Sentencia STL10296-2016/43954 de julio 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL10296-2016

Radicación 43954

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga 

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Procede la Corte a resolver en primera instancia, la acción de tutela instaurada por el representante legal de la empresa Drummond Ltda., contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguaná.

I. Antecedentes

El representante legal de la empresa Drummond Ltda., instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

Adujo que el 8 de abril de 2014, el inspector de Chiriguaná le comunicó a la empresa accionante “la solicitud presentada ante el despacho de la nueva creación de un sindicato acorde a la Resolución 810 de 3 de marzo de 2014”; que la organización gremial y de primer grado, fue denominada Sindicato Nacional de Trabajadores Enfermos y Discapacitados del Sector Minero, Sintradem; que en los estatutos de la organización sindical se establece en el artículo 1º que la organización es de tercer grado y de gremio.

Señaló que en el acta de constitución del sindicato el 3 de abril de 2014, se indicó que se hizo lectura de los estatutos y se pusieron a consideración de la asamblea, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Indicó que el artículo 356 del CST, dispone la clasificación de los sindicatos de trabajadores. Sin embargo, que Sintradem según los estatutos se encuentra conformado por “enfermos y discapacitados”, denominación que “dista de ser una profesión, oficio o especialidad, requisitos indispensable para denominarse sindicato de gremio”, además que el sindicato de tercer grado de confederación, debe estar conformado por 10 federaciones u organizaciones de segundo grado.

Adujo que el artículo 401, literal E del CST modificado por el artículo 56 de la Ley 50 de 1990, establece en que en el evento en que el sindicato se encontrara en algunas de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo o quien tenga el interés jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical.

Comentó que el 19 de septiembre de 2014, la entidad actora promovió demanda especial de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción de Sintradem; que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguaná, quien mediante sentencia de 30 de septiembre de 2015, negó las pretensiones invocadas en el escrito genitor; reseñó que el argumentó que expuso el juez de conocimiento “fue ligero”; que frente a la anterior decisión interpuso recurso de apelación; que el ad quem a través de providencia de 8 de junio de 2016, al desatar el recurso impetrado consideró que la entidad quejosa no se encontraba “legitimada para ejercer” aquella acción, razón por la cual decidió “no estudiar los puntos objeto de la apelación”.

Dijo que las sentencias dictadas dentro del proceso de la referencia evidencian el “total desconocimiento de los falladores, no solo de la legislación que regula el derecho de asociación sindical, sino el contenido de la Sentencia C-695 de 2008, que le quitó la competencia al Ministerio del Trabajo de ejercer un control previo sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para existencia, antes de proceder con la inscripción en el registro sindical”.

De conformidad con los hechos narrados, solicitó que se dejen sin efecto los fallos emitidos dentro del proceso especial y, en su lugar, se ordene la nulidad de las mismas, tras considerar que son providencias contrarias a la ley.

Mediante auto proferido el 12 de julio de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes accionadas y vincular a las partes e intervinientes y autoridades judiciales en el proceso controvertido, por tener interés en la acción constitucional, para que, se pronunciaran sobre ella, si a bien tenían.

El apoderado judicial del sindicato —Sintradem—, adujo que no es procedente la presente acción de tutela, puesto que no existe vulneración a los derechos reclamados.

II. Consideraciones 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, la empresa convocante pretende que se deje sin efecto la sentencia emitida el 8 de junio del año en curso, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que resolvió confirmar el fallo recurrido, dentro del proceso especial laboral que la entidad hoy accionante promovió contra el Sindicato de Discapacitados del Sector Minero, Sintradem.

Pues endilga la entidad accionante, que en la citada providencia se incurrió en una vía de hecho, por ser contraria a la ley, lo que conllevó a un error fáctico presuntamente cometido por el tribunal accionado, en razón a que bajo el imperio de la ley, aquella entidad promovió proceso especial sumario de disolución y liquidación de sindicatos y cancelación del registro sindical del Sindicato de Discapacitados del Sector Minero, Sintradem, en el cual solicitó la declaratoria de ilegalidad de la citada organización.

Revisado tal pronunciamiento, el tribunal atacado adujo que si bien se efectuó una clasificación distinta a la que corresponde en la forma prevista en el artículo 40 de la Ley 50 de 1990, que puede dar lugar a la disolución y liquidación del sindicato, únicamente el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social se encuentra legitimado para ejercer aquella acción. De ahí que, concluyera que en el presente caso la entidad demandante no tiene por ley sustancial la facultad para ello y, por lo tanto reseñó que las pretensiones no están llamadas a prosperar, circunstancia por la cual consideró que el demandado tiene que ser absuelto, toda vez que quien demandó no es la persona que tiene el interés para hacerlo.

No obstante, para la Corte estas consideraciones del ad quem, en efecto, desconocen lo consagrado en el numeral 3º del artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que reza lo siguiente “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio Público, o el empleador afectado, podrán solicitar a la justicia laboral la suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato, conforme al procedimiento señalado en el artículo 52 de esta ley”, ya de lo anterior, observa la Sala que, al fijar la autoridad accionada, un alcance e interpretación diferente a la que gobierna el caso en concreto, esto es, el desconocer la legitimación que reviste al empleador de promover la citada acción, es evidente, que el juzgador incurrió en una vía de hecho, que afecta el debido proceso de la parte accionante.

Luego, resulta procedente amparar los derechos deprecados por la entidad petente, para dejar sin efecto alguno la sentencia dictada el 8 de junio de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que resolvió confirmar el fallo cuestionado y, en consecuencia, se ordena que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a proferir un fallo de conformidad con los lineamientos esbozados en la presente providencia.

Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar procedente la acción de tutela.

III. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. AMPARAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia y, en consecuencia, se ORDENA dejar sin efecto alguno la sentencia dictada el 8 de junio de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que resolvió confirmar el fallo de primera instancia, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a emitir un fallo de conformidad con los lineamientos esbozados en la presente providencia.

2. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.