Sentencia STL11844 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL11844-2014

Radicación 37524

Acta 31

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernanando López Algarra

Bogotá, D. C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Pretende el accionante por vía de tutela, que se revoquen las siguientes providencias, dictadas por los accionados: auto de fecha 7 de octubre de 2013, dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, mediante el cual decidió enviar el proceso ordinario instaurado por el accionante contra Manexca EPSI, a la jurisdicción especial indígena, como producto de la prosperidad de la excepción previa de falta de jurisdicción; y el auto de fecha 18 de febrero de 2014, por el cual, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó la anterior decisión, en segunda instancia.

Para resolver como problema jurídico a dilucidar en este caso, respecto de si las decisiones antes descritas, emanadas de los entes judiciales accionados, vulneraron los derechos alegados por el accionante, es preciso ver la situación particular del fuero indígena y de esa jurisdicción especial para establecer si la declaratoria de prosperidad de la excepción previa de falta de jurisdicción propuesta por la demandada, y el envío del proceso ordinario laboral que instauró contra la entidad Manexca EPSI, pudo vulnerar derechos fundamentales.

La Constitución Política en su artículo 7º, elevó a la categoría de principio fundamental, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, como resarcimiento a la histórica discriminación sobre algunas comunidades sociales, como son los pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 70 reitera la igualdad y la dignidad de todas las culturas que habitan nuestro territorio, y reconoce que la existencia de las etnias es un valor social digno de protección constitucional. Ahora, en el artículo 246 instituyó la Jurisdicción Especial Indígena, en los siguientes términos:

«Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional».

Al respecto, la Corte Constitucional, al abordar el tema de la existencia de la jurisdicción especial indígena que deriva de esa norma, señaló en la Sentencia C-139 de 1996, que hacen parte del contenido de tal disposición: «(i) la facultad de la comunidad de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar y/o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores (...) a la Constitución y la ley; (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional (definición de competencias), sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada». En consecuencia, la jurisdicción especial indígena se instituyó para garantizar que las comunidades indígenas cuenten con autoridades judiciales propias, así como la oportunidad de proferir normas y procedimientos propios para administrar justicia en su interior. En ese orden surge el fuero indígena como resultado del reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de esas comunidades.

Esa noción de fuero indígena comporta los elementos personal y geográfico, que implican que los miembros de las comunidades indígenas sean juzgados de acuerdo con sus usos y costumbres, en la respectiva comunidad, por hechos que hayan sucedido en su propio territorio y de conformidad con sus propias normas. Sin embargo, no es suficiente la verificación de estos criterios que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena, sino que se requiere además, que haya una autoridad que pueda ejercer funciones jurisdiccionales en el determinado territorio, así como los usos y las costumbres tradicionales sobre la materia en discusión, desde luego, sin que sean contrarios a la Constitución o a la ley.

Frente al caso concreto, al escuchar el audio que contiene la audiencia en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y dispuso envió del proceso al conocimiento de la jurisdicción especial indígena, manifestó, luego de reiterar que el fuero indígena tiene como fundamento jurídico el artículo 7º de la Constitución Política, que el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha expresado que, conforme al artículo 246 de la Constitución Política, las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarias a ella y a las leyes de la República; que en esa medida, los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su jurisdicción especial, en obedecimiento al interés del Estado de garantizar la existencia, conservación, respeto y reconocimiento de las comunidades indígenas, protegiendo la diversidad cultural, aceptando su autonomía, para que las autoridades indígenas puedan investigar y juzgar según sus propios usos y costumbres a los miembros de su comunidad; y que el derecho a la integridad étnica, cultural y social de los pueblos indígenas se ha erigido en uno de los derechos fundamentales de esas colectividades.

Hizo un recuento de las manifestaciones jurisprudenciales que ha hecho la Corte constitucional en torno al tema, y en general sobre el derecho que tienen las comunidades indígenas a un fuero, en cuya aplicación todos sus miembros deben ser juzgados según sus normas y procedimientos, y su integración con las normas ordinarias.

Concluyó que en este caso, se trata de hechos ocurridos en una comunidad indígena, dentro de su territorio; que las partes pertenecen a dicha comunidad y en especial el actor, quien para la época en que presentó la demanda, tenía esa calidad, y que, por ello, se cumplieron los requisitos configurativos de la excepciona de falta de jurisdicción alegada.

Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, acudió de igual manera a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y en obedecimiento al principio de congruencia, encaminó su disertación a la conducta del demandante, en torno a su alegada renuncia a la condición de indígena, para decir que esa posibilidad procede como un acto de manifestación de la autonomía de la voluntad, pero no como la intención de obtener mejores beneficios a través de otra jurisdicción; y que el actor, no obstante, era aún miembro de la comunidad indígena para cuando presentó la demanda. Finalizó diciendo que en este caso, se configuraron los factores personal y territorial para entender que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción especial indígena y por ende el juzgado decidió en legal forma.

Bajo el precedente contexto, observa esta Corte que no asoma fundamento alguno en el análisis de la cuestión fáctica, que contenga disposiciones encaminadas a vulnerar de manera grave y grosera el debido proceso del accionante, sino que su decisión surgió como producto de un estudio razonado de las disposiciones, también constitucionales, que rigen el fuero y la jurisdicción especial indígena y se fundó esencialmente en la intención del legislador de proteger las minorías étnicas. Por ello, es menester recabar que la posibilidad de estudiar acciones de tutela contra decisiones adoptadas en el interior de procesos judiciales, de manera excepcional y subsidiaria, sólo está autorizada cuando se demuestra la trasgresión por parte de los jueces, en forma evidente de derechos de rango superior, pues al desarrollar las garantías constitucionales, ha enfatizado que deben prevalecer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, por ser valores preponderantes que permiten alcanzar los fines esenciales del Estado.

Lo anterior, por cuanto, siguiendo los postulados del Estado social de derecho, la certeza de los asociados respecto de la resolución de sus diferencias ante las autoridades competentes, no puede ser resquebrajada por meras discrepancias de quienes resultaron vencidos en los trámites procesales o por discusiones de índole legal. Por ello, el recurso constitucional no puede constituirse en pretexto para abolir la independencia del Juez, pues esta también tiene rango superior.

En ese orden, no es posible acceder al amparo pretendido frente a dichos entes judiciales y en tal virtud, no prospera la reclamación constitucional aquí deprecada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar el amparo constitucional impetrado por Víctor Simón Vergara Reyes, de conformidad con las precedentes motivaciones.

2. Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».