Sentencia STC9120-2016/2016-01730 de julio 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC9120-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2016-01730-00

(Aprobado en sesión de seis de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil dieciséis.

Decídese la tutela promovida por Henry Antonio Paternina Baleta frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, integrada por las magistradas Marirraquel Rodelo Navarro, Martha Teresa Flórez Samudio y Elvia Marina Acevedo González, con ocasión del juicio de responsabilidad civil contractual del aquí actor contra Liberty Seguros S.A. y Seguros la Equidad.

1. Antecedentes.

1. El petente reclama la protección de las garantías al debido proceso, igualdad y administración de justicia, presuntamente lesionadas por la Corporación accionada.

2. En sustento de su inconformidad expresa, en esencia, que el 17 de mayo de 2008 adquirió un seguro de vehículo con la empresa Liberty, en el cual el aquí promotor figuraba como asegurado y Coomeva Cooperativa Financiera como beneficiaria.

Agrega que sufrió un accidente el 3 de mayo de 2009 y como en el mismo se vio comprometido el automotor objeto del comentado amparo, le comunicó a Liberty la ocurrencia de tal siniestro y le formuló la respectiva reclamación.

La aseguradora “(…) determinó que el auto tenía daños parciales, por lo que el 3 de junio de 2009, el automóvil fue internado en los talleres de Autonorte”.

Agrega que como el rodante quedó en mal estado, pese a los distintos arreglos realizados, formuló el juicio materia de este ruego, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, quien tras adelantar el rito pertinente, dictó sentencia acogiendo parcialmente las pretensiones.

Los dos extremos procesales apelaron la anterior determinación, siendo ésta revocada por el Tribunal querellado al desatar la alzada, porque “(…) el demandante no había terminado de pagar la obligación crediticia contraída para adquirir el vehículo objeto del seguro, circunstancia que indicaba que la llamada a (…) reclamar la indemnización era Coomeva”.

Reprocha la providencia antelada, porque, “bajo el concepto del interés asegurable”, demandó con el fin de “(…) que la aseguradora pagara la cobertura del seguro de daño ya [fuera a él] o al beneficiario”, empero, el colegiado no “(…) efectuó ningún análisis respecto al sentido de la pretensión (…)”.

Agrega que el juzgador "tampoco hizo alusión al criterio jurisprudencial" establecido en el fallo de tutela expedido por esta Sala de Casación en el proceso 2015-00746-01.

3. Luego de reiterar los hechos ya descritos, insistir en que "(…) sencillamente quiso hacer valer su legítimo derecho como sujeto directamente perjudicado", destacar "(…) que quien tenía el interés asegurable como esencia del seguro de daño era el asegurado" y citar un precedente de esta Corte sobre "la persona que ha de percibir la prestación en caso de siniestro", pide dictar una nueva sentencia ajustada a la ley.

1.1. Respuesta del accionado.

El convocado adujo que la decisión criticada se apoyó en los preceptos legales pertinentes y en la jurisprudencia respectiva.

2. Consideraciones.

1. La procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales deriva de que ellas vulneren, en forma arbitraria y caprichosa, los derechos fundamentales de quienes la promueven, ya se trate de una de las partes en el respectivo proceso y/o de un tercero; comportamiento que no se presenta cuando el pronunciamiento emitido corresponde a una de las alternativas posibles como podía dirimirse el conflicto, independientemente de la existencia de otras, incluso, opuestas.

Se puede colegir, entonces, que cuando el debate litigioso es susceptible de resolverse de distintas maneras, todas ellas legales, la adopción de una de tales determinaciones no genera un defecto susceptible de corregirse por vía de tutela, pese a estar en desacuerdo con ella.

2. Con apoyo en esas premisas generales, de entrada, debe descartarse que la sentencia aquí cuestionada, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo el 28 de marzo del año en curso, comporte una irregularidad, por cuanto ese juzgador, al dictarla, siguió la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación en casos similares al ventilado en el litigio ahora objetado.

3. En efecto, en relación con el seguro de daños de un vehículo automotor, tomado por su propietario ante la exigencia de la persona que financia la adquisición del mismo, quien, por lo general, ostenta la condición de acreedor prendario, esta Sala de Casación tiene definido que es el beneficiario de la póliza, el único facultado para reclamar de la aseguradora, la prestación a la cual se obligó.

Precisamente en la sentencia que orientó el fallo del Tribunal, la Corte señaló:

“(…). Como se aprecia, el debate gravita sobre la legitimación en la causa que asiste a la demandante para demandar las prestaciones derivadas del contrato de seguro; aptitud jurídica que acompañaría (…) por su condición de propietaria y por tanto con ‘interés asegurable’, además por haber pagado la prima y asumido con su patrimonio los daños derivados de la acción delictiva de que fue objeto el vehículo. A su turno, el Tribunal dedujo que la demandante carecía de legitimación en la causa, apoyado en que el Banco (…) fue instituido voluntariamente por las partes del contrato de seguro como beneficiario de la póliza, posición que dicha entidad financiera nunca abandonó.

“La jurisprudencia enseña que respecto de un mismo derecho o bien pueden concurrir varios intereses asegurables, sin que resulte indispensable que coincida la persona o personas involucradas en ellos, ‘con quienes son los titulares del derecho de dominio como principal relación jurídica predicable del bien afectado con la realización del riesgo, mucho más, si inclusive el interés puede ser indirecto, como expresamente lo consigna la ley comercial’ (Sent. Cas. Civ. de 30 de septiembre de 2002, Exp. 4799).

“Así, nada impediría que cualquiera de los concernidos pretendiera cubrir sus riesgos patrimoniales a través de la celebración de un contrato de seguro, en la medida en que aquéllos tuvieran un interés pecuniario y lícito. En particular, en materia de seguros de daños en que rige con vigor el principio indemnizatorio, el artículo 1083 de Código de Comercio dispone que ‘Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero’, sin que dicha relación dependa indefectiblemente de la propiedad, pues ella puede darse respecto de vínculos de diversa naturaleza.

“La Sala reconoce como intervinientes en el contrato de seguro, al tomador, quien traslada los riesgos al asegurador, que a su vez asume éstos a cambio de una contraprestación determinada —prima—; el asegurado, que es el titular del interés asegurado —en los seguros de daños—, y el beneficiario, persona a quien se atribuye el derecho a reclamar y recibir la prestación asegurada una vez se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida según el caso (arts. 1077 y 1080 ib.). De los nombrados, es el beneficiario quien, en línea de principio, está legitimado para reclamar del asegurador el pago de la prestación asegurada (en la redacción L.45/1990 art. 1080 del C. de Co.), sin que necesariamente deba concurrir en él, las calidades de tomador o asegurado, pues basta que se encuentre debidamente identificado como beneficiario en la póliza (Sent. Cas. Civ. sep. 16/2003, Exp. 6704) (negrillas fuera de texto).

“Vistos los anteriores precedentes, corresponde verificar si de la apreciación separada o conjunta de las pruebas aportadas al proceso, se deduce que el Tribunal cometió un error monumental en cuanto a la valoración de la prueba demostrativa de la ausencia de legitimación en la causa de la demandante.

“De antemano ha de decirse que los cargos formulados no tienen fortuna en el intento de horadar el fallo impugnado, pues no hubo los errores probatorios endilgados al Tribunal en el ataque planteado en casación. En efecto, como puede apreciarse en la recensión de la sentencia, el juzgador de segunda instancia jamás desconoció que la demandante fuera dueña del vehículo, más aun, en un pasaje de la providencia, sostuvo que tal condición permitía reconocer en ella un ‘interés asegurable’. Sin embargo, a renglón seguido, el ad quem descartó la legitimación (…) para demandar a la Aseguradora en busca de la satisfacción de las prestaciones derivadas del contrato de seguro, porque encontró que el Banco (…) era el único beneficiario de la póliza, a lo cual añadió que dicha entidad nunca se desprendió de tal calidad, pues, además de figurar desde un comienzo en el citado negocio como beneficiario, recibió el endoso de la póliza por parte de la aseguradora ‘hasta por el monto de sus acreencias’, mediante inscripción impuesta en un anexo de aquel documento.

“Así, para el sentenciador la presencia del Banco (…) como beneficiario, excluía a la demandante en el propósito de solicitar el reconocimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro, pues a su juicio, ‘la póliza se expidió exclusivamente a favor del Banco (…) con ocasión de la acreencia asegurada, (…) y que fuera amparado con prenda sin tenencia sobre el vehículo (…)’. Desde luego, en estas condiciones de nada valdría el esfuerzo d[e] [la] recurrente por demostrar que (…) sí era propietaria del vehículo mencionado y que en esa calidad pagó, tanto la prima de seguro, como los gastos de reparación del automotor, si es que en eso hay acuerdo entre la censura y el Tribunal.

“Desde otra perspectiva, tampoco puede apreciarse error descomunal en cuanto a la apreciación de la legitimación de la demandante, en lo que atañe con el hallazgo del interés asegurable, pues el origen del contrato de seguro, como lo admite la propia demandante, fue la estipulación ‘décima octava’ (fl. 13 vto. Cdno. 1), del contrato de prenda que garantizó el crédito que (…) recibió de manos del Banco (…), de donde viene que el Tribunal no anduvo descaminado cuando argumentó que ‘la póliza se expidió exclusivamente a favor del Banco (…) con ocasión de la acreencia asegurada’, pues como se ve, el motivo para asegurar los riesgos del vehículo se explica en el afán de amparar el bien como prenda de las obligaciones inherentes al crédito concedido por el Banco (…) a la demandante y no específicamente en la búsqueda de protección para el patrimonio de ésta (se resalta).

“(…)

“En síntesis, la apreciación de las pruebas señaladas en los cargos, no muestra que hubo equivocación notoria del juzgador a la hora de considerar que la demandante carecía de legitimación en la causa, pues el recurrente pareciera quedarse con la parte inicial de la sentencia que efectivamente reconoció (…) un ‘interés asegurable’ por ser ella propietaria del vehículo, sin tomar en cuenta que, a renglón seguido y con mayor énfasis, el ad quem descartó tajantemente la legitimación de la actora ante la presencia ya advertida e indiscutida de un beneficiario exclusivo de la póliza: el Banco (…).

“(…)

“En casos semejantes al de ahora en que se debate la legitimación para demandar las prestaciones del contrato de seguro de daños, cuando el beneficiario y el asegurado son personas distintas, la Corte ha señalado cómo no resulta extraño en la práctica ‘que el tomador contrate un seguro no por cuenta propia (art. 1040 C. de Co.), caso en el cual —sin confundirse o desaparecer— convergerían en él, como mínimo, dicha calidad y la de asegurado, sino que lo haga por cuenta ajena, hipótesis —igualmente válida— que presupone que es un tercero quien tiene —de manera prevalente, prioritaria o principal— interés asegurable (num. 2 art. 1037 C. de Co.), sin que por ello, per se, se excluya de raíz el propio, salvo que medie pacto o estipulación en contrario, según lo impera expresamente el artículo 1042 del Código de Comercio, y lo resaltó recientemente esta Corporación, en forma detallada (cas. civ. sep. 30/2002, Exp. 4799), o que se entienda o establezca que se tomó el seguro de daños, en beneficio de un tercero (seguro a título oneroso en beneficio de tercero), a fin de reforzar el derecho de crédito radicado en cabeza del acreedor mutuante, en este caso el beneficiario del seguro (garantía colateral), hasta el monto de lo adeudado por el deudor— tomador—asegurado’ (Sent. Cas. Civ. sep. 16/2003, Exp. 6704)”(1).

4. Si el proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia criticada, versó sobre un seguro de daños de un vehículo automotor celebrado entre el aquí tutelante “Henry Antonio Paternina Baleta como tomador y asegurado, Coomeva Cooperativa Financiera como tomador[a] y beneficiari[a], y la sociedad Liberty Seguros S.A. como aseguradora y Seguros la Equidad como coaseguradora”, conforme se consignó en el hecho primero del escrito demandatorio; y si con ese contrato, “Coomeva (…) buscaba reforzar la garantía real del crédito de vehículo”, como se indicó en la acción de tutela, ningún desafuero se aprecia en la aplicación que el Tribunal hizo del criterio jurisprudencial recogido en la sentencia transcrita líneas precedentes.

De esos elementos de juicio se infiere que el señalado negocio jurídico tuvo por fin asegurar la pérdida o afectación del vehículo, para proteger, de manera preferente, el interés de Coomeva Financiera, como acreedora prendaria.

Esa especial condición en cabeza de Coomeva, explica que sea ella la llamada a exigir las prestaciones a cargo de la aseguradora, derivadas de la póliza, sin que ello implique desconocimiento alguno del derecho de dominio del señor Paternina Baleta respecto del rodante.

5. Finalmente, es menester precisar que en el caso objeto de este análisis, no podían regir las tesis expuestas por esta Sala en la Sentencia de casación de 15 de diciembre de 2008, Exp. 2001-01021-01, y en el fallo de tutela STC 1338-2016 de 9 de febrero último, Exp. 2015-00746-01, por cuanto el estudio efectuado en esos dos pronunciamientos recayó en un contrato de seguro de vida, que por su propia naturaleza y por el régimen legal al cual está sometido, dista mucho del de daños.

6. Forzoso es colegir, en definitiva, que resulta razonable la postura asumida por el colegiado frente al pleito sometido a su conocimiento, lo cual frustra el éxito del resguardo ahora examinado.

La inconformidad del tutelante con la comentada sentencia por ser adversa a sus intereses no le abre paso a esta particular justicia, por cuanto se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el pleito auscultado.

Memórese, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional.

Atinente a ello, esta Sala ha afirmado:

“(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia”(2).

7. Por las razones señaladas, el amparo deprecado será desestimado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. NEGAR la tutela solicitada por Henry Antonio Paternina Baleta frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, integrada por las magistradas Marirraquel Rodelo Navarro, Martha Teresa Flórez Samudio y Elvia Marina Acevedo González, con ocasión del juicio de responsabilidad civil contractual del aquí actor contra Liberty Seguros S.A. y Seguros la Equidad.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase.

Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoLuis Alonso Rico PuertaAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ. SC de 16 de mayo de 2008, Exp. 1998-06332-01.

2 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, Exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, Exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.