Sentencia STC9232-2018/2018-00574 de julio 17 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

República de Colombia

Rad.: 11001-02-04-000-2018-00574-01

Magistrado Ponente:

Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque

Aprobado en sesión de diecisiete de julio de dos mil dieciocho

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

Se desata la impugnación del fallo de 5 de abril de 2018 dictado por la Sala Penal de esta corporación en la salvaguarda de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) contra la Sala de Casación Laboral de este estamento, extensiva a la de la misma especialidad, pero del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los Ministerios de Trabajo y Transporte, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la empresa Aerovías del Continente Americano - Avianca S.A.

Antecedentes

1. La precursora exigió el respeto del “debido proceso”, “buena fe”, “libertad sindical”, “asociación y negociación colectiva” presuntamente infringidos por la querellada, y arguyó que busca “evitar la persistencia del perjuicio irremediable que se le ha causado a la organización sindical porque Avianca S.A.” se ha servido del proveído confutado para impulsar acciones disciplinarias frente a las directivas del “sindicato y sus afiliados”.

2. En sustento expuso, en síntesis, que es una organización sindical constituida dentro de “Avianca S.A.” según la cláusula primera de la Convención colectiva de trabajo vigente, de la que hacen parte los “aviadores” de las empresas de “aviación colombianas”, entre ellas (Avianca, Helicol, Vertical de Aviación, Tampa, Latam, Copa, Satena, Easy, Fly, Sarpa, Viva Colombia), y otras dedicadas a la fumigación aérea, que regulan los contratos de trabajo de sus aviadores afiliados a ACDAC a través de “Convenciones colectivas de trabajo”, o laudos arbitrales incorporados en los contratos labores de cada “aviador”.

Refirió que producto de los constantes y reiterados incumplimientos legales y convencionales, así como de los mandatos judiciales y de la negativa a negociar los “pliegos de peticiones y la imposición de un Pacto colectivo” la asamblea general de la “organización sindical” optó por hacer cese de actividades entre el 1º de septiembre y el 12 de noviembre de 2017, bajo expectativas legitimas fundadas en la Carta Política, los convenios 87 y 98 de la OIT, las recomendaciones del “Comité de libertad sindical” y precedentes jurisprudenciales de esta Corte y también de la Constitucional.

Empero, Avianca S.A. imploró declarar ilegal ese “cese colectivo” y pese a haber exhibido elementos de convicción para afrontar la lid, el 6 de octubre de 2017 el “Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral”, declaró que el “cese de actividades era ilegal” tras advertir, de un lado, que está de por medio un “servicio público esencial” y del otro, que la votación de la huelga no consultó a todos los “trabajadores de la empresa”, veredicto confutado y prohijado el 29 de noviembre de 2017 por la “Sala Penal” de este órgano de cierre, que revocó el ordinal segundo combatido, referido al Decreto 2164 de 1959.

En esa ocasión, según lo expone la replicante, la Sala enjuiciada obvió más de trescientas (300) “pruebas” obrantes en el infolio y dejó de analizar los antecedentes de la divergencia, a la par que desconoció los “precedentes de la Corte Constitucional y la doctrina de la (OIT)”, según los cuales “el transporte aéreo no es un servicio público esencial”, además, dio por cierto, sin estar acreditado, que en Avianca S.A. laboran ocho mil cuatrocientos cincuenta (8.450) personas, dejó de resolver algunas inquietudes de ACDAC, apreció las declaraciones arrimadas por la compañía de aviación, pese a que estos no explicaron la razón de su dicho, omitió el procedimiento de la Ley 121O de 2008 al haberle permitido a la otra parte presentar “probanzas extemporáneas”, no hizo un análisis serio de las excepciones dilatorias formuladas y realizó una interpretación restrictiva de los derechos sindicales.

3. Oportunamente se recibieron las siguientes respuestas:

La “Sala de Casación Laboral” dijo estarse al proveído reprochado y añadió que oportunamente resolvió todos los requerimientos hechos por los contendientes, y que lo ahora pretendido se contrae a un reexamen del caso lo que torna inviable la reclamación.

El “Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá” guardó silencio.

El “Ministerio de Trabajo” afirmó que el ruego es improcedente, pues no puede ser invocado de forma alternativa a los caminos legalmente establecidos para poner fin a las diferencias legales.

La “coordinación del grupo de defensa judicial del Ministerio de Transporte” destacó que según el Decreto 87 de 2011 no existe un hecho generado por su acción u omisión que justifique su vinculación a esta causa.

La “Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil” relató que el “transporte aéreo es un servicio público esencial” según el artículo 68 de la Ley 336 de 1996, y alegó no estar legitimada en el conflicto ahora proyectado.

Avianca S.A., planteó que esta no es una etapa adicional para discutir lo que ya fue estudiado y adquirió firmeza.

4. El a quo “negó el amparo” porque encontró que la postura en pugna no refleja despropósito ni evidencia quebranto supralegal (fols. 271 - 290, cdno. 1).

5. Replicó la actora, quien suplicó suspender los efectos del “veredicto cuestionado” hasta tanto se resuelva está tramitación y recabó en lo argüido al inició de su exposición y (fols. 298 - 314, cdno. 1).

Consideraciones

1. Ab initio, es preciso decir que esta herramienta no fue creada para rebatir la labor desplegada por los jueces en el marco de sus competencias, salvo que sea arbitraria, a tal punto que configure “vía de hecho” y que el ofendido así lo exponga dentro de un tiempo prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros caminos para conjurar el agravio, excepto que la ejerza —de modo transitorio— para evitar un perjuicio irremediable.

De ahí que solo “en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el .fin de restablecer el ordenjurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial” (CSJ STC-4726 2015; reiterada en CSJ. STC 13387 2017).

2. En el sub judice, al analizar la evidencia allegada, la Sala determina la imposibilidad de abrir paso al resguardo tuitivo, en rigor, porque el pronunciamiento combatido no refleja atropello, ni es derivado de la mera subjetividad, cual lo trata de hacer ver la precursora, debido a que las motivaciones que lo rodean enmarcan dentro de lo razonable y dan cuenta que el “juzgador natural” no obró caprichosamente, ni se excedió en su función, sino que, por el contrario, efectuó una intelección plausible sobre el objeto de la polémica, lo que impide someter dicho desenvolvimiento al escrutinio que es propio de este terreno ius fundamental.

Sucede así, porque la sentenciadora de cierre confrontó las diversas “excepciones previas” que planteó la pasiva, y dirimió la protesta formulada en ese sentido, sin haber encontrado valedera al menos una de tales discrepancias.

3. En ese sentido, basta ver que sobre la “indebida representación”, punto referido en el libelo que dio origen a esta cuerda residual, estableció, muy brevemente, que esa defensa no podía salir airosa, pues

“[ujna vez analizado el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante —Avianca S.A.— (fol. 88, demanda ppal), es posible advertir que el señor Renato Covelo Frutos funge como primer suplente del presidente de la compañía y, en ejercicio de dicha calidad, tiene la potestad de, entre otras cosas, conferir poder para representar a la sociedad en diferentes asuntos (fols. 94 y 95), de manera que tenía plena capacidad para otorgar poder al abogado Alejandro Miguel Castellanos López. Por otra parte, esta sala de la Corte, en sentencias como la CSJ SL3195-2017, ha indicado que, específicamente en el marco de estos especiales procesos de calificación de ceses colectivos de actividades, es perfectamente posible que el suplente del presidente confiera poder para representar a la empresa, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal.

4. Superado ese ítem, se adentró en el estudio de la divergencia proyectada sobre el (proveído) definitorio del litigio y abordó todos los temas sobre los que versa el desconcierto de la promotora.

Así, de modo preliminar identificó los puntos objeto de cuestionamiento y trazó el camino, de la manera como pasa a verse

“[djel recurso de apelación presentado por la organización sindical demandada se pueden extraer tres tipos de argumentos de los que se debe ocupar la Corte: i) uno que se finca en que el tribunal estaba imposibilitado para calificar la legalidad del cese de actividades, porque no contaba con las actas de constatación del Ministerio de Trabajo, debidamente levantadas; ii) otro que insiste en que el cese de actividades sí fue decidido de acuerdo con las mayorías exigidas legalmente, porque la organización sindical demandada era de “gremio”, de manera que no estaba acreditada la causal de ilegalidad del literal d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo; iii) y, finalmente, otro que cuestiona la calificación de las labores que cumplen los pilotos afiliados al sindicato, como un servicio público esencial, y, por dicha vía, la ocurrencia de la causal de ilegalidad del literal a) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo”.

5. Luego de ello, desató el primero de los ataques con el que se censuró que “el tribunal estaba imposibilitado para calificar la legalidad del cese de actividades, porque no contaba con las actas de constatación del Ministerio de Trabajo, debidamente levantadas vía de hecho”, y para desvirtuar el tino de esa acusación dejó en claro que

“[f]rente a tales tópicos, la Corte debe admitir que es verdad que un cese de actividades no puede ser calificado sin antes ser corroborado, como lo aduce el apelante. En ese sentido, esta sala de la Corte ha sostenido con insistencia que su labor en este tipo de procesos está concentrada, en primer lugar, en verificar efectivamente el cese de actividades y, solo luego de ello, revisar la ocurrencia de las causales de ilegalidad que se aduzcan en el respectivo trámite” (CSJ SL9517-2015).

Pero no se quedó ahí, pues a continuación exteriorizó que

“[n]o obstante lo anterior, de manera paralela, la Sala ha sostenido que la constatación de un cese de actividades y la participación de la organización sindical no están sometidas a una prueba solemne, dada en las referidas actas de constatación del Ministerio de Trabajo, y que, en dicha medida, el juez del trabajo cuenta con plena libertad probatoria para formar su convencimiento frente a dichos tópicos (Ver CSJ SL, 10 abr. 2013, rad. 59419; CSJ SL5857-2014; CJS SL11680-2014; CSJ SL9517-2015 y CSJ SL13926-2016, entre otras).

Y con base en ese raciocinio, construyó el silogismo que pasa a ser transcrito

“[c]on fundamento en lo anterior, al tribunal le asistió plena razón al considerar que la validez de las actas de constatación del Ministerio de Trabajo, en perspectiva de la verificación efectiva del cese de actividades, no tenía trascendencia, en la medida en que, además de que ese era un hecho notorio ampliamente divulgado en los medíos de comunicación, a lo largo del proceso la organización sindical demandada había admitido sin ambages la ejecución de la huelga, en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, y había defendido esa decisión como un derecho fundamental autónomamente ejercido por sus afiliados”.

Como se puede ver, esa hermenéutica no fue desmedida, ni tampoco arbitraria, porque la corporación enjuiciada la soportó en que

“(...) la contestación de la demanda y en el curso del interrogatorio de parte rendido por su representante legal (archivo MVI_049, minuto 5:20 y siguientes), la organización sindical demandada admitió la ejecución del cese de actividades, su promoción y organización, de manera que, desde el punto de vista procesal, su constatación era un asunto que no requería más pruebas. También es cierto que la ejecución parcial del cese de actividades en las instalaciones de Avianca S.A. es un hecho públicamente debatido, como lo puso de presente la misma demandada al denunciar la ridiculización del movimiento sindical, de manera que negar su existencia es sencillamente obrar contra la evidencia.

6. En lo sucesivo, se introdujo en el segundo alzamiento, con el que la sedicente insistió en que el “cese de actividades sí fue decidido de acuerdo con las mayorías exigidas legalmente, porque la organización sindical demandada era de “gremio”, de manera que no estaba acreditada la causal de ilegalidad del literal d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo”, y para restar peso a esa proposición relievó que

“[en] los términos previstos en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga debe ser decidida “(…) mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”.

Acto seguido, sustentó que en contravía con la tesis expuesta por la “organización sindical demandada”, por virtud del canon 444 ibídem, los sindicatos mayoritarios “pueden decidir libre y autónomamente el ejercicio de la huelga, con el consenso de sus asociados y con reglas de democracia sindical interna”, cual no acontece con los minoritarios que, en contraposición, “deben contar con la decisión de la mayoría de los trabajadores de la empresa, con mecanismos democráticos de participación y control”, para lo cual se apoyó en CSJ SL6887-2016 donde así lo plasmó.

Sobre esa base, halló impróspera la inconformidad que sobre ese tópico presentó la replicante, porque descubrió que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles” (ACDAC) se constituyó como sindicato de industria y no de gremio.

Con ese entendimiento, coligió que

“[e]n este caso, lo primero que debe tenerse en cuenta es que, de conformidad con los estatutos de la organización sindical (fol. 138), así como varias certificaciones emanadas del Ministerio de Trabajo (fol. 112, 117, 122, 126, 127, 128, 130 y 132, demanda ppal.), la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles —ACDAC— ostenta la categoría de “sindicato de industria” y no “de gremio”, como lo aduce insistentemente el apelante”.

Sobre esa base, reflexionó, así

“[f]rente a este tópico, para la Sala no resulta jurídicamente viable admitir que la estirpe, clase o naturaleza de una organización sindical puede presumirse o (Rad. 79047 SCLAJPT-08 V.00 68) cambiarse a conveniencia de los interesados, en virtud de principios como el de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues aunque los trabajadores gozan de libertad para conformar las organizaciones sindicales que estimen pertinentes, así como para autodefinirse, autorregularse, establecer su naturaleza y sus programas de acción, deben en todo caso respetar la tipología legal establecida en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya constitucionalidad ha sido declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-180 de 2016, y, sobretodo, actuar consecuentemente con sus actos propios, de manera que si un sindicato se autoproclama como de industria, no puede, posteriormente, alegar que siempre se ha comportado como uno gremial.

Tras realizar esa mención, que resultó basilar para la definición del reparo, juzgó acertada la postura del tribunal y explicó que

“[e]n este caso, como ya se advirtió, la organización sindical demandada se autodefinió, libremente, como sindicato de industria, y así se registró ante las autoridades, por lo que debe ser consecuente con su radicación 79047 SCLAJPT-08 V.00 69 naturaleza y no camuflarse en otras tipologías sindicales, a su antojo.

[a]demás de lo anterior, de acuerdo con las certificaciones de folios 30 a 139, 950, 952, 955, 1930 y 1932 del cuaderno del tribunal, el interrogatorio de parte rendido por su representante legal y el testimonio de Jorge Mario Medina Cadena, la organización sindical demandada tiene 702 afiliados, de un total de 8540 trabajadores de la empresa Avianca S.A., de manera que no es preciso acudir a mayores raciocinios para concluir que ostenta un carácter minoritario en el ámbito de la empresa, en la medida en que no agrupa a la mitad más uno de sus trabajadores.

[f]rente al tema, como lo resaltó el tribunal, también existen certificaciones en las que la propia organización acepta esa condición, como la obrante a folios 231, a partir de la cual el secretario general informa que sus afiliados de Avianca S.A. son 466 y, por ello, su condición es “minoritaria”.

[e]n las condiciones descritas, indudablemente, en su condición de sindicato de industria y minoritario, para definir la huelga, la organización sindical debía contar con el voto positivo de la mayoría de los trabajadores de la empresa y no exclusivamente de sus afiliados. En el marco de esta realidad, la demandada no podía simplemente aducir que tenía la “creencia” de actuar como sindicato gremial o de tener un carácter mayoritario, pues esas cualidades provienen, en primer lugar, de la radicación 79047 SCLAJPT-08V.0070 autodefinición del sindicato y, en segundo lugar, de la realidad objetiva del número de trabajadores de la empresa, en comparación con los afiliados a la organización sindical” (se resalta).

Adicionalmente, estimó que en el asunto “no tenía importancia el hecho de que la demandada se comportara como un sindicato de gremio, como lo reclama el recurrente” porque, según lo dilucidó “ninguna excepción contiene la regla de decisión establecida en el artículo 444 del Código del Trabajo, en función de la clase de sindicato que promueva la huelga”, pues, antes bien, ocurre todo lo contrario en la medida que “prevé que, ineludiblemente, cuando se trata de un sindicato minoritario, es necesario contar con el concurso de ‘todos los trabajadores de la empresa”.

De igual manera, sacó a relucir que en CSJ SL7991-2017 se indicó que “para la decisión de la huelga, en los términos establecidos legalmente, no resulta dable fraccionar la empresa por destacamentos, sectores de la producción, gremios o profesiones, pues la norma se refiere a la empresa, entendida en toda su magnitud”.

Y recalcó que

“(...) resulta del todo inconveniente admitir que los sindicatos minoritarios, cuando sean de gremio o industria, tienen la titularidad para decidir el ejercicio de la huelga de manera autónoma, con el voto exclusivo de sus afiliados, pues, en escenarios de pluralismo y atomización sindical como los nuestros, una medida tal avocaría a las empresas a tener huelgas permanentes, en función del número de sindicatos que hagan presencia en ella, sin el consenso razonable de los trabajadores afectados”.

En armonía con esa comprensión, enfatizó que

“[a]si las cosas, como en las actas de votación de la huelga presentadas por la organización sindical demandada (fol. 507 y ss.) y por el inspector de trabajo (fol. 501) se registran 699 votos a favor de la huelga, en perspectiva de los 8.540 trabajadores que conforman la empresa, resulta absolutamente claro que la decisión no fue adoptada en los términos establecidos en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo y que, en ese sentido, está configurada la causal de ilegalidad prevista en el literal d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como lo determinó el tribunal.

Desde esa perspectiva, adujo que, como lo resaltó el juzgador que destrabó en primera instancia la controversia, “la organización sindical demandada ni siquiera contaba con el voto de la mayoría de los trabajadores afiliados a la organización sindical, pues, según las actas respectivas {fol. 501, 505), tan solo se dio el voto de 215 personas presentes, de un total de 702 afiliados”.

Ya en último lugar, atinó a decir que

“[e]n este punto es importante advertir que, según los precisos términos del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, el voto de los trabajadores para decidir la huelga debe ser “personal e indelegable, lo que impide que se haga por representación, incluso si así se consigna en los estatutos de la organización sindical. Adicionalmente, en el expediente no obran pruebas de los poderes o documentos a través de los cuales se autorizó la mencionada representación, como para, en gracia de discusión, verificar los términos en que se surtió la misma”.

7. Por último, abordó el tercer planteamiento y también lo halló infundado, comoquiera que el derecho a la huelga no es absoluto, ya que esta no procede, y por ello está prohibida, incluso si sus alcances son parciales, respecto de la prestación de “servicios públicos esenciales” en los términos del precepto 56 superior, entre ellos el de “transporte aéreo” definido con tal carácter en los artículos 5º y 68 de la Ley 336 de 1996, por medio del cual se adopta el estatuto nacional del “transporte” sometido a la protección y regulación del Estado, por lo que desde un factor formal así debe ser visto, tanto así que ese criterio fue igualmente prohijado por la “Corte Constitucional” en C-450 de 1995.

De igual manera, relievó que desde una orientación material existen suficientes motivos para admitir que

“(...) el transporte aéreo tiene una especial relevancia en nuestro específico contexto, para la efectiva realización de los derechos fundamentales a la seguridad, la salud y la vida de las personas, de manera que su caracterización como servicio público esencial, realizada por el legislador, no desborda los límites del concepto al que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política”.

Al paso, agregó que en la Sentencia C-033 de 2014 la guardiana de la Carta Política Nacional destacó que, al amparo de dicha norma, “(...) las operaciones de las empresas de transporte público bajo la regulación del Estado, tienen el carácter de servicio público esencial, implicando (i) la prevalencia del interés general sobre el particular, (ii) garantizar su prestación y (iii) proteger a los usuarios”.

Con base en ese enfoque, uno formal y otro material, determinó que “el transporte de pasajeros” a que está dedicada Avianca S.A., resultó comprometido con la “huelga” de la organización demandada, pues truncó la normal movilidad y la locomoción que son garantías propias de un Estado social de derecho, según las cuales toda persona está habilitada para transitar libremente por el territorio nacional, “lo que, a su vez, sirve de canal principal para la garantía de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad y la vida”.

Así, tras escrutar el acervo probatorio, afirmó que “a pesar de que es cierto que el transporte aéreo sirve a propósitos como el turismo, la diversión, los negocios y otros tantas actividades sociales que no son esenciales, en el sentido estricto del término”, no por ello se puede sostener que hoy, en los días que corren “su rol termina allí y que, por ello, es un mero recurso suntuoso o un instrumento de diversión para personas acaudaladas”, pues ello implicaría olvidar que “por la importancia fundamental que ha adquirido el transporte aéreo en nuestro medio, su supresión, así sea parcial, implica riesgos para la salud y la vida de la población, de manera que, desde el punto de vista material, puede ser concebido como un servicio público esencial”.

Al hacer esa reflexión, de por sí contundente, puntualizó que las labores que cumplen los pilotos son absolutamente trascendentales para la realización efectiva del transporte aéreo, al punto que sin su ejercicio y labores toda la operación y suministro del servicio es de imposible ejecución”.

Por ello, sentenció que con sujeción a las realidades particulares de nuestro contexto “la catalogación legislativa del transporte aéreo como servicio público esencial no desborda, materialmente, las finalidades de radicación 79047 SCLAJPT-08 V.00 102 la limitación a la huelga establecida en el artículo 56 de la Constitución Política”, lo que, según lo preciso, torna inatendible “el argumento en virtud del cual el cese de actividades promovido por la organización demandada es parcial y, en todo caso, el servicio de transporte lo prestan otras empresas”.

Además, hizo hincapié que el constituyente censura el “riesgo al que se ve sometida la población por la supresión de un servicio a partir del cual se garantizan procesos vitales para la comunidad y no el daño efectivo que se pueda causar en determinados contextos”, sin que tal carácter pueda ser atemperado porque “existan planes de contingencia difusos, tendientes a garantizar la movilización de la población, con otras compañías, o porque ninguna persona hubiera resultado lesionada a raíz del cese, se puede dejar de considerar la esencialidad del servicio de transporte aéreo”.

8. Acorde con dichos lineamientos, no relumbra en el sub examine ningún desafuero que remediar, habida cuenta que el recuento efectuado muestra que la accionada realizó un estudio concienzudo de las “disposiciones legales y jurisprudenciales” aplicables a la casuística, y de allí dedujo que si bien era necesario constatar la existencia del “cese de actividades”, la comprobación de esa circunstancia no estaba sometida a tarifa legal, por ello bien podía ser comprobada por cualquier medio y en el sub lite así había ocurrido.

En otro aparte, concluyó que la convocatoria a la “huelga” requería del “voto de la mayoría de los trabajadores de la empresa” por tratarse de un “sindicato de industria” y no gremial según lo certificó el “Ministerio de Trabajo” lo que tampoco se cumplió, pues solamente dieron su aval 699 empleados “en perspectiva de 8540” que registra la compañía, lo que tomó ilegal la protesta por virtud del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto así que la organización ni siquiera contó con el voto mayoritario de los trabajadores afiliados”, pues pese a ser 702, de ellos solamente 215 dieron su aprobación.

Finalmente, tras hacer un estudio amplio sobre el “contrato de transporte” estableció que el aéreo está concebido como un servicio público esencial”, que no puede ser suspendido en ejercicio de la “huelga” porque con ello se hieren “intereses superiores” y se causan graves riesgos que comprometen seriamente la vida, la salud, la integridad, la educación, etc., de los asociados, y ello contradice los postulados ius fundamentales dimanantes de la Constitución.

Luego, siendo así las cosas, como en efecto lo son, es claro que del 11veredicto confrontado” no surge desmesura o absurdidad, lo que descarta la existencia de un yerro que superar por esta senda teniendo en cuenta que “al sentenciador de tutela le está vedado reexaminar si el juzgador acusado realizó la más convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea está por fuera de sus facultades” (CSJ. 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-001).

Pero además, porque la intromisión instada solo se justifica cuando se detecta la presencia de “una determinación alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano”, en cuyo caso es infalible intervenir para corregir tal desfase y poner a salvo los “intereses quebrantados”, sin que este sea uno de esos eventos.

Por ello, en ningún otro caso es posible traspasar las competencias establecidas al “juzgador natural” para la definición de las causas que le son asignadas, aun cuando el interesado realice una presentación más completa y persuasiva que la que combate, lo que resulta obvio, comoquiera que esta herramienta

“(...) no está concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la razón y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (...)” (CSJ. SC.12801-2017) (se resalta).

Es más, aunque dos magistrados salvaron el voto, eso no le resta valor al fallo desde el punto de vista de la legalidad; por el contrario, lo que ello refleja y pone al descubierto es la intensidad del debate que suscitó el tema en la Sala encargada de solucionarlo. Por cierto, aun si esta especialidad tuviere otra visión sobre la materia analizada, ello no sería suficiente para abrir camino al pedimento superlativo, puesto que

“(...) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales (...)” (STC 5860- 20 17).

9. Luego, la interposición pedida no resulta atendible, por lo que se acogerá la decisión rebatida.

10. Por último, no es necesario ir al fondo del pedimento enderezado a posponer los efectos de las sentencias con las que se resolvió la causa, comoquiera que no existe una circunstancia que justifique proceder de esa manera, pues se trata de decisiones que cobraron firmeza y están, por tanto, revestidas de una “presunción de legalidad y acierto” que no puede ser desconocida por el simple hecho de haberse instaurado este ruego especial.

Véase que en ese mismo sentido se pronunció el juez constitucional de primer grado, sin que existan ahora razones que impongan la necesidad de mutar esa determinación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta.