el menor accionante cuestiona los autos de 17 de febrero y 15 de abril, ambos de la presente anualidad, mediante los cuales el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo, rechazó por falta de competencia la demanda ejecutiva de alimentos que instauró M. E. M. M. en su representación y la de su hermano, contra J. A. C. B., J. del C. C. G., M. T. C. M., E. C. M. y S. C. T., también herederos del causante H. C. C., su progenitor.

5. De los documentos obrantes en el expediente de tutela y que sirven para la resolución del asunto, la Sala verifica lo siguiente:

4.1. Mediante sentencia de 31 de agosto de 2004 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo ordenó a H. C. C., suministrar alimentos a favor de sus menores hijos XXX y YYY, por la suma de «$2’350.000.oo» mensuales, y «cuotas extras en junio y diciembre de $2’700.000.oo» (fls. 13 a 15 cdno. 1).

4.2. H. C. C. falleció el día 12 de junio de 2012 en esta capital (fl. 17 ibídem), razón por la cual una vez abierto el respectivo proceso de sucesión, en auto de 19 de diciembre de la anualidad precitada el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla reconoció como herederos a los menores aludidos (fl. 16 ídem).

4.3. El 25 de julio de 2013 se adelantó la diligencia de inventario y avalúo de los bienes relictos dentro de la causa mortuoria señalada, en la cual se excluyó el pasivo correspondiente a los alimentos adeudados por el difunto en beneficio de los menores alimentistas, con fundamento en que éstos contaban con «otra vía» para reclamarlos (fls. 94 a 97 ibídem).

4.4. El 29 de octubre de 2015, M. E. M. M. en representación de los jóvenes mencionados, instauró demanda ejecutiva de alimentos contra J. A. C. B., J. del C. C. G., M. T. C. M., E. C. M. y S. C. T., en calidad de herederos del causante H. C. C., con el propósito de obtener el recaudo de las cuotas de alimentos debidas por el obligado a partir de mayo de 2012 y hasta la presentación de la demanda (fls. 7 a 11 ídem).

4.5. En proveído de 17 de febrero pasado, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo rechazó por falta de competencia la anterior demanda ejecutiva, con sustento en que:

«Con la muerte del alimentante, los alimentos debidos por el causante gravan entonces el patrimonio autónomo ilíquido de la sucesión y sus herederos la representan.

El artículo1227 del Código Civil preceptúa que los alimentos que el difunto ha debido por ley, gravan la masa hereditaria, la jurisprudencia patria ha decidido esta cuestión considerando que el cobro de obligaciones alimentarias a persona difunta ha de hacerse dentro del proceso sucesorio. 

El artículo 501 del Código General del Proceso establece que en la diligencia de inventario y avalúos de los bienes relictos, en el pasivo, se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo; por lo que el fuero de atracción y para dilucidar convenientemente todo lo relacionado con el caudal relicto y las cargas que lo gravan, se considera que el juez de conocimiento de la sucesión del causante E. C. C. (q.e.p.d.), es quien debe asumir el conocimiento del proceso ejecutivo». Así que remitió las diligencias a su homólogo Quinto de Familia de Barranquilla, por ser quien conoce actualmente de la causa mortuoria (fls. 28 y 29 ibídem).

4.6. Frente a dicha determinación la parte ejecutante, aquí accionante, formuló sin éxito recurso de reposición, pues en proveído de 15 de abril siguiente el Despacho atacado la mantuvo, tras considerar que:

«1. Con la muerte del señor H. C. C., la obligación de alimentos pasó a ser un pasivo de la sucesión. 2. El momento para manifestar la necesidad de los alimentos, junto con los demás argumentos esbozados por el actor, era el proceso sucesoral. 3. Corresponde al juez de la sucesión verificar, si en el caso de los menores C. M., los alimentos se extinguen por confusión. Estas razones permiten concluir que del presente proceso tendiente a obtener el pago forzado de mesadas alimentarias impagadas por causa de la muerte del alimentante le corresponde conocer al juez que lo hace de la causa mortuoria, por disposición de los artículos 1016 y 1227 del Código Civil. Se reitera entonces, que la muerte del alimentante no extingue el derecho a recibir alimentos y que el momento propicio para definir el futuro de la obligación alimentaria, en caso del fallecimiento del deudor, es la sentencia que pone fin al proceso de sucesión» (fl. 36 ídem).

5. Con vista en lo anterior, no cabe duda que contrario a lo considerado por el Tribunal constitucional de instancia, para la Corte el Juzgado accionado incurrió en causal de procedencia del amparo, al rechazar por falta de competencia la demanda ejecutiva de alimentos motivo de revisión, en razón a que no se preocupó por indagar sobre el estado en que se encontraba el proceso de sucesión del difunto padre de los alimentistas, y pese a ello se rehusó a conocer de la causa y remitió las diligencias a dicho trámite, sin advertir, claro está, que el pasivo correspondiente a los alimentos adeudados había sido excluido de la relación de bienes y deudas del causante, por lo que con el rechazo de la demanda ejecutiva promovida para obtener su pago, dejó a los alimentistas sin herramientas jurídicas para el cobro de las cuotas adeudadas por su difunto padre, lo que sin duda vulneró las garantías del menor accionante.

6. En pasada oportunidad la Sala consideró, que el proceso ejecutivo es el escenario idóneo y eficaz para reclamar los alimentos debidos por el causante cuando no fueron relacionados en los pasivos de la masa hereditaria, a ese respecto puntualizó que:

«Esta Corte ha sostenido que antes de acudir al amparo las personas deben agotar los medios que tengan a su alcance para defensa de sus intereses, pues, son las autoridades accionadas las competentes para pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas y, si es del caso, tomar los correctivos pertinentes.

Desde esta perspectiva se advierte que la reclamante debió asistir a la diligencia de inventarios y avalúos y hacer valer la obligación alimentaria, pues, con dicha omisión aceptó implícitamente los activos y pasivos presentados y dilapidó la opción de alegar todos los reproches que aquí hace. 

(…)

[No obstante], si lo pretendido por la afectada es el pago de los alimentos a favor de su hija, puede acudir a la jurisdicción de familia mediante un proceso ejecutivo contra los demás herederos y exponer en dicho escenario todos los reparos que hace por esta vía, como lo estableció el Tribunal.

Tal situación reafirma la inviabilidad de la tutela, toda vez que cuenta con un medio actual e idóneo para la defensa de sus intereses, eso sí, atendiendo los requisitos que le son propios a este tipo de trámites, previa formulación de demanda y apego al rito legal» (STC3269-2015).

7. Sin embargo, lo anterior no significa que el Juzgado accionado al momento de estudiar la demanda ejecutiva omita revisar el título ejecutivo base de recaudo y las cuotas de alimentos efectivamente debidas por el causante, para determinar si el cobro compulsivo de éstas es procedente o no, conforme lo previsto por el Estatuto Procesal Civil y en las normas alimentarias, pues al ordenar que se admita el proceso no se está señalando que la obligación sea real y existente.

8. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocará el fallo impugnado, para en su lugar, brindar al menor accionante la protección de los derechos fundamentales que invocó, para lo cual se ordenará al Juzgado accionado, que tras dejar sin efecto los proveídos cuestionados, impulse el trámite de la demanda ejecutiva de alimentos tantas veces referida, realizando el correspondiente estudio previo al documento allegado como base de la ejecución, y las cuotas de alimentos que se afirma, son adeudas por el causante, para poder determinar así si es procedente o no el cobro librar la respectiva orden de apremio, teniendo en cuenta que aun pudiendo cobrarse en la sucesión, también puede adelantarse el proceso ejecutivo, y en cada caso con la consabida preferencia, si existe la obligación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación, y en su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales invocados por XXX

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo, que tras dejar sin efecto los autos de 17 de febrero y 15 de abril, ambos de 2016, en el término de diez (10) días contado a partir del recibo del expediente del proceso motivo de censura, impulse el trámite de la demanda ejecutiva de alimentos promovida por M. E. M. M. en representación de sus menores hijos XXX y YYY contra J. A. C. B., J. del C. C. G., M. T. C. M., E. C. M. y S. C. T., en calidad de herederos del causante H. C. C., realizando el estudio previo del título base de recaudo y las cuotas de alimentos enlistadas como debidas por el difunto, para determinar finalmente la procedencia del cobro compulsivo de éstas.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona