Sentencia STL12840-2016/68375 de septiembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

STL12840-2016

Rad.: 68375

Acta 33

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil dieciséis.

La Sala resuelve la impugnación, interpuesta por la Administradora de Pensiones, Colpensiones, contra el fallo del 13 de julio de 2016, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el trámite de la tutela promovido por Víctor Julio Fuentes Ramírez, Ciro Alfonso Sánchez Cobaria y Luis Antonio Buitrago contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta.

I. Antecedentes

Los promotores del amparo, pretenden la protección de sus derechos fundamentales, al “debido proceso, acceso a la justicia, cosa juzgada, equidad, seguridad social, mínimo vital, tercera edad digna y vida en condiciones dignas”, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.

Para sustentar su queja, refirieron que presentaron demanda ordinaria laboral, de única instancia contra Colpensiones, para que les fueran reconocidos incrementos pensionales, por personas a cargo establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 49/90; que inicialmente fue repartida al Juez Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, quien mediante proveído del 20 de marzo de 2015, rechazó la demanda por razón de la cuantía, y dispuso la remisión del expediente al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta, despacho que avocó conocimiento, y citó para audiencia de conciliación, y/o única de trámite y juzgamiento, el 5 de octubre del mismo año, en la que declaró, no probadas las excepciones previas de “inepta demanda por indebida acumulación de procesos, falta de competencia por la cuantía, falta de competencia territorial, inepta demanda por alta de requisitos procedimentales y prescripción”, propuestas por la entidad demandada, y resolvió, declarar que los demandantes, aquí accionantes, tenían derecho al incremento pensional reclamado, por lo que condenó a Colpensiones, a su reconocimiento y pago, y ordenó remitir el proceso, a los Jueces Laborales del Circuito de Cúcuta, para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, únicamente respecto de la absolución, de los incrementos reclamados por los demandantes, Jorge Enrique Moncada, Flor Ángela Suárez Bueno y Jorge Arturo Lizarazo.

Afirmaron, que las diligencias, fueron remitidas el Juez Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, quien en audiencia que celebró el 13 de junio de 2016, “decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, incluyendo lo decidido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y dispuso remitir el expediente al de Pequeñas Causas Laborales, quien a su vez debía remitirlo al Juzgado Cuarto para que éste conociera del proceso”, argumentando para ello, que por tratarse de una entidad del Estado, se le debía garantizar el principio de doble instancia, sin importar la cuantía; que los jueces de pequeñas causas, no podían conocer de demandas contra entidades de seguridad social; y en este caso, tampoco les correspondía por cuanto las resoluciones por medio de las cuales, se les había reconocido el derecho a los demandantes, unas eran de Bucaramanga y otras de Bogotá, correspondiéndole el conocimiento, a los Jueces del Circuito, de las ciudades donde se hubiere expedido cada una de ellas.

En sentir de los accionantes, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, erró al dejar sin efecto, la actuación de un funcionario de igual categoría, pues el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, ya había determinado que la competencia, radicaba en el de Pequeñas Causas Laborales, y no en los Jueces Laborales del Circuito, por razón de la cuantía; que además, tal determinación, va en contravía del criterio sentado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta, pues dicha Corporación, estableció que en las demandas dirigidas contra Colpensiones, la competencia se determina por el valor de las pretensiones, y en ningún caso, la calidad de la parte prima, cuando la cuantía es inferior a 20 smmlv.

Finalmente, manifestaron que son personas pensionadas, que no cuentan con ningún otro sustento, y se ve afectado de forma grave su mínimo vital.

En consecuencia, los promotores de la presente acción, reclaman la protección de sus derechos fundamentales invocados, y para lograr su efectividad, piden que se ordene al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, “dejar sin efecto su propia providencia, en el efecto de que fuera competente y en su lugar dicte sentencia de Consulta correspondiente a los trabajadores a quienes les fue adversa la sentencia”.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído del 11 de julio de 2016, la Sala Laboral el Tribunal Superior de Cúcuta, admitió la acción, dispuso las notificaciones de rigor, y ordenó vincular a las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral, radicado bajo el número 2015-00148.

Dentro del término del traslado, el titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, manifestó que los accionados, tuvieron la oportunidad de intervenir en la audiencia pública, en la que se resolvió el asunto, pues eran conocedores de manera plena, acerca de la fecha y hora en que la misma se realizaría, sin embargo no asistieron; que la jurisprudencia ha recalcado, que el grado jurisdiccional de consulta, no es propiamente un medio de impugnación, pues es aquél en el que el juez que asume conocimiento, no está limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del fallo; que hay casos en los que la calidad de las partes, es la determinante para establecer en quién radica la competencia; que la misma Corte Constitucional, advierte que se debe tener en cuenta, que el control por vía de excepción, lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa, e incluso particulares, que tengan que aplicar, una norma jurídica en un caso concreto, evento en el cual, la norma no desaparece del sistema jurídico, ya que los efectos del control por vía de excepción, son inter partes, solo se aplican para el caso concreto, y no anulan en forma definitiva, la norma que se considera contraria a la Constitución, y por tal motivo no es censurable, que un juez de la República, haga prevalecer la constitución sobre la ley.

Agregó, que no comparte la apreciación realizada por los accionantes, respecto a que no existe norma, que establezca que los procesos contra Colpensiones, deban tener dos instancias, pues el artículo 69 que se invoca, para la Consulta en los Juzgados de Pequeñas Causas, recuerda la prevalencia del factor objetivo, al precisar que también serán consultadas las sentencias, que fueren adversas a 1a Nación, los departamentos o municipios; que además el artículo 7 del Código Procesal, dicta que en los procesos que se sigan contra la Nación será competente el Juez Laboral del Circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante, a elección de éste, cualquiera que sea la cuantía, y al ser garante la Nación, en cuanto a Colpensiones se refiere, se debe aplicar el mismo fuero; y que su providencia, no afecta derechos a los accionantes, ni de otras personas, dado que no está ejecutoriada, como de manera equivocada se quiere hacer ver y por ello la acción instaurada debe denegarse.

La titular, del Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta, manifestó, que si bien el referido proceso, le correspondió por reparto a su despacho, también es cierto, que mediante proveído del 3 de febrero de 2016, se avocó conocimiento del mismo, se radicó y se ordenó remitir el proceso, en Grado Jurisdiccional de Consulta, respecto de los demandantes a quienes les fue adversa.

Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 25 de julio de 2016, amparó los derechos fundamentales al debido proceso de los accionantes, y en consecuencia resolvió “DEJAR sin efecto la providencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta; ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral [de esa misma ciudad], quien conoció en primer término del proceso ordinario adelantado por los accionantes contra Colpensiones decidir el grado jurisdiccional de consulta en los términos de la sentencia C-425 de 2015; y DENEGAR el amparo de los derechos del mínimo vital, la tercera edad, la seguridad social y la vida digna solicitados por los accionantes (…)”.

Llegó a tal determinación, tras considerar, que el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, incurrió en la violación de los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y la cosa juzgada, pues al haber declarado la nulidad de todo lo actuado, en el proceso objeto de queja constitucional, desconoció que de conformidad, con el artículo 12 del Código del Procedimiento del Trabajo, y de la Seguridad Social, que dispone que “Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás. Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez de circuito en lo civil. Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente”, norma que consagró respecto a la competencia en materia laboral, un factor objetivo referido a la cuantía, que prevalece sobre el subjetivo en razón a la naturaleza de la entidad, de manera tal, que como en este caso, la cuantía de las pretensiones, no superaba el tope máximo dispuesto en tal precepto, el conocimiento de los procesos ordinarios de menor cuantía, le correspondía a los jueces municipales de pequeñas causas laborales, como en efecto sucedió, sin distinguir la naturaleza de la entidad a la que se demanda, pues objetivamente, ésta se rige por el monto de las pretensiones.

De igual manera concluyó, que el juez accionado, con la providencia del 13 de junio de 2016, también desconoció que ya el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, como superior del Juez Municipal de Pequeñas Causas Laborales, determinó que éste, era el competente para asumir el conocimiento del proceso, en razón a la cuantía, máxime cuando en este caso, no se suscitó el conflicto de competencia; y como quiera que se trata de jueces de igual categoría, éste no podía modificar 1a decisión, la cual se encontraba en firme.

Respecto al argumento de los accionantes, referente a que la competencia, para conocer del Grado Jurisdiccional de Consulta, le corresponde al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, por ser éste quien conoció inicialmente del proceso, señaló que teniendo en cuenta “las reglas del reparto para someter el conocimiento del Grado Jurisdiccional de Consulta de las sentencias dictadas en única instancia las cuales fueran totalmente desfavorables al Trabajador, no existe ninguna normatividad en materia laboral que regule tal asunto, por cuanto, la operancia del mismo se ordenó por vía jurisprudencial y no se ha expedido ninguna regulación. Por lo tanto, es preciso indicar que el artículo 145 del CPTSS, dispone que “a falta de, disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”; en virtud de lo anterior, la analogía permite extender una norma jurídica del derecho civil en materia laboral a casos no comprendidos en ella, por lo que en lo concerniente a éste punto, en Virtud de la analogía se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil.

Y que en relación “con el reparto de los procesos para el conocimiento de la segunda instancia, el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 1265 de 1970 y el artículo 10 del Acuerdo 108 del 14 de agosto de 1997, disponen que: “El magistrado a quien se asigne el conocimiento será el ponente de la primera y demás apelaciones que se propongan”; por lo tanto, al aplicar la analogía al caso concreto, se determina que como quiera que en este caso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito fue quien conoció en primer término del proceso, debe decidir el Grado Jurisdiccional de Consulta en los términos de la Sentencia C-424 de 2015.

III. Impugnación

El vicepresidente jurídico de Colpensiones impugnó; para tal efecto manifestó, en síntesis, que la decisión de tramitar el proceso por única instancia, vulnera el principio constitucional de la doble instancia, en este caso tanto para los demandantes a quienes les fueron adversas las pretensiones, como para Colpensiones, pues en su decir, la competencia en los procesos que se adelanten contra dicha entidad, corresponde a los juzgados laborales del circuito y no a los de pequeñas causas laborales.

IV. Consideraciones

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, el constituyente estableció en el artículo 86 de la Constitución Política, la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial, en busca de una orden, que impida el acto amenazante o lo suspenda.

Atendiendo los principios de la cosa juzgada y de autonomía judicial, esta Sala, ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela, contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.

Así es claro, que cuando lo que se evidencia es un desacuerdo, que se refiere a la interpretación de normas, o a la apreciación de pruebas, que admiten múltiples razonamientos, no es posible predicar el quebrantamiento de derechos constitucionales, pues aquel solo se produce, cuando es evidente y manifiesto el desafuero del juzgador.

Respecto del asunto sometido a estudio, estima la Sala, que teniendo en cuenta que la inconformidad de la entidad impugnante, radica en que la competencia, para conocer los procesos que se adelanten contra las entidades del sistema de seguridad social, corresponde a los juzgados laborales del circuito, y no a los de pequeñas causas laborales, la Sala comparte, lo considerado por el juez de tutela de primer grado, pues en relación con la competencia asignada a estos ultimos, esta Sala de Casación, mediante proveído ATL191-2013, 22 may. 2015, rad. 43055 tuvo la oportunidad de precisar lo siguiente:

Los Juzgados de Pequeñas Causas se instituyeron para coadyuvar a consolidar una justicia pronta, en aras de disminuir la congestión judicial y alcanzar una mayor eficacia y celeridad en la resolución de los litigios, según se extrae, incluso, de la Gaceta del Congreso 418 de 2006, que contiene la discusión inicial del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 1285 de 2009; esa Ley los incorporó, de manera genérica, a la estructura de la Rama Judicial.

En el parágrafo 1º del artículo 40 ibídem, que modificó el 11 de la Ley 270 de 1996, se delimitaron claramente las competencias así: “la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local (…) Los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que se les señale en el acto de su creación” (resaltado fuera del original).

De ese modo, la esfera de atribuciones, en lo relativo a los juzgados de pequeñas causas, fue la municipal y local, en tanto, desde su origen, se establecieron para conocer de conflictos menores y se reforzó la necesidad de que realizaran un juicio sumario. Fue así como la Ley 1395 de 2010, en su artículo 46, que modificó el 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, adjudicó a aquellos, en la jurisdicción del trabajo, el trámite de asuntos “en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente al veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente”.

Esa asignación implicó que, por su naturaleza, las decisiones emanadas en los procesos ordinarios, no fueran susceptibles de apelación, conforme la exclusión que hace el precepto 66 del Estatuto Instrumental, es decir, que fueran despachos municipales, exclusivos para asuntos de única instancia.

De esta última normativa, se concluye palmariamente, que la competencia de dichos juzgados, se consagró teniendo en cuenta el factor objetivo y por razón de la cuantía de las pretensiones, tal como sucedió en este caso, pues en ningún momento, se hizo alusión a la calidad de las partes intervinientes en el proceso, esto es, no previó le legislador, hacer alguna distinción por el factor subjetivo.

En tales condiciones, no le asiste razón a la entidad impugnante, cuando afirma que se debe establecer la prelación de la competencia, en consideración a la calidad de las partes, pues en tratándose de la naturaleza jurídica de Colpensiones, entidad perteneciente al sistema de seguridad social integral, si bien el artículo 11 del CPTS, modificado por el 8 de la Ley 712 de 2001, norma que específicamente establece, que en los procesos, contra las entidades del sistema de seguridad social integral: “será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante”, lo cierto es que la citada Ley 1395 de 2010, en su artículo 46, norma posterior, adjudicó a los jueces de pequeñas causas laborales, en los lugares donde existan, el trámite de asuntos en única instancia cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, haciendo referencia únicamente al factor objetivo de la cuantía, más no a la calidad de quienes intervienen en el proceso, y al mismo tiempo aclaró que “los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás. Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez de circuito en lo civil” (…).

En el asunto que se estudia, no se desconoce que si bien Colpensiones, al contestar la demanda propuso entre otras, la excepción de “falta de competencia por la cuantía”, se encuentra probado, que el Juzgado Primero de Pequeñas Casusas, la declaró no probada, en razón a que los incrementos solicitados por los demandantes, no superaban los 20 smmlv.

Ahora bien, teniendo claro lo anterior, y en vista de que la sentencia de única instancia, dictada el 5 de octubre de 2015, por el Juzgado Laboral de Pequeñas Causas, que ahora cuestiona la entidad impugnante, no se ha surtido el grado jurisdiccional de consulta, se hace necesario entrar a determinar, si el criterio fijado en el pronunciamiento constitucional CC C-424 de 2015, se entiende aplicable a las entidades del sistema de seguridad social.

Al respecto se tiene, que si bien el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 14 de la Ley 1149 de 2007, dispuso que “Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador afiliado o beneficiario (…) serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas”, es decir que en principio, la citada norma estableció el grado jurisdiccional de consulta, solamente respecto de las sentencias de primera, lo cierto es que no se puede desconocer, que el órgano de cierre constitucional, al estudiar la constitucionalidad de esta norma procesal, resolvió “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “Las sentencias de primera instancia” contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario”, lo que implica ampliación de la competencia del superior del juez que emitió la sentencia en única instancia, para lo cual consideró:

4.5.5. El derecho a la efectiva administración de justicia —C.P., 228— frente a los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores —C.P., 48 y 53—. El grado de consulta no es un recurso o medio de impugnación, lo que implica que es ajeno a la actividad que pueda desplegar el demandante sea en causa propia o a través de apoderado judicial. En ese sentido, la ley protege con más garantías al trabajador que tiene un pleito de mayor cuantía frente a aquel cuyas pretensiones son inferiores a los 20 Sml/v; tal y como se desarrolló en el marco normativo, es de la esencia de este control jurisdiccional, revisar integralmente la legalidad del fallo con el único propósito de garantizar los derechos de las partes, entre ellas a la más débil de la relación, y con ello una efectiva administración de justicia. Por anterior, los derechos reclamados en única instancia reciben un trato injustificado al excluir de la revisión de la legalidad del fallo totalmente adverso del control judicial de consulta. En la jurisprudencia constitucional, los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores no pueden ser desprotegidos en función de su valor pecuniario. Ante la desproporción del sacrificio de los derechos de los trabajadores mediante la adopción de un mecanismo de descongestión, encuentra la Sala Plena que la norma sólo sería constitucional bajo el entendido de que las sentencias de única instancia que consagren derechos mínimos e irrenunciables y que sean totalmente adversas a los trabajadores, deberán ser trasladadas dependiendo del superior funcional del juez que profiera la sentencia totalmente adversa al trabajador, (…).

(…) 5. Condicionamiento. Constada la vulneración del derecho a la igualdad y la disminución de las garantías procesales, la disposición acusada es exequible en el entendido que también serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario. Dicha remisión se efectuará así: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y; (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación.

6. Razón de la decisión. Dentro de los mecanismos de control de legalidad instituidos por ministerio de la ley para revisar las providencias judiciales, no pueden discriminarse o disminuirse la protección de los derechos de los trabajadores consagrados como mínimos e irrenunciables, por el solo hecho del valor de las pretensiones que éstos representan. Por lo cual, las sentencias totalmente adversas a los trabajadores que tramitan sus pleitos en un proceso de única instancia deberán ser remitidas al respectivo superior funcional. (resalta la Sala).

(…).

Del referente jurisprudencial expuesto, se advierte con claridad, que se quiso brindar protección a los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, más no se dijo nada, respecto las entidades de sistema de seguridad social.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, norma referente al alcance de las sentencias, en el ejercicio del control constitucional, que dispone, “(…) Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto: (…) Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general”; y teniendo en cuenta que en la referida sentencia 424 de 2015, solo se resolvió “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “Las sentencias de primera instancia” contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario”, por tratarse de una decisión tomada, en cumplimiento del control constitucional, tal pronunciamiento obliga a la justicia ordinaria laboral, el cual a todas luces, no se entiende aplicable a las entidades del sistema de seguridad social, en estos particulares eventos.

En el presente caso, era imperativo que se remitiera el proceso, para que surtiera la consulta, tal como lo dispuso, el Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta, pues la sentencia de única instancia, que profirió el 5 de octubre de 2015, fue totalmente adversa a tres de los demandantes, ya que el juez absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra por éstos; sin embargo, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, en su lugar, decretó la nulidad de lo actuado, y ordenó devolver el expediente, al Juzgado que inicialmente había sido repartido, esto es, el Cuarto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, para que asumiera la competencia.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión impugnada.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado.

2. COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.