Sentencia STL11943-2014 de septiembre 10 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 55723

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

STL11943-2014

Acta 32

Bogotá, D. C., diez de septiembre de dos mil catorce.

Resuelve la Corte la impugnación que interpuso el señor Norbey Duque Suárez dentro de la acción de tutela que promovió contra la Policía Nacional.

I. Antecedentes

El señor Norbey Duque Suárez instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, intimidad personal y familiar, buen nombre, honra, debido proceso y presunción de inocencia, presuntamente vulnerados por la Policía Nacional.

Como fundamentos fácticos de la acción, afirmó que el 9 de mayo de 2014 se desplazaba en un vehículo automotor en compañía de otras tres personas por la autopista Medellín – Bogotá; que en el municipio de Guarne fueron requeridos por dos agentes de la Policía Nacional para una inspección de rutina; que como resultado de la inspección, los uniformados encontraron en el vehículo: “un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, un proveedor sin marca, 2 cartuchos calibre 9 mm, un supresor de sonido, un arma de fuego tipo revolver, y 2 cartuchos calibre 32”; que fueron capturados y, posteriormente, la Fiscalía ordenó la libertad de los otros 3 ocupantes del vehículo porque no habían cometido ningún delito; que por ser propietario del vehículo le imputaron cargos por los delitos de: “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas”; que el 22 de mayo de 2014 la Policía Nacional publicó en su página de “Facebook” un artículo denominado: “Capturados cuatro integrantes de la banda delincuencial ‘Los Monos’ dedicados al hurto de personas y residencias, incautación armas de fuego, munición y accesorio”; que en dicho artículo publicaron una fotografía de tres de las personas que se encontraban en el vehículo, incluyéndolo a él; que dicha información es contraria a la realidad porque nunca se le han imputado delitos relacionados con la pertenencia a una banda delincuencial ni con el hurto a personas o viviendas.

Agregó que la noticia mencionada afectó directamente su honra y buen nombre, al igual que sus relaciones personales, familiares y laborales e incluso, ha recibido amenazas de muerte que han puesto en peligro su vida e integridad personal.

Con base en el anterior sustento fáctico, el accionante solicita:

1) (...) se ordene rectificar la noticia originalmente publicada, en el sentido de aclarar que no fui capturado por la pertenencia a ninguna banda delincuencial dedicada al hurto de personas e inmuebles, que solo fui capturado por el delito presunto de porte ilegal de armas de fuego, y que se presume mi inocencia hasta que se demuestre mi responsabilidad.

2) Que dicha rectificación se realice a través de los mismos medios en que haya sido publicada la noticia original.

3) Que se elimine de dicha noticia la fotografía en la que se observa mi persona.

II. Trámite y decisión de instancia

Por auto del 18 de julio de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, admitió la acción de tutela, ordenó su notificación a la accionada y dispuso el traslado para que ejerciera su derecho de contradicción y defensa (fl. 12).

La Policía Nacional manifestó que el accionante no había presentado ante la entidad ningún derecho de petición relacionado con los hechos manifestados en la acción de tutela; no obstante, constataron que efectivamente se había emitido un comunicado en la página de Facebook de la entidad en el que se indicó que el actor era integrante de la banda delincuencial “Los Monos” lo que se basaba en un hecho no concreto y que era materia de investigación, por lo que de manera inmediata procedieron a eliminar la publicación y, teniendo en cuenta que la noticia había sido reproducida en el medio de comunicación minuto30, le solicitaron que rectificara la publicación (fls. 15 a 18).

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 29 de julio de 2014, negó el amparo solicitado al considerar que la actuación de la accionada tendiente a eliminar la publicación cuestionada de su página de Facebook y la solicitud dirigida al medio de comunicación minuto30, configuraban la existencia de un hecho superado por carencia actual de objeto (fls. 22 a 26).

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión el accionante la impugnó, señaló que para el restablecimiento de los derechos fundamentales invocados no era suficiente la eliminación de la publicación de la noticia de Facebook, sino que era necesario que la noticia fuera rectificada, esto es, que la Policía Nacional aclarara los hechos tal como verdaderamente ocurrieron, esto es, que no fue capturado por la pertenencia a ninguna banda delincuencial dedicada al hurto, sino solamente por el presunto delito de porte ilegal de armas, actuación que debería realizarse en los mismos medios en que fue publicada originalmente (fls. 29 a 31).

IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio, pretende el accionante que se ordene a la Policía Nacional la rectificación del comunicado erróneo que emitió en su página de Facebook, relacionado con su captura.

Tratándose del derecho a la rectificación, es necesario señalar en primer término que la acción de tutela es procedente, sin que para el efecto sea necesario que con antelación el accionante haya elevado una petición a la autoridad accionada, dado que el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 solo contempla esta previsión cuando la acción de tutela se interpone contra particulares. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-263 de 2010:

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, se reitera, ha de diferenciarse entre los sujetos accionados. En cuanto al alcalde de Fusagasugá, la acción de tutela es procesalmente viable, pues se trata de una autoridad pública, que hizo uso de la facultad-deber de comunicarse con la población. Lo anterior no es un impedimento para que las personas le soliciten a los servidores públicos que hacen ejercicio del mencionado poder-deber la rectificación que deseen, pero ha de recordarse que el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 impone la petición previa exclusivamente para casos donde se demande a particulares. En cambio, tratándose de periodistas o de medios de comunicación, las reglas de procedencia —específicamente aquella que exige la solicitud previa de rectificación— han de cumplirse para que el juez de tutela pueda entrar a analizar de fondo el caso bajo estudio.

Precisado lo anterior, en orden a resolver el asunto que se plantea, los artículos 15 y 21 de la Constitución Política consagran los derechos fundamentales a la intimidad personal, la honra y buen nombre; en consonancia con ellos, el artículo 20 de la misma Carta establece la facultad de las personas de exigir la rectificación de la información, que se constituye, por tanto, en una herramienta de reparación de los derechos fundamentales, cuando han sido lesionados por la divulgación de una información inexacta o errónea respecto de una persona.

Ahora bien, en la Sentencia T-219 de 2009, la Corte Constitucional señaló que el alcance de la rectificación comprende los siguientes aspectos:

(…) (i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente; (iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error, tergiversación o falsedad (negrilla fuera de texto).

Bajo esta orientación, se observa que la Policía Nacional al hacer uso de la red social Facebook como una herramienta de comunicación y acercamiento a la ciudadanía, en la que entre otros aspectos, publica información sobre las personas, le asiste la misma responsabilidad de los medios de comunicación social y, en consecuencia, debe respetar irrestrictamente los principios de veracidad e imparcialidad, así como los derechos a la intimidad, honra y buen nombre, máxime cuando dicha entidad es parte integrante del Estado y tiene la misión constitucional de respetar y garantizar los derechos y libertades.

Ahora bien, la Policía Nacional no desconoció que publicó en su página de Facebook un comunicado en el que presentó al accionante como perteneciente a una banda delincuencial denominada “Los Monos” dedicada al hurto; en efecto, reconoció en el escrito de contestación que tal hecho no era concreto y que era materia de investigación, por lo que procedió inmediatamente a eliminarla de dicha red. Por consiguiente, está demostrado que la Policía Nacional publicó una información inexacta que desconoció el principio de veracidad y lesionó los derechos a la intimidad, honra y buen nombre del actor.

Empero, tal como lo sostiene el accionante, la simple eliminación de la noticia no reviste la connotación de una rectificación en los términos antes referidos porque no dio a conocer, a través de la misma red social, que había incurrido en una inexactitud ni precisó en qué consistió el error.

Por consiguiente, se revocará el fallo impugnado para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la intimidad, honra y buen nombre del actor y, en consecuencia, se ordenará a la Policía Nacional que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a rectificar en condiciones de equidad la información que publicó sobre la captura del actor a través de la red social Facebook y, con la misma relevancia, precise en que consistió la inexactitud de la comunicación.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 29 de julio de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la intimidad, honra y buen nombre del señor Norbey Duque Suárez y, en consecuencia, ORDENAR a la Policía Nacional que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a rectificar en condiciones de equidad la información que publicó sobre la captura del actor a través de la red social Facebook y, con la misma relevancia, precise en que consistió la inexactitud de la comunicación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.