Sentencia STL10518-2016/67481 de julio 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

STL10518-2016

Rad.: 67481

Acta 27

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

La Sala resuelve la impugnación presentada por la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la acción de tutela que interpuso L… L… en su contra y de la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas, Fiscalía General de la Nación y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Se acepta los impedimentos manifestados por los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz y Fernando Castillo Cadena, por encontrarse incursos dentro de la causal 1º del artículo 56 del CPP, al actuar como vinculada la Procuraduría General de la Nación.

I. Antecedentes

L... L... instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y “dignidad humana de familiares de víctimas” presuntamente vulnerados por las accionadas.

Refirió que el 13 de febrero de 2014 presentó un escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “caso comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del rio Cacarica vs Colombia”, en la cual se condenó al Estado colombiano por la “violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, en perjuicio del señor M... L...” y de sus familiares.

Indicó que el 17 de febrero y el 3 de marzo de 2014, respectivamente, le informaron que para proceder a cumplir con dicha orden debía acreditar su calidad de hermano del fallecido M... L... Relató que en mayo de 2015, presentó una nueva solicitud de pago de la indemnización ordenada por la CIDH, “por cuanto conside[ra] que están todos los documentos que prueban [su] parentesco” —registro civil de nacimiento— y subsidiariamente, pretendió que a través de la “Fiscalía General de la Nacional” se le realizara un examen de prueba de ADN.

Expuso que la cartera ministerial, respondió que “tendrá que acudir a la jurisdicción ordinaria para que un Juez de la República determine su parentesco con el señor L… M… (sic) y de ser probado, pueda acceder a los derechos que le corresponda”.

Cuestionó que el Consejo de Estado en Sala de Consulta y Servicio Civil, consideró que “El Estado colombiano no puede someter a los administrados a probar el parentesco con las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, no faltaba más que el Estado con todo su engranaje tenga que seguir violando los derechos humanos de los familiares de las víctimas”.

Con base en los hechos narrados, el tutelante recurre a la presente acción con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene a las accionadas realizar todas las actuaciones tendientes a probar el parentesco con su hermano M... L..., y ordenarles dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 31 de mayo de 2016 el a quo admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la convocada, con el fin de que ejerciera los derechos de defensa y contradicción.

Dentro del término de traslado, la Defensoría del Pueblo informó que no le constan los hechos de la demanda, toda vez que en la base de datos no se encontró registro alguno sobre las peticiones del accionante.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manifestó que no tiene competencia para reconocer los derechos pretendidos por el actor en vía administrativa y constitucional, por cuanto una vez proferido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cesa su función de representación del Estado colombiano y el asunto pasa a ser competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La Nación – Presidencia de la República indicó no es la competente para resolver el asunto; no obstante, explica que en el fallo dictado por la CIDH no hay identificación y determinación de los beneficiarios de las indemnizaciones ordenadas, por lo que ha “sido difícil su manejo”, toda vez que, durante dicho proceso sólo se individualizó a la compañera permanente del señor M... L..., pero no a sus hijos ni hermanos, inclusive —adujo—, durante todo el trámite ante el Sistema Interamericano, el tutelante no fue presentado como hermano de la víctima.

Expuso que ha dado respuesta a cada una de las solicitudes radicadas por el petente y solicita que se “llame la atención al demandante teniendo en cuenta al uso indiscriminado del derecho de petición y de la acción de tutela, pues es evidente que ante la Presidencia de la República no es que debe dirigirse para que se haga lo que solicita”.

La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que el accionante, en ninguna etapa dentro del proceso adelantado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alegó su condición de hermano del difunto M... L..., por tanto, tal calidad no le ha sido reconocida por esos órganos que la componen, razón por la cual le corresponde demostrarlo a través de los medios legales idóneos.

Agregó que ante la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó una consulta para obtener información de parentesco entre los señores M... L... y L… L… H., autoridad que indicó que no tiene la función de valorar pruebas y, en consecuencia, se debía acudir al proceso de jurisdicción voluntaria ante el Juez Civil Municipal, para que sea quien determine el vínculo entre los inscritos, situación que le informó el 17 de mayo de 2016 al petente. Adicionó que no es la encargada de dirimir tal calidad, por lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

Surtido el trámite de rigor, la Sala que conoció de este asunto en primer grado, mediante sentencia de 14 de junio de 2016, concedió el amparo de los derechos fundamentales al actor y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, explicara al petente “de forma motivada si las pruebas que este manifiesta haber aportado son conducentes, pertinentes y suficientes, de conformidad con el precedente establecido en materia probatoria por la CIDH para acreditar la calidad de hermano del señor M... L..., y en caso de que estas no lo sean, se le precise e informe que pruebas le hacen falta, o se practiquen las necesarias o costa del Estado, recordando que en todo caso no podrá hacer oponibles al actor las normas de derecho interno para acreditar esta calidad” y, negar “la pretensión encaminada a ordenar el cumplimiento de la sentencia de la CDIH”. Así refirió:

(...) resulta claro que si bien en el ordenamiento jurídico interno la prueba del parentesco se acredita a través del Registro Civil de Nacimiento conforme lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970, no puede desconocer el Estado colombiano que conforme la jurisprudencia de la CIDH existen otras fuentes o medios probatorios a través de los cuales los familiares de una víctima pueden acreditar esta condición, criterios que debe atender por tratarse en esos casos de graves violaciones de derechos humanos, debiendo acatar el fallo en sus efectos, conforme a las obligaciones asumidas en el marco del derecho de los tratados.

(...).

Con ocasión del presente trámite la entidad accionada en su respuesta manifiesta haber realizado consulta con la Registraduría, entidad que le sugirió que el accionante debía adelantar un proceso de jurisdicción voluntaria a fin de que en el mismo se acredite su parentesco, y reitera que ante el Estado no está probada aun (sic) la calidad de hermano y por ello carece de legitimación para ser beneficiario de la sentencia del CIDH.

En este punto vale la pena hacer referencia a las acciones de tutela, que ha adelantado el accionante frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de las cuales hace cita esta entidad al dar su respuesta, destacando entre ellas la radicado 05001-2203-000-2015-00536 en la que conforme se indica se dio una respuesta efectiva en la que señaló el proceso a seguir, esto es, el de jurisdicción voluntaria.

De esta manifestación se desprende de forma evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores está desconociendo la jurisprudencia de la CIDH, que en casos de condenas a los Estados, ha utilizado diferentes medios para acreditar el parentesco de los beneficiarios de la condena, habida cuenta de las dificultades que se presentan al momento de hacer efectiva la garantía de la justicia material.

En ese orden resultan evidentes las dificultades que se le han impuesto al señor L…L… para probar su parentesco con el señor M... L..., por lo que se hace necesario amparar los derechos (...) que han sido vulnerados (...).

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario la impugna, para lo cual reitera que el 17 de mayo de 2016, informó al petente que debía acreditar el parentesco con su hermano M... L... a través de la jurisdicción voluntaria ante un Juez Civil Municipal, tal y como lo señaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que considera que al haber dado respuesta, no tiene injerencia alguna en el reconocimiento de tal calidad.

IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio, se advierte que la impugnación formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores está fundamentada, en esencia, en que la orden emitida por el juez de primer grado se encontraba superada, pues ya había explicado al petente que para acreditar el parentesco de hermano con M... L... debía acudir a la jurisdicción ordinaria para que un Juez de la República determinara tal calidad, con lo que, aduce, no es la competente para dirimir el parentesco y reconocer a favor del accionante las indemnizaciones reconocidas por la CIDH.

Pues bien, sea lo primero indicar que las pretensiones del actor tienen origen en la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual se condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización por concepto de daños materiales e inmateriales por la violación a los derechos a la vida e integridad personal en perjuicio de M... L... y sus familiares.

En este orden, el citado fallo concluyó que M... L... tenía familiares que no se habían hecho parte en el proceso internacional, razón por que la CDIH estableció, que las “indemnizaciones ordenadas en esta Sentencia (infra párr. 476) deben ser entregadas a los familiares inmediatos que comparezcan, siempre que se presenten ante las autoridades competentes del Estado entre el momento de la notificación de la presente sentencia y hasta un año después de la fecha de convocatoria pública de ellos que debe realizar el Estado. Los familiares deberán aportar información necesaria para su identificación y comprobación de parentesco”. (negrilla fuera de texto original).

Ahora bien, importa precisar que en lo ateniente al sistema probatorio que se debe aplicar en los casos que allí se adelantan, el Órgano Internacional de Derechos Humanos, ha explicado que este es “menos formal y más flexible” que el procedimiento establecido en las normas de derecho interno, sin que ello “deje sin cuidar la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes” (sentencia de Ituango Vs Colombia- 1º de julio/2006).

En tal sentido, ha sido criterio reiterado en el sistema interamericano de justicia que la noción de “familiares de la víctima” debe entenderse como “un concepto amplio que comprende a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, incluyendo a los padres, hijos y hermanos, que podrían tener derecho a una indemnización, en la medida en que satisfagan los requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal” (sentencia Bulacio vs Argentina - 18 de septiembre/2003).

Y en punto a la demostración del parentesco de las víctimas, en el caso Mapiripan contra el Estado colombiano en sentencia de 15 de septiembre de 2005, se dijo:

“en relación con los demás familiares que no han sido adecuadamente identificados o al menos individualizados en este proceso, la Corte dispone que la compensación que corresponda a cada uno deberá ser otorgada de la misma manera que se prevé respecto de quienes están debidamente identificados, en la inteligencia de que deberán comparecer ante el mecanismo oficial que se establezca para esos efectos, de conformidad con la presente Sentencia (infra párr. 311), dentro de los 24 meses siguientes a la notificación de esta, y demostrar su relación o parentesco con la víctima, a través de un medio suficiente de identificación o mediante dos testigos fehacientes, según sea el caso”. (negrilla fuera de texto original).

Igualmente, consideró que “el parentesco ha sido determinado mediante un documento expedido por autoridad competente que acredite su parentesco, como lo es un certificado de nacimiento o, en su caso, un acta de bautismo, certificado de defunción o cédula de identidad, o mediante el reconocimiento de dicho parentesco en procesos internos” (controversia entre Ituango y el Estado colombiano en sentencia de 1º de julio de 2016).

De las anteriores intervenciones de la CDHI, resulta claro que la prueba de parentesco no se encuentra ligada a la tarifa legal del derecho interno, por cuanto se ha establecido que para estos casos especiales dada la condición de vulnerabilidad de los familiares de las víctimas, se debe apreciar el sistema probatorio con una “flexibilidad” de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que no es permitido que el Estado someta a tales víctimas a procedimientos adicionales para demostrar su parentesco.

Ahora, si de aplicar el derecho interno se trata, de acuerdo con el D. 1260/1970 el registro civil de nacimiento es la prueba idónea para demostrar el parentesco.

Pues bien, en el presente asunto se advierte que el 13 de febrero de 2014, el aquí accionante remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores una petición en los términos ya señalados, y que frente a dicha solicitud se encuentra igualmente acreditado que la cartera ministerial emitió el oficio S-DIDHD-14-007644 de 17 de febrero de 2014, en el cual manifestó que para proceder con el cumplimiento de la sentencia dictada por la CIDH, era necesario aportar la identificación y comprobación de parentesco que permitieran aclarar su condición de hermano del señor M... L...

Asimismo, no es motivo de discusión que el 16 de mayo de 2014 el actor elevó nueva petición, mediante la cual remitió los documentos para acreditar la condición de hermano de L... M.. —registro civil de nacimiento— y así obtener el cumplimento al pago de las indemnizaciones ordenadas en la sentencia aludida, solicitud que a través del oficio no. S-DIDHD-14-037652 de 5 de junio de 2014, se informó que “con el concurso de diferentes instituciones a nivel interno, se procederá al estudio de la información allegada con el fin de verificar su parentesco como hermano del señor M... L... ”, y que surtida la fase anterior y verificada tal calidad “se le brindará información respecto a las reparaciones a que tiene derecho conforme a lo ordenado por el Tribunal Interamericano, así como el respectivo procedimiento a seguir para el recibo de las mismas”.

Por último, la Cancillería a través de oficio SGSORO-16047128 de 17 de mayo de 2016 en respuesta la petición del tutelante, radicada el 13 de mayo de esta anualidad atinente a que se le tenga en cuenta los registros civiles, le informó que acorde a las disposiciones de la sentencia impartida por la CDIH “no consta que (...) haya alegado su condición de hermano del difunto M... L... en ninguna etapa adelantada ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos (...) ni consta tampoco que tal calidad le haya sido reconocida por algunos de esos órganos”, por lo que le correspondía demostrar su parentesco, “así como el Estado colombiano verificar a través de los medios legales dicha condición, para proceder al reconocimiento y ejecución de la medida de indemnización en caso de corresponder”.

Le anunció así mismo, que a la entidad no le corresponde certificar o descartar el parentesco; no obstante, en el marco de sus funciones y con el fin de responder la petición, se realizaron consultas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad que informó que en estos casos se “debe acudir al proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez civil municipal”.

Revisada las actuaciones, se observa que no se expresaron las razones por las cuales no se tuvo en cuenta la conducencia, idoneidad y suficiencia de las pruebas allegadas por el accionante de acuerdo con lo expuesto por los parámetros impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las normas vigentes en la materia.

En tales condiciones, se modificara el numeral segundo de la decisión de primera instancia en el sentido que se ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que dentro de cinco días contados a partir de la notificación del presente fallo, le informe al accionante de forma motivada y concreta, si las pruebas aportadas por éste son o no conducentes, idóneas y suficientes, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normativa vigente, para acreditar el parentesco con M... L... Se confirmará en lo demás el fallo impugnado.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral segundo del fallo dictado el 14 de junio de 2015 por la Sala Laboral del Superior de Medellín en el sentido que se ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que dentro de cinco días contados a partir de la notificación del presente fallo, le informe al accionante de forma motivada y concreta, si las pruebas aportadas por este son o no conducentes, idóneas y suficientes, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normativa vigente, para acreditar el parentesco con M... L...

2. CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia.

3. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.