Sentencia STC8837-2018/2018-00236 de julio 11 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC8837-2018

Radicación 11001-22-10-000-2018-00236-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil dieciocho.

Decide la Sala la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por M.I.O.P., frente al Juzgado Octavo de Familia de esta ciudad; trámite al que se ordenó vincular a todos los intervinientes en el proceso génesis de la queja constitucional, incluidos la Defensoría de Familia y el agente del Ministerio Público adscritos al juzgado accionado.

I. Antecedentes

A. La pretensión

La ciudadana, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y “el derecho a la prueba” que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con la sentencia de disminución de cuota alimentaria, pues en su sentir, adolece de un defecto sustantivo al desconocer el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006 y un defecto fáctico, consistente en una indebida valoración probatoria.

Por tal motivo, pretende que se le conceda el resguardo implorado y en consecuencia, se revoque el proveído de 8 de febrero de 2018, para que en su lugar, la querellada dicte una nueva decisión ajustada a los parámetros fijados por el juez constitucional (fls. 361 y 362, cdno. 1).

B. Los hechos

1. M.I.O.P. y C.M.O.S. contrajeron matrimonio católico el 14 de noviembre de 1998 y dentro de la vigencia de esa unión, procrearon a XXX y YYY.

2. Sin embargo, en el año 2006, ante el maltrato intrafamiliar del señor hacía su esposa, los cónyuges resolvieron separarse, él se quedó viviendo en el inmueble común y la señora junto con sus dos hijos se trasladó a la casa de un familiar.

3. El 11 de julio de 2007, dentro del proceso de divorcio, el Juzgado 19 de Familia de Bogotá, fijó de manera provisional las obligaciones alimentarias de ambos progenitores así: padre: los estudios de su hijo XXX y la cancelación de un salario y medio mínimo mensual como sostenimiento de sus dos hijos; madre: los demás gastos.

4. En el año 2012, la progenitora de los menores inició proceso de modificación de cuota alimentaria y del régimen de custodia y cuidado personal, el que sustento en que las necesidades de estos habían variado, pues la niña para cuando se fijó la mensualidad inicial contaba con seis meses y ahora ya estaba en edad escolar y requería de más cosas, razón por la que era forzoso modificarla, porque ella estaba asumiendo la mayor parte de los gastos de los infantes, los que ascendían a $ 8.129.080 por educación, alimentos, servicios, vivienda y empleada, sin contar los 2.000.000 de vestuario semestral y $ 5.840.000 por uniformes matrículas, libros y excursiones anuales. De los que el padre solo asumía $ 1.785.900 más el salario y medio mínimo mensual, a pesar de que tenía unos ingresos de $ 28.000.000 y ella tan solo $ 7.000.000.

5. El progenitor se opuso a las pretensiones, para lo cual adujo que las expensas señaladas eran exageradas y que él no tenía un salario tan alto, además que las clases extracurriculares eran voluntarios de la madre.

6. No obstante, en audiencia de 3 de octubre de 2012, ambos padres acordaron frente a los alimentos que: “(i)elpadre asumiría la totalidad de la educación de los menores, esto es, matrículas, pensiones, transporte escolar, útiles escolares, libros, uniformes, excursiones educativas y cafetería, así como la clase extracurricular de la niña y aportaría a cada uno de sus hijos tres vestuarios completos al año por el valor de $ 250.000, cada uno; (ii)lamadre, asumiría los demás gastos de los niños incluyendo la clase extracurricular para el niño”.

7. La madre inició dos procesos ejecutivos por el incumplimiento de las cuotas de la clase extracurricular y el vestuario de los dos hijos, los cuales culminaron por conciliación de las partes, porque el señor se comprometió a cancelar lo adeudado.

8. En el año 2016, la madre presentó queja de violencia intrafamiliar contra el padre por maltratos a la niña, comoquiera que este se refería a la menor con palabras soeces, “la humilla constantemente afectando su imagen propia, la de su progenitora y la de su familia materna” y “la amenaza con tomar con tomar retaliaciones económicas en su contra”, la que culminó con decisión de 8 de noviembre de 2016, en la que la comisaria once de familia de Suba, resolvió imponer protección a favor de la menor consistente en la prohibición al papá de recurrir a cualquier forma de castigo físico, psicológico, humillación, acto cruel, retaliación contra la menor, y dispuso que este tomara tratamiento terapéutico de pautas de crianza y suspendió las visitas de este a hija hasta tanto no acreditara que culminó el mismo.

9. El 17 de junio de 2017 el progenitor inició proceso de reducción de cuota alimentaria, objeto de la queja, a fin de que cada uno de los padres aportaran lo necesario para sus hijos en un 50% cada uno, pues en el momento él aportaba como alimentos de los niños $ 7.134.461, por concepto de pensiones del colegio, clases extracurriculares, póliza médica, gastos odontológicos y psiquiatría; y la madre solo $ 640.000, pese que él tiene ingresos de $ 6.228.100 y al contrario, la señora de $ 8.000.000, por lo que solicitó que cada uno cancelara $ 3.642.230 y lo demás lo asumiera cada padre cuando los niños estaban a su cargo.

10. La madre se opuso a las pretensiones y propuso la excepción a la que denominó “ausencia de causa petendi para el cambio de circunstancias”, la que sustentó en que la capacidad económica del padre no ha variado para recudir la cuota pactada; además, indicó que el progenitor solo asume de manera exclusiva los $ 5.284.461 por educación, pues en relación a las clases extracurriculares solo paga las de su hijo hombre y ella debe asumir las de la niña y la salud, psicología y odontología, pues contrario a su dicho, el señor no los cancela; sumado a que debe pagar todo lo relacionado con los alimentos, recreación, servicios públicos cuando está con sus dos hijos y el 100% frente a su hija comoquiera que al señor le suspendieron las visitas por maltrato y no quiere cancelar alguna suma por ella.

Frente a los gastos de los niños, señaló que ascienden a: (i) $ 11.933.492 mensuales por vivienda, servicios públicos, teléfono celular de la niña, alimentación, gastos extras de salud, empleada, clases extracurriculares, gastos imprevistos, mesada de la menor YYY y administración; así como 4.000.000 semestrales por vestuario. Finalmente menciona que el señor tiene un salario superior a los $ 49.000.000 y que oculta muchos de los contratos que tiene con las diferentes clínicas y prepagadas, pues incluso es el director de la unidad de ortopedia y traumatología de la Clínica Santafé, lo que omite al reportar dentro de sus ingresos.

11. En sentencia de 8 de febrero de 2018, la juez accionada denegó la defensa propuesta por la pasiva y accedió a la pretensión de reducción de la cuota, en consecuencia, dispuso que: “(i)elpadre:aportaráel100%delosalimentosparasumenorhijo(XXX); y (ii) “la madre, asumiera el 100% de los alimentos para su hija (YYY)”, luego de considerar que si bien no se acreditó que la capacidad económica del padre o las necesidades de los menores hubiesen variado luego de la conciliación llevada a cabo entre los progenitores, sí se advertía que en el arreglo se había establecido que el padre cancelara un mayor valor en la manutención de sus hijos, cuando los dos padres tenían un salario similar, por lo que era necesario ajustarla.

12. En criterio de la peticionaria del amparo, el juzgado accionado vulneró sus garantías superiores al desconocer la real capacidad económica del demandante, pues no tuvo en cuenta las declaraciones de renta de los años 2015 y 2016, y procedió a reducir la cuota en detrimento de la menor YYY, sin que aquel probara una desmejora entre la situación actual y la que correspondía para la fecha en la que conciliaron la prestación alimentaria (fls. 357-383, cdno. 1).

C. El trámite de la primera instancia

1. El 11 de mayo de 2018, se admitió la acción constitucional y se ordenó comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 385, cdno. 1).

2. El Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, arguyó que la decisión adoptada en el proceso de disminución de cuota alimentaria, se fundamentó en el material probatorio recaudado en el trámite (fl. 395, cdno. 1).

3. En sentencia de 25 de mayo de 2018, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo deprecado y para el restablecimiento de los derechos declaró sin efectos la decisión objeto de la queja y ordenó que “en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a emitir la decisión que corresponda”, luego de considerar que era insuficiente la motivación del a quo, pues dejó de exponer las razones por las cuales concluía que el padre debía asumir la responsabilidad alimentaria de su hijo y la madre, respecto de su hija, sin advertir que ambos progenitores deben concurrir mancomunadamente en los gastos de alimentación y educación de sus hijos menores y no uno con independencia del otro, pues los lazos de solidaridad deben ser recíprocos y equilibrados (fls. 407 a 414, cdno. 1).

4. Inconforme, el vinculado C.M.O.S. impugnó la decisión, bajo el argumento que no podía utilizarse este mecanismo como una instancia adicional, máxime cuando el juzgador dispuso de más de media hora para valorar la prueba y decidir de fondo motivadamente el litigio. Agregó que la reclamante no cumplió con su carga probatoria (fls. 433-443, cdno. 1).

II. Consideraciones

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad de administración de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo trámite, con detrimento de las garantías reconocidas por la Constitución Política a las personas.

Uno de los motivos que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.

2. Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, en virtud de la conducta asumida por los involucrados, que aquellos están reconocidos por el artículo 44 del texto constitucional y están llamados a su protección por la familia, la sociedad y el Estado, “para garantizar su desarrollo armónico e intelectual”, de ahí que cualquier persona pueda reclamar de la autoridad competente “su cumplimiento y la sanción de los infractores”.

Esa especial defensa de los derechos del menor incluyen “i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de la adopción de medidas de protección que su condición requiere; y iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad”, por ello, refiere, que frente a los poderes públicos, tal régimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias.

De manera que para “el legislador y la administración, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creación, interpretación y aplicación de normas jurídicas y también los de formulación, implementación, análisis y evaluación de las políticas públicas” lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues “tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermenéuticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aquí visto: sersujetosdeespecialprotección,elimperativojurídicodebuscarelinteréssuperiordelmenor,elcarácterprimafacieprevalecientedesusderechos,elreconocimientodelasgarantíasdeprotecciónparaeldesarrolloarmónico,quegeneranobligacionesconstitucionalesverticalesytambiénhorizontales,laexigibilidaddelosderechosyporconsiguientedelasobligaciones,basadasenelcaráctersubjetivoycolectivodelosderechoseinteresesprotegidos(1) (subrayado fuera del texto).

Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces con competencias ordinarias para conocer de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, como se ha previsto el artículo 9º del Código de la Infancia y la Adolescencia que indica: “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos”.

Dentro de ese conjunto de garantías superiores de los niños, niñas y adolescentes se halla la alimentación equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relación con sus destinatarios que debeimplicarlaeliminacióndecuantoobstáculotratedeimpedirleselgoceefectivo, más cuando “prevé el artículo 134 de la Ley 1098 de 2006 que los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás”(2).

Es así que el legislador para proteger tal prerrogativa, ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijación de cuota alimentaria, ejecución y revisión de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al interés superior de los menores en los siguientes términos: “ART. 8º—Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

Lo anterior en aras de rodear a los infantes de garantías y beneficios que los protejan en su proceso de formación y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial.

3. En el presente asunto, como resultado del análisis de la providencia en contra de la que se enfiló el reclamo en tutela, esto es, la decisión de 8 de febrero de 2018, por medio del cual el juzgado de conocimiento dictó sentencia en el proceso de reducción de cuota alimentaria promovido por C.M.O.S. contra aquí accionante, en representación de sus hijos, se advierte su incursión en una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, que vulnera los derechos fundamentales de los menores, tornándose imperiosa la intervención del juez constitucional.

En efecto, la juez luego de culminar el debate probatorio y de que se escuchara a las partes en contienda, resolvió, denegar la excepción de fondo propuesta por la progenitora de los menores y acceder a la pretensión de reducción, en consecuencia, dispuso que “el señor (C.M.O.S.) aportará el 100% de los alimentos para su menor hijo (XXX) y la señora (M.I.O.P.) el 100% de los alimentos para su hija (YYY)”.

Para arribar a esa conclusión, la juez empezó por referirse a la solvencia económica de cada uno de los padres y a efectuar un estimativo de sus ingresos mensuales, para así pasar a exponer que: “(...) Ahora, frente a si varió o no varió la situación del aquí demandante cuando se concilió la cuota alimentaria, pues no está demostrado, es que no sabemos cuáles eran sus ingresos económicos del citado cuando se señaló la cuota alimentaria, no podemos partir de ese supuesto que no lo sabíamos, por qué, porque este juzgado no decretó pruebas, las partes conciliaron esa cuota fijada y señalada, esos ítems que es lo que ha referido este despacho judicial, entonces no sabemos si la condición económica del señor ha variado o no” y continuó, “hoy tenemos que más o menos las partes tienen ingresos económicos muy parecidos para asumir precisamente esa obligación”, y como la “demandada aquí manifiesta que los gastos de sus hijos más o menos son de $ 11.000.000, entonces si hacemos cuentas de lo que paga en el colegio y de lo que tendría que pagar el padre, él estaría aportando mucho más de lo que aporta la demandada, en este caso, estaría aportando más de sus ingresos económicos demostrados en este acto... aquí no están demostrados otros ingresos distintos a ellos que he hecho referencia en esta audiencia” y en ese orden concluyó “... hay que reducir la cuota alimentaria que está aportando hoy el padre (...)”.

Y para establecer el monto al cual reduciría la cuota, consignó, “en la demanda no se dijo a cuánto tenía que reducirse, entonces, se reducirá en que cada uno de los padres pagará los alimentos de uno de sus hijos, porque son similares los gastos de los niños, es más, los gastos de uno son más elevados, que es el del niño porque ya es mayorcito, ya tiene 15 años, la niña todavía está en primaria y de pronto los gastos de él, por su edad, porque ya va a entrar a la universidad que son más elevados”, entonces, señaló, “en ese orden de ideas, el padre aportará todos los gastos de alimentos que genere su menor hijo (XXX) y la madre aportará todos los gastos de su menor hija; ahora, la custodia es compartida, igual el niño como la niña, se supone que van a la casa del padre, tal y como quedo establecido en esta audiencia, no se ha demostrado que hayan cambiado los términos que pactaron las partes” —CD 1 record 1'49:25: a 1'53:26—”.

Argumentación que no solo desconoció lo dispuesto en el inciso 8º del artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, respecto de la carga de la prueba de quien inicia el proceso de reducción de acreditar la variación de sus condiciones o las necesidades de sus hijos, sino que además, omitió que lo pretendido por el actor era disminuir la cuota alimentaria pactada en relación a sus dos hijos y no de exonerarse de uno de ellos, como a larga quedó con la determinación de la juzgadora.

Así como también puso en riesgo el debido sostenimiento de los niños, comoquiera que dejó la obligación de alimentos de cada menor a cargo de uno de los dos progenitores, madre o padre, cuando la misma por mandato constitucional y legal debe estar garantizada por ambos, no de manera independiente uno del otro.

Incluso puso en riesgo que los dos tengan una calidad de vida equilibrada y en igualdad de condiciones, pues sin importar si el niño o la niña pueden tener mayor gastos, resolvió asignarlos a uno de los padres, con suposiciones de que puede ser que el mayor tenga mayores gastos que la otra, en lugar de establecer que juntos contribuyeran en proporción a los ingresos de cada uno y teniendo en cuenta las necesidades de uno y otro.

3.1. En efecto, el citado artículo 129 ibídem, en su inciso 8º dispone que “contodo,cuandohayavariadolacapacidadeconómicadelalimentanteolasnecesidadesdelalimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquieradeellaspodrápedirlealjuezsumodificación.Enesteúltimocasoelinteresadodeberáaportarconlademandaporlomenosunacopiainformaldelaprovidencia,delactadeconciliaciónodelacuerdoprivadoenquehayasidoseñalada”.

De manera que la revisión de la cuota alimentaria no puede otorgarse por la mera solicitud de uno de los progenitores u obligados, sino que debe tenerse en cuenta que para prosperar la misma se tiene que cumplir varios presupuestos, a saber:

(i) Copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada la cuota.

(ii) Acreditación de la variación de la capacidad económica del alimentante o cambiado las necesidades de los alimentario.

Lo anterior, porque en este caso ya no se intenta fijar la cuota para los menores, porque la misma ya ha debido ser determinada judicial o convencionalmente, si no que se atiende el pedido de alguno de los obligados de modificar la ya existente ante la variación en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla, sea que se hayan alteraron las posibilidades del alimentante (padre o madre) o las necesidades del alimentario. Entonces, por más que la sentencia o el acuerdo por medio del que se reglan los alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada y resulta siempre modificable, la reforma solo procede si han variado los elementos fácticos anteriores.

Tal es el entendimiento de la naturaleza del litigio, que la mamá de los niños precisamente argumentó en defensa de sus descendientes, como excepción, la falta de acreditación de tal variación, para lo cual también hizo relación de los gastos de alimentación que ella cancela y con los que el señor contribuye, allegó pruebas de pagos y para acreditar la capacidad económica del padre solicitó la información de varias entidades que certificaran los salarios y honorarios, así como las declaraciones de renta de este, para verificar que no ha existido cambio y que este.

Ahora bien, la acreditación de los cambios en la capacidad económica o necesidades corresponde a aquel que radica la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, que indica, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Sin embargo, en el caso bajo estudio la juez accionada, relevó de la carga de la prueba al padre solicitante de la variación de en sus ingresos o de las necesidades de alguno de los menores, con sustento en que como al conciliar la cuota de alimentos no se determinó la misma, no era posible establecer si existía alguna modificación, como tampoco revisó si las condiciones de alguno de los hijos hubiese variado, es decir, no determinó el cumplimiento del segundo de los presupuestos ineludibles para la prosperidad de la pretensión de reducción de cuota alimentaria.

Con lo que afectó los derechos de los niños, representados por su madre, pues este proceso no es para verificar únicamente si uno de los progenitores está contribuyendo con más dinero en los gastos de los infantes que el otro, o para resolver la discusión o controversia que entre estos se pueda tener sobre sus responsabilidades, lo que verdaderamente busca este litigio es establecer la forma de garantizar los alimentos adecuados a los hijos, entendidos estos como todos los necesarios para que ellos se desarrollen adecuadamente.

Así que no era posible, imponérseles la carga de acreditar a ellos o a su progenitora cuáles son los ingresos de su padre o sus verdaderos gastos, cuando tales pruebas las presentaron en el litigio inicial de modificación de la cuota inicial iniciado por la madre, en donde se allegaron varias pruebas y en el que el progenitor pactó de manera voluntaria la suma con la que el contribuiría.

3.2. Por otra parte, es claro que tal como lo dejó visto el juez constitucional de primer grado, la autoridad encausada omitió explicar las razones por las cuales paso a liberar a cada uno de los padres de la obligación alimentaria respecto de uno de sus hijos, y de manera concomitante, imponerles la carga en un 100% frente al otro, pese a que la demanda se dirigía a que se regulara la cuota en relación a los dos menores para que cada uno de los progenitores aportara el 50%.

En este punto comporta precisar que la Corte Constitucional ha establecido que la patria potestad “se concibe como una institución instrumental propia del régimen paterno-filial, diseñada para la protección, bienestar y formación integral del menor de edad no emancipado, que no se deriva del matrimonio porque surge por ministerio de la ley independientemente del vínculo marital y sirve en últimas para realizar el interés superior del niño” (C.C., Sent. C-727/2015).

Y que el ejercicio de aquella, “correspondealospadres,conjuntamente. A falta de uno, la ejercerá el otro. En efecto, la patria potestad solo pertenece al padre y a la madre, es decir, no rebasa el ámbito de la familia, y se ejerce respecto de todos los hijos, incluyendo a los adoptivos (C.C., Sent. C-1003/2007).

Ahora, el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, —Código de la Infancia y la Adolescencia—, dispone que “[l]aresponsabilidadparental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Estoincluyelaresponsabilidadcompartidaysolidariadelpadreylamadre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos (se subraya).

Así que el juez al modificar o fijar una cuota alimentaria no solo debe verificar la acreditación de los presupuestos para acceder a las pretensiones, sino que además debe tener en cuenta el interés superior de los dos menores, a fin de que con la determinación no se transgredan otros derechos fundamentales y conexos de los mismos.

En otras palabras, el funcionario judicial al momento de tomar su decisión, está en el deber de ser precavido con los efectos y riesgos que aquella pueda generar, tanto así como prevenir futuros desequilibrios o desigualdades que terminen por influir no solo en el ámbito económico de los padres, sino también en otras esferas que mantienen el vínculo familiar.

No obstante, la juzgadora cuestionada, se limitó a estudiar la capacidad económica de la pareja, lo que desencadenó en la insuficiente exposición acerca del deber de aquellos de acompañar de forma solidaria en el desarrollo integral durante la etapa de formación de sus dos hijos, y propender por mantener los lazos de hermandad.

En efecto, ningún sustento factico o normativo, realizó el juez al desconocer la responsabilidad parental compartida entre el padre y la madre, ni tampoco si tal decisión podía o no afectar a los menores o si garantizaba de mejor manera sus derechos, sino que de manera irreflexiva señaló que los gastos del joven estaban a cargo del demandante y los de la niña de la mamá, lo que es jurisdiccional reprochable y falta al deber impuesto a los falladores en el artículo 303 del estatuto procesal civil, que establece la obligación de exponer los motivos de su determinación y con ello, el derecho al debido proceso de los menores.

Al respecto ha señalado esta Sala que se: “soslaya el presupuesto básico que atañe con la cumplida dispensación de justicia a que está obligado todo funcionario judicial y que, parejamente, todo usuario está en derecho de recibir, el cual, para el particular evento, dice con el impostergable y perenne deber de dar íntegro y cabal despacho a los concretos argumentos en que se erige un medio impugnativo, lo que necesariamente implica que el juzgador de conocimiento, con fundamento en una argumentación que comprenda los puntos de disentimiento puestos a su consideración, emita sobre el particular postura jurídica según las competencias atribuidas (CSJ STC, 14 Jul 2010, Rad. T00154-01).

4. En ese orden de ideas, se advierte que el juzgador acusado al no revisar que se hubiesen cumplido los presupuestos de hecho del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, para reducir la cuota alimentaria e imponer la carga a los menores, representados por la madre, de acreditar cuáles eran las condiciones económicas del padre y que las mismas no han variado; así como no incorporar las consideraciones a que había lugar en la sentencia objeto de inconformidad, quebrantó el derecho al debido proceso de los niños y su madre, por lo que había lugar a prohijar el amparo solicitado.

5. Por consiguiente, se imponía la prosperidad de la protección invocada, por lo que se confirmará la decisión del tribunal.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2010.

(2) CSJ TSC, de 6 de agosto de 2009, rad. 6800122130002009-00238-01.