Sentencia STL10962-2016 de agosto 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Fernando Castillo Cadena

STL10962-2016

Rad. Nº: 2016-00177-00

Acta 28

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Procede la Corte a resolver la acción de tutela instaurada por FREDY ANTONIO MACHADO LÓPEZ, en calidad de representante legal y presidente nacional de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL - ASONAL JUDICIAL, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la cual se hizo extensiva a la SALA ADMINISTRATIVA de esta última corporación, así como al MINISTERIO DEL TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

La parte accionante estimó quebrantados sus derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad y al debido proceso.

Informó que pertenece a la mesa de negociación sindical creada conforme al pliego de solicitudes respetuosas que en calidad de representante legal de ASONAL JUDICIAL, y junto a la Organización Sindical ASONAL JUDICIAL S.I., presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura, la cual fue instalada el 14 de abril de 2016; que asimismo, hace parte de la mesa de concertación instalada el 25 de enero de 2016, organizada por la Sala Administrativa de la precitada corporación para analizar la problemática de los centros de servicios en los términos del Acuerdo PSAA15-10445 de 2015, esto es lo concerniente a la adopción de mecanismos de coordinación, seguimiento y control, hacia la implementación del Código General del Proceso.

Señaló que en virtud de lo anterior, ha solicitado permisos sindicales a su nominador, el Tribunal Superior de Cartagena, con fundamento en el Acuerdo PSAA14- 10153 y la Sentencia T-464 de 2010, que fueron reconocidos desde el 1º de febrero al 16 de marzo de 2016, y del 17 de marzo al 22 de abril siguiente, de manera ininterrumpida; que no obstante, el que requirió a partir del 1º de mayo de al 14 de junio de 2016, le fue negado por Resolución 130 de 28 de abril de 2016, con fundamento en que, i) las autorizaciones han adquirido el carácter de permanentes, ii) que los permisos deben ser determinados por razones de necesidad y iii) que al interpretar el contenido del referido acuerdo, se concluyó que este limitaba los permisos a 40 días.

En su criterio, la colegiatura desconoció la actual coyuntura de la justicia y que el Decreto 160 de 2014 prevé que deben respetarse las garantías que les asisten a los representantes de los servidores públicos cuando se desarrolla una negociación colectiva, teniendo en cuenta que «El excesivo respeto por preservar disposiciones legales o reglamentarias de orden interno, bien puede llevamos a generar un trato discriminatorio». Adujo que es necesario conceder el permiso debido a la negociación colectiva actual, ya que «día a día se deben surtir trascendentales gestiones», y que sujetar su reconocimiento por la imposibilidad de que adquiera carácter permanente, es contrario al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Consideró afectado su derecho fundamental a la igualdad, comoquiera que al Presidente de la otra Organización Sindical ha tenido permisos sindicales de manera ininterrumpida y por más de 7 años, sin privarse de ninguna concertación, por lo que solicitó oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que confirmara esta afirmación, y finalizó con que la prestación del servicio público no se ha visto afectada, dado que el nominador ha podido reemplazarlo «de manera afortunada».

Por lo anterior, pidió que se ordenara la expedición del «respectivo acto administrativo que me permita continuar en permiso sindical para ejercer la representación otorgada por los afiliados», lo cual reiteró como medida provisional.

Por auto del 26 de julio de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, vinculó a los atrás descritos, requirió a la parte accionante para que allegara copia de la solicitud de permiso sindical referida, junto con la totalidad de los soportes que sirvieron de apoyo a esa petición, negó las peticiones de oficiar a la Fiscalía General de la Nación y la medida provisional, luego de lo cual dispuso su notificación y el traslado correspondiente.

El Ministerio del Trabajo, en lo que interesa a la controversia, adujo que el derecho a acceder a permisos sindicales no es absoluto, pues estos deben ser otorgados o negados bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, «siendo el único límite la dignidad humana», a más de que se deben cumplir exigencias mínimas «en el caso del trabajador beneficiario, requiriendo los permisos necesarios para dar cabal cumplimiento a los fines y propósitos de la organización sindical y por su parte el empleador exponiendo clara y detalladamente los argumentos de una eventual decisión negativa». Pidió que se le desvinculara de la acción por carecer de legitimación en esta causa, y que se concediera el amparo impetrado por el actor (fls. 16 a 26, c. Corte).

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena informó que en la solicitud de permiso sindical, Fredy Machado López presentó el siguiente plan de trabajo:

Marcha del 1º de mayo de 2016, asistencia a las mesas de negociación del pliego de peticiones y participación en la mesa de concertación con el Consejo Superior de la Judicatura sobre suspensión de Acuerdo PSAA-10445, visita a diferentes edificios donde funcionan los tribunales, fiscalías de la ciudad de Bogotá para realizar asambleas informativas de jornadas de afiliación a la organización sindical además de la compañía financiera promovida por ASONAL y la visita a la Seccional de Villavicencio para el nombramiento de la subdirectiva. 

Resaltó que al peticionario se le han concedido permisos sindicales desde el 2014, y en este año van 90 días ininterrumpidos, solo que el que es motivo de tutela, lo analizó y negó conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-464/10, en la medida que la ausencia del servidor judicial tomó el carácter de permanente, lo que desconoce la Carta Política y «traduce en traumatismos en el servicio público de administración de justicia», a más que la solicitud fue abstracta, pues no se acreditó el criterio de necesidad y «las labores que eventualmente se desarrollarían, no aparecen descritas de manera precisa, clara y concreta., tampoco «su finalidad, duración periódica y su distribución (...) pues aun cuando indica unas actividades a realizar en determinados días, no especifica concretamente lo que se va a desarrollar durante el permiso, cuándo, durante qué períodos y cómo se distribuirá el mismo, como exige de manera perentoria el artículo 3º del Decreto 2813 de 2000», y finalmente superaba el término de 40 días hábiles anuales que están reglamentados en el Acuerdo PSAA 14-1O 153, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sumado a lo anterior, informó que concedió permiso sindical al actor, del 23 al 27 de mayo, esto por Resolución 159 de 19 de mayo de 2015 (sic) , y del 23 de junio al 23 de julio, mediante Resolución 2 16 de mayo 23 de 2016, decisiones que fueron positivas en tanto sí se soportaron las peticiones mediante programas de reuniones certificados por la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que fue allegado hasta el 22 de junio de ese año.

De manera que, continuó, la decisión negativa fue producto de un juicio razonado y ponderado, máxime que el cargo que ocupa el accionante, Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, constituye una especialidad predominante en la administración judicial y por su naturaleza no admite suspensiones con vocación de permanencia, lo cual se ve reflejado en el rendimiento del despacho judicial, pues según el Oficio PSA16-0815 de la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura, constató que en el 2014 se profirieron 6 sentencias, 18 ordinarias y 103 de tutela para el 2015, «las cuales no han podido ser proferidas en su totalidad por el accionante, dado que se encontraba en permiso sindical» (fls. 31 a 36).

Por último, el Consejo Superior de la Judicatura aseguró que carece de legitimación en esta causa, por lo que pidió que en lo que a esa Corporación corresponde, se declarara improcedente la tutela (fls. 71 a 73).

II. CONSIDERACIONES

El artículo 39 de la Constitución Política le otorgó la naturaleza de fundamental al derecho de asociación sindical y, en su cuerpo normativo regló, entre otros aspectos, que «Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado», cuya estructura interna y funcionamiento «se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos».

Ese mismo precepto concedió «a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión», que sin duda estructura una cláusula general para que el reconocimiento constitucional del mencionado derecho no quede en una simple y lacónica enunciación casuística y condicional, sino como un mandato superior que debe ser ponderado en cada caso concreto, con el fin de lograr su mayor efectividad posible.

Dentro de esas garantías se encuentran los permisos sindicales, que se asientan en el ordenamiento jurídico como una de las herramientas predominantes para hacer efectivo el ejercicio del derecho de asociación sindical, y que esta Sala ha entendido como aquella concesión por parte del empleador a los miembros de las organizaciones sindicales, especialmente a los que cumplen labores representativas, «para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical», y a manera de referente conceptual, vale destacar que se han señalado como criterios generales para que se ajusten a su verdadera finalidad, que «su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical (...) así como que el permiso sea racional y equitativo» (Sentencia de anulación, 26 feb. 2014, Rad. 57288).

Lo anterior así mismo cobija a los servidores públicos, comoquiera que el artículo 416A del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado a esa norma sustantiva por el precepto 13 de la Ley 584 de 2000, expresamente consagró que «Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales»; lo que se ratificó el en Decreto 160 de 2014, «Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos», pues en su artículo 14 estipuló: «GARANTÍAS DURANTE LA NEGOCIACIÓN. En los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 del 2000 y el Decreto número 28 13 de 2000, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente decreto durante el término de la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical y permiso sindical, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia» (resalta la Sala).

Ahora bien, vale puntualizar que no pueden equipararse las relaciones entre un empleador y un trabajador privado, con las que se desarrollan entre un servidor público y el Estado, en tanto la función pública que se ejecuta como consecuencia de la vinculación laboral reviste un interés general, que dependiendo de la interrupción del servicio eventualmente puede comprometer el cumplimiento de los fines estatales (art. 2º, C.P.), lo que se impone precisar, en manera alguna debe significar la anulación de la garantía de asociación sindical.

En efecto, consabida es la trascendencia que han tenido los instrumentos internacionales en el desarrollo de la garantía de asoc1ac1on sindical, muchos de ellos ratificados por Colombia y, por tanto, integrantes del bloque de constitucionalidad. Justamente el Convenio 151 de 1978 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 411 de 1997, consecuente con lo que se viene explicando establece en sus artículos 6º y 7º que,

6. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. 2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. 3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7º del presente Convenio o por cualquier otro medio apropiado.

7. Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones (resalta la Sala).

Queda claro que facilitar las herramientas apropiadas y suficientes a los representantes sindicales en el sector público es una obligación legal y constitucional que debe ser cumplida cabal e insoslayablemente, pues lo contrario haría que las leyes que regulan tan relevante materia social y laboral reposen en una simple dialéctica; por supuesto, estas actividades deben ser ponderadas con otros valores constitucionales igualmente predominantes, como el interés general que dimana de la función pública, lo que a tenor con lo adoctrinado por la jurisprudencia constitucional, enfatiza la Sala que «es a las autoridades públicas a las que les corresponde adoptar las medidas alternativas y efectivas para garantizar la adecuada prestación del servicio a los asociados» (CC T- 988/05, reiterada en T-063/14).

En sintonía con esa disposición internacional, se expidió el Decreto 2813 de 2000, que al reglamentar el reproducido artículo 13 de la Ley 584, indicó en su articulado:

ART. 1º—Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. 

ART. 2º—Las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités secciona/es de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva. 

ART. 3º—Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente decreto, previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución. 

Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo primero de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos. 

PAR.—Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas. 

ART. 4º—Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito (destacados afuera del original).

La Corte Constitucional en la Sentencia T-063/14, traída como soporte argumental por la parte accionante y que así mismo cimentó la cuestionada decisión administrativa del Tribunal de Cartagena, en virtud de la reglamentación transcrita estimó que la designación de los permisos sindicales en los casos de los servidores públicos deben ceñirse a postulados de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y de esa manera recordó su jurisprudencia según la cual, «Por un lado, el empleado que solicite tal beneficio debe hacerlo bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con la finalidad de que no se configure un abuso del derecho; y por el otro, el empleador así como está facultado para conceder el permiso, también lo está para tomar la decisión contraria, siempre y cuando '[exponga] los argumentos que razonadamente lo obligan a adoptar esa decisión, para que así se justifique la limitación del ejercicio legítimo del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores´», pero adelante aclaró que ello «significa que si bien pueden ser limitadas ciertas garantías a los servidores públicos por la función que sobre ellos está a cargo, no por esa razón debe impedirse su ejercicio al punto de restringir por completo la actividad de la organización y afectar o desnaturalizar la esencia del derecho de asociación sindical» (las subrayas no son originales).

Esas consideraciones en realidad fluyen diáfanas de la transcripción normativa resaltada, en la medida que tales concesiones deben ser necesarias para la efectividad del derecho de asociación sindical, esto es que el nominador o a quien le corresponda, verifique claramente la imperiosidad o no de la presencia del solicitante en las actividades que desarrollará la institución sindical en cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada, y deben ser razonables y proporcionales, con el fin de que tal facultad no se traduzca en un abuso del derecho y un consecuente e injustificado desbordamiento presupuestal estatal, de allí la imposición legal de que quien los solicite deba determinar su finalidad, la duración periódica y su distribución, aspecto último que delimita la temporalidad de los permisos y no precisamente su carácter permanente.

A partir de esa intelección, brota espontáneo que las facilidades que se les deben conceder a los representantes de las organizaciones sindicales con miras a que desarrollen su legítimo derecho de asociación sindical, no tienen un carácter absoluto, pues ello eventualmente puede ser negado por el ente correspondiente, acotación que al tiempo entraña de quien deba resolver las peticiones elevadas hacia tal propósito, un acucioso análisis para determinar la viabilidad o inviabilidad de su concesión, de manera que, advierte la Sala, dicha resolución exige una suficiente y razonable argumentación, pues se trata nada más y nada menos que de salvaguardar y ponderar intereses constitucionales relevantes que sostienen la vigencia del Estado social de derecho: i) el derecho de asociación sindical y ii) la función pública que dimana un claro interés general.

Caso concreto:

El accionante es Presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial ASONAL JUDICIAL, y con base en esa condición y en el plan de trabajo que adelante se transcribirá, solicitó al Tribunal Superior de Cartagena permiso sindical desde el 1º de mayo al 14 de junio de 2016, pues lo estimó necesario para realizar las siguientes actividades (fls. 40 y 41):

FECHASACTIVIDADES
1Mayo 01 al 06Marcha Primero de Mayo, asistencia a mesas de negociación del pliego de peticiones con el CSJ.
2Mayo 10 al 13Participación en mesa de concertación con CSJ sobre suspensión de Acuerdo PSAA-1 0445.
3Mayo 16 al 20Acompañamiento a los asesores del Fondo Nacional del Ahorro para publicidad de Convenio de Edificios del CSJ en Bogotá
4Mayo 23 al 27Visita a los diferentes edificios de Bogotá (infancia y adolescencia, justicia y paz y búnker) para promover campaña financiera de ASONAL JUDICIAL.
5Mayo 31 a junio 03Visita a los diferentes edificios de Bogotá (tribunales de Bogotá y Cundinamarca, Convida y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad), para realizar asambleas informativas y jornadas de afiliación a nuestra organización. Además de campaña financiera promovida por la junta directiva de ASONAL JUDICIAL.
6Junio 07 al 10Visita a los diferentes edificios de Bogotá (fiscalías locales, infancia y adolescencia) para realizar asambleas informativas y jornadas de afiliación a nuestra organización. Además de campaña financiera promovida por la junta directiva de ASONAL JUDICIAL.
7Junio 13 y 14Visita a seccional de Villavicencio para nombrar nueva junta de la subdirectiva de ASONAL JUDICIAL

Para negar esta petición, el tribunal argumentó:

Según sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-063 de 2014, los permisos sindicales '(ii) deben consultar a un criterio de necesidad', requisito que en el presente caso no se acreditó, en la medida en que las labores que eventualmente se desarrollarían, no aparecen descritas de manera precisa, clara y concreta, de modo que no es posible determinar si en verdades necesaria o indispensable la presencia del solicitante. Dicho de otro modo, en esta oportunidad no es posible establecer, a ciencia cierta, 'su finalidad, duración periódica y su distribución', pues aun cuando indica unas actividades a realizar en determinados días, no especifica concretamente lo que se va a desarrollar durante el permiso, cuándo, durante qué periodos y cómo se distribuirá el mismo, como exige de manera perentoria el artículo 3º del Decreto 28 13 de 2000. 

En todo caso, debe dejarse señalado que, siendo un permiso que sumado a los anteriores superarla de manera permanente el término de 40 días hábiles anuales a que tiene derecho por permiso sindical de conformidad con el Acuerdo PSAA1 4-10153, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (subraya la Sala).

En sentir de la Corte, la apreciación del tribunal está ajustada a la Constitución, por las siguientes razones:

Para el desarrollo de las actividades 3 a 6 no se demostró que era pertinente e imperiosa la presencia del presidente de la organización sindical, pues en general se tratan de acompañamientos, jornadas informativas y promoción de afiliación a la organización sindical, las cuales si bien hacen parte de las gestiones que debe efectuar la asociación con miras a lograr cambios positivos y el fortalecimiento de la institución de cara a la armonización de las relaciones laborales, no milita prueba alguna de que el sindicato hubiera resaltado que era cardinal contar con la gestión del líder sindical, por lo que mal podría endilgarse la intelección del tribunal conforme a la cual, no se demostró que era indispensable la intervención del accionante.

Similar circunstancia cabe advertir en lo relativo a las actividades 1, 2 y 7; en lo que atañe a la primera y segunda actividad, la Corte observa que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el mismo documento reseñado atrás, certificó que Machado López integra la mesa de negociación sindical originada en el pliego de solicitudes respetuosas presentado por la organización sindical que representa, la cual se inició formalmente el 14 de abril de 2016 y se programó su continuación para el 5 y 6 de mayo, además de que pertenece a la mesa de concertación organizada por esa corporación para la revisión del Acuerdo PSAA15-10445 de 2015, «con el fin de adoptar mecanismos de coordinación, seguimiento y control para de manera ordenada implementar el plan de acción del código general del proceso» (fl. 14); no obstante, tal como lo encontró el tribunal, en tales documentos no aparecen detallados, entre otros aspectos relevantes, la duración periódica de la mesa de concertación, y tampoco se probó «si en verdad es necesaria o indispensable la presencia del solicitante» en la reun1on programada para el 5 y 6 de mayo (finalidad) .

Y en lo relacionado con la séptima actividad, debe aclarar la Corte que si bien, el cambio de una junta directiva de una seccional del sindicato hace parte del libre desarrollo de la gestión sindical, en realidad el actor no demostró siquiera la existencia de una fecha cierta, programada y destinada a realizar dicho cometido (duración periódica y distribución del permiso), lo que a no dudarlo tenía que estar debidamente soportado, pues es lo cierto que el competente para resolver una solicitud de permiso sindical no puede supeditar su decisión a meras afirmaciones, máxime cuando, se itera, el ejercicio de ponderación y proporcionalidad también está relacionado con la salvaguarda del interés general derivado de la prestación del servicio público de administración de justicia.

En esa medida, deviene justificable que el tribunal hubiera manifestado que «aun cuando [el peticionario] indica unas actividades a realizar en determinados días, no especifica concretamente lo que se va a desarrollar durante el permiso, cuándo, durante qué periodos y cómo se distribuirá el mismo, como exige de manera perentoria el artículo 3º del Decreto 2813 de 2000» (el destacado es de esta Sala).

Basta lo anotado para concluir la inexistencia de la violación ius fundamental, en tanto permite constatar que la negación del permiso sindical solicitado por el accionante estuvo edificada en una explicación suficiente y razonable.

Finalmente, no escapa a la Corte la afirmación conforme a la cual, un representante de otra organización sindical supuestamente ha tenido permiso permanente durante aproximadamente 7 años, punto sobre el que se argumenta la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y se requiere que vía tutela se expida el «respectivo acto administrativo que me permita continuar en permiso sindical para ejercer la representación otorgada por los afiliados» (subraya la Sala).

Al respecto, es pertinente señalar que no puede predicarse una presunta discriminación o transgresión de dicha prerrogativa superior cuando previamente no se han acreditado que las situaciones de hecho y de derecho son asimilables. Además, no es constitucionalmente viable solicitar en su favor la aplicación general de una situación de hecho que se considera idéntica al escenario en el que se funda el quebrantamiento superior por vía tutela, si no existe la certeza de que aquella esté ceñida al ordenamiento jurídico.

Por manera que, resulta abiertamente improcedente lo pretendido por el actor en torno a habilitar un permiso sindical permanente, máxime que no están acreditadas las actividades en que tal petición se justifica. Al respecto, insiste la Corte en que el permiso sindical debe estar debidamente soportado en criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, pues como se explicó con antelación, su demostración es predominante para que esta facultad no se traduzca en un abuso del derecho y un consecuente e injustificado desbordamiento presupuestal estatal.

En consecuencia de todo lo dilucidado, deberá negarse la tutela impetrada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la acción de tutela impetrada, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

2. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.