Sentencia STC9192-2016/2016-01746 de julio 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2016-01746-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

(Aprobado en sesión de seis de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la acción de tutela promovida por el señor Pedro José Parra Quintero, contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada por los Magistrados Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Guillermo Ramírez Dueñas y Constanza Forero de Raad, trámite al que fueron citados el Defensor de Familia y el Ministerio Público adscritos al Juzgado accionado así como a las partes e intervinientes en la acción de tutela que da origen al presente asunto.

Antecedentes

1. El solicitante obrando directamente, alega la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso, defensa y, “a los derechos de la víctima en especial a la verdad, la justicia, el interés superior del menor”, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.

Pide en consecuencia, que se declare (i) “que el señor Juez al proferir la decisión tutelada incurrió en vías de hecho, porque violó el debido proceso, el derecho de la defensa y el interés superior de la menor victima”; (ii) “que la víctima fue revictimizada por el juzgado accionado, porque dada las gravedad de los hechos y la condiciones entre victimario y victima al ser los 2 estudiantes de la misma universidad, era obvio que la petición de estudio no debe prosperar, para garantizar los derechos de la víctima en este caso a no ser re victimizada” y, (iii) “Que se decrete la nulidad de la decisión tutelada de acuerdo con el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 y se le ordene al señor Juez citar a la víctima antes de proferir esta decisión, para que ejerza el derecho de la defensa” (fl. 4).

2. Para lo anterior sostiene, que el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes CESPA de Cúcuta, concedió permiso al condenado XXX, para estudiar en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la Facultad de Ingeniería, con fundamento en el derecho a la educación “concluyendo que la sanción de un menor tiene como objetivo asegurar la educación”, no obstante, para para proferir esta decisión y conceder el derecho al condenado, “solo valoró los elementos de prueba del condenado, pues las evidencias que favorecían a la víctima, como es el caso de que tanto la víctima como el victimario estudian en la misma universidad, no fueron valorados” (fls. 1 a 5).

3. El Tribunal Superior de Cúcuta luego de admitir a trámite la acción de tutela en auto de 7 de mayo de 2016, dejó sin efecto lo actuado en providencia del 14 siguiente, y ordenó la remisión a la Corte Suprema de Justicia al observar que esa corporación se encontraba vinculada a la actuación en tanto que, “se discute por el accionante una decisión judicial proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Cúcuta, consistente en la consecución de permiso para estudiar de un infractor de la ley penal conforme el trámite procesal de responsabilidad penal para adolescentes, situación que fue objeto de controversia y resolución al interior de una acción de tutela presentada por el adolescente infractor - mediante su apoderado - en sentencia de primera instancia del 3 de mayo de 2016; trámite constitucional del cual tuvo conocimiento el padre de la víctima —acá accionante— e intervino a través de su abogado, tal y como consta en el contenido de la decisión y las afirmaciones del señor Juez accionado, quien igualmente hace saber que se impartió amparo de tutela por la Sala Civil y Familia para el cumplimiento de su decisión y hoy día se encuentra precisamente haciendo cumplir la misma por virtud de la sentencia de tutela donde se discutió lo ahora objeto de petición de amparo, según se infiere de sus afirmaciones” (fls. 78 y 79).

Respuesta de los accionados y citados

1. El Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, solicitó declarar improcedente la acción propuesta y para ello indicó que el 29 de marzo de 2016 concedió permiso para estudiar en la Universidad Francisco de Paula Santander al adolescente sancionado XXX, atendiendo la solicitud de la ONG “Crecer en familia o CAE Los patios”, trámite en el que, contrario a lo afirmado en el amparo, no era necesario citar a la víctima porque en la etapa de seguimiento a la sanción no se requiere, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-233 de 2016.

Agregó de otra parte que en cumplimiento de la orden de tutela proferida por el tribunal, el mismo está siendo trasladado a la Universidad.

Finalmente aseveró que la sentencia proferida en esa instancia fue apelada por el defensor de la víctima y frente al fallo de segundo grado emanado del tribunal, ninguna de las partes interpuso recurso extraordinario de casación (fls. 114 a 116).

2. La Fiscal Primera Seccional de Infancia y Adolescencia de Cúcuta indicó que “una vez fallado el caso, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es el Juez de conocimiento, el encargado del seguimiento de la sanción, sin que la Fiscalía sea citada para tal efecto” (fl. 127).

3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, a través del Magistrado Ponente de la sentencia constitucional proferida el 3 de mayo de 2016, manifestó que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, en sentencia de 30 de noviembre de 2015, determinó la responsabilidad penal del adolescente infractor y dispuso como sanción reglas de conducta por el término de 1 año, decisión que modificó la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta el 19 de enero de 2016, al desatar el recurso de apelación en el sentido de determinar que la sanción debía cumplirse en un Centro de Atención Especializado.

Afirmó que si bien el amparo se dirige frente a la decisión proferida por el Juzgado acusado, por lo que “es innegable que se está realizando con esta Sala de Decisión adscrita a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cúcuta; una vinculación aparente, por cuanto no se le endilga conducta u omisión alguna concreta que considere lesivas de las garantías a la parte accionante”, también es cierto que esa Sala de Decisión tramitó la acción de tutela promovida por el agente oficioso del sancionado, en la que se profirió sentencia de primera instancia el 3 de mayo de 2016 concediendo el amparo al derecho fundamental a la educación del adolescente decisión que una vez notificada a los intervinientes, no fue objeto de impugnación, por tanto, el 20 de mayo de 2016, se remitió a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión (fls. 131 a 138).

4. La Procuradora 11 Judicial de Familia, se ratificó en el concepto presentado en el que manifestó “la decisión del Juez de conceder el permiso para estudiar, al joven M. D., fue fundamentada y amparada, como bien lo expresó en su auto del 29 de marzo de 2016, en los artículos 44 y 45 de nuestra Constitución Política que consagra, la educación de los niños, niñas y adolescentes como derecho fundamental protegido por la familia, la sociedad y el Estado (resaltado fuera del texto); a más de que, en tratándose de adolescentes y/o jóvenes vinculados en el sistema de responsabilidad penal, no podemos olvidar que estamos frente a un procedimiento especializado, cuyas medidas o sanciones son de carácter pedagógico, especifico y diferenciado (Art. 140 CIA) y que como tal, es obligación no solo de los operadores judiciales, sino de todos los funcionarios vinculados al sistema, velar por la protección integral de los derechos de estos jóvenes, no solo al debido proceso, sino a las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales (Art. 151 CIA), y garantizar así “(...) la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (Art. 140 ya citado) (…).

De lo anteriormente reseñado, podemos decir también que si bien es cierto, en estos procesos se pretende la protección y garantía de los derechos de las víctimas, a través de los programas de atención especializada (Art. 198 CIA), así como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, también lo es que, los derechos de los responsables del delito son igualmente protegidos por el sistema de responsabilidad penal especializado; y en tratándose al derecho a la educación que estaba reclamando el joven M. D., el señor Juez de conocimiento no tenía fundamento alguno para denegarlo, toda vez que la ONG Crecer en Familia no tiene en su sede, la capacitación universitaria requerida, a más de que el joven reportó constancia de matrícula en la U.F.P.S. y su horario de clases, considerando además que dadas las observaciones y restricciones que debe asumir el joven cuando asista a la Universidad será deber y obligación del custodio de la Policía de Infancia y Adolescencia, o del funcionario de la ONG Crecer en Familia, estar atento al buen comportamiento y respeto que este debe tener, cuando ocurra algún encuentro estudiantil con D.S.P.P., pues es entendible la gran preocupación que le asiste al señor Pedro José Parra Quintero, por los conflictos y traumas emocionales que pueda revivir su hija cada vez que vea a su victimario, y que le impidan llevar una vida tranquila y feliz; situaciones y decisiones que, desafortunadamente no configuran vías de hecho del proceso, pues de ninguna manera, como ya vimos, el permiso que fue concedido por el señor Juez de conocimiento para que M. D. estudiara, no obedece a ninguna actitud arbitraria, caprichosa ni abusiva, sino por el contrario, amparando el derecho constitucional y legal del estudio tal y como fue solicitado” (fls. 150 a 152).

Consideraciones

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico. Recuérdese que cuando el juez profiere una decisión trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jurídico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administración de justicia, y en esas condiciones la vía constitucional resulta idónea para conjurar o prevenir el perjuicio.

Además, cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo, la protección no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01).

2. Los documentos aportados a este trámite constitucional, permiten advertir a la Sala lo siguiente en relación con lo que es objeto de reclamo:

2.1. El Juzgado Segundo Penal Circuito Para Adolescentes de Cúcuta mediante auto de 29 de marzo de 2016, atendiendo la petición elevada por la ONG Crecer en Familia en la que solicitaba permiso para que el adolescente XXX asistiera a estudiar en Universidad Francisco de Paula Santander, lo concedió y ordenó a la ONG y la Policía Nacional llevar a cabo los actos correspondientes para ejecutar esa orden (fls. 15 a 19).

2.2. El 5 de abril de 2016, la Policía Nacional informó la imposibilidad de cumplir con el traslado del adolescente al centro universitario aludiendo deficiencias estructurales y desigualdad de otros menores en las mismas condiciones, por lo que el Juzgado nombrado en providencia de 6 de abril de 2016, dejó sin efectos el permiso otorgado al adolescente, comunicando esa novedad al interesado, a la ONG y la Policía Nacional.

2.3. El sancionado a través de apoderado judicial promovió acción de tutela e invocó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, tras considerar que le habían sido conculcados por la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, la ONG Crecer en Familia, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Cúcuta, y pidió ordenar a las entidades accionadas dar cumplimiento a la orden impartida en el auto proferido el 29 de marzo de 2016, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, que concedió el permiso al adolescente.

Correspondió conocer a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, corporación que adelantó el trámite en el que se pronunció el apoderado de la víctima solicitando negar el amparo (fl. 41), y, en sentencia de 3 de mayo de 2016, concedió la protección al derecho fundamental a la educación del reclamante y como consecuencia de lo anterior, dispuso entre otras resoluciones:

ordenar al accionado Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Cúcuta, a través de su titular o quien haga sus veces y se encuentre legalmente facultado para ello, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dentro del expediente radicado bajo el Nº 540016001237-2014-00099, NI. 202-15. Partida 075-15, proceda a dejar sin efectos el auto proferido el 6 de abril de 2016, inclusive; y seguidamente haga cumplir la orden impartida en el auto del 29 de marzo de 2016, para lo cual deberá informar lo pertinente a la ONG Crecer en Familia y la Policía Metropolitana de Cúcuta -Seccional de Protección y Servicios Especiales, teniendo en cuenta las reflexiones incorporadas en la parte motiva de esta providencia” (fls. 38 a 47, negrilla y subraya en texto).

2.4. El Juzgado Segundo Penal Circuito Para Adolescentes de Cúcuta mediante auto de 6 de mayo de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela de 3 de mayo de 2016, procedió a “dejar sin efecto auto de fecha 6 de abril de 2016, y se ordena a POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SECCIONAL PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y CAE ONG CRECER EN FAMILIA cumplir lo ordenado en auto de fecha 29 de marzo de 2016, por lo que se concede PERMISO para que el adolescente XXXX, ASISTA A ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, QUINTO SEMESTRE, LOS DÍAS LUNES DE 2 A 4 PM; MARTES DE 2 A 4 PM Y DE 6 A 8 PM; MIÉRCOLES DE 6 A 10 AM; JUEVES DE 8 A 10 AM Y DE 2 A 4 PM, VIERNES DE 8 A 10 AM Y DE 4 A 6 PM; SÁBADOS DE 7 AM A 12 MERIDIANO, hasta el 17 de junio de 2016. Con la compañía de un o unos funcionarlos de la ONG CRECER EN FAMILIA y un o unos custodio (s) de la POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA” (fl. 50, mayúscula fija y negrilla en texto).

2.5. La decisión constitucional no fue impugnada y el expediente se remitió a la Corte Constitucional el 20 de mayo de 2016 (fl. 133).

3. El planteamiento del problema jurídico frente al cual compete a la Corte entrar a resolver, corresponde en determinar si las prerrogativas constitucionales aducidas por el padre accionante, fueron vulneradas a su hija, víctima del delito, por el Juzgado Segundo Penal Circuito para Adolescentes de Cúcuta con el proferimiento del auto de 29 de marzo de 2016 por el cual otorgó permiso para estudiar al adolescente que había sido sancionado como autor de la conducta punible, no obstante, el recuento de la actuación realizado en precedencia permite observar a la Corte, que el Juzgado accionado por auto de 6 de abril de 2016 dejó sin efecto tal providencia, y este último fue revocado por el Tribunal Superior de Cúcuta en sentencia de tutela de 3 de mayo de 2016, en la que además ordenó al a quo hacer cumplir lo dispuesto en el referido proveído de 29 de marzo, razón por la cual, y contrario a lo afirmado por el Magistrado Ponente de la decisión constitucional, en la respuesta enviada a este despacho, la vinculación de esa corporación no es “aparente, por cuanto no se le endilga conducta u omisión alguna concreta que considere lesivas de las garantías a la parte accionante”.

Conforme a lo anterior, se pretende en últimas, quebrantar un fallo proferido en virtud de acciones de similar talante, y ello significa desatender una de las causales genéricas de procedibilidad según la cual la providencia contra la cual se encamina la acción no debe tratarse de una sentencia de tutela.

4. No obstante y si bien en principio, esta acción resulta inviable para atacar el contenido de decisiones de la misma estirpe, como ocurre en el presente asunto en el que el reproche se enfila en ultimas pretendiendo la revocatoria del fallo constitucional dictado el 3 de mayo de 2016, la Corte encuentra este específico evento, lo siguiente:

Que si bien al acudir el actor a solicitar la protección a su derecho a la educación actuó a través del medio idóneo que el sistema penal le ofrece, enmarcado en un ejercicio permitido del derecho de acceso a la administración de justicia, al cual pueden acudir todas las personas, incluidas las condenadas a penas privativas de la libertad, además que, el fin perseguido es legítimo desde la perspectiva constitucional, y que también, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se debe ofrecer la oportunidad de acceso al sistema educativo del infractor independientemente del tipo de sanción o medida que le fue impuesta, tanto el Juzgado accionado como el Tribunal al adoptar la determinación de otorgarle el “permiso para que el adolescente XXXX, asista a estudios en Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Ingeniería Civil”, no tuvieron en cuenta que la víctima del delito estudia en la misma universidad que la de su victimario, y de su encuentro frecuente, puede temerse una posible revictimización, derivada de la confrontación forzada que podría generarle un choque psicológico que se convertiría en un factor generador de miedo, incertidumbre e impotencia.

En este orden de ideas, no es aventurado afirmar que, las graves secuelas que conlleva la violencia sexual se profundizan a lo largo del tiempo, y que estas afectaciones pueden producirse con el contacto con el agresor.

Así las cosas, resulta claro para la Corte que en este asunto para adoptar la aludida determinación, debieron evaluarse aspectos concretos relacionados con las circunstancias de la condena, la naturaleza del delito, “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, las condiciones del condenado y la calidad de la víctima, y, que, la valoración de la situación en conjunto, debía llevarse a cabo dentro del propósito de evitar la posible revictimización y de prevenir una potencial afectación de los derechos y garantías fundamentales de ambas partes, esto es, con plena sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, la tensión que se presenta entre la garantía de los derechos a la educación de quien se encuentra privado a la libertad y los de igualdad y dignidad humana de la víctima, se itera, debió ser objeto de una consideración especial en relación con la naturaleza del delito por el cual fue privado de la libertad, máxime cuando la víctima fue una menor de edad, y sobre la base de considerar que el propósito perseguido por el infractor, esto es tener acceso a la educación superior, puede obtenerse a través de otras medidas que se consideren adecuadas para el cumplimiento de dicho propósito, las que, por lo demás, fueron definidas por el propio legislador en el Decreto 2383 de 11 de diciembre de 2015 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y se adiciona el Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educativo”, que en su artículo 2.3.3.5.8.5.4., establece:

“De las modalidades de atención. Las entidades territoriales certificadas en educación podrán prestar el servicio educativo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), en la modalidad presencial, semipresencial o virtual.

Lo anterior, dependerá de las características y necesidades particulares que presente la población interna en los centros de atención especializada y en los centros de internamiento preventivo, entre ellas, la condición de extraedad.

Parágrafo. Cuando el servicio educativo se preste bajo la modalidad semipresencial o virtual, las, acciones formativas presenciales no podrán ser inferiores al 70 % del total de la jornada escolar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.5.8.2.4 del presente Decreto”.

Entonces, si bien se buscó un fin imperioso (el derecho a la educación), por un medio que no está prohibido constitucionalmente (permiso para estudiar), el problema que aquí se presenta es que el criterio para lograr el propósito buscado, (asistencia presencial en la universidad) no es el adecuado, pues existen otros medios menos gravosos (para la víctima) para alcanzarlo. Tal tensión lleva a que las autoridades debían tener en cuenta ambos valores constitucionales, ponderarlos, protegerlos; por supuesto, la solución que se adopte en la decisión judicial de la que se trata, no podrá anular completamente y para siempre el contacto entre víctima y victimario, pero si podía buscar una solución ponderada entre lo pedido y lo ordenado.

Igualmente no pasa desapercibido para la Corte, que el apoderado judicial de aquel a quien le fue impuesta la medida de privación de la libertad, actualmente mayor de edad, puede solicitar a las directivas de la universidad, independientemente del resultado, que al alumno le impartan las clases correspondientes a la carrera de ingeniería que estudia por medios virtuales, lo que no se ha hecho.

5. De conformidad con las consideraciones que han sido expuestas, es entones claro para la Corte que la determinación adoptada no debió producirse en los términos allí indicados, por lo que, como medida provisional y con el fin de evitar un perjuicio irremediable a la víctima del delito, se concederá la protección reclamada y se suspenderá provisionalmente lo resuelto en la sentencia constitucional de 3 de mayo de 2016, hasta tanto se obtenga una decisión por la Corte Constitucional en el trámite de la eventual revisión, en el que, por lo demás, pueden intervenir las partes para solicitar su selección.

No obstante se ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que en desarrollo del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, soliciten la revisión del aludido fallo constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Como consecuencia, SUSPENDE de manera provisional lo ordenado en la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 3 de mayo de 2016, hasta tanto se obtenga una decisión por la Corte Constitucional en el trámite de la eventual revisión.

Por la Secretaría ofíciese a La Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, haciéndoles llegar copia de esta sentencia, con el propósito de que soliciten ante la Corte Constitucional la revisión del fallo de tutela de 3 de mayo de 2016 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en la acción de tutela referida en esta providencia.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.