Sentencia STL10883-2015 de agosto 5 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40768

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil quince.

Se resuelve la acción de tutela instaurada por Alberto Agudelo Amaya contra el comité de reclamos de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera USO, Gerencia Refinería Barrancabermeja GRB y a la cual fue vinculada la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.

I. Antecedentes

1. El accionante fundamentó la solicitud de amparo constitucional en que en síntesis, a pesar de haber promovido reclamación ante el organismo convencional accionado para que le fueran liquidados los días dominicales y festivos laborados, dicho ente le resolvió desfavorablemente la solicitud sin haberle decretado y practicado los medios de prueba que oportunamente le pidió; que cuestionó tal decisión mediante el recurso de anulación ante el tribunal de Bucaramanga y dicho juzgador dispuso la anulación del laudo arbitral proferido por el citado comité de reclamos, pero no para darle la razón sino por sostener que no debieron estudiarse sus pedimentos, porque él, como reclamante, no había aportado legalmente la convención colectiva de trabajo contentiva de la cláusula compromisoria que habilitara a ese comité de reclamos para conocer y dirimir esa controversia, tal y como ese mismo tribunal ante otros trámites idénticos al suyo ya había sostenido constituía un requisito necesario; que posteriormente envió dos solicitudes al mentado comité de reclamos para que solucionara su reclamación, y que la incorporación de la convención colectiva de trabajo al trámite de la reclamación no es de su cargo, sino que, además de ser parte del conocimiento del referido comité, es del resorte de ese ente tal incorporación cuando envía la actuación para que se dirima el recurso de anulación.

Agregó que deben tutelarse sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, y por consiguiente, ordenarse al comité de reclamos de Ecopetrol y USO GRB “surtir nuevamente el trámite de mi reclamación o a (sic) efectuar los correctivos del caso, con la finalidad de obtener las garantías constitucionales frente al debido proceso dentro de mi reclamación dominicales y festivos 2008”.

2. Luego de algunas contingencias procedimentales, la Sala asumió el conocimiento de la acción y comunicó al citado comité de reclamos de Ecopetrol y USO GRB, a la Unión Sindical Obrera USO, a la autoridad judicial a quo tenida por accionada y demás interesados para que si lo consideraban, se pronunciaran al respecto.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga informó que además de anular el laudo arbitral proferido por el comité de reclamos de Ecopetrol y la USO GRB ante la reclamación del accionante, por las razones indicadas por aquél, absolvió a la empleadora “de las aspiraciones del trabajador”. No hubo más pronunciamientos (fl. 27, cdno. de la Corte).

II. Consideraciones

1. De las copias aportadas por el accionante y la Sala Laboral del tribunal de Bucaramanga, para lo que resulta pertinente a la presente acción, fluyen indiscutibles los siguientes aspectos fácticos de la situación en estudio:

En primer lugar, que el aquí accionante presentó reclamación el 19 de enero de 2009 ante el comité de reclamos de Ecopetrol y la USO, Gerencia Refinería de Barrancabermeja GRB, con la pretensión de obtener la reliquidación y pago de 8 horas de trabajo dominical o descanso trabajado equivalentes al 100% del salario diario devengado durante los 3 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, ante lo cual, en su momento, Ecopetrol se opuso con el argumento de haber liquidado debidamente y conforme a la ley los salarios y prestaciones del trabajador. Además, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y pago de lo no debido.

En segundo término, que la razón medular para no acceder el citado comité de reclamos a las pretensiones del trabajador, siguiendo el criterio asentado en oportunidades anteriores por el tribunal de Bucaramanga sobre reclamaciones similares al desatar recursos de anulación favorables a los trabajadores, fue la de que “Ecopetrol S.A. ha venido pagando correctamente el trabajo ocasional o habitual en días dominicales y festivos (…)”, aparte de que los trabajadores para esos casos “no aportaron prueba que soporte los pagos que han recibido, ni certificados que permitan concluir que laboraban de manera habitual los días domingos y festivos para Ecopetrol S.A., y menos que la empresa esté reconociendo un valor menor al establecido legalmente (…), y la interpretación que realizan los reclamantes está siendo realizada de manera incorrecta pretendiendo darles un alcance que no tiene”.

En tercer lugar, que, a su vez, el tribunal de Bucaramanga, por fallo de 30 de enero de 2015, al resolver el recurso de anulación interpuesto por el aquí accionante contra el laudo arbitral proferido por el aludido comité de reclamos, una vez advirtió la viabilidad del arbitramento jurídico en materia de las relaciones del trabajo conforme a los artículos 130 a 142 del código procesal del trabajo y de la seguridad social, en la forma como fueron modificados por el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, así como que “no se discutió ante el comité de reclamos, la condición de sindicalista del señor Alberto Agudelo Amaya, ni su facultad de acudir a la jurisdicción arbitral para dirimir los conflictos de intereses que surjan por su condición de subordinado a la empresa que convocó en reclamo de sus aspiraciones, aspectos que en consecuencia convalidaron la competencia del comité de reclamos del sindicato de la USO para conocer de la reclamación a través del tribunal de arbitramento”, asentó que pese a ello, que daría lugar a pensar que “en principio sería competente el comité de reclamos Ecopetrol-USO de la Gerencia Refinería Barrancabermeja (GRB) para definir la controversia puesta a su consideración, a su vez esta corporación para decidir lo concerniente al recurso de anulación”, lo cierto era que eso no podía ocurrir, dado que “el comité de reclamos, erró, al proceder a analizar las súplicas contenidas en el escrito petitorio, sin reparar que no se había probado, de conformidad con el artículo 469 del CST, la existencia del derecho convencional contentivo de la cláusula compromisoria, que lo habilitaba para el conocimiento de la controversia”, de donde concluyó que esa circunstancia “a todas luces acarrea en esta instancia la anulación del laudo arbitral”.

En suma, remató el tribunal de Bucaramanga: “la Sala se encuentra impedida para entrar a estudiar de fondo el laudo arbitral recurrido, pues como se viene explicando, la norma convencional que concede la competencia para el conocimiento, no fue aportada al proceso para valorarla como fuente formal del derecho; en igual sentido, al no haberse aportado la convención colectiva, el comité de reclamos desbordó el alcance de su competencia, al definir de fondo el asunto, sin encontrarse habilitado para ello, situación que igualmente conlleva a esta corporación a relevarse de resolver el recurso de anulación por sustracción de materia (sic), sin perjuicio de anular el laudo arbitral objeto de estudio, por falta de fuente formal que amerite una decisión de fondo, en las aspiraciones del reclamante, quien tenía la carga de acreditar el derecho”.

2. Compete a la Corte, entonces, establecer si al obrarse en la forma antedicha en el trámite arbitral de que se ha hecho referencia, particularmente por parte del tribunal de Bucaramanga, pues conoció del recurso de anulación interpuesto por el actor aquí accionante contra la decisión del mentado Comité de reclamos de Ecopetrol-USO GRB, se violaron los derechos fundamentales aducidos por este, y de ser así, cuál deberá ser el proceder para remediar tal situación, si ello es posible, o para adoptar las decisiones que correspondan.

Para tal efecto, previamente debe recordarse que la acción de tutela es un mecanismo de orden constitucional que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de la persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Y que en tal sentido, esta Sala de la Corte ha entendido que la dicha protección cabe predicarla respecto de cualquier persona, natural o jurídica; así como en frente de providencias judiciales o, en casos como este, su sucedáneo, que son los laudos arbitrales proferidos en los conflictos del trabajo, cuando constituyan verdaderas vías de hecho, por ser incuestionable que tanto para su forma como para su contenido el juez —o los árbitros en los casos de arbitramentos jurídicos como este— debe acatar el orden jurídico en su conjunto, y servirse, de ser necesario, de los criterios auxiliares previstos en la normativa constitucional (C.P., art. 230), o en cada una de las particulares disciplinas del derecho. De esa manera es que de ser procedente, se conjuran iniquidades, desafueros, ligerezas, caprichos o mal entendidos arbitrios judiciales fundados en conceptos errados de autonomía e independencia del juzgador, mayormente, cuando quiera que respecto de una particular decisión o no existen mecanismos procesales de corrección o estos se hubieren agotado infructuosamente.

En este asunto debe empezar la Corte por recordar que la negociación colectiva, como mecanismo regulador de las relaciones laborales y medio de concertación para la solución pacífica de los conflictos del trabajo, salvo en las expresas actividades y circunstancias señaladas en la ley, es un derecho constitucional del colectivo laboral garantizado por el Estado, así como un deber de este último tendiente a la consecución y realización de sus fines esenciales (C.P., arts. 55 y 2º).

En virtud de tales postulados constitucionales, reflejo de los acuerdos convencionales de orden internacional ratificados por Colombia (convenios 98 de la OIT, ratificado el 16 de noviembre de 1976 por la Ley 27 de ese año y 154 de la OIT, ratificado el 18 de agosto de 1999 por la Ley 524 del mismo año), es dable distinguir dentro del contenido de los convenios colectivos del trabajo las denominadas cláusulas materiales o normativas, cuyo límite general es el respeto a la norma mínima laboral, por tener por objeto, precisamente, el mejoramiento de las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (CST, art. 467), de las llamadas cláusulas obligacionales, cuyo objeto es el de garantizar la efectividad del convenio mediante la definición de derechos y obligaciones a cargo y en favor de los suscribientes, como por ejemplo, las relativas a la creación y diseño de mecanismos, trámites o procedimientos para la solución de conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los dichos convenios, valga decir, para el caso en estudio, el establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente previstas así en el artículo 139 del código procesal del trabajo y de la seguridad social, cuya regulación, a falta de estipulación expresa en las disposiciones convencionales pertinentes, se regirá por el capítulo XVII o penúltimo del citado código (arts. 130 a 142), pues estas apenas tienen carácter supletorio ante la voluntad de las partes del convenio, y cuyo límite general no puede ser otro que el respeto al debido proceso y al derecho de defensa de sus intervinientes.

Tal prerrogativa del derecho colectivo del trabajo, repudiada por demás por la jurisprudencia y la ley para las relaciones individuales nacidas directamente del contrato de trabajo (CPTS, art. 131, en la forma como fue modificado por la L. 712/2001, art. 51), asume la forma de una cláusula compromisoria en la convención colectiva del trabajo, o en su defecto, en el pacto colectivo, con miras a la solución de los conflictos jurídicos surgidos de la aplicación e interpretación del mismo cuerpo normativo, según se ha visto. Por eso, el laudo arbitral que se profiere por el tribunal de arbitramento respectivo, o como en este caso, la comisión de reclamos permanente, se equipara a la sentencia judicial, por lo que hará tránsito a cosa juzgada y sólo será susceptible del recurso de anulación (L.712/2001, art. 52).

Así, varios conceptos concurren al ejercicio de los tribunales de arbitramento o comisiones permanentes de reclamos establecidos en la convención colectiva de trabajo: el derecho de negociación colectiva, pues él es uno de los pilares esenciales de las relaciones colectivas del trabajo; la promoción de la concertación laboral, como política de Estado para la consecución de sus fines y como mecanismo de solución de conflictos del trabajo; la autonomía sindical y del propio empresario para que directamente y bajo la égida de su mera voluntad, como partes de la convención colectiva del trabajo prevean lo relacionado con la constitución, competencia y procedimiento de tal clase de organismos para la decisión de las controversias correspondientes, conforme a lo señalado por el artículo 139 atrás indicado, y solo a falta de disposición especial se apliquen supletoriamente las normas que regulan el arbitramento laboral en el estatuto procedimental de la materia. Luego, sin duda para la Corte, esta clase de organismos están revestidos de características muy particulares que no pueden seguir, en sentido estricto, las propias de cualquiera otro de naturaleza judicial del Estado, habida cuenta de que aparte de constituirse como un mecanismo excepcional y temporal (permanente en tanto subsiste la convención colectiva de trabajo) del ejercicio de la función jurisdiccional por particulares, alternativo en la mediación, conciliación y solución de conflictos (C.P., art. 116), convoca la presencia paritaria de representantes de la empresa, de la agremiación sindical y de la autoridad administrativa del trabajo (CPTS, art. 139), conoce y decide la controversia (art. 140, ibídem), procediendo solo el recurso extraordinario, llamado antes de homologación, aún por la ley (art. 141, ibídem), hoy de anulación (L. 712/2001, art. 52), que tiene por objeto verificar la regularidad del laudo arbitral y que no hubiere afectado los “derechos o facultades reconocidos por la Constitución, o por las leyes o por norma convencionales a cualquiera de las partes”, pues en caso afirmativo, “lo anulará y dictará la providencia que lo reemplace”, como paladinamente lo regla el artículo 142 de la misma normativa.

Por manera que entiende la Corte, su carácter particular, como organismo convencional de la determinada empresa y sindicato; excepcional, como alternativo de la jurisdicción ordinaria laboral; temporal, como fruto de un acuerdo convencional sujeto a un término de vigencia en el tiempo; especial, por dedicarse a resolver precisas y preconcebidas temáticas jurídicas; representativo de las partes en conflicto, con apenas la participación de la autoridad administrativa del trabajo conforme a sus funciones; e informal, por permitir la reclamación directa del trabajador sin necesidad de asesoría profesional, desmitifican algunos de los rigorismos procesales propios del proceso judicial común y convocan el reproche del “exceso ritual manifiesto”, por ser claro que el debido proceso se contrae a las fórmulas mínimas procedimentales previstas por las partes, o la ley en su defecto, y a la preservación del derecho de defensa, dado que, como en ningún otro resquicio o rincón procedimental en el ámbito jurisdiccional es concebible que se sacrifiquen los derechos materiales de las partes, so capa de la observación a raja tabla de fórmulas sacramentales del proceso judicial común. Menos, cuando quiera que tribunales de esta naturaleza, como el aquí llamado comité de reclamos de Ecopetrol-USO de la Gerencia Refinería Barrancabermeja, son resultado de cláusulas obligacionales que solo tienden a regular la paz laboral al interior de la empresa.

En tal sentido, para la Corte, haber exigido el tribunal de Bucaramanga al trabajador accionante que para poder promover ante el citado comité de reclamos de Ecopetrol-USO de la Gerencia Refinería Barrancabermeja su reclamación de liquidación de específicos días como dominicales y festivos, debería acreditar, “de conformidad al artículo 469 del CST, la existencia del derecho convencional contentivo de la cláusula compromisoria, que lo habilitara para el conocimiento de la controversia”, porque, para ese caso, “no fue aportado el estatuto convencional alegado como soporte de los pedimentos por parte del actor, situación que es imprescindible al momento de emitir un pronunciamiento de fondo”, lo que en su parecer daba lugar a la anulación del laudo arbitral recurrido, a lo que agrega al contestar la demanda de la presente acción, llevó a “absolver a la empleadora de las aspiraciones del trabajador” (fl. 27, cdno. de la Corte), comporta el uso de un “exceso ritual manifiesto”, cuando quiera que ante dicho organismo convencional, quien podría haber reprochado tal carencia de competencia, la empresa, a ese respecto nada dijo, pues como se recuerda, y así lo dio por establecido el tribunal de Bucaramanga, no hubo discusión alguna sobre la calidad de Alberto Agudelo Amaya como trabajador afiliado a la agremiación sindical que celebró la convención, ni de su potestad para acudir “a la jurisdicción arbitral para dirimir los conflictos de intereses que surjan por su condición de subordinación a la empresa que convocó en reclamo de su aspiraciones”, sino simplemente, sobre la conformidad a la ley de la liquidación de los derechos materiales laborales reclamos.

Y ello, se repite, cuando la existencia del dicho comité de reclamos de Ecopetrol-USO de la Gerencia Refinería Barrancabermeja se debe a la vigencia de la convención colectiva de trabajo que regula las relaciones laborales de la empresa con sus trabajadores, la misma de donde supone la Corte derivada la discusión sustancial de sus derechos el reclamante, de suerte que el tema de la competencia de ese organismo para resolver la reclamación del trabajador, en criterio de la Corte, no era asunto que debiera enarbolar el tribunal de Bucaramanga como pretexto para abstenerse de resolver la controversia, pero sí como acicate para anular el laudo atacado por aquél, con el efecto de absolver a la empresa de sus pedimentos, decisión que puede observarse contradictoria en tanto el comité, justamente, había absuelto a la empresa de los pedimentos del trabajador.

En suma, no procedió el tribunal de Bucaramanga como correspondía, pues desatendiendo la naturaleza del (sic) controversia suscitada entre el aquí accionante y la empleadora, así como las características de las partes en conflicto, como sus propias facultades, incurrió en un extremo rigorismo procesal constitutivo de una vía de hecho pasible de la presente acción constitucional.

De consiguiente, y como no ha (sic) lugar a reprochar a la parte accionante exigencias de procedibilidad y oportunidad de la acción constitucional que la hagan inviable, se accederá a la protección de sus derechos fundamentales, disponiéndose dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga el 30 de enero de 2015, para que, en su lugar, y en todos los aspectos resaltados, decida el recurso de anulación de que se trata atendiendo estrictamente las directrices aquí plasmadas y haga los ajustes al fallo que correspondan, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

La presente decisión rectifica en lo pertinente los criterios plasmados por la Corte en oportunidades anteriores al resolver idénticas pretensiones frente a idénticos supuestos de hecho, a las expuestas por el aquí accionante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER la protección solicitada mediante la presente acción de tutela por Alberto Agudelo Amaya, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.

2. DEJAR sin valor ni efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, para que, en su lugar, este decida el recurso de anulación interpuesto por el accionante contra el laudo arbitral proferido por el comité de reclamos de Ecopetrol-USO de la Gerencia Refinería Barrancabermeja el 25 de abril de 2013, en todos los aspectos aquí resaltados atendiendo estrictamente las directrices plasmadas en la parte motiva del presente fallo y consigne los ajustes que correspondan.

3. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.