Sentencia STC8909-2017 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Luis Armando Tolosa Villabona

STC8909-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-01328-00

(Aprobado en sesión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Derrotado el proyecto presentado inicialmente, se procede a decidir la tutela impetrada por Fabián Rojas Villa frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada por los magistrados Álvaro José Trejos Bueno y José Hoover Cardona Montoya, con ocasión del asunto de rendición provocada de cuentas iniciado por Wilson de Jesús Jaramillo Carrillo contra el aquí actor.

1. ANTECEDENTES

1. El querellante reclama la protección de las garantías al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantadas por la Corporación convocada.

2. En apoyo de su queja, señala que dentro del juicio censurado, el 19 de agosto de 2016, se emitió sentencia en su contra, condenándolo a pagar $ 16.892.105, “(...) por concepto de capital y utilidades no repartidas del contrato de tenencia de ganado, vigente entre el 20 de julio de 2007 al 20 de julio de 2009 (...)”.

Ambos extremos procesales apelaron esa providencia. Así, el a quo concedió la misma y remitió las diligencias al tribunal acusado.

Aunque su abogado, “(...) cada semana, (...) en la página web (...)” de la Rama Judicial, verificaba el estado del decurso, nunca se fijó información sobre éste.

Sostiene que el 15 de marzo de 2017 el Colegiado querellado se reunió en audiencia y declaró desierta la alzada incoada por él, por cuanto su representante judicial no se presentó para su sustentación.

Como el extremo actor sí se encontraba en el recinto, éste fundamentó su remedio vertical y logró la modificación del fallo de primer grado en el sentido de “(...) entend[er] que el monto que debe ser pagado al demandante corresponde a la suma de cincuenta millones ciento veintiún mil novecientos pesos ($ 50.121.900) (...)”.

Con el proceder descrito se quebrantaron sus prerrogativas, por cuanto su apelación “(...) fue sustentada en [la] oportunidad legal (...), [pues,] de lo contrario, el juez de primera instancia no l[a] habría aceptado y ordenado dar trámite ante el superior (...)”.

Agrega que la autoridad denunciada valoró indebidamente las pruebas porque adoptó su decisión “(...) bajo el argumento de que no existía ninguna certificación de pago debidamente soportada documentalmente (...)”, desconociendo con ello los testimonios recepcionados en su favor.

Por último, asegura que sólo se enteró de la actuación criticada cuando el a quo profirió el auto de 25 de abril de 2017, estándose a lo resuelto por su superior.

3. Exige, por tanto, dejar sin efecto la providencia del tribunal y resolver la alzada por él propuesta.

4. Mediante proveído de 7 de junio de 2017, se dispuso remitir la presente acción de amparo al despacho de este magistrado, tras derrotarse la ponencia del inicialmente cognoscente.

1.1. Respuesta del accionado.

Guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES

1. El promotor reprocha (i) la deserción de la alzada formulada por él contra el fallo emitido en primera instancia en el juicio confutado; y (ii) la sentencia proferida por el tribunal, mediante la cual modificó la del a quo para condenar al actor al pago de $ 50.121.900.

2. Escuchada la diligencia de 15 de marzo de 2017, donde se dictaron las dos providencias cuestionadas, se concluye el fracaso de este reparo, frente a la declaratoria de deserción del recurso de apelación incoado por el tutelante contra la sentencia de primer grado, por ausencia de arbitrariedad en la gestión de la corporación accionada; no obstante, la aducida sustentación presentada ante el a quo.

Ciertamente, se observa que en proveído de 23 de enero de 2017 se citó a los extremos procesales para la data atrás mencionada con el fin de “(...) llevar a efecto la audiencia de sustentación y fallo (...) (inciso segundo del artículo 327 del CGP) (...)”, determinación comunicada en el estado del día 23 siguiente.

Como el apoderado del tutelante no concurrió en la fecha establecida, el remedio vertical propuesto por éste fue declarado desierto, cuestión apoyada en lo normado en el numeral 3º del canon 322 del vigente Código General del Proceso(1).

Debe precisarse que si bien el gestor aduce como justificación de su omisión el hecho de no haberse publicado en la página web de la Rama Judicial la providencia antes descrita, esa circunstancia no es de recibo, pues de antaño esta Corporación ha sostenido que los sistemas de información son herramientas de comunicación; empero, no constituyen medios de notificación, por lo cual le corresponde a los interesados acudir a los despachos y revisar directamente los procesos.

Sobre lo argüido esta Corte expresó:

“(...) Es de ver que el sistema de gestión constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento efectivo de sus cometidos, en particular, otorgar publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que permite a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia. Sin embargo, la información que se da conocer en los computadores (...) son ‘meros actos de comunicación procesal’ y no medios de notificación, por lo mismo los apoderados no quedan exonerados de la vigilancia necesaria sobre los expedientes, más si (...) los datos allí contenidos apenas dan cuenta de la historia y evolución general de los procesos cuyo seguimiento interesa a las partes y no necesariamente informan de su contenido integral. En suma, no hay error en la información, y tomada como mera indicación, debió provocar la consulta del usuario quien en la omisión resulta ser presa de su propio error(2)(...)”.

“(...)”.

A la luz de lo discurrido, resulta evidente que la ausencia de enteramiento referida por la tutelante (...) solamente resulta atribuible a su falta de vigilancia directa del expediente, lo cual, como acaba de verse, no se satisface con el seguimiento virtual de las actuaciones procesales inscritas en el sistema (...), por no ser este, se insiste, un medio de notificación legal (...)”(3).

Ahora bien, tampoco resulta correcto sostener, como lo hace el tutelante, que las cuestiones aducidas en el escrito con el cual formuló la apelación contra el fallo del a quo eran suficientes para darle curso.

Lo esgrimido porque como lo ha aseverado esta Corte en recientes oportunidades, quien apela una sentencia no sólo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto de esa decisión, sino acudir ante el superior para sustentar allí ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales.

En torno a lo discurrido, esta colegiatura en casos análogos y de manera unánime, ha indicado:

“(...) [Aunque] el apoderado apeló la sentencia estimatoria dictada en audiencia de 3 de marzo de 2016 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla y le fue concedido el recurso en el efecto suspensivo, no compareció a la diligencia programa por el superior para la sustentación el 30 de agosto de 2016 y ante ello se declaró desierto con base en las siguientes disposiciones del Código General del Proceso:

El inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 establece: «al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustanciación que hará ante el superior» (subraya la Corte) (...)”.

El inciso 4º de dicha preceptiva, prevé que: «Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado» (negrillas y subrayas fuera del texto) (...)”.

Al respecto esta Sala ha sostenido que «el legislador previó como sanción la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisión, al momento de presentar la impugnación en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentación de los mencionados reparos ante el superior» CSJ STC11058-2016, 11 ago. 2016, rad. 02143-00, entre otras). Subraya la Sala. (...)”(4).

En otro asunto equiparable, esta Corporación negó la salvaguarda peticionada, motivando:

“(...) [D]el auto del colegiado no emerge irregularidad con entidad suficiente como para permitir la intromisión de esta particular justicia. Adviértase, el juzgador expresó:

Teniendo en cuenta que el actor popular (...) no se ha hecho presente a esta audiencia, como lo anunció en escrito que obra a folio 12 del cuaderno de segunda instancia, aduciendo amenazas de muerte en su contra, sin que allegara prueba alguna de tales declaraciones, entonces esta Magistratura declara desierto el recurso en los términos del artículo 322 del Código General del Proceso que le impone la carga de sustentarlo en esta audiencia”.

La inconformidad del interesado con el pronunciamiento reseñado por ser adverso a sus intereses no le abre paso a esta particular justicia, por cuanto se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el pleito examinado, pues, la providencia fue el producto del estudio realizado al acervo demostrativo aportado, a la luz de las reglas jurídicas pertinentes (...)”(5).

3. En relación con la oportunidad para interponer y sustentar el remedio vertical, esta Colegiatura recientemente esgrimió:

“[D]ándole un sentido integral al artículo 322 de[l Código General del Proceso], se tiene que de acuerdo a su numeral 1º, cuando la providencia se emite en el curso de una audiencia o diligencia, la apelación «deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada», a lo que seguidamente indica que de todos los recursos presentados, al final de la audiencia el juez «resolverá sobre la procedencia (...) así no hayan sido sustentados».

Significa lo anterior que una es la ocasión para interponer el recurso que indudablemente es «inmediatamente después de pronunciada», lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que tratándose de sentencias presenta una estructura compleja, según la cual la sustentación debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada «ante el superior», conforme lo contemplan los incisos 2º y 3º del numeral 3º del citado canon 322 (...)”.

En tal sentido, el segundo de los apartados de la preceptiva en cita establece: «al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustanciación que hará ante el superior» (...)”.

Conforme a la disposición bajo estudio, para la presentación de esos concretos y determinados reparos que deben realizarse para habilitar la apelación de una sentencia dictada en audiencia, se establecen dos oportunidades: (i) al momento de interponer el recurso, que como se sabe debe realizarse de manera inmediata a su pronunciamiento y (ii) dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de dicha audiencia (...)”.

Este entendimiento lo expresó la Sala al señalar que:

«4.5.2. Respecto al momento en que el memorialista debe “precisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior”, la ley hace la misma diferenciación dependiendo de si tal resolución se dictó en forma oral o escrita. 

Así, determina que si la providencia “se profirió en audiencia”, el interesado podrá cumplir la referida carga i) bien “al momento de interponer el recurso” o ii) “dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización”. Empero, de haberse emitido «por fuera de audiencia”, deberá hacerlo “dentro de los tres (3) días siguientes a [...] la notificación”. (CSJ, STC10557-2016, 3 ago. 2016, rad. 2016-00608-01) (...)”.

Como resultado de la interpretación dada a la norma en cita, de su secuencia lógica surge lo preceptuado en el inciso final del numeral 3º, al señalar que «Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral», y para afianzar indica que «El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado» (...)”.

“(...) Ciertamente, esta corporación, mediante reciente pronunciamiento aclaró: (...) ante la evidente contradicción que al respecto ofrecen las citadas providencias, la Sala entra a estudiar nuevamente el tema y, atendiendo el contenido de la norma adjetiva en comento, precisa que:

“(...)”.

c) Frente al momento en que el recurrente debe «precisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior», la norma establece que:

— Si la sentencia se «profiere en audiencia», podrá cumplir dicha carga, (i) «al momento de interponer el recurso» o, (ii) «dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización».

— Si se emite «por fuera de audiencia», le corresponderá efectuar el señalado acto procesal i) «dentro de los tres (3) días siguientes a [...] la notificación»

d) Se declarará desierto el medio vertical «cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada» (CSJ, STC15304-2016, 26 oct. 2016, rad. 00174-01, reiterada en STC16932-2016, 23 nov 2016, rad. 00305) (...)”(6).

Ahora bien, de lo consignado en el canon 322 ídem, se desprenden diferencias en torno a la apelación de autos y sentencias, aspecto sobre el cual esta corporación reciente y unánimemente, expuso:

“(...) a) Para los primeros, el legislador previó dos momentos, uno relativo a la interposición del recurso, el cual ocurre en audiencia si la providencia se dictó en ella o, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión controvertida si se profirió fuera de aquélla; y, dos, la sustentación, siendo viable ésta en igual lapso al referido si el proveído no se emitió en audiencia o al momento de incoarse en la respectiva diligencia, todo lo cual se surte ante el juez de primera instancia (...)”.

b) En cuanto a las segundas, el remedio vertical comprende tres etapas, esto es, (i) su interposición y (ii) la formulación de reparos concretos, éstas ante el a quo, y (iii) la sustentación que corresponde a la exposición de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisión, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada. Dichos actos se surten dependiendo, igualmente, de si el fallo se emite en audiencia o fuera de ella, tal como arriba se expuso (...)”(7).

4. De lo hasta ahora recapitulado, se infiere que tratándose de autos esta Sala ha identificado como fases del recurso de apelación, en primera instancia: interposición del recurso, sustentación, traslados de rigor y concesión; y, en segunda: la inadmisión o admisión y decisión. Para las sentencias, en primera instancia; interposición, formulación de los reparos concretos y concesión; y, en segunda, admisión o inadmisión con su ejecutoria, fijación de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentación oral y sentencia.

Por tanto, ningún desafuero se encuentra en la decisión del tribunal relativa a declarar la deserción de la alzada propuesta por el tutelante, pues, se insiste, de un lado, aquél debió consultar el expediente de manera directa para enterarse de las determinaciones allí adoptadas, tales como la fecha para la audiencia de sustentación de su recurso y, de otro, por cuanto le correspondía acudir a esa diligencia y fundamentar el remedio vertical ante el superior, tal y como lo prevé el reseñado canon 322 ídem.

5. Sobre ese último aspecto, esta Corte estima pertinente señalar que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su título preliminar, establece sin ambigüedad la forma en la cual deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera “(...) oral, pública y en audiencias (...)”(8), como principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012.

Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administración de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, están compelidos a presentarse personalmente ante el juez para exponerle sus argumentos.

Lo anterior, sin duda, pugna por el respeto y garantía de principios trascendentales como los de oralidad, concentración, celeridad, contradicción e inmediación desarrollados en los cánones 4º y siguientes de la misma obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 ídem, prescriben la metodología a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aquéllos además de tener una duración razonable (art. 121 del CGP), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucción y juzgamiento.

La contundencia de la oralidad y del derecho a ser oídos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1º del artículo 107 consagra la nulidad de la actuación ante “(...) la ausencia del juez o de los magistrados (...)” en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5º de la misma preceptiva impone la convocatoria “(...) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (...)” cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar la sentencia y, aunado a ello, el numeral 6º ídem prescribe: “(...) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos (...)”; en concordancia con el numeral 7º del artículo 133, donde se prevé la invalidez del decurso si “(...) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación (...)”.

Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentación oral ante el superior, impuesta en el canon 322 del Código General del Proceso, contradice los postulados en mención y, de contera, el principio democrático representativo, según el cual es el Congreso de la República, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los procedimientos judiciales (art. 150, C.P.).

La facultad asignada a ese órgano no es absoluta, dado que siempre debe ajustarse a los fines de la administración de justicia, a los principios de proporcionalidad y racionalidad y, por supuesto, a los derechos supralegales de los justiciables. Sobre lo expresado, la Corte Constitucional en Sentencia C-124 de 1º de marzo de 2011, sostuvo:

“(...) [E]l legislador no está facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, “(...) pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso (...)”.

En torno al cambio del procedimiento escritural por el verbal en materia civil, el Alto Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto de las distintas medidas insertas en la Ley 1395 de 2010, expresó sus razones para tener por ajustado a la Carta Política ese proceder.

Así, indicó que el objetivo de dicha reglamentación

“(...) es evidente: obtener la descongestión de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecución de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirviéndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepción del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposición con el peso específico del proceso escrito (...). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuración legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superación de la inveterada congestión de la jurisdicción civil en Colombia. Esta solución legislativa, que está dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constitución. A su vez, la preferencia que [se] hace (...) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualización de la función de administración de justicia. Por años, el procedimiento civil ha sido arquetípicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por décadas como ‘verbales’. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (...)”.

En términos de autores como Chiovenda, ‘la experiencia derivada de la historia permite añadir que el proceso oral es el mejor y más conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo, antes bien, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona más económicamente, más simplemente y prontamente’. La instauración de la oralidad, en ese orden de ideas, también es un escenario de satisfacción de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral está precedida de garantías que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Estas garantías refieren a la inmediación, la concentración y la publicidad (...)”(9) (subraya fuera de texto).

A la luz de lo discurrido, la oralidad se impone como postulado rector de la actual Codificación Procesal Civil y demanda ser respetada con ímpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a través de ella se logrará la realización de prerrogativas como la contradicción y defensa. Además, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser oídos por las autoridades jurisdiccionales, cuestión que, al final, le impone a todos los sujetos procesales actuar con transparencia, fundamento de la democracia participativa.

6. Frente a los otros reproches de esta acción “adláteres” a la sustentación oral en segunda instancia, es preciso destacar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.

7. Aunado a lo expresado, cumple indicar que el solicitante desperdició el recurso horizontal a su alcance para atacar la declaratoria de deserción de la alzada comentada, mecanismo que habría podido activar de haberse hecho presente en la diligencia reprochada. Ese medio de defensa resultaba procedente según lo consagrado en el artículo 318 del Código General del Proceso e idóneo conforme lo ha decantado esta Sala en los siguientes términos:

“(...) Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (...)”(10).

Ante descuidos como el comentado, esta Corte ha sido enfática al señalar:

“(...) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los trámites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, sólo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad “judicial” de resguardo; además, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, —como aquí ocurrió—, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria (...)”(11).

8. La queja contra la sentencia proferida por el Tribunal desconoce igualmente el mentado presupuesto de subsidiariedad, pues se reitera, si el peticionario hubiese concurrido a la audiencia a fundamentar su alzada contra el fallo de primer grado, habría podido relievar el mérito probatorio de las testimoniales recaudadas en su favor y la intrascendencia de las documentales ausentes en el plenario. Esta Sala en un asunto de similares aristas, aseveró:

“(...) se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo frente a la sentencia (...), pues el actor contó con mecanismos para conseguir lo pretendido, de lo que se deduce que a través de esta vía, no se pueden sustituir esos medios de contradicción ordinarios, que en su momento no se emplearon para proteger las garantías constitucionales cuya protección reclama (...)”.

En efecto, se observa que el promotor del amparo propuso el recurso de apelación, pero dejó que se declara desierto el mismo, por no exponer, en el momento procesal oportuno, las razones de su inconformidad, desaprovechando el mecanismo que la ley le otorgaba para ventilar los reparos que por esta vía presenta (...)”.

Deviene entonces, ostensible que si el peticionario de este excepcional trámite no agotó correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de la determinación que considera transgresora de sus garantías fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la solución de una cuestión que correspondía dirimirse por el juez de conocimiento a través de los medios que dejó de formular (...)”(12).

Se memora que esta acción impone la utilización de todos los instrumentos de defensa a disposición de los interesados, dado su carácter eminentemente residual.

9. Por tanto, la protección demandada será negada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la tutela solicitada por Fabián Rojas Villa frente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada por los magistrados Álvaro José Trejos Bueno y José Hoover Cardona Montoya, con ocasión del asunto de rendición provocada de cuentas iniciado por Wilson de Jesús Jaramillo Carrillo contra el aquí actor.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez, Con salvamento de voto—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 “(...) 3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. “Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral (...)”.

“Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior (...)”. 

“Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada (...)”. 

“Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado (...)” (subraya fuera de texto).

2 CSJ. Civil. sentencia de 3 de marzo de 2009, Exp. 00277-00; véanse igualmente, los fallos de 28 de octubre de 2009, Exp. 01820-00; 9 de marzo de 2010, Exp. 00169-01; 19 de diciembre de 2012, Exp. 2012-01813; 5 de septiembre de 2013, Exp. 2013-00649-01; 11 de agosto de 2014, Exp. 11001-02-03-000-2014-01643-00; y 25 de enero de 2017, Exp. 05000-22-13-000-2016-00421-01, entre otros.

3 CSJ. Civil. sentencia de 11 de junio de 2015, Exp. 11001-02-03-000-2015-01174-00.

4 CSJ. STC6055 de 4 de mayo de 2017, Exp. 08001-22-13-000-2017-00100-01.

5 CSJ. STC7554 de 31 de mayo de 2017, Exp. 11001-02-03-000-2017-01262-00.

6 CSJ. STC de 9 de febrero de 2017, Exp. 68001-22-13-000-2016-00808-01; ver en el mismo sentido el fallo de 13 de marzo de 2017, Exp. 76001-22-03-000-2017-00041-01.

7 CSJ. STC6481 de 11 de mayo de 2017, Exp. 19001-22-13-000-2017-00056-01.

8 “(...) ART. 3º—Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva (...)”.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-124 de 1º de marzo de 2011.

10 CSJ. STC 28 de marzo de 2012, Exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo año, Exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.

11 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, Exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, Exp. 00616-00.

12 CSJ. STC11058 de 11 agosto de 2016, Exp. 11001-02-03-000-2016-02143-00.