Sentencia STC9907-2015 de julio 30 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación 08001-22-13-000-2015-00273-01

STC9907-2015

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de veintinueve de julio de dos mil quince)

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”…”, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una “evolución jurisprudencial” por parte de la “Corte Constitucional”, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y lo contemplado en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepción la posibilidad de proteger esa afectación constitucional siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. La gestora pretende que se ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cumplir la orden judicial emitida por el Juzgado Séptimo de Familia de esa ciudad consistente en inscribir el embargo del inmueble por alimentos y a la autoridad accionada que proceda a la prelación de créditos teniendo en cuenta el que se surte en aquel, pues, en su opinión, las autoridades encartadas incurrieron en defecto sustantivo y procedimental absoluto.

3. Del examen de las pruebas y, en lo concerniente con la queja, se desprende que:

a) El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla el 5 de agosto de 2013 libró orden de pago compulsivo a favor de Banco Davivienda S.A. y en contra de Álvaro Barros Donado, el 29 de octubre siguiente decretó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula 040-109332 y el 11 de diciembre posterior dispuso seguir adelante con la ejecución (fls. 6-13, cdno. 2).

b) La célula judicial entutelada por auto de 22 de enero de 2014 avocó conocimiento de ese proceso en virtud del Acuerdo PSAA13-9984 y en proveído de 21 de marzo siguiente ordenó el secuestro del bien cautelado; a su vez, mediante providencia de 24 de febrero del año en curso aprobó el avalúo del mismo en la suma de $ 660’000.000 (fls. 15, 17, 46-48 ibíd.).

c) El 7 de abril hogaño recibió el oficio 0330-15 de parte del Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla informándole que “[allí] cursa proceso de EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENOR promovido por FLAVIA FERNÁNDEZ GARCÍA (…) contra ÁLVARO BARROS DONADO (…)” y que “dentro del presente proceso se ordenó seguir adelante con la ejecución según se dispuso en el mandamiento de pago calendado 6 de mayo de 2014, es decir por la suma de ciento veintiocho millones de pesos M/L ($ 128.000.000), el cual se encuentra pendiente de liquidación de crédito” (fl. 51, ibíd.).

d) Por auto de 13 de abril de 2015 comisionó “a la NOTARÍA EN TURNO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BARRANQUILLA, para que lleve a cabo la práctica de la diligencia de remate del inmueble” con matrícula 040-109332 (fls. 52-53 ib.).

e) El 1º de junio de 2015 suspendió la diligencia de remate ordenada en acatamiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Barranquilla al conceder la medida provisional dentro de una tutela interpuesta por Álvaro Barros Donado (fl. 56 ídem.).

f) El 25 del mismo mes y año recibió oficio 0715-15 emitido por el Juzgado Séptimo de Familia de esa ciudad donde se le comunicaba que “en el presente proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENOR promovido por FLAVIA FERNÁNDEZ GARCÍA (…) contra ÁLVARO BARROS DONADO (…) se encuentra decretadas medidas cautelares de embargo y secuestro del bien inmueble perteneciente al demandado señor ÁLVARO BARROS DONADO identificado con matrícula inmobiliaria 040-109332 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla por la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($ 165.354.336) conforme a la liquidación de crédito aprobada mediante proveído adiado 21 de mayo de los corrientes” (fl. 59 ejusdem) (resaltados propios del texto).

g) El Juzgado Séptimo de Familia por auto de 6 de mayo de 2014 libró mandamiento de pago por el valor de las cuotas alimentarias dejadas de cancelar contra el señor Álvaro Fernández García y en providencia de 6 de febrero de 2015 decretó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula 040-109332 comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con oficio 0100-15 (fls. 60, 66 y 67 ibíd.).

h) Ante dicha autoridad la actora por intermedio de abogado solicitó “se decrete el embargo y secuestro del predio (…) identificado con Matrícula (…) 040-1093321 (…), el cual es objeto de litigio dentro del proceso Ejecutivo Mixto de Davivienda contra Álvaro Barros Donado (…) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil”. Asimismo “[u]na vez decretado el embargo (…) se sirva oficiar dicha medida cautelar al Juzgado 7 Civil del Circuito de Barranquilla dentro del [reseñado proceso] y al Juzgado (1º) de Ejecución Civil del Circuito de esta ciudad, a fin de que estos den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil” (fls. 69-70 ibíd.).

i) Frente a tal pedimento por auto de 25 de junio de 2015 el despacho dispuso que “no hay lugar a acceder a [lo pedido] por cuanto que la medida cautelar se encuentra decretada mediante auto adiado 6 de febrero de los corrientes. No obstante se oficiará a los despachos señalados por el apoderado para lo de su conocimiento respecto de las medidas cautelares decretadas por esta agencia judicial” (fl. 71 ib.).

4. Verificadas las actuaciones reseñadas, la salvaguarda invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional vía, toda vez que respecto al juzgado accionado deviene prematura en tanto que en la actualidad ninguna vulneración se advierte si en cuenta se tiene que la ejecución civil no ha llegado al estadio de la entrega del producto del remate, momento en el que se resuelve sobre la prelación de créditos y por tal motivo no puede decirse que se estén desconociendo las prerrogativas derivadas del crédito alimentario.

Al respecto, esta Sala ha considerado que:

[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01).

5. En igual sentido corresponde dirimir este asunto respecto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues la petición de levantar el gravamen hipotecario so pretexto de inscribir el derivado de la ejecución alimentaria es a todas luces improcedente.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-664 de 2006, al estudiar una presunta omisión legislativa frente al artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, por no contemplar la prevalencia de los proceso ejecutivos de alimentos, en primer lugar, señaló que:

La prevalencia de embargos es una figura de carácter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos públicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor. En el registro el principio es el de la prevalencia de los embargos, en consideración a la jerarquía de las acciones en que se originen, y la excepción es la concurrencia de embargos, lo que se refleja en la decisión del legislador de garantizar que sólo exista un embargo en el folio único de matrícula inmobiliaria. Por su parte, la prelación de créditos es de carácter sustancial, que consiste en una graduación de los mismos efectuada por el legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagarán hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley”.

Seguidamente, anotó que “los demandantes parecen considerar que la única medida posible para garantizar el interés superior del menor cuando se han decretado embargos en distintos procesos ejecutivos es la total equivalencia entre la figura de carácter procesal, la prelación de embargos, y la figura sustancial, la prelación de créditos, porque parecen entender que la única manera de asegurar el pago preferente de los créditos, de conformidad con los órdenes establecidos en el Código Civil, es que el Legislador establezca una estricta prelación de los embargos y secuestros decretados en los procesos ejecutivos de conformidad con la naturaleza de los créditos cobrados, así en primer lugar deberían prevalecer aquellos embargo decretados en el proceso ejecutivos alimentarios.

No obstante tal apreciación resulta equivocada por dos razones que se expondrán a continuación: En primer lugar porque de acogerse los argumentos propuestos por los demandantes sería necesario subsanar todas las supuestas omisiones en que incurrió el legislador al no regular la prelación de embargos de conformidad con la prelación sustancial de créditos; en segundo lugar porque existen otros mecanismos procedimentales que garantizan la real satisfacción de los créditos privilegiados cuando existen medidas cautelares ordenadas por jueces de distintas especialidades de la jurisdicción ordinaria”.

Y, finalmente precisó que “la supuesta omisión que alegan los demandantes puede ser subsanada mediante una interpretación sistemática del Código de Procedimiento Civil pues, como ponen de manifiesto los intervinientes, otras disposiciones de este ordenamiento permiten hacer efectiva la prelación sustancial de créditos y en esa medida garantizan la primacía de los derechos de los menores. En efecto, tal como ha sostenido la jurisprudencia constitucional el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil” (resaltado fuera de texto).

(…).

“El encabezado de este artículo no es el más afortunado, pues realmente no prevé la coexistencia de manera simultánea de embargos decretados en distintos procesos, sino que en estricto sentido establece una prelación de pagos que debe ser aplicada por el juez del proceso civil en el cual se decretó el embargo y se perfeccionó. Empero, a pesar de su denominación equívoca esta es la disposición mediante la cual se asegura el cumplimiento de los órdenes establecidos Código Civil para la satisfacción de los créditos, pues determina a cual acreedor debe pagársele en primer término del producto del remate de los bienes embargados, aun cuando subsista la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo con garantía real que se adelanta ante la jurisdicción civil”.

Y pese a que el artículo 558 Código de Procedimiento Civil “omite referirse a los embargos decretados en los procesos ejecutivos que se adelanten para satisfacer créditos alimentarios debidos a un menor. Al respecto cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia constitucional se han ocupado de la materia y ha entendido que esta disposición también es aplicable respecto de los embargos por créditos privilegiados de alimentos. Así, en la Sentencia T-57 de 2002 se sostuvo: De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, la medida de embargo de un bien sujeto a registro decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores está regulada por lo dispuesto en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual este funcionario judicial deberá dar aplicación al procedimiento allí establecido.

Por lo tanto, el juez de familia, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trata, deberá comunicar inmediatamente al juez civil de la medida de embargo. Por su parte, el juez civil adelantará el proceso hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, solicitará al juez de familia la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial” (resaltado fuera de texto).

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificará el fallo objeto de opugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Notifíquese.»