Sentencia STL11724-2014 de agosto 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 55267

Acta 71

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá D.C., veinte de agosto de dos mil catorce.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el señor Gabriel Ángel Muriel González, dentro de la acción de tutela que promovió contra la Corte Constitucional.

I. Antecedentes

El señor Gabriel Ángel Muriel González instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo, libre acceso a la administración pública, ejercicio de cargos y funciones públicas, dignidad humana y a elegir y ser elegido, presuntamente vulnerados por la Corte Constitucional.

En sustento de su petición, el accionante señaló que el 11 de mayo de 2014, la Corte Constitucional publicó la convocatoria para la elección del candidato a la terna de Contralor General de la República; que se inscribieron 18 candidatos; que el 26 de mayo de 2014 se preseleccionaron 5 candidatos, los cuales, sostuvo, eran reconocidos juristas que no contaban con experiencia en control fiscal; que el 28 de mayo de 2014, los 5 preseleccionados intervinieron ante la Corte Constitucional, oportunidad en la que dieron a conocer sus calidades, competencias específicas y presentaron su plan de trabajo; que la votación se efectuó, sin que ninguno de los 5 candidatos preseleccionados hubiese alcanzado la mayoría requerida y sus nombres fueron excluidos para ser tenidos en cuenta en una nueva votación; que la Corte Constitucional, en contravía del artículo 77 del Reglamento Interno de la corporación, publicó una nueva convocatoria, lo que vulneró los derechos de los otros 13 ciudadanos que se habían inscrito en la primera convocatoria; que lo procedente era realizar la votación con los ciudadanos restantes y no hacer una nueva convocatoria (fls. 5 a 7).

Con base en este sustento fáctico, el accionante solicita se amparen los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia:

“1) se decreten medidas provisionales efectivas a mi favor sobre la decisión de la Corte Constitucional contraria al cumplimiento de su reglamento; 2) con ocasión de las medidas cautelares, ordenar la suspensión de la ‘nueva convocatoria’ mientras la Honorable Corte Suprema de Justicia determine y verifique lo aquí sustentado; 3) en consecuencia, ordenar revocar la ‘nueva convocatoria’; 4) ordenar a la Corte Constitucional citar a ‘la siguiente votación’, como lo contempla el reglamento; 5) ordenar sea convocado mi nombre por la Honorable Corte Constitucional para exponer mis competencias y capacidades, y mi plan de trabajo como Contralor General de la República; 6) ordenar a la Honorable Corte Constitucional la evaluación objetiva de lo expuesto en el numeral anterior, bajo los criterios y responsabilidades que competen al cargo que aspiro; 7) con base en lo anterior se efectúe ‘la siguiente votación’ establecida en el reglamento con mi nombre como candidato” (fl. 8).

II. Trámite y decisión de instancia

Por auto de fecha 18 de junio de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, admitió la acción de tutela y dio traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción (fl. 23).

El Presidente de la Corte Constitucional, actuando como representante de la corporación, solicitó que se denegara el amparo solicitado, para cuyo efecto, indicó que ni la Constitución ni la ley, prescriben un proceso para postular el candidato que integra la terna para elegir al Contralor General de la República, de lo que puede suponerse que se trata de una decisión discrecional y que no es un concurso de méritos. No obstante, la Corte Constitucional en consideración a los principios que orientan la función pública, el derecho de participación y el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, realizó la convocatoria para todos aquellos ciudadanos interesados en participar en el proceso.

Indicó que finalizado el término de inscripción, en sesión extraordinaria del 26 de mayo de 2014, la Sala Plena de la corporación, efectuó el análisis de las hojas de vida de los 18 aspirantes, entre ellos el aquí accionante, con la finalidad de corroborar que cumplían los requisitos constitucionales y legales, lo que indica que la Corte deliberó sobre cada una de las personas inscritas. Que la plenaria de la corporación, acordó la preselección de cinco de los aspirantes y la votación se realizó conforme a lo preceptuado en el artículo 77 del reglamento interno; que verificada la votación, ninguno de los candidatos preseleccionados obtuvo la mayoría absoluta, razón por la cual, se realizó la segunda convocatoria, en obedecimiento al parágrafo del citado artículo 77, que indica que si ningún candidato obtiene la mayoría requerida, debe prescindirse de todos los nombres anteriores y que la siguiente votación se debe realizar con nuevos nombres.

Sostuvo que la preselección se adelantó conforme a una valoración imparcial y objetiva de las hojas de vida de los aspirantes y, que contrario a lo afirmado por el actor, se efectuó un proceso serio y transparente (fls. 26 a 32).

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 25 de junio de 2014, negó el amparo solicitado.

Consideró que no existía una norma legal que indicara el procedimiento a seguir para elegir el candidato que integrara la terna para la elección del Contralor General de la República, de tal manera que la convocatoria pública que realizó la Corte Constitucional, se trataba de una decisión discrecional de la corporación. Así mismo, estimó que del artículo 77 del reglamento interno de la corporación, se infería que si ningún candidato obtenía la mayoría requerida, se descartaría la totalidad de los aspirantes con el fin de realizar una nueva votación con candidatos diferentes, por lo que en ese orden, la accionada había dado cabal cumplimiento a la norma precitada y no podía predicarse la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó. Señaló que la preselección de los aspirantes fue realizada por la Corte Constitucional a espaldas del país, con criterios desconocidos, lo que vulneró los principios de transparencia y publicidad.

Indicó que elevó un derecho de petición ante la Corte Constitucional para que le suministrara copia del acta en la cual tomó esa decisión, pues no era suficiente manifestar que se había efectuado una valoración objetiva e imparcial de las hojas de vida, sino que ello debería estar soportado formalmente; de la respuesta emitida, reflexionó el actor que no se había hecho una evaluación con el tiempo suficiente para examinar con más detenimiento las hojas de vida de los aspirantes, pues no había constancia o mención de una evaluación técnica o de cualquier otro tipo de análisis diferente a la verificación de requisitos, como tampoco existía una justificación de la preselección ni de las razones por las cuales escogió a los cinco candidatos, cuyo único mérito, indicó el actor, era haber sido magistrados, presidentes de corte o procurador, pero sin experiencia en materia de control fiscal; que el hecho de que ninguno de los preseleccionados hubiese obtenido la mayoría, corroboraba que la preselección había sido deficiente.

Sostuvo que los aspirantes que no fueron preseleccionados, tampoco fueron rechazados, que a diferencia de los preseleccionados, los 13 aspirantes restantes no fueron escuchados por la Corte Constitucional, no alcanzaron a ostentar la condición de candidatos, por tanto, no podía prescindirse de sus nombres para una nueva votación. En ese orden, la Corte Constitucional, a su juicio, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al haber modificado el procedimiento de votación previsto en el Reglamento Interno, pues lo procedente era que realizara la votación con los aspirantes que no habían sido preseleccionados y no realizar una nueva convocatoria y, solo en el caso de que con ellos no se obtuviera la mayoría requería, procedería entonces realizar la nueva convocatoria.

Reitera que la actuación de la Corte vulneró sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al ejercicio de las funciones públicas que aspira desempeñar, pese a tener la experiencia, competencia y las capacidades para ello.

En escritos allegados a esta corporación reiteró los planteamientos expuestos en el escrito inicial y en la impugnación del fallo de primera instancia y, manifestó que dada la evolución de los acontecimientos, sin que el tribunal en el fallo de primer grado hubiese actuado en derecho y oportunamente, era necesario ajustar la solicitud en los siguientes términos:

“1) se decreten medidas provisionales efectivas a mi favor sobre la decisión de la Corte Constitucional contraria al cumplimiento de su propio reglamento,

2) con ocasión de las medidas cautelares, ordenar la suspensión de la elección del candidato de la Corte Constitucional para la integrar la terna a Contralor General de la República (en lugar de la suspensión de la ‘nueva convocatoria’, antes solicitada) mientras la Honorable Corte Suprema determina aquí lo sustentado,

3) en consecuencia, ordenar al Congreso de la República abstenerse de realizar trámite alguno relacionado con la elección de Contralor General de la República (en lugar de ordenar revocar la ‘nueva convocatoria’, en marcha al momento de interponer la acción de tutela),

4) ordenar a la Corte Constitucional citar a ‘la siguiente votación’, como lo contempla el reglamento,

5) ordenar sea convocado mi nombre por la Honorable Corte Constitucional para exponer mis competencias y capacidades, y mi plan de trabajo como Contralor General de la República,

6) ordenar a la Corte Constitucional la evaluación objetiva de lo expuesto en el numeral anterior, bajo los criterios y responsabilidades que competente al cargo al que aspiro,

7) con base en lo anterior se efectúe ‘la siguiente votación’, y

8) tutelar los derechos vulnerados expuestos a lo largo del trámite de la tutela”.

IV. Consideraciones

En el caso bajo estudio, pretende el accionante que se deje sin efectos la nueva convocatoria realizada por la Corte Constitucional para elegir al candidato a la terna destinada a la elección del Contralor General de la República. En sustento de su petición, sostuvo fundamentalmente que la Corte Constitucional desconoció lo normado en el artículo 77 del reglamento interno de dicha corporación, que regula el procedimiento de las votaciones.

Por su parte la Corte Constitucional señaló, que al no existir un proceso expreso para postular al candidato, el método a aplicar tenía carácter discrecional. Agregó, que pese a lo anterior, y por respeto a los derechos constitucionales de participación y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, decidió realizar una convocatoria abierta a los ciudadanos que quisieran participar y, finalmente, que la elección se realizó internamente con ajuste a lo preceptuado en el reglamento interno que gobierna la corporación.

El actor reitera en la impugnación que la preselección que realizó la Corte Constitucional adoleció de varios defectos, como no haber efectuado un análisis del perfil técnico, de los conocimientos y de la experiencia de los aspirantes en materia de control fiscal; no haber escuchado a los aspirantes respecto a su plan de trabajo y no haber adelantado el proceso de preselección de forma transparente y pública, conforme a los principios que orientan las actuaciones de las autoridades públicas.

La Sala considera que ciertamente el legislador no ha diseñado un proceso específico para postular al candidato que integre la terna para la elección del Contralor General de la República, pues no existe disposición alguna que consagre la obligación de hacer convocatoria ni el proceso a desarrollar por etapas que la elección supone, lo que confiere autonomía a la Corte Constitucional para establecerlo.

La Constitución Política en el artículo 267, contempla como requisitos para ejercer el cargo de Contralor General de la República: i) ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ii) tener más de 35 años de edad, y iii) tener título universitario o haber sido profesor universitario por un término no inferior a 5 años.

El artículo 59 de la Ley 48 de 1993, disponía que para ser elegido Contralor General de la República, se requería acreditar título universitario “en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración” fue declarado inexequible parcialmente mediante la Sentencia C-592 de 1995; textualmente se expuso en dicha sentencia:

“(...) Aun cuando es verdadera la correlación entre la trascendencia del cargo y las mayores exigencias de méritos y aptitudes, lo cierto es que la determinación de calidades, requisitos o condiciones específicas por parte del Constituyente para acceder a un cargo público, sustrae al legislador toda competencia para adicionar nuevas exigencias a las ya fijadas en la Constitución, precisamente como garantía contra el exceso o desproporción en materia de requisitos para el acceso al desempeño de la función pública” (destacado fuera de texto).

Como los aspectos relativos al conocimiento y la experiencia específica en el área de control fiscal no fueron regulados expresamente por la Constitución como requisitos para desempeñar el cargo de Contralor General de la República, la Corte Constitucional tiene la autonomía e independencia para realizar el análisis y valoración del perfil al cual hace alusión el accionante, en el cual no puede inmiscuirse el juez de tutela, pues es la Corte Constitucional quien tiene la competencia legítima delegada por el constituyente.

Respecto al reproche que realiza el actor relativo a que no fue escuchado por la Corte Constitucional, como sí lo fueron los cinco candidatos preseleccionados, debe indicarse que de conformidad con el Acta 33 de la Sala Plena visible a folios 68 y 69 del cuaderno principal, la corporación acordó un procedimiento para efectuar la elección del candidato a la terna.

“Según lo acordado, los magistrados procedieron a votar de la lista anterior —excluyendo quienes no cumplían con todos los requisitos— por cinco de los aspirantes que consideraran debían ser preseleccionados. El presidente Luis Ernesto Vargas precisó que de acuerdo con la ley y el reglamento, resultan preeleccionados quienes obtengan cinco o más votos. Como escrutadores de esta votación se designaron los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos.

Efectuado el conteo y lectura de los votos emitidos, fueron preseleccionados por mayoría de votos de la Sala, los doctores Jaime Arrubla Paucar, Edgardo José Maya Villazón, Gilberto Rondón González, Camilo Tarquino Gallego Y Clara Inés Vargas Hernández, quienes serán escuchados por la Sala Plena el próximo miércoles a partir de las 9:00 a.m.” (destacado fuera de texto).

Al efecto como lo predica el acta, la Corte examinó cada una de las hojas de vida, excluyó a cuatro de los postulantes por considerarlos inhabilitados y a uno por no cumplir requisitos, y luego sometió a los trece restantes a la preselección acordada que fue votada en igualdad de condiciones; en esta etapa resultó excluido el actor, toda vez que para resultar seleccionado previamente se había convenido el requisito de obtener cinco o más votos.

De la actuación descrita se desprende que los magistrados de la Corte Constitucional en vías de elegir al candidato de la terna realizaron un proceso democrático, en la medida que sometieron a votación a todos y cada uno de los aspirantes que cumplían los requisitos para participar en la elección del Contralor General, incluido el señor Gabriel Ángel Muriel González, que fue excluido como preseleccionado, se itera, por no haber obtenido cinco o más votos al realizarse el escrutinio.

Plantea igualmente el accionante que la Corte Constitucional desconoció el artículo 77 del reglamento interno al realizar una nueva convocatoria;

“ART. 77.—La votación estará sujeta a las siguientes reglas:

1ª Toda elección se hará mediante voto secreto.

2ª Para una elección se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los magistrados.

3ª Antes de abrir la votación, el Presidente propondrá que se delibere sobre los candidatos y, concluida la deliberación, designará dos magistrados escrutadores.

4ª Cada voto solo contendrá el nombre del candidato que el elector escoja. Toda adición se tendrá por no escrita.

5ª El voto es obligatorio pero podrá votarse en blanco. El voto en blanco no se agregará a ningún candidato.

PAR.—Cuando al votarse no se obtenga la mayoría requerida, la votación se repetirá; pero si hubieren sido más de dos los candidatos, esta se contraerá a los dos que hubieren obtenido el mayor número de votos. También se repetirá la votación cuando, siendo uno o dos los candidatos, ninguno obtuviere dicha mayoría. La Corte, previo un receso de cinco minutos, decidirá por mayoría de los asistentes, si se hace una tercera, exclusivamente sobre los nombres que hayan figurado en la anterior, efectuada la cual, si ningún candidato obtuviere la mayoría señalada, se prescindirá de los nombres de todos los candidatos anteriores y la siguiente votación se hará, en la misma sesión o en otra, con nuevos nombres, salvo que se anuncie un acuerdo con mayoría legal sobre alguno de los candidatos que han participado en el debate o sobre uno distinto” (destacado fuera de texto).

Comoquiera que ninguno de los candidatos preseleccionados obtuvo la mayoría de votos requerida, la Corte Constitucional prescindió de todos los que habían participado en la convocatoria con excepción del candidato Edgardo José Maya Villazón que resultó incluido en la segunda convocatoria por acuerdo de la corporación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo setenta y siete.

En esas condiciones, mal puede el actor persistir en el predicamento de que le fue violado su derecho a la igualdad y al acceso a desempeñar cargos públicos, ya que, se recalca, fue sometido en igualdad de condiciones a la elección practicada para preseleccionar los candidatos, resultando vencido, por lo que sin el consenso de la corporación previsto en el parágrafo del artículo 77 del reglamento, no podía ser incluido en la segunda convocatoria.

Por lo anterior, esta corporación no advierte que la actuación de la Corte Constitucional haya lesionado los derechos fundamentales invocados, razón por la que se impone confirmar el fallo impugnado.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de junio de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

2. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados. Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.