Sentencia STC9260-2016/2016-00306 de julio 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luís Alonso Rico Puerta

STC9260-2016

Rad.: 76001-22-03-000-2016-00306-01

(Aprobado en sesión del seis de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 24 de mayo de 2016, dentro de la acción de tutela promovida por Alexander López Maya, en condición de agente oficioso de “los menores con cáncer (hospitalizados y los que reciben tratamiento), adultos mayores discapacitados y demás pacientes del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.N contra los Juzgados Civiles del Circuito, de Ejecución Civil Circuito y Civiles Municipales, todos de la ciudad de Cali, trámite al que fueron vinculados los Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Cali, las partes e intervinientes en los procesos judiciales que ante los despachos accionados se adelantan contra el aludido hospital, así como los siguientes sujetos naturales y jurídicos de derecho público y privado: Director del Hospital Universitario del Valle, Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Alcalde de Cali, Secretario de Salud Pública Municipal de Cali, Secretario de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca, Asmet Salud, Coosalud, Barrios Unidos, Caprecom, Cosmitet, Emssanar, Mallamas, Salud Vida, Sanidad de la Policía Nacional, Cafesalud, Asociación Médica Barrios Unidos Quibdó, Asociación Indígena del Cauca, SSD y AIC, Consorcio Fondo de Atención en Salud, Gobernación del Chocó, Ministerio de Salud y

Protección Social, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Salud y los distintos bancos y entidades fiduciarias de la ciudad de Cali que tengan cuentas u otros productos financieros del referido centro hospitalario.

Antecedentes

1. El actor, quien destacó su calidad de Senador de la República y adujo condición de agente oficioso de “los menores con cáncer (hospitalizados y los que reciben tratamiento), adultos mayores discapacitados y demás pacientes del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE que por su estado de salud no se encuentran en condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio”, reclama protección de los derechos fundamentales de sus agenciados a “la salud, a la vida, a la dignidad, a la igualdad, al acceso al servicio de salud” (fls. 1 a 53, cdno. 1).

2. En soporte de lo anterior, sostuvo en síntesis que en razón de la “Problemática estructural, generada de tiempo atrás y recurrente que concierne al diseño, organización y sostenibilidad del sistema de salud en Colombia” los pacientes del Hospital Universitario del Valle (HUV) “resultan afectados ante la imposibilidad de brindarles la debida atención médica por la falta de recursos del HUV, que están embargados en procesos ejecutivos obviando su carácter de inembargables”.

Refiere que los recursos objeto de las cautelas constituyen un insumo significativo para la operación del hospital, incidiendo en la “prestación del servicio en condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad”, dado que dichas retenciones constituyen una de las causas protagónicas del grave desequilibrio financiero de la institución que la tiene al borde del colapso.

Precisa que la referida situación repercute directa y gravemente en las condiciones de salud de los pacientes, especialmente en aquellos de alta complejidad y especial vulnerabilidad, en tanto que se han presentado serias dificultades para prestarles atención por falta de insumos, medicamentos, ventiladores, talento humano, etc.

Destaca que en acción de tutela anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, declaró “la excepción de inconstitucionalidad de la órdenes de embargo vigentes decretadas en contra del HUV que se refieren a obligaciones o créditos de quinta clase, cobrados en los diferentes juzgados civiles de la ciudad de Cali y Buga”; no obstante agregó que dicha protección “si bien constituye un hito, a la postre resultó inane al limitar la medida a los créditos de quinta clase, no empecé (sic) los fundamentos convencionales, constitucionales y legales que lo presiden (...)”.

3. En consecuencia, como medidas concretas de protección requirió las siguientes: (i) “Declarar el estado de cosas inconstitucional en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE (...)”; (ii) “Declarar la excepción de inconstitucionalidad de las órdenes de embargo vigentes decretadas en contra del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, exceptuando las obligaciones o créditos de primera y segunda clase por su contenido” y; (iii) “Ordenar que mientras dure el estado de cosas inconstitucional se levanten las medidas cautelares de embargo y secuestro de los dineros del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, hasta tanto se apruebe por la instancia correspondiente la promoción del Acuerdo de Reestructuración” (fls. 43 y 44, ibídem).

Respuesta de los accionados y vinculados

1. Frente a la solicitud de amparo se recibieron los siguientes pronunciamientos oportunos, cuyo sentido se compendia así:

1.1. Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali: “no existe en este despacho ningún proceso en contra del hospital Universitario del Valle”. Agregó que la acción es indiscriminada y temeraria (fl. 392, cdno. 1).

1.2. Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali: existen dos procesos contra el HUV, con medidas afectadas por las últimas decisiones de tutela (fl. 396, id).

1.3. Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali: “no se adelanta proceso o trámite alguno” (fl. 399, id).

1.4. Caprecom EICE: Solicitó declarar improcedente o negar la acción de tutela (fl. 401, id).

1.5. Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: “actualmente cursan cuatro (04) procesos” y en obedecimiento a la orden del Tribunal en sentencia del 17 de septiembre de 2015, “en ninguno de los procesos ya referidos, existe orden de embargo vigente ni medidas decretadas, ni mucho menos consumadas” (fl. 406, id).

1.6. Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali: no existen procesos en los que se haya decretado medidas sobre cuentas bancarias del HUV (fl. 418, id).

1.7. Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali: Cursa un proceso contra el HUV con mediadas vigentes que no se afectan por el fallo de tutela que ordenó el desembargo (fl. 419, id).

1.8. Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali: no se adelanta proceso contra el HUV (fl. 4212, id).

1.9. Juzgado Once Civil del Circuito de Cali: actualmente no cursa proceso de ejecución alguno (fl. 423, id).

1.10. Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: Cuenta con tres procesos ejecutivos, uno con medidas son practicar y otros tres con cautelas levantadas en razón de la sentencia de tutela del 17 de septiembre de 2015.

1.11. Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali: existe demanda ejecutiva que fue admitida y dio lugar a decreto de embargo de productos financieros del HUV y no se ha notificado a la parte demandada (fl. 438, ic).

1.12. Juzgado Primero Civil Municipal de Cali: no hay ningún proceso en curso (fl. 451, ic).

1.13. Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Cali: se adelantan dos procesos ejecutivos en los que se levantaron las medidas en obedecimiento al fallo de tutela (fl. 453, ic).

1.14. Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali: relaciona 15 procesos de ejecución contra el HUV de los cuales sólo dos están bajo su conocimiento con medidas vigentes (fl. 463, ic).

1.15. Juzgado Quince Civil Municipal de Cali: Actualmente no cuenta con actuaciones ejecutivas contra el HUV (fl. 473, ic).

1.16. Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Cali: en contra del HUV no se ha delantado proceso alguno donde hubiesen dineros embargados (fl. 475, ic).

1.17. Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali: no se encuentra vigente demanda ejecutiva en contra del HUV (fl. 476, ic).

1.18. Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali: Tiene a su cargo un trámite ejecutivo con medidas vigentes por cuanto se trata de un crédito de cuarta clase (fl. 477, ic).

1.19. Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Cali: no se está tramitando actualmente proceso alguno en contra del HUV (fl. 487, ic).

1.20. Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali: la acción es improcedente como quiera que los hechos y pretensiones son idénticos a tutela anterior con radicado 2015-00679-00 (fl. 492, ic).

1.21. Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: se constató que cursa un proceso de ejecución contra el HUV con medidas de embargo vigentes (fl. 494, ic).

1.22. Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal Cali: no se registra proceso alguno contra el HUV (fl. 526, cdno. 2).

1.23. Secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca: no mostró postura puntual e informó que en su sistema de información financiero no se evidencia aplicación de embargos, ni reposan títulos de depósitos judiciales (fl. 527, ic).

1.24. Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: no existen procesos en trámite en contra del HUV (fl. 533, ic).

1.25. Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: tiene a su conocimiento un proceso de ejecución con medidas vigentes (fl. 534, ic).

1.26. Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Cali: no tiene a su cargo ejecuciones vigentes contra el HUV (fl. 558, ic).

1.27. Juzgado Décimo Civil Municipal de Cali: relata un asunto de interés que fue remitido a los juzgados de ejecución (fl. 559, ic).

1.28. Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali: dentro de los procesos a su cargo, no se encuentra ninguno cuyo demandado sea el HUV (fl. 561, ic).

1.29. Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali: cursan 3 demandas de ejecución contra el HUV; donde se solicitaron medidas pero las misma no fueron decretadas (fl. 562, ic).

1.30. Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Cali: actualmente no cuenta con ejecuciones contra el HUV (fl. 563, ic).

1.31. Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cali: no se observa que se haya tramitado proceso en contra del HUV (fl. 562, ic).

1.32. Juzgado Trece Civil Municipal de Cali: registra dos procesos ejecutivos contra el HUV que están terminados y archivados. Agrega que reposa en la cuenta de depósitos dos títulos por valor de $2.258.776, que no han sido solicitados por el hospital (fl. 569, ic).

1.33. Juzgado Veintidós Civil Municipal de Cali: Solicitó declarar improcedente la acción y destacó que cursan tres procesos ejecutivos contra el HUV, en los que se han levantado las medidas en obedecimiento a la sentencia de tutela del 17 de septiembre de 2015 (fl. 576, ic).

1.34. Juzgado Veinte Civil Municipal de Cali: Se han adelantado procesos en contra del HUV, pero actualmente ninguno está vigente y bajo su competencia (fl. 580, ic).

1.35. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali: Solicitó negar el amparo por cuanto ya existe fallo sobre el particular y precisó que los procesos de ejecución en contra del HUV a su cargo, fueron asignados a otros despachos (fl. 584, ic).

1.36. Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali: refiere a 5 procesos de ejecución contra el HUV, destacando que las decisiones cautelar se han tomado conforme a los parámetros legales y dando cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Cali que declaró la excepción de inconstitucionalidad (fl. 587, ic).

1.37. Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali: alude a un proceso de ejecución contra el HUV que fue remitido a los jueces de ejecución (fl. 712, ic).

1.38. Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Cali: actualmente no cursa proceso contra el HUV (fl. 713, ic).

1.39. Juzgado Once Civil Municipal de Cali: no se adelanta proceso alguno contra el HUV (fl. 716, ic).

1.40. Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali: en la actualidad sólo cursa un proceso de ejecución contra el HUV, que está en etapa de notificaciones y las medidas cautelares fueron desistidas (fl. 717, ic).

1.41. Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali: no cuenta con procesos vigentes ontra el HUV (fl. 723, ic).

1.42. Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali: menciona un proceso de ejecución contra el HUV, en el que no se han decretado cautelas (fl. 724, ic).

1.43. Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Cali: refiere cuatro procesos de ejecución contra el HUV; tres con medidas previas levantadas desde el 25 de septiembre de 2015 y uno con cautela decretada y sin solicitud de levantamiento (fl. 721, ic).

1.44. Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali: no se adelanta ningún proceso contra el HUV (fl. 746, ic).

1.45. Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali: no aparece ningún proceso activo en contra del HUV, ni ningún embargo de dineros (fl. 474, ic).

1.46. Laboratorios BioSystems S.A.: Simplemente refiere a los antecedentes del trámite ejecutivo que adelanta 11

contra el HUV por ante el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Cali (fl. 748, id).

1.47. Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cali: Refiere el conocimiento de un proceso de ejecución contra el HUV, en el que se han denegado las medidas cautelares hasta tanto se defina el estado de cosas inconstitucional (fl. 773, id).

1.48. Juzgado Segundo Civil Municipal de Cali: solo hay un proceso vigente contra el HUV en el que no se han solicitado medidas previas (fl. 777, id).

1.49. Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE: a través de su asesora jurídica, destaca la procedencia del amparo y solicita que se tutelen los derechos deprecados y se disponga el levantamiento de la cautelas (fl. 787, id).

1.50. Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.: manifestó que no tiene productos financieros con el HUV (fl. 794, id).

1.51. Banco Davivienda S.A.: solicita su desvinculación de la acción de tutela en tanto que no ha conculcado ningún derecho fundamental (fl. 798, id).

1.52. Banco de Occidente S.A.: Solicita su exclusión de la parte pasiva de la acción y desestimar las pretensiones de la parte actora (fl. 808, id).

1.53. Banco Coomeva S.A.: refiere las medidas de embargo registradas por la entidad sobre productos del HUV (fl. 779, ic).

1.54. Banco Comercial AV Villas S.A.: Sostienen que son meros destinatarios de las órdenes de embargo y por ende no han violado derecho fundamental alguno (fl. 826, ic).

1.55. Banco Falabella S.A.: manifiesta no contar con producto financiero a nombre del HUV, solicitando su desvinculación (fl. 833, ic).

1.56. Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle: enlista datos sobre órdenes de embargo (fl. 835, ic).

1.57. Banco CorpBanca Colombia S.A.: Solicita desvinculación en tanto el HUV no registra obligaciones, cuentas o productos con la entidad (fl. 837, ic).

1.58. Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali: en la actualidad no se está tramitando ningún proceso ejecutivo donde funja como demandado el HUV (fl. 838, ic).

1.59. Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali: no tramita proceso alguno en que se haya decretado medida de embargo y secuestro sobre las cuentas bancarias de HUV (fl. 841, ic).

1.60. Superintendencia Financiera de Colombia: Solicita desvinculación de la acción constitucional en tanto que no existe vulneración de derechos por parte de dicho organismo, ni hay pretensión alguna dirigida en su contra (fl. 844, id).

1.61. Banco GNB Sudameris S.A.: solicita exclusión en tanto sólo son ejecutores de las órdenes judiciales (fl. 853, id).

1.62. Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali: relaciona dos procesos ejecutivos contra el HUV en los cuales ha decretado el levantamiento de las medidas cautelares en obedecimiento a la orden de tutela del Tribunal (fl. 854, id).

1.63. Pharmaceutical Group Ltda.: manifestó oposición a las pretensiones, sosteniendo la inviabilidad de las órdenes de protección rogadas (fl. 863, id).

2. De forma extemporánea se recibieron pronunciamientos de parte de Corpaul, Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, BSN Medical Ltda., Indudidácticas Ltda., Banco Agrario de Colombia S.A., Ministerio de Salud y Protección Social, World Medical Care S.A., Sherleg S.A.S., House Medical Care SAS, Miguel Vicente Vargas Castillo, Distrihospitalicas Quirurgicas S.A.S., Intercomercial Médica Ltda., Credibanco, Suiphar de Colombia S.A., Banco WWB S.A., Procuradora 57 para Asuntos Administrativos, Citibank Colombia S.A., Bancolombia S.A., Ricardo Gómez Duque, Cafésalud EPS S.A., Superintendencia Nacional de Salud, Fiduprevisora S.A. y Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, (fls. 868, 880, 882, 884, 888, 892, 895, 897, 899, 901 y 903, cdno. 2 y; fls. 1028, 1032, 1033, 1037, 1046, 1175, 1182, 1183, 1190 y 1259, cdno. 3).

La sentencia impugnada

El Tribunal constitucional declaró improcedente el amparo con fundamento en la configuración de cosa juzgada, en razón de la acción de tutela previa en la que fue declarado el estado de cosas inconstitucional en el Hospital

Universitario del Valle, y concluyó: “el estado latente de aquella acción de tutela impide por razones de la seguridad jurídica a la que apunta la cosa juzgada constitucional, que esta instancia haga nuevos pronunciamientos sobre el mismo tema, que eventualmente riñan con lo que allá disponga la colegiatura de segunda instancia (...)” (fls. 864 a 867 cdno. 1).

La impugnación

La presentó el agente oficioso y en soporte de su disenso sostuvo que el presente caso difiere del que fue objeto de

pronunciamiento anterior “porque lo cierto es que el prenombrado fallo lo es vano frente a lo que se pretendía, cual era liberar recursos para garantizar la prestación del servicio a los pacientes en cuyo favor se deprecó la acción constitucional”.

Agrega que el fallo censurado está desconociendo la especial atención que merece el derecho a la salud, dada la entidad de las garantías esenciales que le son conexas, todas las cuales “se encuentran por encima del Principio de Seguridad Jurídica en que se apuntala el fallo que nos concita”. (fls. 1243 a 1253, cdno. 1).

Consideraciones

1. Acerca de la procedencia de la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneración o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio idóneo de defensa judicial, prerrogativa que en ese específico evento le será protegida de manera inmediata.

La protección mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Carta Política, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los demás medios de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jurídico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Esta Sala ha destacado la relevancia del respeto a la cosa juzgada constitucional y ha denegado la protección reclamada en aquellos eventos donde:

“(...) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (...) [esto es, cuando se establece] (...) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposición de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, insistes, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acción son también idénticos de la anterior (...). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: ‘cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes’ (...)” (CSJ SC STC, 13 feb. 2013, Exp. 00168-00, reiterada STC5157-2016, 25 may. 2016, 2016-00072-01).

Por su parte, la Corte Constitucional ha ilustrado sobre el particular:

“En ese orden de ideas, como se desprende de las consideraciones hechas en la Sentencia SU-1219 de 2001 y en la jurisprudencia que la ha reiterado no es posible instaurar acciones de tutela contra acciones de tutela que han realizado tránsito a cosa juzgada constitucional. Tampoco es viable iniciar una nueva acción de amparo de derechos fundamentales cuando una sentencia de tutela pueda impugnarse, o cuando aún está en trámite el proceso de selección y revisión del fallo ante la propia Corte Constitucional, porque ello equivaldría a suplantar la función que la propia Constitución ha encomendado a ésta última”. (CC T-307/15).

3. Para esta Corte está suficientemente claro que la relevante controversia propuesta por el accionante se encuentra agotada en la sede del control de constitucionalidad, siendo justamente la actuación de tutela que trajo a colación el Tribunal de origen, la fuente de dicha clausura jurisdiccional.

En efecto, la pretensión de obtener del juez de tutela la declaratoria de estado de cosas inconstitucional en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE por razón de su situación financiera y a fin de lograr alivio con el levantamiento de las medidas de embargo que recaen sobre sus cuentas bancarias, ya fue atendida por la jurisdicción constitucional de forma definitiva, al menos, en cuanto respecta a sus instancias.

En la oportunidad anterior la denuncia de afectación a los derechos fundamentales de los pacientes del Hospital en general, y en particular, de los niños y personas de la tercera edad, fue radicada por los señores Javier Mauricio Delgado Martínez, Vicepresidente de la Comisión Séptima del Senado, y Álvaro López Gil, miembro de la homóloga en la Cámara de Representantes, actuando como agentes oficiosos.

En esta ocasión los beneficiarios de la acción, más allá de la forma de su enunciación, resultan ser el mismo grupo de personas que integran la categoría pacientes del HUV.

La causa de la afectación que se expuso obedece a la que aquí se ha destacado y las órdenes de protección rogadas se circunscriben a las mismas que hoy se presentan como principales. De igual manera todos los destinatarios del reclamo y demás intervinientes se avienen a los que hoy son protagonistas.

La actuación preliminar se distinguió con la radicación 76001 22 03 000 2015 00679 00 y la autoridad competente en primera instancia es la Corporación que en este trámite funge como a quo.

4. Lo documentado en este plenario da cuenta de que el trámite constitucional primigenio concluyó con sentencia estimatoria de la protección rogada, motivo por el cual en razón de su cumplimiento, gran cantidad de juzgados manifestaron que las medidas cautelares habían sido levantadas; no obstante, dicha resolución fue impugnada por ante esta Sala de Casación Civil, la cual previa anulación del trámite, revocó el amparo concedido, mediante sentencia CSJ STC7468-2016, 8 jun. rad. 00679-03, en la que, entre otras cosas, se concluyó:

“5.1. Conforme a los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, contrario a lo manifestado por el Tribunal a quo, la Sala no encuentra dados los requisitos para la declaratoria del “estado de cosas inconstitucional”. (...)

En el sub examine, es de ver que no se acreditó, según correspondía, “la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas”, por cuanto, entre otras cosas, a los menores TT, WW, XX, YY y ZZ, que padecen cáncer y se encuentran internados en dicho establecimiento, en favor de quienes se impetró la solicitud de amparo, así como a los demás pacientes que “regularmente se atiende”, no se les ha dejado de prestar atención médica, por lo cual no se están transgrediendo sus prerrogativas fundamentales, lo que desestructura de suyo el entendido que se pretendió justificar, lo cual apareja que tampoco se esté suscitando “la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos”. (...)

Finalmente, y sin que la Corte pueda obviar de entrada la ocasional “existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, [que] requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante”, es lo cierto que ese sólo aspecto, per se, no tiene la virtualidad de imponer la precisa declaración por este conducto constitucional perseguida, todo lo cual, como desde un principio se dijo, excluye arribar a la conclusión que vislumbró el tribunal a quo, imponiéndose entonces la revocación del fallo impugnado, en tanto que como atrás se esclareció, han de darse concurrentes los ingredientes compositivos de la figura de la cual viene hablándose, so pena de su inanición”.

La providencia transcrita, agotó en las instancias ordinarias el debate constitucional que el agente oficioso pretende suscitar nuevamente, encontrándose en estado de surtir el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional, donde adquirirá, según las resultas, su firmeza definitiva.

Lo anterior supone que incluso son de recibo en dicha sede, según las reglas propias de la revisión, las intervenciones de los interesados encaminadas a lograr que lo resuelto en la mentada acción de tutela anterior, que se insiste, guarda identidad con éste resguardo, sea objeto de estudio por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.

De manera que a ninguna conclusión diferente a la inferida por el Tribunal de origen puede arribarse, en tanto que ciertamente, el presente reguardo reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales, que edifican la cosa juzgada constitucional respecto de la acción de tutela previa, de donde surge nítida la improcedencia de las posteriores actuaciones de similar naturaleza.

5. En respuesta a las censuras concretas del accionante, expuestas en su escrito de impugnación, las cuales reiteran el sentido del escrito inicial, es del caso precisar que la disparidad de criterios respecto de las medidas de protección que se juzguen pertinentes para superar un estado de cosas inconstitucional no habilita la reapertura de la discusión sobre el fondo del asunto, pues ello daría al traste no solo con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, sino inclusive con la eficacia de la protección que se pueda brindar en aquellos eventos en los cuales se concede la intervención del juez de tutela, afectando además su competencia para disponer lo pertinente en torno a la obtención de su cumplimiento.

Sobre las atribuciones del juez de tutela para disponer medidas específicas de protección encaminadas a conjurar la vulneración de derechos fundamentales que ampara, particularmente cuando se trata de estados de cosas inconstitucional, se ha señalado:

“4. Diversas normas constitucionales y legales obligan al juez constitucional a verificar no solo el respeto de los derechos subjetivos de accionantes específicos, sino también a asegurar la dimensión objetiva de los derechos. Así, el propio artículo 86 de la Constitución dispone que las medidas adoptadas por el juez constitucional deben estar encaminadas a hacer cesar el origen de la vulneración, y “consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”, sin indicar que tal posibilidad deba circunscribirse a un catálogo cerrado de órdenes posibles. En este mismo sentido, el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 confiere al juez una amplia gama de posibles remedios al disponer que “en todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto” y que “cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad, el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible”. (...)

6. De conformidad con lo anterior, el juez constitucional tiene la facultad para determinar el contenido, el sujeto pasivo y los sujetos activos de sus órdenes para asegurar el restablecimiento de los derechos. En cuanto al contenido de las órdenes, éstas podrán ser abiertas o cerradas, generales o específicas, simples o complejas; en cuanto a los sujetos pasivos de las órdenes, éstas pueden estar encaminadas a beneficiar únicamente al demandante o a los demandantes en la acción de tutela o también a otras personas que se encuentran en la misma situación; y en cuanto a los sujetos activos de las órdenes éstas pueden estar dirigidas a un número cerrado de entidades o particulares demandadas, pero también a otros sujetos de cuya actividad depende la vigencia de los derechos constitucionales comprometidos” (CC A-385/10).

En tal contexto refulge claro que las órdenes concretas de protección son componentes consecuenciales de la decisión de la jurisdicción de amparar las prerrogativas fundamentales que advierte conculcadas o amenazadas, las cuales no comportan una Litis independiente, sino que se circunscriben al ámbito de la controversia principal con la que guardan relación de dependencia.

Vistas así las cosas, no puede edificarse una disparidad entre la acción anterior y la presente, con fundamento en la circunstancia según la cual el agente oficioso no comparte el alcance de las órdenes concretas de protección que en su momento estimó pertinentes el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y las cuales refirieron a los Kdesembargos solo por créditos de quinta clase”.

Por último, es del caso resaltar que no se evidencia conflicto entre las garantías de primer orden vinculadas al derecho a la salud, por una parte, y el principio de seguridad jurídica, en tanto lo acontecido es que la afectación ius fundamental, en la dimensión denunciada, ya fue enjuiciada en doble instancia con las resultas antedichas, sin que sea de recibo alterar lo resuelto por la simple voluntad de quien desea replantear el mismo debate.

6. Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la sentencia impugnada, por las razones aquí expuestas.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por lo anteriormente explicado.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.