sentencia STC952-206/2016-00032 julio 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

STC9523-2016

Rad.: 41001221400020160003202

(Aprobado en sesión de seis y trece de julio de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el tres de mayo de dos mil dieciséis dentro de la acción de tutela promovida por Gladys Dussan contra el Juzgado Segundo de Familia de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, trámite al cual se vinculó a la señora Alba Luz Rojas Murcia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

En el escrito que dio origen a la presente acción, la accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, mínimo vital, salud y las garantías de los adultos mayores, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, porque con ocasión al fallecimiento de su ex cónyuge, se le dejó de consignar ante el Juzgado Segundo de Familia de Neiva, su cuota alimentaria que era descontada de la pensión que aquél percibía.

Pretende, en consecuencia, se ordene «a quien corresponda seguir cancelando el valor correspondiente al 32% del valor de la pensión que recibía mi ex esposo Abelardo Alarcon Yustres, a través del Fondo de Pensiones Públicas, FOPEP, para que sean consignados a mi nombre en la cuenta pertinente del Juzgado 2 de Familia de Neiva en el Banco Agrario, teniendo en cuenta que prosiguen las condiciones que dieron origen a la imposición de la cuota alimentaria a mi favor…».

B. Los hechos

1. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, autoridad que conoció el proceso de divorcio que inició Abelardo Alarcón Yustres contra Gladys Dussan, dictó sentencia el 28 de febrero de 2001, en la que decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso celebrado entre las partes. Así mismo declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal.

De igual manera, y teniendo en cuenta que la «demandada no dio lugar a la causal de divorcio y se trata de una persona mayor de edad carente de recursos y que ha dedicado su vida al cuidado del hogar se le concede el derecho a alimentos, los cuales seguirán siendo regulados en proceso diferente que cursa en el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad». [Folios 29-32, c. 1]

2. Concomitante con lo anterior, el Juzgado Segundo de Familia de Neiva, en oficio No. 1345 del 16 de diciembre de 1997, ordenó al Pagador del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional «descontar el 32% de la pensión que recibe el señor ABELARDO ALARCÓN YUSTRES, luego de las deducciones de Ley (…) Dichos dineros serán consignados por intermedio de la Caja Agraria de esta ciudad, en los 5 primeros días de cada mes a nombre de la demandante GLADYS DUSSAN DE ALARCON, y a orden de este Juzgado». [Folio 28, c. 1].

3. Posteriormente Abelardo Alarcón Yustres, ante el citado estrado judicial, promovió demanda contra la accionante, para que se le exonerara de la cuota alimentaria fijada a favor de aquélla.

En fallo del 24 de junio de 2002, se negaron las súplicas del líbelo introductor, porque el actor «fue la persona que dio la causal para el divorcio, por tanto está obligado a dar alimentos a la cónyuge». [Folios 33-39, c. 1].

4. Abelardo Alarcón Yustres, falleció el 19 de enero de 2015. [Folio 40, c. 1].

5. Afirmó Gladys Dussan que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, no volvió a girar los dineros correspondientes al 32% de la pensión que percibía el causante.

6. Por lo anterior, la promotora elevó petición el 24 de febrero de 2015 ante el FOPEP, con el fin de que dicha entidad reanudara el pago de la cuota alimentaria fijada a su favor; entidad que el 5 de marzo siguiente, negó acceder a esa súplica, tras informar que «el demandado perdió el status de pensionado…».

7. Con fundamento en esa respuesta, el 9 de marzo de 2015 la tutelante solicitó al Juzgado Segundo de Familia de Neiva, requerir al pagador de FOPEP, a efectos de que continuara «cancelando el valor correspondiente a la cuota alimentaria decretada por el mismo despacho judicial a través de sentencia judicial debidamente ejecutoriada».

8. En auto del 22 de abril de 2015, el despacho judicial accionado negó la anterior solicitud, porque la accionante debía «ejercer las acciones legales en contra de la decisión del Fopep…», e inclusive hacerse parte como acreedora dentro del respectivo juicio de sucesión del extinto Abelardo Alarcón.

9. Inconforme con lo resuelto, la promotora interpuso reposición, el cual se resolvió desfavorablemente en interlocutorio del 11 de junio del año pasado.

10. Nuevamente el 4 de agosto de 2015, la actora insistió ante el Juzgado Segundo de Familia de Neiva para que conminara al Fopep a cumplir la orden judicial emitida a su favor, petición que se denegó en auto del 27 de agosto posterior.

11. Impetrada por la accionante reposición contra aquella última determinación, en proveído del 15 de diciembre de 2015 se mantuvo la postura cuestionada.

12. Teniendo en cuenta que la autoridad judicial, negó sus peticiones, acudió a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, para que dicha entidad procediera a cancelarle el 32% por concepto de cuota de alimentos.

13. En decisión del 19 de noviembre de 2015, la UGPP le comunicó que en Resolución RDP 019755 del 20 de mayo de ese año, le reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Alba Luz Rojas Murcia, en su condición de «cónyuge supérstite, en la misma cuantía devengada por el causante, a partir del 20 de enero de 2015, con ocasión al fallecimiento del señor ABELARDO ALARCON YUSTRES».

14. En criterio de Gladys Dussan, la anterior actuación le vulnera sus derechos fundamentales porque las entidades accionadas se negaron a reactivar el pago de su cuota alimentaria, prestación económica que se le reconoció mediante sentencia; amén de que es una persona de la tercera edad, y su salud está en deterioro.

C. El trámite de la primera instancia

1. El 1 de febrero de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva admitió la acción de tutela y le dio traslado a las autoridades accionadas. [Folio 114, c. 1]

2. Dentro de la oportunidad concedida la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, explicó que el pago de la cuota alimentaria reconocida a favor de la tutelante mediante sentencia, «no está enmarcada dentro de las funciones de esta Entidad, ya que nuestra obligación es el reconocimiento de derechos pensionales y no el pago de obligaciones civiles, por lo tanto no somos los competentes para resolverla debido a la imposibilidad jurídica por parte de esta Unidad, toda vez que el encargado de pagar la pensión del causante y las demás acreencias que tenga el pensionado con terceros está a cargo del Consorcio – Fopep».

A su turno el Consorcio FOPEP, adujo que «… la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social – UGPP, en el mes de diciembre de 2014 dejó de reportar pagos a favor del señor ABELARDO ALARCON YUSTRES (Q.E.P.D.), (…) lo 7 anterior teniendo en cuenta que el pensionado figura como fallecido, (…) de igual forma, se evidencia que los descuentos por concepto de alimentos a favor de la señora GLADYS DUSSAN, se realizaron hasta el mes de diciembre de 2015».

Frente a las súplicas de la promotora señaló que «se encuentra imposibilitado para continuar efectuando descuentos sobre la mesada pensional que en vida percibía el señor ABELARDO ALARCON YUSTRES (Q.E.P.D.), por concepto de la cuota de alimentos decretada por el Juzgado Segundo de Familia de Neiva, y que no posee recursos para ello, debido a que el señor ABELARDO ALARCON YUSTRES (Q.E.P.D.), ya no hace parte de la nómina de pensionados, pues si bien es cierto, el Consorcio tiene a su cargo la realización de los pagos, también lo es que debe existir previamente orden de pago de la pensión por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo que en este caso resulta imposible ante el fallecimiento del titular de la prestación, toda vez que los recursos que administra el Consorcio tienen una destinación específica y si una persona no se encuentra incluida en nómina o fue suspendida de la misma, no presenta recursos a favor…». [Folios 251-253, c. 1].

De otro lado, Alba Luz Rojas Murcia, pidió denegar el amparo porque la accionante cuenta con otros medios de defensa para hacer valer sus derechos, como por ejemplo iniciar la sucesión intestada del causante Abelardo Alarcón Yustre.

3. El Tribunal Superior de Neiva, en fallo de 3 de mayo de 2016, y luego de que la Corte decretara una nulidad, concedió la salvaguarda rogada, y ordenó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales «que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, modifique los autos DAP 015109 del 19 de noviembre de 2015 NOT_PD 184399 y ADP 017570 del 24 de diciembre de 2015 NOT_PD 200677, mediante las cuales se le reconoció la sustitución pensional, a la señora ALBA LUZ ROJAS MURCIA, en el sentido de establecer la deducción de la cuota alimentaria, a que tiene derecho [la accionante] en el porcentaje que lo venía haciendo antes de suspender los pagos». [Folios 316-325, c. 1]

4. Inconforme, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP impugnó la decisión, aduciendo que la situación allí planteada debió ser alegada por la accionante en el respectivo juicio de sucesión.

Así mismo, Alba Luz Rojas Murcio, dejó ver su disenso contra el anterior fallo de tutela, para lo cual expuso que no se evidencia una afectación al mínimo vital de la promotora, toda vez que aquélla (i) percibe subsidios del programa «adulto mayor», (ii) sus descendientes tienen la obligación de suministrarle la cuota alimentaria, y (iii) es propietaria de un inmueble que le donó una hija.

5. En escrito radicado el 10 de mayo de 2016, la tutelante solicitó la adición de la sentencia de primer grado, 9 en el sentido de ordenar el pago de forma retroactiva de todos los dineros dejados de percibir; y en el evento de no prosperar su pretensión, se le concediera el recurso de impugnación.

6. El Tribunal Superior de Neiva, en providencia del 20 de mayo de 2016, denegó «la petición de adición del proveído calendado el 03 de mayo de 2016».

II. CONSIDERACIONES

1. Como en múltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acción de tutela es una herramienta con la que se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acción u omisión de las autoridades públicas o aún de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su carácter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos.

2. El derecho de alimentos se fundamenta en el principio de solidaridad social, reconocido en los artículos 1º y 95 (num 2) de la Constitución Política y es reflejo de la ayuda y el socorro mutuo que se espera debe existir entre sujetos unidos por lazos afectivos, apoyo que no siempre se produce de manera voluntaria, por lo que la ley determinó los casos en los que es imperativo su cumplimiento.

Es un derecho personalísimo de contenido patrimonial, intransferible a cualquier título, por acto entre vivos o por causa de muerte, inembargable, irrenunciable e imprescriptible por expresa disposición de los textos legales 424 y 425 del estatuto civil.

La obligación alimentaria tiene origen en la ley o en el testamento, para el primer caso el Código Civil señala de manera taxativa en el canon 411 quienes son los beneficiarios de esa prestación, entre los que se incluye al «cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa» y a cargo del exesposo culpable de la separación.

En ese orden, como consecuencia de la disolución del vínculo marital o por la separación de cuerpos, se puede condenar a uno de los integrantes de la relación conyugal a pagar al otro una pensión alimenticia, debido a que con su conducta culposa ha dado origen a la ruptura, se trata pues de una sanción establecida por el legislador.

Además, es necesario para que se pueda exigir el reconocimiento de los alimentos que el beneficiario los necesite, que la situación económica de la persona a quien se le piden le permita proporcionarlos y que la ley le otorgue el derecho a exigirlos.

Debido a que el funcionario judicial consideró que estaban reunidos esos requisitos, fijó una cuota alimentaria a favor de la accionante equivalente al 32% de la mesada 11 pensional que el fallecido Abelardo Alarcón Yustres percibía.

2.1. Ahora bien, la regla general es que los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, así lo dispone el artículo 422 del estatuto civil, de ahí que si varían esas condiciones, el cumplimiento de ese deber legal cese de manera ineludible.

Esa obligación se puede extinguir por la muerte del alimentario o cuando éste deja de estar en estado de necesidad o el alimentante no se halla en condiciones económicas de prestar los alimentos.

Sin embargo, el deceso del alimentante no genera esa misma consecuencia, porque tratándose de alimentos adeudados por disposición legal, la masa hereditaria debe gravarse, pues se trata de una asignación forzosa, como lo prevé el numeral 1 del artículo 1226 del Código Civil:

«Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.

Asignaciones forzosas son:

1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas».

En ese orden, para determinar la forma en la que se deben pagar esa prestación, el canon 1227 del estatuto civil, dispone que «Los alimentos que el difunto ha debido por la ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión».

Entonces, cuando se trata de alimentos forzosos, la obligación es intrasmisible y, en principio, no se transfiere a los herederos, sino que afecta de manera general la masa herencial, de ahí que la cuota alimenticia deba pagarse con cargo a ella y no en detrimento del patrimonio propio de los sucesores del fallecido.

Así el artículo 1016 del Código Civil dispone que en todo caso «se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado (…): 4º) Las asignaciones alimenticias forzosas.”, por ello el ordenamiento civil previó que las personas legitimadas para recibir alimentos puedan seguir percibiendo su pago, con independencia de la muerte de la persona que los preveía, por lo que el cumplimiento de esa prestación se debe hacer con cargo a la masa de bienes que integran la sucesión del difunto.

2.2. Dilucidado ese aspecto, es necesario determinar si los aportes realizados por el pensionado o afiliado hacen parte de la masa herencial y en tal caso, si es procedente disponer el pago de la obligación alimentaria con cargo a ellos.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 el sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes, a saber:

a) El régimen solidario de prima media con prestación definida, caracterizado porque los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración, la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la ley y la obligación del Estado de garantizar el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.

Una vez fallece el pensionado o afiliado, los aportes realizados bajo ese régimen, en caso de que no existan beneficiarios, entran a integrar el fondo común al que se refiere la norma citada, pero no forman parte de la masa herencial del causante y, por lo tanto, no puede ordenarse el pago de la cuota alimentaria con cargo a esos dineros, pues esa obligación –se reitera- debe ser pagada con los bienes dejados por el difunto.

De otro lado, cuando se trata del régimen de ahorro individual con solidaridad, la situación es diferente, pues cuando no existen beneficiarios que puedan obtener la sustitución de la mesada pensional, ocurrida la muerte del afiliado o pensionado, «Las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. En caso de que no haya causahabientes hasta el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al fondo de solidaridad pensional de que trata la presente ley»(1).

Entonces, cuando no existen beneficiarios que puedan obtener la sustitución pensional, le ley dispone que los aportes realizados por el afiliado o pensionado, ingresen a la sucesión del fallecido y será en este trámite liquidatorio, que se disponga la manera en la que deberá ser cancelada la obligación alimentaria.

Ahora bien, si hay beneficiarios, la pensión se sustituye a quien de acuerdo con la ley, tiene derecho de percibir esa prestación, evento en el cual los dineros correspondientes a la mesada pensional le pertenecen a ese tercero y, por consiguiente, no integran la sucesión del fallecido, motivo suficiente para que quien obtiene el pago de la pensión de sobrevivientes, no tenga el deber legal de solventar la deuda por concepto de alimentos.

En efecto, la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, según lo definió la Sala de Casación Laboral tiene «una finalidad específica, aun antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, de proteger la familia del trabajador que depende económicamente de éste, de las contingencias generadas por su muerte y a ese cometido es que se encuentran previstos por el legislador los diferentes grados de beneficiarios, en razón a su vinculación más o menos estrecha con el núcleo familiar y la mayor o menor afectación que produce el deceso de quien provee lo necesario para su supervivencia, bajo unos criterios propios de la seguridad social, como el de la integralidad del sistema actual.

Además, es de señalar, nuevamente, que la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes no obedecen en estricto rigor a la necesidad de distribuir entre los herederos, un derecho patrimonial dejado por el causante, sino que, como se dijo, lo que se pretende es proteger a ciertas personas de las contingencias generadas por la muerte del trabajador, bajo unos criterios diferentes a los de la simple protección de la propiedad privada. (CSJ SL,

En sentencia C-081 de 1999, la Corte Constitucional se refirió al tema aquí tratado y señaló: «Empero estima la Corte, bajo este orden de ideas, que no pueden confundirse, como lo hace la demandante, los derechos herenciales con el reconocimiento de prestaciones sociales originadas en la muerte de uno de los miembros de la pareja, titular de la pensión, pues se reitera, se trata de instituciones jurídicas diversas, las cuales no pueden equipararse ni someterse a interpretaciones semejantes o analógicas, pues, son diferentes los principios que animan la hermenéutica jurídica en este campo del ordenamiento legal, a los que prevalecen en el área del derecho privado."Entonces, tal como se estableció en ese fallo, deben distinguirse los derechos herenciales que pueden ser transmitidos a los herederos del causante y el derecho propio de los beneficiarios de la pensión de sustitución que no pertenece a la sucesión».

2.3. Bajo los parámetros expuestos, le corresponde a la accionante intervenir en el juicio de sucesión de Abelardo Alarcón Yustres, para que al interior de ese trámite se disponga de qué manera se cancelará la cuota alimentaria, con cargo a la sucesión, sin que sea viable disponer a priori y mediante este mecanismo constitucional, gravar la mesada pensional que fue sustituida a favor de un tercero, a quien no se le puede imponer el pago de una prestación que legalmente no adeuda y quien es titular de un derecho propio.

En ese sentido, de la mesada pensional reconocida a Alba Luz Rojas Murcia, como cónyuge supérstite del difunto Abelardo Alarcón, no se puede deducir la cuota alimentaria fijada a favor de la accionante, porque esa prestación no forma parte de los bienes dejados por el causante, sobre los cuales debe recaer el pago de esa obligación.

Tal circunstancia, en modo alguno supone que se desconozca la orden judicial en la que se fijó la cuota alimenticia, pues su pago debe realizarse en la forma establecida en el ordenamiento civil; además, no debe confundirse el monto de la prestación y la forma en la que se ordenó pagar, con la obligación misma, pues si bien el 17 funcionario judicial estableció que correspondía al 32% de la pensión que recibía Abelardo Alarcón, ello no supone que la única manera en la que deba cumplirse con esa prestación, sea a través de la deducción de ese porcentaje de la mesada pensional sustituida, sino que debe cancelarse por ese monto, con cargo a los bienes dejados por el causante.

Además, el principio de solidaridad social y los derechos fundamentales de la accionante se encuentran protegidos, porque el pago de la obligación alimentaria se garantiza con cargo a los bienes dejados por el difunto, sin que so pretexto de la protección de esas garantías constitucionales, pueda imponerse a un tercero el cumplimiento de una obligación que legalmente no le corresponde, en detrimento de su patrimonio, aún bajo el supuesto de que con la masa herencial no se pueda satisfacer la prestación alimenticia, supuesto en el que se habrán modificado las condiciones iniciales en las que fue fijada la cuota alimentaria y, por lo tanto, conducirían a la extinción de esa obligación.

3. Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del asunto, cuando por una actuación u omisión se han vulnerado las garantías de los ciudadanos, pero en ningún momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido 18 para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política.

Por consiguiente, se revocará el fallo impugnado, y en su lugar, se negará el amparo reclamado.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, NIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Álvaro Fernando García Restrepo 

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo— Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona

1 Artículo 76 Ley 100 de 1993