Sentencia STL11683-2016 de agosto 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

STL11683-2016

Rad. 67753

Acta Nº 29

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Procede la Corte a resolver la impugnación presentada por CLAUDIA LORENA CAMPOS PULIDO, accionante en este asunto, contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2016 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, dentro de la acción que adelanta contra J.A. ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS, la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, ANSPE, y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, DPS.

I. ANTECEDENTES

CLAUDIA LORENA CAMPOS PULIDO instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL, TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, y a lo que denominó «PROTECCIÓN LABORAL DE LA MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO», los cuales estimó vulnerados por las autoridades accionadas.

Refirió la peticionaria, en síntesis, que suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con J.A. Zabala & Consultores Asociados S.A.S., cuyo objeto era la ejecución de funciones como «cogestor social técnico» del programa «Unidos» de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, «que actualmente es asumida directamente por el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL». También informó que dicho convenio inició el 2 de enero de 2015 y que su duración fue prevista para un total de 7 meses, pero este fue prorrogado por mutuo acuerdo hasta el 30 de noviembre de dicho año.

Manifestó que en el mes de septiembre de 2015 conoció sobre su estado de embarazo, el cual informó de inmediato a su contratante; no obstante, el 30 de noviembre de esa anualidad, se dio por terminado y se liquidó su contrato, sin tener en cuenta su estado de gravidez y sin acatar las normas que propenden por la protección constitucional a la maternidad.

Aseguró que mediante misiva de 6 de enero de 2016 le solicitó a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, proteger sus derechos fundamentales y los de su hija próxima a nacer, a lo que ésta última respondió que debía radicar una serie de documentos con el fin de comprobar su estado, los cuales presentó el 8 de febrero y reenvió el 14 de abril de este año, fecha en la que dio a luz a su hija, con apenas 35.3 semanas de gestación.

Indica la petente que desde la terminación de su contrato y hasta el momento del parto han transcurrido casi 5 meses en los que ha esperado que la entidad pública y la empresa a las cuales prestó sus servicios protejan sus derechos.

Manifestó que en su caso se desconocieron las normas que rigen la materia, ya que no se le dio prorroga a su contrato y, contrariamente, se procedió a finalizarlo sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, además que la accionada ha dilatado injustificadamente su reintegro bajo la excusa de que no ha aportado algunos documentos.

Adujo la tutelante que actualmente tiene 24 años de edad, «no cuento con más ingresos que los de mi trabajo, por lo que al no estar recibiendo ninguna clase de ingreso, se me afecta mis derechos a una vida en condiciones dignas, al mínimo vital no solo míos sino de mi bebe (sic), más ahora que mi hija nació antes de tiempo requiere de atención y cuidado especial y es evidente los gastos que trae un hijo, además de los gastos como lo son arriendo, comida, vestuario y salud».

Con base en lo anterior, acudió a este mecanismo a fin de que se amparen sus derechos fundamentales y, para su efectividad, pidió que se le ordene a las accionadas que prorroguen el contrato de prestación de servicios que venía ejecutando y, si ello no es posible, le permitan celebrar otro en iguales o mejores condiciones.

Además de lo anterior, también pretendió el pago de la sanción contemplada en el art. 239 del Código Sustantivo del Trabajo equivalente a «60 días del salario del que estuviere devengando».

I.(sic) TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante auto adiado 13 de junio de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las accionadas, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción.

Dentro del término de traslado J. A. Zabala & Consultores Asociados SAS se opuso a la prosperidad del amparo, para ello adujo que en el contrato de prestación de servicios suscrito con la interesada actuó como mandataria del DPS y que, por tal razón, es esta última entidad la llamada a responder por el trámite surtido en dicha contratación y por las acciones a tomar a causa del estado de gestación de la tutelante, por lo cual, solicitó ser desvinculada de este asunto.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva y que la terminación del contrato de la peticionaria obedeció a la finalización de la obra contratada, o bien sea a razones objetivas y no a su estado de embarazo. Al final, aclaró que no tiene ninguna responsabilidad de tipo contractual con la interesada y que, aun cuando lo tuviera, el asunto no es de resorte del juez constitucional, pues a quien corresponde dirimir el conflicto existente es al juez civil.

Los demás convocados guardaron silencio.

Una vez agotado el trámite de rigor, la Sala a quo en sentencia de 23 de junio de 2016 denegó la protección procurada, tras considerar que no se cumple con el presupuesto de inmediatez, toda vez que transcurrieron más seis meses desde la desvinculación de la actora —30 de noviembre de 2015— y esta acudió a la acción de amparo hasta el 7 de junio de 2016.

II. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugna, sin que a la fecha hubiese manifestado las razones en las que se sustenta.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a amparar ciertos y determinados derechos, que bien pueden estar definidos expresamente como fundamentales en la propia Constitución o que, encontrándose consagrados en otros acápites de dicha normatividad, adquieren tal categoría, por conexidad.

De otro lado, al amparo constitucional, según lo prevé expresamente la norma citada, no puede acudirse cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa judicial, a no ser que con la actuación o la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional. No es, entonces, una figura de la cual pueda abusarse y emplear para sustituir las vías naturales diseñadas por el legislador.

Previo a efectuar un pronunciamiento de fondo en el asunto sometido a consideración de esta Sala, es preciso advertir que como la recurrente no precisó los puntos de su impugnación, esta instancia está obligada a efectuar un estudio integral de la providencia de primer nivel.

Al analizar el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, se advierte que el tribunal a quo consideró incumplido el presupuesto de la inmediatez, ya que la terminación del contrato civil acaeció el 30 de noviembre de 2015 y esta acción fue presentada hasta el 7 de junio de 2016. No obstante ello, debe tenerse en cuenta que aunque el hecho generador del reproche constitucional se estructuró en noviembre de 2015, lo cierto es que la tutelante invoca la protección a la maternidad, que de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país abarca los periodos de gestación y licencia de maternidad, que en el caso de autos tuvieron lugar, el primero de ellos, del 11 de septiembre de 2015 al 14 de abril de 2016 —según fls.11 y 14— y el segundo, del 14 de abril al 20 de julio de 2016 —incapacidad postparto según fl. 15—. De lo anterior, se puede evidenciar que para el momento en que fue interpuesto este mecanismo —7 de junio de 2016—, Claudia Lorena Campos Pulido se encontraba en el período correspondiente a la licencia de maternidad, de modo que la vulneración que esta denunció, para ese entonces era actual, lo que lleva a la Sala a descartar una extemporaneidad de la acción de amparo, como erróneamente lo consideró el a quo constitucional.

Ahora bien, adentrándose en la problemática planteada, se tiene que la accionante pretende la prórroga de su contrato de prestación de servicios o que le sea celebrado otro en idénticas o mejores condiciones que el anterior y, asimismo, que le paguen la sanción contemplada en el art. 239 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social.

Para resolver el asunto es preciso remitirse a las documentales adosadas, según las cuales: (i) el 2 de enero de 2015 la accionante firmó un contrato de prestación de servicios con J.A Zabala & Consultores Asociados SAS, quien dijo actuar como mandataria de ANSPE en calidad de contratante y en virtud del cual, desempeñó funciones como «COGESTOR SOCIAL TECNICO (sic)» —fls. 2 a 7—; (ii) que la duración de dicho convenio fue estipulada hasta el 31 de julio de 2015, pero fue prorrogada mediante otro sí, hasta el 30 de noviembre de aquella calenda —fl. 8—; (iii) que el 29 de octubre de 2015 la accionante enteró a su contratante de su estado de gravidez —fl. 12—; (iv) que el 14 de abril del año que avanza dio a luz a su hija —fl. 14—; (v) que la EPS Salud Total expidió la incapacidad Nº 119761 por 98 días.

A partir de lo anterior, es posible colegir que mientras la promotora se encontraba en período de gestación se produjo la expiración del plazo pactado en el contrato, lo que permite entender que su retiro no se produjo a causa de su estado, ya que la manera en que sucedieron las cosas deja ver con claridad que ello obedeció a una razón objetiva y razonable, que no a la voluntad del contratante y por ello, es impreciso afirmar que la finalización de la relación contractual estuvo cimentada en un motivo discriminatorio.

Siendo así las cosas, conviene traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-070/2013, en la que se definió la protección reforzada a la maternidad como una garantía esencial del Estado social de derecho aplicable en los sectores público y privado con independencia de la modalidad de contratación. Respecto a la aplicabilidad de la salvaguarda, en materia de contratos de prestación de servicios, en esa oportunidad dijo:

(...) En aquellos eventos en los cuales el ejercicio de la libertad contractual, trae como consecuencia la vulneración o el desconocimiento de valores, principios o derechos constitucionales fundamentales, entonces la libertad contractual debe ceder. En ese orden de argumentación, ha dicho la Corte Constitucional que la protección de estabilidad laboral reforzada a favor de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez se extiende también a las mujeres vinculadas por modalidades distintas a la relación de trabajo, e incluso por contratos de trabajo o prestación a término fijo. Esto responde igualmente a la garantía establecida en el artículo 53 de la Constitución, de acuerdo con la cual, debe darse prioridad a la aplicación del principio de estabilidad laboral y de primacía de la realidad sobre las formas así como a la protección de la mujer y de la maternidad (art. 43, C.N.). 

(...)

En el supuesto de vinculación de la mujer gestante o lactante mediante contrato de prestación de servicios, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias fácticas que rodean cada caso, para determinar si bajo dicha figura contractual no se está ocultando la existencia de una auténtica relación laboral. Si bien la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para declarar la configuración de un “contrato realidad”, pues “existen las vías procesales ordinarias laborales o las contencioso administrativas, a través de las cuales [se] puede buscar el reconocimiento de una vinculación laboral”, en los casos donde se encuentre en inminente riesgo de afectación el mínimo vital de la accionante u otro derecho constitucional fundamental, este estudio deberá ser realizado por el juez de tutela. En el caso de contratos de prestación de servicios celebrados por el Estado con personas naturales, debe advertirse que éste únicamente opera cuando “para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden”. Por esta razón, la jurisprudencia de esta corporación ha determinado que si en el contrato de prestación de servicios, privado o estatal, se llegare a demostrar la existencia de una relación laboral, “ello conllevaría a su desnaturalización y a la vulneración del derecho al trabajo reconocido en el preámbulo; a los artículos 1º, 2º y 25 de la Carta; además a los principios de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, al de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y al de la estabilidad en el empleo” .

En cuanto al alcance de la protección que debe dársele a las mujeres en estado de embarazo en tratándose de contratos de prestación de servicios, en esa misma providencia el máximo órgano constitucional puntualizó:

Con todo, en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante haya estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y logre demostrarse la existencia de un contrato realidad, la Sala ha dispuesto que se deberán aplicar las reglas propuestas para los contratos a término fijo, en razón a que dentro las característica del contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya duración es por un tiempo limitado, que es además el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. (Subrayado fuera del texto).

Así pues, al remitirse a la protección decretada para quienes ostentan contratos laborales a término fijo, la magistratura en cita estableció como regla jurisprudencial que si el patrono finiquita la relación contractual con la trabajadora en estado de embarazo, cuando la justa causa sea precisamente el vencimiento del plazo contractual, «Si no acude ante el inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; y la renovación sólo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela. Para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al inspector de trabajo se propone que si no se cumple este requisito el empleador sea sancionado con pago de los 60 días previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo».

El recuento jurisprudencial, pone de manifiesto que la protección a la maternidad es una garantía que debe cumplirse sin importar la modalidad de contratación o el sector al que pertenezca la madre gestante; sin embargo, el tipo de vinculación es determinante a la hora de establecer el alcance de la protección y las medidas que deben adoptarse en cada caso, según las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia previamente aludida.

En el asunto de marras, como quiera que el contratante finalizó la relación jurídica que lo unía con Claudia Lorena Campos Pulido, no por su estado de gravidez, sino por haberse cumplido el plazo estipulado contractualmente, hay que concluir que no existieron móviles discriminatorios, sino objetivos e impersonales. Empero, como tal acontecimiento trajo consigo que la interesada quedara cesante mientras se encontraba en estado de embarazo, es evidente que tal situación, con independencia de la causa que la generó, hace imperativo adoptar medidas a favor de la interesada, por cuanto es merecedora de una especial protección constitucional, a fin de salvaguardar sus derechos y los de el que está por nacer.

De este modo, ante la imposibilidad fáctica de ordenar la reanudación del contrato de prestación de servicios, pues se desconoce si subsiste la necesidad que lo motivó y ninguna prueba se allegó en tal sentido, la Sala debe proceder con apego a la regla jurisprudencial trascrita en líneas anteriores, a «ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación», para así garantizar el goce efectivo de la licencia de maternidad, pues, aunque a folio 15 milita copia de una incapacidad médica por 98 días, lo cierto es que no hay constancia de que a la tutelante se le hubiese reconocido la prestación económica derivada del postparto, hecho que de ninguna manera puede entrar a presumir esta Sala, sobre todo si se tiene en cuenta que su contrato finalizó el 30 de noviembre de 2015 y con él, sus cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.

En cuanto a la sanción establecida en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, debe decir esta Magistratura que no se accederá a ello, pues la finalidad de la tutela es proteger en forma ágil y efectiva los derechos de rango constitucional y, claramente la imposición de dicha sanción no redunda en el restablecimiento de las garantías de quien invoca el amparo, además que, puede lograr tal cometido mediante el agotamiento de un proceso declarativo, especialmente porque la tutelante pretende condenas en solidaridad, aspecto que debe ser estudiado no solo a la luz de los preceptos legales aplicables al caso, sino también a partir de las pruebas arrimadas, y la acción de tutela no es el escenario idóneo para emitir una condena en tal sentido, debido a la ausencia de la etapa probatoria y a la sumariedad de su trámite. Obrar en contrario implicaría privar a las convocadas de presentar excepciones, controvertir y practicar pruebas e incluso de presentar alegatos.

Surge diáfano entonces que la vía de tutela no es la idónea para definir lo atinente a la sanción deprecada, pues para ello la convocante cuenta con mecanismos ordinarios, para que se defina la controversia planteada, que entre otras cosas, solo puede ser resuelta por el juez natural y competente del asunto. No obstante lo anterior, no hay prueba alguna en el expediente que evidencie su ejercicio por parte de la tutelante.

De este modo, la protección se encaminará a ordenar, a favor de la actora, el pago de los aportes al Sistema de Salud correspondientes al período de gestación posterior a la terminación de su vínculo contractual, con el fin de que el Sistema de Seguridad Social le garantice, si aún no lo hubiese hecho el reconocimiento y disfrute efectivo de la prestación derivada de la maternidad, pues este es el margen mínimo de protección cuando se presenta una causal objetiva para el retiro de la embarazada.

Por todo lo anterior, esta Sala revocará la sentencia de primer grado, para conceder el amparo deprecado, en los términos ya dichos.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo de 23 de junio de 2016 dictado por la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, por las razones expuestas en precedencia.

2. TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de Claudia Lorena Campos Pulido.

3. ORDENAR a J.A. ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS en calidad de mandataria de la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, ANSPE que liquide y pague en favor de la accionante los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, del 1° de diciembre de 2015 al 14 de abril de 2016, es decir cotice a su nombre lo correspondiente al período de gestación posterior a la terminación del contrato civil.

4. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.