Sentencia STL11927-2016 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

STL11927-2016

Rad.: 44308

Acta 30

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Se resuelve la primera instancia en la acción de tutela instaurada por CIRO BOHORQUEZ SANDOVAL, en nombre propio, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.

I. ANTECEDENTES

El promotor acudió a la acción de tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que considera trasgredido por la autoridad judicial accionada.

Para fundamentar su queja refirió, que durante el término comprendido entre el 7 de febrero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, celebró de manera verbal contrato laboral con la señora María Nubia Céspedes; que durante la vigencia de dicha relación, cumplió con sus obligaciones de empleador, tales como «la afiliación y pago a los subsistemas de seguridad social, (salud, pensión, riesgos laborales), el pago oportuno de salarios, primas de servicio, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y demás obligaciones derivada de la relación laboral»; que tales pagos que fueron realizados «íntegramente y de manera directa a la trabajadora, quien aceptó haberlos recibido a satisfacción»; que el contrato laboral fue terminado por mutuo acuerdo, sin que la señora Céspedes adelantara en su contra alguna actuación administrativa y/o judicial dirigida al pago de sus prestaciones sociales, como tampoco manifestó ningún tipo de inconformidad por la no consignación de sus cesantías.

Indicó, que a partir del 1º de enero de 2011, de común acuerdo con la trabajadora, celebró nuevo contrato laboral a término fijo de un año, el cual se prorrogó hasta el 2013, durante el cual le fueron pagadas «de manera personal y directa sus cesantías, así como sus restantes acreencias laborales», incluso sin haber prestado sus servicios laborales de forma personal; que en realidad «la señora María Nubia Céspedes, prestó sus servicios para los cuales fue contratada hasta el día 25 de septiembre del año 2012, situación que fue aceptada y manifestada por la misma trabajadora en el interrogatorio de parte a ella formulado, y reiterada por los testigos señores; JOSÉ CAMILO MAHECHA y ALBERTO ALEJO», que durante el tiempo transcurrido entre el 25 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013, «continuó pagando mensual y cumplidamente sus aportes a la seguridad social, (pensión, salud, riesgos laborales), salarios y prestaciones sociales, actuación igualmente aceptada por la trabajadora en su interrogatorio de parte».

Explicó que la decisión de haber mantenido en la nómina de trabajadores a la señora María Nubia Céspedes, sin la prestación personal de sus servicios, «obedeció a la relación afectiva que existió entre los dos y a [su] preocupación porque la misma reuniera la totalidad de las semanas requeridas para el acceso a su pensión de vejez, pues para el (...) año 2013 cumplía su edad de pensión», que en realidad dio por terminado en forma unilateral el contrato de trabajo, bajo la errada creencia que con el cumplimiento del requisito de la edad y semanas de cotización al sistema de pensiones, se encontraba habilitado para tomar tal decisión amparado en una justa causa.

Adujo, que en el mes de julio de 2015, es decir, 5 años después de haber finalizado la primera relación laboral y con posterioridad al reconocimiento de su pensión de vejez, hecho acaecido en el mes de diciembre del año 2013, la mencionada señora, instauró en su contra, demanda ordinaria laboral, a fin de obtener, respecto del contrato laboral de los años 2007 al 2010, «indemnización por aparente terminación del contrato sin justa causa, sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de sus cesantías a un fondo de cesantías e indexación por los dineros aparentemente adeudados», y del contrato laboral a término fijo de los años 2011 al 2013 «indemnización por terminación anticipada del contrato laboral, sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de sus cesantías a un fondo de cesantías, pago de mesadas pensionales, entre otras infundadas pretensiones económicas».

Que el Juez de conocimiento lo fue el Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, quien mediante sentencia del 25 de abril de 2015, lo condenó al pago de la indemnización por terminación anticipada del contrato de trabajo pactado a término fijo; y lo absolvió del pago de la sanción contemplada en el numeral 3º del art. 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías en un Fondo, así como de las demás pretensiones incoadas en su contra; que esa decisión fue apelada por la parte actora y al desatar la alzada, el Tribunal Superior de Bogotá, con fallo del 9 de junio de 2016, impuso en su contra la referida sanción, tras considerar que su actuación no podía ser considerada como de buena fe, por no haberse encontrado prueba que acreditara que la señora María Nubia Céspedes, de manera expresa hubiera manifestado su voluntad de no consignación de sus cesantías.

En sentir del accionante, lo decidido por el Tribunal vulnera su derecho fundamental invocado, «incurriendo en una clara vía de hecho por defecto fáctico, al proferir una providencia sin el análisis y valoración de las pruebas documentales y testimoniales allegadas durante el trámite procesal».

Con fundamento en los hechos narrados, pidió al juez constitucional que se ordene al despacho judicial accionado proferir la decisión que en derecho corresponda, «esta vez con el debido estudio del material probatorio allegado en las instancias procesales».

Por auto del 9 de agosto de 2016, esta Sala de la Corte avocó el conocimiento y ordenó comunicar a la autoridad judicial accionada, así como a los demás intervinientes dentro del proceso cuestionado su admisión, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja.

Dentro del término de traslado, los notificados de la presente acción, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

El amparo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, está consagrado como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

En este asunto, es evidente que el accionante pretende que por este vía excepcional, la Sala estudie nuevamente lo expuesto dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en su contra la señora María Nubia Céspedes, específicamente en lo que respecta a la sanción de que trata el numeral 3º del art. 99 de la Ley 50 de 1990, que le fuere impuesta en la sentencia cuestionada.

Escuchado el audio que contiene la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, se advierte que al resolver al recurso de apelación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de esta ciudad el pasado 25 de abril, luego de determinar los extremos temporales de la relación laboral y de referir jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral, en la que se estableció que «en tratándose del tema sobre la carga demostrativa a la que se someten las partes en contienda, sobre la legalidad o justeza de la terminación de un contrato de laboral, ha sostenido que se debe partir del supuesto, que la demostración del hecho del despido le corresponde a la parte actora; y la justificación o comprobación de las causales o hechos que motivaron la decisión, le corresponde a la parte demandada», consideró que respecto de la relación laboral que se dio entre las partes en contienda, desde el 7 de febrero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010, no obraba prueba que acreditara que hubo un despido; señaló además que la recurrente fue constreñida a firmar un segundo contrato, lo cual no quería decir que hubiere sido despedida en dicha relación laboral, «tan es así, que al día siguiente del finiquito contractual, se suscribió uno nuevo en la modalidad de término fijo», por lo que concluyó, que al no haberse probado el despido del contrato a término indefinido, no había lugar a estudiar si existió o no justa causa, por lo que resolvió confirmar la sentencia apelada en dicho aspecto.

En lo relacionado con la consignación de las cesantías, a un Fondo, señaló que «la actora en el hecho 9 de la demanda, indicó que el demandado jamás consignó el valor a que tenía derecho por cesantías a un Fondo indicado para ello, y que aunque se les pagaba anual, ésta siempre le manifestó que era mejor que las consignara puesto que era un ahorro, por si se quedaba sin trabajo; situación de la cual el demandado indicó no ser cierta, aduciendo que con base en la relación sentimental que sostenía con la actora había sido la propia señora María Nubia quien le pidió que no le consignara tal prestación, sino que se las entregara para cubrir sus necesidades a su antojo».

Que de conformidad con el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, se prohíbe a los empleadores efectuar, pagos parciales del auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si los efectuaran, perderán las sumas canceladas sin que pueda repetir lo pagado; que sobre la entrega anticipada de las cesantías al trabajador, por vía jurisprudencial (Sent. CSJSL 2010, rad. 38757), se aceptó que ello resulta válido, por cuanto en ese caso había sido solicitado por la misma trabajadora, en donde se concluyó que «con el actuar de aquella demandante, generó, patrocinó y estimuló el quebranto legal en que incurrió el empleador, el cual de otro lado no le ocasionó perjuicios pues la prestación le fue cancelada, todo lo cual permite avizorar razonadamente la inexistencia de mala fe por parte de la empleadora al no consignar aquella».

Consideró además, que «en este caso se tiene que el señor Ciro Bohórquez, no consignó las cesantías a la demandante a un Fondo, como era su obligación legal, y aunque le fueron entregadas a la actora, como la misma lo indica en los hechos de la demanda y en el interrogatorio, no probó el demandado que dicha señora hubiera consentido o solicitado la entrega, por tanto, no puede aplicarse en este caso el referente jurisprudencial citado, para concluir que el actuar del demandado haya sido de buena fe y entender que no era intención del empleador menoscabar o atropellar los derechos de la demandante.

Por lo anterior, encontró procedente «condenar al demandado a la sanción por la no consignación de las cesantías establecida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. No obstante a voces del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se encuentran prescitas, excepción que fue propuesta oportunamente por el extremo pasivo, ello debido a que la demanda debió formularse con anterioridad al 15 de febrero de 2014, en razón a que las últimas cesantías causadas por la primera relación laboral a término indefinido debieron consignarse a un Fondo a más tardar el 15 de febrero de 2011, ya que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2010, de manera que la actora contaba con 3 años a partir de la fecha en que el empleador incurrió en mora para reclamar al demandado o para demandar (...) y como no lo hizo la prescripción surtió sus efectos».

En cuanto a la segunda relación laboral, esto es, el contrato a término fijo que inició el 1º de enero de 2011, hasta el 31 de agosto de 2013, encontró que «no se encuentran prescritas ningunas de las cesantías causadas en los años 2011 y 2012, pues la señora Nubia demandó en tiempo, por tanto se condena al demandado a pagar a la demandante la suma de $ 22.606,oo diarios desde el 16 de febrero de 2012, hasta el 14 de febrero de 2013, por concepto de sanción por no consignación de cesantías y $ 50.000,oo diarios desde el 16 de febrero de 2013, hasta el 31 de agosto de ese mismo año, lo anterior teniendo en cuenta que la demandante devengó para el 2012 un salario de $ 680.000,oo y para el 2013, la suma de $ 1.500.000,oo tal como fue aceptado por el demandado. En cuanto a las cesantías causadas por el período laborado entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de agosto de ese mismo año, se tiene que las mismas fueron canceladas a la finalización del contrato, conforme consta en el documento que obra a folio 86 del expediente con la liquidación final de prestaciones, por tanto se absuelve de la sanción por no consignación a un Fondo del período citado; y se revoca la condena en costas impuesta en primera instancia a la demandante para que en su lugar queden a cargo del demandado».

De lo anterior se advierte, que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se derivó de la intelección de la norma sustancial que regula el proceso sometido a su estudio, con apego a las pruebas allegadas por las partes. Además, tampoco se advierte la existencia de una postura judicial arbitraria o absurda, lo que lleva inexorablemente a concluir que apoyó su decisión en supuestos fácticos y jurídicos respetables, por lo que mal haría el juez de tutela en desconocer su contenido.

Y es que, independientemente que la Sala comparta o no tales razonamientos, ello no tiene el efecto de generar el quiebre de la decisión cuestionada, toda vez que fue resultado de la aplicación del criterio jurídico del funcionario judicial, y no es posible, entonces, que en el escenario constitucional se imponga al juez de conocimiento adoptar uno u otro criterio, o peor aún, fallar de una determinada forma, pues ello desconocería lo preceptuado en la Constitución Nacional, artículo 230, ya que fue, se itera, proferida de conformidad con las pruebas legal y oportunamente aportadas, lo que lo imposibilita para emitir juicio alguno sobre los elementos apreciados por el juez natural.

Por tales motivos, al no existir razón atendible que motive la concesión del amparo invocado, se proveerá su denegación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NEGAR la protección solicitada en la presente acción de tutela.

2. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.