Sentencia STC8847-2018 de julio 11 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Luis Alonso Rico Puerta

STC8847-2018

Rad.: 76001-22-03-000-2018-00144-01

(Aprobado en sesión del once de julio de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 22 de mayo de 2018, dentro de la acción de tutela promovida por Alfaro Olmedo Marín Palomino y María Fernanda Molano Holguín contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil Municipal de dicha capital, así como las partes y los intervinientes en el litigio Nº 2015-01095.

ANTECEDENTES

1. Actuando a través de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al proferir sentencia de segunda instancia dentro del juicio antes referido.

2. De la información que obra en el expediente se extrae, en síntesis, que los acá querellantes, fungiendo como promitentes compradores de un inmueble propiedad de Melba Bernal Gutiérrez y James Arroyo Botero, demandaron a éstos pretendiendo la resolución del contrato de promesa de compraventa, y tras el pertinente trámite procesal el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali dictó fallo estimatorio de pretensiones el 31 de marzo de 2017.

Apelada la anterior decisión por la parte demandada, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad en mención, desató el recurso mediante sentencia del 18 de abril de 2018, modificando el numeral 4º de la resolutoria de primer grado para ordenar a los promitentes vendedores que le restituyeran a la parte demandante «la parte del precio que asciende a la cantidad neta de $ 55.000.000, sin incluir indexación y reconocimiento de intereses alguno», teniendo como sustento, además de las disposiciones legales, la jurisprudencia de esta Corte que data del 15 de junio de 1993 a junio 4 de 2004, pese a que el precedente varió a partir de la Sentencia SC11287-2016.

3. Piden que por esta senda se proceda a «REVOCAR» lo resuelto por el fallador de segunda instancia y en su lugar se profiera la que derecho corresponda (fls. 1 a 4, cdno. 1).

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juez Quinto Civil Municipal de Cali, informó que mediante auto del 7 de marzo de 2018 procedió a obedecer lo resuelto por el superior, y aseveró que en lo atinente a las motivaciones de las providencias adoptadas, se remite a lo consignado en el expediente (fl. 16, ibidem).

2. El Juez Primero Civil del Circuito de dicha ciudad, dijo que la modificación a lo resuelto por el a quo, consistente en que los demandados restituyeran «la cantidad neta de $ 55.000.000,00, sin incluir indexación y reconocimiento de intereses» dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria «so pena de causar interés a la tasa del 6% anual», obedeció a «argumentos jurídicos considerados razonable, alejados entonces del arbitrario o capricho de este juzgador», y como el debate planteado «es de carácter legal y no constitucional (...), no se han vulnerado derechos fundamentales del solicitante» (fl. 24, ibid.).

3. Melba Bernal Gutiérrez y James Arroyo Botero, demandados en el proceso ordinario que se cuestiona, se opusieron a lo pretendido con esta acción, pues consideran que es utilizada por los demandantes «como si se tratara de una tercera instancia», pues ya «lleva cinco (5) años colocando tutelas y esto no parece tener fin».

Precisaron que en la audiencia, su apoderado presentó «los planteamientos sobre el incumplimiento debidamente demostrado del demandante y ahora tutelante (...) y se expresaron las razones por las cuales debía revocarse el fallo de primera instancia en cuanto a la indexación y pago de intereses», y que la devolución del precio se hacía «en razón de que el incumplido se había abstenido de pagar el valor restante del precio del inmueble prometido en venta», frente a lo cual el mandatario de los ahora reclamantes «no hizo referencia a la presunta desactualización de las providencias de la Corte», sino a que los vendedores «tendrían que pagar intereses no pactados».

Acotaron que además de la significativa relación de gastos que ha conllevado atender el proceso judicial, se han producido «otros que no son posibles cuantificar como ha sido los daños morales el desgaste psicológico y emocional debido a las amenazas del sr. Marín, por lo cual fue necesario llevarlo a la fiscalía», y que no consideran legal ni justo que se pretenda revivir el «fallo extrapetita» que acertadamente revocó el funcionario accionado (fls. 26 a 33, idem).

SENTENCIA IMPUGNADA

Concedió el auxilio al observar que «al margen de que se comparta la hermenéutica usada por la autoridad judicial acusada, al negar la indexación del valor a restituir a favor del comprador incumplido», fundándose en que así procedía según la jurisprudencia relacionada con la corrección monetaria sobre tales las sumas restituibles, mediante Sentencia SC11287-2016 esta Corte «recogió —expresamente— la doctrina que sobre el tema había estructurado» para plantear «una nueva posición», que no atendió el accionado y por ello incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial. En consecuencia, dejó sin efectos el fallo proferido por la autoridad enjuiciada el 18 de abril de 2018, y ordenó convocar a nueva audiencia de juzgamiento (fls. 43 a 55, cdno. 1).

IMPUGNACIÓN

La interpusieron los demandados en el proceso verbal cuya actuación se censura, para criticar que el tribunal avalara que los promitentes compradores, pese a haber incumplido el contrato, reciban el precio que pagaron «con actualización y réditos», cuando «como consta en el video de la Audiencia en ningún momento el abogado (...) presentó ante el juez ningún argumento sobre la variación del criterio de la Corte en relación a la indexación y los intereses», lo cual difiere del precedente constitucional según el cual la tutela contra providencias judiciales exige «que los presuntos yerros (...) que dan origen a la vulneración hayan sido puestos en conocimiento del juez en su debida oportunidad» (SU-297/2015).

También dijeron que la sentencia de la Corte que se adujo como soporte para conceder el amparo, no es aplicable al caso específico, puesto que la situación allí planteada «no hace referencia ni toca el tema de la ilegitimidad de la demanda por parte del incumplido», ya que es el contratante cumplido el facultado por la ley para proceder a la resolución del contrato contra «quien ha deshonrado» las obligaciones del mismo (fls. 66 a 73, ibidem).

CONSIDERACIONES

1. La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en línea de principio, que la tutela no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resolución «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure vía de hecho», y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (CSJ STC, 3 mar. 2011, Rad. 00329-00, reiterada en STC3616-2018, 15 mar. 2018, Rad. 00017-01, entre otras).

Recuérdese que cuando el juez profiere una decisión trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jurídico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administración de justicia, y en esas condiciones la vía excepcional resulta idónea para conjurar o prevenir el perjuicio.

2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y previa revisión de las respectivas piezas procesales, establece la Sala que el fallo impugnado deberá respaldarse, habida cuenta que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, al desatar el recurso de apelación dentro del juicio Nº 2015-01095, desconoció el precedente jurisprudencial sobre la temática puesta en su conocimiento, incurriendo con ello en un defecto de procedibilidad del amparo invocado con la fuerza suficiente para quebrantar la actuación reprochada.

2.1. En efecto, para que el despacho acusado, mediante la sentencia dictada el 18 de abril de 2018, revocara parcialmente la decisión proferida por el juez a quo el 31 de marzo de 2017 y en su lugar ordenara «a la parte demandada MELBA BERNAL GUTIÉRREZ y JAMES ARROLLO (sic) BOTERO, restituir al demandante ALFARO OLMEDO MARÍN PALOMINO la parte pagada del precio que asciende a la cantidad neta de $ 55.000.000,oo, sin incluir indexación y reconocimiento de intereses alguno; reintegro que deberá hacerse dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, so pena de causar interés a la tasa del 6% anual de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil», tuvo en consideración aspectos jurídicos que ya han sido revaluados por este órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.

Ello porque al definir lo atinente a las prestaciones mutuas derivadas de la resolución del contrato de compraventa, el juzgador de instancia indicó que como el promitente comprador había incumplido obligaciones derivadas de la relación contractual, la disposición aplicable no lo era el artículo 1546 del Código Civil que refiere a la condición resolutoria del contrato, sino la contenida en el artículo 1932 ibídem titulada «resolución de la venta y restituciones mutuas».

Luego, aduciendo que la postura anterior es la que ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 15 de junio de 1993, y que las reglas sobre la interpretación de dicha norma y su aplicación las recogen los fallos de casación del 6 de julio de 2000 y 12 de marzo de 2004, precisó que la restitución del precio al «comprador incumplido» no conllevaba actualización monetaria sino que correspondía a «devolución nominal», para lo cual citó fallos de casación del 15 de enero, 12 de marzo y 4 de junio de 2004, que referían expresamente al tema.

2.2. En tales condiciones, si bien la motivación y conclusión a que llegó el enjuiciado se muestran consecuentes con los pronunciamientos jurisprudenciales allí esbozados, es necesario advertir que sobre las restituciones recíprocas surgidas tras la resolución del contrato, entre las cuales se encuentran los frutos y las sumas de dinero pagadas a título de precio, las Corte tiene actualmente una nueva postura según la cual, independientemente de que el beneficiario de tales prestaciones sea el contratante incumplido, no puede recibir desmejorada la cosa ni la cantidad de dinero que entregó al momento del negocio, al precisar:

«En razón de la resolución de la compraventa por incumplimiento del comprador, las partes se encuentran compelidas a verificar las restituciones recíprocas, por lo que el vendedor tiene derecho a que se le restituya la cosa entregada y los frutos que ésta hubiere producido. Por su parte, el comprador tiene derecho a que se le restituya el pago que haya realizado del precio de la cosa. Esta suma ha de ser real, es decir actualizada para el momento de esta sentencia, toda vez que la indexación de una suma de dinero no comporta un beneficio ni puede confundirse con los frutos civiles que ella produce, porque simplemente constituye el ajuste de su valor para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, pues de lo contrario se estaría devolviendo al comprador una cantidad muy inferior a la que entregó en realidad.

En este punto, resulta de trascendental importancia reconsiderar la posición asumida por esta Corte en sentencias como la de 21 de marzo de 1995, [S-036-95. Exp. 3328], 24 de octubre de 1994 [Exp. 4352], y 4 de julio de 2004 [Exp. 7748], en las cuales sostuvo que el contratante incumplido no tenía derecho a la indexación y, por tanto, debía soportar los efectos nocivos de la inflación. 

Al respecto, hay que precisar que no existe en la actualidad ninguna razón jurídica para continuar prohijando tal criterio, dado que el reconocimiento del valor real de la moneda para la fecha del fallo no es más que una consecuencia necesaria de la aplicación de los principios de justicia y equidad, así como del mandato legal que en materia de restituciones recíprocas ordena devolver ni más ni menos que la suma de dinero que fuera inicialmente entregada. 

Desde luego que regresar a uno de los contratantes la cantidad nominal de dinero que éste dio en un comienzo, comportaría una de dos hipótesis: a) Devolverle menos de lo que entregó, en el caso de que entre dicho lapso haya ocurrido el fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos de la inflación; o b) restituirle más de lo que abonó, si fue que en ese lapso se revaluó la moneda en razón de la deflación, lo que es muy poco probable que ocurra en nuestra economía, aunque no es una hipótesis del todo descartable. En uno u otro evento es preciso ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor de una de las partes, independientemente de si quien debe recibir la prestación es o no deudor incumplido. 

El hecho que el vendedor cumpla su obligación no le autoriza a lucrarse del incumplimiento de su contraparte mediante la devolución de una suma envilecida. Por ello, ante el principio general de que el acreedor que cumple no puede enriquecerse a costa del deudor que incumple, es necesario que aquél reciba únicamente las prestaciones a que tiene derecho, sin que sea posible imponer al deudor incumplido gravámenes adicionales o sanciones que la ley no contempla. El contratante incumplido está obligado a pagar la indemnización de perjuicios a la que hubiere lugar, pero las prestaciones recíprocas a que da lugar la resolución del contrato de compraventa es una situación completamente distinta a la indemnización de perjuicios: ambas figuras tienen una naturaleza, un origen legal y una finalidad diferente, por lo que no pueden confundirse. 

En ese orden, si al vendedor se le restituye un bien inmueble valorizado por el simple paso del tiempo, no sería justo ni equitativo que el comprador recibiera, a su vez, una suma de dinero depreciada, ya que no se le estaría devolviendo la misma cantidad que aportó inicialmente sino una muy inferior por los efectos de la devaluación, es decir que no se estaría cumpliendo a cabalidad con el mandato que el artículo 1932 del Código Civil establece para el caso de la resolución del contrato, puesto que las cosas no se estarían retrotrayendo al estado anterior sino que se le estaría imponiendo al deudor incumplido una sanción que la ley civil no consagra. 

Tal sanción o pena, además, se impondría de manera arbitraria y escaparía de todo parámetro objetivo, toda vez que dependería exclusivamente del azar, es decir de la variación del valor de la moneda en el tiempo, según las imprevisiones de la economía. 

Tampoco es correcto afirmar que con el reconocimiento de la indexación se estaría prohijando el incumplimiento de las obligaciones contractuales, porque la depreciación de la moneda es un hecho económico con implicaciones sociales que obedece a una lógica completamente distinta a las consecuencias que se imponen por incumplir un contrato. El reconocimiento del valor de la moneda nada tiene que ver con las disposiciones legales que ordenan que ante la resolución de un contrato las cosas vuelvan al estado anterior, independientemente de la razón por la que se haya declarado la ruptura del vínculo obligacional. 

Sin embargo, nada obsta para que las partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, pacten en forma anticipada la suma de dinero que habría de reconocer el comprador por concepto de los frutos producidos por el inmueble, en razón de haber mantenido la tenencia del mismo durante cierto tiempo» (CSJ, SC11287-2016, 17 ago. 2016, Rad. 2007-00606-01).

A lo anterior habría de añadirse que en materia de restituciones mutuas derivadas de la declaratoria de resolución del contrato de compraventa, éstas deben reconocerse aunque no se hubieran invocado en la demanda o en las excepciones, ya que constituyen imperativos legales en virtud a lo previsto por los artículos 1546 y 1932 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, entre otras disposiciones.

3. Así las cosas, como la situación que plantearon los acá accionantes se enmarca dentro de aquella que esta Corporación ha estudiado y resuelto en las condiciones que acaban de verse, la autoridad accionada incursionó en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial que definió la concreta temática bajo estudio, y transgredió de manera directa los derechos superiores invocados por los demandantes.

Sobre el precedente judicial como causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un desconocimiento de precedente de forma autónoma, y en cuando a la primera modalidad indicó que se produce cuando una autoridad judicial:

«“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”» (CC SU-298/2015).

Ahora, aparte del precedente constitucional, el jurisprudencial que obliga al fallador es el de naturaleza vertical, frente a lo cual esta Sala ha sostenido que: «los jueces “están perfectamente facultados para decidir de manera independiente y autónoma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, sólo recae cuando aquél proviene de un superior jerárquico, mas no como aquí acontece con otros funcionarios situados en el mismo vértice o en grado inferior de la estructura de la administración de justicia, evento en el cual lo único exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada” (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, Exp. T 01892-01 y 2279-01)» (CSJ STC, 11 oct. 2013, Rad. 01713-01 reiterada entre otras en STC5300-2017, 19 abr. 2017, Rad. 00006-01).

4. Corolario de lo discurrido, se confirmará el fallo objeto de impugnación, mediante la cual se concedió el resguardo implorado y como consecuencia se impartió la orden respectiva al funcionario encartado para que renueve la actuación invalidada, atendiendo las motivaciones que dieron lugar a la concesión del auxilio.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad envíese el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.