Sentencia STC8885-2016/2016-00743 de junio 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación 11001-02-04-000-2016-00743-01

STC8885-2016

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el tres de mayo de dos mil dieciséis por la Sala de Casación Penal de esta corporación, en la acción de tutela promovida por Carmen Teresa Lara de Aragón y Luis Guillermo Aragón Bustamante contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga; trámite constitucional al cual se ordenó vincular al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja (Santander) y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la verdad, justicia y reparación integral, que consideran vulnerados por la sede plural accionada, al alterar la sentencia condenatoria cuando esta ya se encontraba ejecutoriada, para favorecer a los terceros civilmente responsables con los efectos de la declaratoria de prescripción de la acción penal y civil contra el procesado, pese a que la jurisprudencia existente sobre la materia no permite tal proceder.

Pretenden, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias emitidas los días 14 de octubre de 2014 y 14 de marzo de 2016 y en su lugar, se ordene reconocer los derechos de las víctimas, incluyendo a la señora Ana Teresa Ospino o, subsidiariamente, se deje en firme la condena en perjuicios (fls. 1-19, cdno. 1).

B. Los hechos

1. El 15 de enero de 2005, en la vía La Lizama San Alberto km 36, en el sitio conocido como puente La Gómez, colisionó el tractocamión de placas SVJ230 con el bus de placas SOJ230 conducido por José Libardo Barrera Calderón, de propiedad de Jorge Enrique Gómez Sandoval, el cual se encontraba afiliado a la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega, hecho en el cual fallecieron 28 pasajeros del último rodante, entre ellos, dos hijos y la madre y suegra, respectivamente, de los tutelantes.

2. El 3 de septiembre de 2009, la Fiscalía 4ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra el conductor del vehículo de transporte público, como probable responsable de los delitos de homicidio culposo en concurso homogéneo y simultáneo y lesiones personales culposas, al haber invadido el carril contrario por el que se desplazaba el tractocamión involucrado en el siniestro.

3. La fase de juzgamiento correspondió por reparto al Juzgado 3º Civil del Circuito de Barrancabermeja, que llevó a cabo la audiencia preparatoria el 15 de septiembre de 2010.

4. El juicio, por su parte, tuvo lugar el 14 de marzo de 2013.

5. Los accionantes en calidad de padres de los jóvenes Luis David (q.e.p.d.) y Sandra Milena Aragón Lara (q.e.p.d.) e hija y yerno, respectivamente de la señora Ana Teresa Ospino (q.e.p.d.), presentaron demanda de parte civil contra el procesado y la Cooperativa Multiactiva de Transportes Omega, como tercero civilmente responsable.

6. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2015, el juzgador de la causa, declaró al acusado responsable de las conductas delictivas endilgadas y le impuso las penas de 36 meses de prisión, multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y privación del derecho a conducir por el término de 42 meses. Así mismo, condenó al penado, a Jorge Enrique Gómez Sandoval y a la Cooperativa de Transportadores Omega, al pago solidario de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios para los familiares de las víctimas fatales del accidente y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para los lesionados (fls. 24-100, cdno. 1).

7. Tras ser impugnada la decisión, mediante providencia del 13 de agosto de 2015, el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró la prescripción de la acción penal y la cesación de procedimiento a favor del procesado en relación con el delito de lesiones personales culposas; en consecuencia, redujo la pena privativa de la libertad a 30 meses, la de privación del derecho a conducir a 40 meses y la de perjuicios a 120 smmlv, esto es, dedujo los 50 smmlv tasados en primera instancia por los daños causados a los lesionados.

8. El 1º de septiembre de 2015, la cooperativa de transportadores condenada, impetró recurso extraordinario de casación y, en escrito separado, solicitó adicionar o complementar el fallo de segundo grado, en el sentido de emitir pronunciamiento en relación con la prescripción de la acción penal por los delitos de homicidio culposo.

9. El 6 de octubre de 2015, el tribunal accionado negó la adición invocada, mas, de manera oficiosa, declaró la extinción de la acción penal por la referida conducta punible, en virtud de haber operado el fenómeno de la prescripción, pues desde la fecha de ejecutoria de la resolución acusatoria - 9 de junio de 2010, transcurrió el término establecido por el legislador para la operancia de tal figura jurídica —5 años—, sin que el fallo de condena hubiese cobrado firmeza.

10. De nuevo, la empresa transportadora solicitó adicionar la providencia atrás reseñada, a fin de que se declarara que la acción civil también prescribió, de conformidad con los parámetros que sobre la materia se impartieron en sentencia dentro del radicado 35.406 del 19 de enero de 2011 de la Sala de Casación Penal de esta Corte.

11. El 14 de enero de 2016 la sede plural cuestionada, accedió a lo peticionado y en esa medida, complementó la declaratoria de prescripción, en el sentido de señalar que tal determinación también comprende la acción civil en lo que concierne “... al procesado (...), la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. y el señor Jorge Enrique Gómez Sandoval”.

12. En criterio de los peticionarios del amparo la actuación acabada de reseñar, vulnera sus derechos fundamentales como víctimas, pues sin necesidad de ejercitar el recurso idóneo para atacar el fallo de segunda instancia, los terceros civilmente responsables obtuvieron la declaratoria de prescripción de la condena pecuniaria que les fue impuesta, cuando la jurisprudencia sobre la materia es clara en que tal fenómeno jurídico únicamente tiene la virtualidad de favorecer al penalmente responsable (fls. 1-19, cdno. 1).

C. El trámite de la primera instancia.

1. El 18 de abril de 2016, la Sala de Casación Penal de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 118, cdno. 1).

3(sic). El Tribunal Superior de Bucaramanga realizó una breve reseña de su actuación y argumentó que los tutelantes no hicieron uso del recurso de reposición procedente contra la decisión que estiman lesiva de sus garantías fundamentales, por lo que improcedente se torna su solicitud de resguardo (fls. 126-127, cdno. 1).

A su turno, la defensa del procesado en el juicio penal, coincidió con el criterio de la sede judicial accionada, en relación con la insatisfacción del requisito de la subsidiaridad (fls. 140-141, cdno. 1).

Por su parte, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Barrancabermeja, remitió ejemplar de la sentencia de primera instancia dictada en el asunto y señaló que desconoce las decisiones censuradas por esta excepcional vía (fls. 142-143, cdno. 1).

3. En sentencia de 3 de mayo de 2016, la Sala de Casación Penal de esta corporación negó el amparo invocado al no observar “... la vía de hecho señalada por los accionantes...”, pues advirtió que la decisión estaba fundamentada en el precedente jurisprudencial del 23 de abril de 2008, dictado en la actuación radicada con el Nº 28396 de cuyo contenido citó los apartes que estimó pertinentes (fls. 229-247, cdno. 1).

4. En desacuerdo con la decisión, la accionante la impugnó. Para sustentar su censura, insistió en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y puso de relieve que para la fecha del auto cuestionado, no contaba con la representación de un profesional del derecho y por tanto desconocía que podía recurrir esa decisión (fls. 152-154, cdno. 1).

II. Consideraciones

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administración de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo trámite, con detrimento de las garantías reconocidas por la Constitución Política a las personas.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se estructura cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera los derechos fundamentales de las partes, intervinientes o terceros.

2. En el caso sub judice, como resultado del análisis de la decisión emitida por el tribunal accionado el 14 de marzo de 2016, se advierte que la citada autoridad judicial transgredió los derechos fundamentales al debido proceso y a la recta impartición de justicia de los promotores del amparo, tras incurrir en un defecto sustancial por indebida aplicación de la normatividad y el precedente jurisprudencial que regula la materia, situación ante la cual se hace necesaria la intervención del juez constitucional.

En efecto, observa la Sala que en el referido proveído la autoridad accionada accedió a hacer extensivos los efectos de la declaratoria de prescripción de las acciones penal y civil dictada a favor del procesado, a los terceros civilmente responsables, por considerar que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, citada por la homóloga de Casación Penal en sentencia del 23 de abril de 2008, rad. 28396, la empresa de transportes Omega Ltda., debe responder de manera directa por el daño ocasionado con los punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas y, por ende, concluyó el fallador cuestionado, el término de prescripción de la acción civil es el mismo que se toma en cuenta para determinar el lapso extintivo en el caso del penalmente responsable.

Para soportar su determinación, el juzgador aseveró que “... la persona jurídica denominada comercialmente Omega Ltda., según el criterio jurisprudencial condensado con anterioridad, tiene el deber legal de reparar el daño causado por la conducta culposa del procesado dado que este, actuando en ejercicio de sus funciones y objeto social —el transporte masivo de pasajeros—, de acuerdo a leyes civiles que regulan el ejercicio de actividades peligrosas, detenta una virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de otro, derivada de la obligación de vigilancia y control.

(...).

... lo anterior también denota que la prescripción de la acción penal envuelve la acción civil ejercida dentro del mismo con ocasión del delito, tratándose de sujetos que deben responder solidariamente —tal es el caso de las personas jurídicas que patrimonialmente se asimilan a verdaderos autores del evento dañoso— de modo que la acción civil prescribe en tiempo igual al de la prescripción...”.

Sin embargo, desconoció la sede plural, de un lado, que el asunto que se analizó en el pronunciamiento jurisprudencial que sirvió de soporte a su determinación, hacía alusión a una cuestión absolutamente diversa a la que planteaba el caso bajo estudio y, de otro, que existen abundantes pronunciamientos del máximo órgano de la jurisdicción penal ordinaria, acerca de la imposibilidad del juez de esa especialidad, de entrar a definir cuestiones relacionadas con los terceros obligados por ley a reparar los daños ocasionados con una conducta punible, cuando opera el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal y civil a favor del penalmente responsable.

3. Sobre lo primero, de una cuidadosa lectura a la sentencia de casación emanada por la homóloga penal el 23 de abril de 2008, dentro del radicado 28396, puede establecerse sin mayor esfuerzo que lo que allí estableció la alta magistratura, fue que una empresa transportadora, condenada en primera y segunda instancia como tercero civilmente responsable a indemnizar a las víctimas de un delito, no podía alegar con acierto que la acción civil prescribió a su favor por disposición del artículo 2358 del Código Civil, que fija el lapso para tal figura en tres (3) años(1).

Postura que no fue acogida por la Corte, luego de recordarle al casacionista que de acuerdo con la posición de esta Sala, la existencia de un vínculo de dependencia entre la empresa transportadora y el autor material del ilícito, convertía a la primera en responsable directa de la reparación de perjuicios y por ende, emitidas las sentencias condenatorias penales oportunamente, no podía pretender que se declarara la prescripción de la acción civil en su favor, pues aunque la recurrente fue vinculada como tercero civilmente responsable, “... se trata de una persona jurídica dedicada al transporte de pasajeros, y el procesado en el momento de los hechos justamente desempeñaba esa función, como empleado de dicha empresa. Por tal razón, la responsabilidad civil extracontractual de Expreso Palmira S.A. es directa y, en tal virtud, el término de la prescripción de la acción adelantada en su contra es igual al máximo de la pena que la ley señale para el delito investigado, sin que el mismo sea superior a 20 años, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia y la doctrina nacionales”.

En tal virtud, en ese caso, la Sala Penal de esta corporación concluyó que como la empresa transportadora es considerada por la jurisprudencia civil como una responsable directa por los daños ocasionados por sus dependientes en el desarrollo de su objeto social, no podía pretender que, en aplicación de una norma del código civil (art. 2358), establecida para los terceros, se declarara que la acción civil prescribió a los tres años de la ocurrencia del hecho dañoso, cuando la justicia penal dictó las decisiones de mérito antes de la ocurrencia del referido fenómeno extintivo.

En otras palabras, lo que determinó la Sala de Casación Penal en aquella oportunidad, fue que mientras el Estado no pierda su potestad punitiva, verbi gracia, por el paso del tiempo, la acción civil dentro del juicio penal contra los directamente obligados a reparar los perjuicios derivados de la conducta delictiva, tendrá un lapso de prescripción igual al previsto para la acción penal.

4. Lo anterior, no equivale, bajo ninguna circunstancia a decir que la prescripción de la acción penal y civil en favor del penalmente responsable debe hacerse extensiva al tercero, aunque este deba responder de manera directa por el daño ocasionado, pues la normatividad penal es absolutamente diáfana al indicar que “[l]a acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.

Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.

En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (L. 600/2000, art. 96).

En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio. De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes.

De acuerdo con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo 2.358 ejusdem.

5. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia civil.

Así, de tiempo atrás, los pronunciamientos de la homóloga de Casación Penal, han sido consistentes en defender tal postura, cuando, por ejemplo, en providencia del 25 de octubre de 2005, rad. 18748, se negó la reposición presentada por la parte civil con el fin de que se aclarara si la prescripción de la acción penal afectó la responsabilidad civil de los procesados, con fundamento en que:

“... las legislaciones penal y procesal penal no abarcan completamente ni agotan el tema relativo a los efectos en materia civil de la prescripción de la acción penal; sino que, para especificar tales efectos se hace remisión al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil, siendo, por tanto, del resorte de la jurisdicción civil determinar si aún puede ejercitarse o proseguirse la acción civil dentro de alguno de los procesos de esa naturaleza. De otra parte, porque dado el carácter dispositivo de las acciones civiles, la normatividad procesal civil radica en cabeza del interesado la facultad de incoar alguna de esas acciones, de donde resulta que no corresponde a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal orientar el sentido de la actuación subsiguiente de los sujetos procesales.

(...).

En ese orden de ideas, corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil definir si en el presente caso puede adelantarse o proseguirse un proceso civil, o si la acción civil quedó interrumpida por la admisión en el proceso penal de la demanda de constitución de parte civil; máxime que, precisamente por haber operado la prescripción en materia penal, feneció para el juez penal la facultad jurídica de determinar los extremos de la responsabilidad civil que pudiere aparejar la responsabilidad penal”.

El mismo criterio fue expuesto más adelante en decisión del 10 de diciembre de 2008, rad. 30108, donde se repuso parcialmente el auto que inadmitió una demanda de casación y declaró la prescripción de la acción penal respecto de uno de los delitos investigados, se dijo:

“... si las acciones penal y civil que permitieron la vinculación del tercero civilmente responsable prescribieron, no es posible que un juez penal prosiga acción alguna contra este sujeto procesal, pues su vinculación a un proceso penal dependió o estuvo condicionada a la existencia y vigencia de aquellas. Extintas, la suerte del tercero deberá ser definida por un juez de la órbita civil de la jurisdicción.

Tal aspecto quedó claro en la decisión que cita el recurrente(2)(2), en la cual señaló la Corte:

“Es de anotar que la declaratoria de prescripción no cobija al tercero civilmente responsable porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal, la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. Con arreglo a la misma normativa, en los demás casos se aplican las normas pertinentes de la legislación civil”.

(...).

Desde luego que en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente adjetivo, una posición racional señala que habiéndose suscitado ya una acción contra el tercero civilmente responsable, el funcionario judicial competente de acuerdo a las normas pertinentes de la legislación civil, habrá de tomarla en el estado que ella se encuentre, de allí que para clarificar el asunto, se repondrá la providencia recurrida para precisar que la declaratoria de prescripción que allí se hizo no cobija al tercero civilmente responsable” (negrilla original).

En el mismo sentido, en sentencia del 19 de enero de 2011, Rad. 35.406, la Sala de Casación Penal, reiteró el contenido de la decisión emitida el 31 de marzo de 2008, Rad. 29168, donde puntualizó:

“... “En el primer cargo, la demandante parte de un presupuesto absolutamente cierto: la prescripción de la acción civil contra el tercero civilmente responsable se rige exclusivamente por los preceptos de esa legislación, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

“Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.

Los “demás casos” a los que se refiere la norma, solo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (L. 599/2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (L. 600/2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a “las normas pertinentes de la legislación civil”.

d) La misma línea de pensamiento jurídico viene siendo corroborada en los radicados 29.906 (12-08-08) y 33.334 (21-4-2010), entre otros.

e) Atendiendo lo anotado en precedencia, la Sala puntualiza que la declaratoria de prescripción de la acción penal no abarca al tercero civilmente responsable y al llamado en garantía, porque de acuerdo con lo dispuesto en el precepto 98 de la Ley 599 de 2000, la acción civil proveniente de la conducta antijurídica, cuando se ejerce al interior del proceso penal prescribe en relación con los penalmente responsables, en tiempo equivalente al de la respectiva acción punitiva; en los demás eventos —como los que se analizan aquí: terceros civilmente responsables y el llamado en garantía— aplican las normas pertinentes de la legislación civil.

Se adiciona a lo precedente, que el fenómeno de la prescripción penal aquí declarado, no subsume o favorece a aquellos sujetos procesales que de acuerdo con la ley sustancial deben salir a reparar el daño de manera solidaria.

(...).

También es evidente, que con ocasión del presente auto, no se ordenará la prescripción de la acción civil respecto a los mencionados tercero civilmente responsable y al llamado en garantía, por cuanto con el advenimiento del fenómeno prescriptivo a favor del hoy condenado, él no acredita ni avala la cosa juzgada civil, pues en esta área del derecho, rige exclusivamente dicha normatividad sobre la penal; por tanto quedan en libertad los interesados, para acudir o no, a esa especial jurisdicción, con el fin de activar sus pretensiones sobre la ocurrencia del daño creado por el ejercicio de una actividad peligrosa” (negrilla para resaltar).

En una decisión más reciente, la homóloga penal insistió:

“... El tema ya ha sido resuelto por la Corte, al dar aplicación al artículo 98 de la Ley 600 de 2000, según el cual la acción civil contralospenalmenteresponsables, prescribe en un término igual al de la acción penal. Así se indicó en el auto 40951 del 10 de abril de 2013, decisión en la cual se citan pronunciamientos anteriores en los que se distingue entre la prescripción de la acción civil contra el penalmente responsable cuando se ejerce al interior del proceso penal, situación en la que no hay duda acerca de que la vigencia de aquella depende de la prescripción de la acción penal, y los casos en los que para obtener el restablecimiento del derecho, la acción civil se ejerce al interior del proceso penal contra quienes no realizaron el comportamiento delictivo como por ejemplo los terceros civilmente responsables.

(...).

Corolario lo anterior, la Sala reitera su decisión de declarar la prescripción de la acción penal y civil respecto de Elber Humberto Mosquera por ser quien ostenta la condición de penalmente responsable, pero en lo relativo a la empresa transportadora, el propietario del vehículo y el llamado en garantía, la prescripción de la acción civil se regirá por las normas establecidas para el efecto en dicha legislación, quedando la parte afectada en libertad de acudir a dicha jurisdicción para reclamar el restablecimiento del derecho, siempre que las normas civiles así lo permitan”.

La postura jurisprudencial que viene de reseñarse, permanece vigente y de ello dan cuenta las decisiones que en la misma línea de pensamiento continúa emitiendo la Sala de Casación Penal de esta Corte, como puede extraerse, entre muchas otras, de la decisión dictada el pasado 14 de octubre de 2015, dentro del radicado 46752, en la cual se reiteró que:

“... de entrada puede advertirse falta de interés en lo propuesto por los profesionales del derecho que asumen la representación de la parte civil, en tanto, buscan que perviva la posibilidad de adelantar el cobro de perjuicios a los terceros civilmente responsables, pasando por alto que precisamente ello fue lo que, en seguimiento de la ley, dejó a salvo la Corte en la decisión controvertida, al extremo que en el numeral primero de la misma, expresamente se anotó que la prescripción de las acciones penal y civil solo abarca al acusado.

Pero además, para evitar equívocos, en el numeral cuarto de la parte resolutiva también de manera expresa se advirtió que respecto de los terceros civilmente responsables no opera la decisión de prescripción de la acción civil y será la jurisdicción civil la encargada de examinar el tema.

No se entiende, así, porqué en soporte de su tesis los recurrentes aseveran que la suerte de la prescripción dispuesta en el proceso penal no abarca a los terceros civilmente responsables, e incluso se cita jurisprudencia reiterada de la Sala que resuelve el tópico, cuando precisamente en seguimiento de tan precisos postulados el auto atacado dejó a salvo la acción civil en lo que toca con el poseedor del vehículo y la empresa transportadora que lo afiliaba.

Huelga anotar que lo decidido lejos de afectar a los recurrentes, avala su postura y, en consecuencia, la controversia planteada aparece injustificada, cuando no carente de soporte, lo que conduce a predicar absoluta falta de interés en lo impugnado.

(...).

Ello no obsta, desde luego, para que respecto de los terceros civilmente responsables —no afectados con la prescripción determinada aquí—, se adelanten las correspondientes acciones ante la jurisdicción civil, que será la encargada de determinar si sigue vigente o no esta facultad de las víctimas” (negrilla para resaltar).

6. Bajo este panorama, como se indicó al inicio de estas consideraciones, es irrefutable que el Tribunal Superior de Bucaramanga incurrió en defecto sustancial en el auto cuestionado, al interpretar de manera equivocada el precedente que aplicó al caso, así como desconocer la abundante jurisprudencia que en sentido totalmente opuesto a su decisión, ha elaborado la Corte Suprema de Justicia, situación que vulneró de manera ostensible el derecho fundamental al debido proceso de los tutelantes, en tanto al haber promovido oportunamente la demanda de parte civil dentro del proceso penal, estos tienen derecho a que la jurisdicción civil defina los asuntos concernientes a la responsabilidad originada en el homicidio culposo de sus familiares.

Y si bien contra la determinación cuestionada procedía el recurso de reposición como se anotó en su parte resolutiva, herramienta jurídica que los quejosos no ejercitaron, es lo cierto que la jurisprudencia de esta Sala, ha reconocido que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por vía de tutela, excepcionalmente es posible “proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal” (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00).

En idéntico sentido se ha admitido que en atención a la esencia de la acción de tutela, “esta no puede verse limitada por formalismos jurídicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad está supeditada a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiaridad, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protección” (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013- 00093-01).

7. En orden a las anteriores consideraciones, la Sala revocará la decisión que por vía de impugnación se ha revisado y en su lugar, otorgará la protección constitucional invocada.

No es posible, sin embargo, acceder a las pretensiones de los tutelantes, en la medida en que como aquí se estableció, las sentencias de condena de primer y segundo grado dictadas contra el penalmente responsable, perdieron vigencia al haber sido declarada válidamente la prescripción de la acción penal y civil en su favor, circunstancia que conlleva a que la orden de amparo a proferir por esta corporación consista en ordenar al Tribunal Superior de Bucaramanga dejar sin valor ni efecto la decisión adoptada mediante auto del 14 de marzo de 2016, para que en su lugar profiera un nuevo pronunciamiento en el que tenga en cuenta las consideraciones antes expuestas.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar CONCEDE la protección constitucional deprecada. En consecuencia, dispone:

1. ORDENAR al Tribunal Superior de Bucaramanga que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, deje sin valor ni efecto la decisión adoptada mediante auto del 14 de marzo de 2016, para que en su lugar profiera un nuevo pronunciamiento en el que tenga en cuenta las consideraciones aquí plasmadas.

2. COMUNÍQUESE lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Así reza la parte pertinente de la norma: “Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”.

2 Auto del 12 de agosto de 2008, radicación 29906.