Sentencia STL13024-2017 de agosto 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL13024-2017

Radicación 71567

Acta 28

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil diecisiete.

La Sala resuelve la impugnación presentada por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO contra el fallo proferido el 30 de mayo de 2017 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro de la acción de tutela que adelanta MARGARITA EMILIA PUERTA PUERTA, en calidad de agente oficiosa de ANA CONSUELO PUERTA PUERTA contra la recurrente, trámite al cual fueron vinculadas la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SECCIONAL ANTIOQUIA, la NUEVA EPS, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, y la ARL COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA.

I. Antecedentes

MARGARITA EMILIA PUERTA PUERTA, en calidad de agente oficiosa de ANA CONSUELO PUERTA PUERTA instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la IGUALDAD, MÍNIMO VITAL, SALUD y SEGURIDAD SOCIAL, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

Refirió que desde el mes de diciembre de 2008 hasta el 15 de diciembre de 2016, su agenciada ha laborado para la Defensoría del Pueblo - Seccional Antioquia, en la Unidad de Representación Judicial de Víctimas; que dicha vinculación se ha ejecutado a través de «sucesivos e ininterrumpidos» contratos de prestación de servicios.

Informó que Ana Consuelo Puerta Puerta padece una «grave enfermedad de carácter crónico y degenerativo de aquellas denominadas “enfermedades huérfanas o raras”, que la tiene postrada en su lecho de enferma, como consecuencia de la “pérdida inexorable de masa corporal y de su fuerza muscular” que le impide moverse», por lo que ha sido incapacitada desde el mes de mayo de 2016 por prescripción de los médicos de la Nueva EPS.

Relató que a pesar de su estado de salud, ha cumplido con las metas de su contrato, tanto así que laboró hasta el 15 de diciembre de 2016, fecha en la cual se terminó el último de ellos, cuyo informe de gestión reposa en las instalaciones de la convocada. Agregó que el 13 de diciembre de ese año, la entidad censurada envió a la seccional Antioquia los contratos de todos los defensores públicos, incluido el de la promotora identificado con el número DP 4276-2016 con vigencia del 16 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017.

Expuso que el 13 de diciembre de 2016, la coordinadora Edith Álvarez, mediante correo electrónico le notificó a la tutelista que debía dirigirse a la Defensoría Regional Antioquia a reclamar el nuevo contrato, realizar el trámite de legalización y entregar la póliza; no obstante, —afirmó— que Ana Consuelo Puerta, dado su estado de salud, solicitó a dicha coordinadora que le autorizara la entrega del documento a su asistente, petición a la que aquella no accedió, al considerar que tales soportes se entregan personalmente al interesado.

Narró que el 16 de diciembre de 2016, su agenciada recibió una llamada telefónica de Jhon Jairo González —Defensor Regional de Antioquia—, quien le ofreció «permitir la firma de su contrato con la condición de que una vez lo hiciera, procediera a solicitar la suspensión del mismo». Adicionó la petente que, en esa fecha, insistió en la suscripción del contrato, para lo cual allegó constancia médica, sin obtener solución alguna.

Aludió que el 28 de diciembre de la misma anualidad, solicitó a la doctora Nadia Beatriz Ayala Díaz, delegada del programa de representación judicial, «que en vista de su lamentable estado de salud vulnerabilidad, indefensión y debilidad manifiesta por su precario estado de salud le permitan suscribir su contrato hasta tanto pueda tramitar y ostentar su pensión de invalidez, pues al día de hoy carece de los medios para sufragar sus gastos médicos, que ascienden a la suma de $ 40.000.000 mensuales por ser una enfermedad degenerativa, denominada catastrófica de alto costo, con hospitalizaciones periódicas en la Clínica Bolivariana, donde le suministran un tratamiento experimental a cargo de sus reumatólogos (…), servicios que perdería si carece de los medios para pago de la EPS NUEVA EPS», petición frente a la que no obtuvo respuesta alguna.

Afirmó que es madre cabeza de familia, pues de ella, depende económicamente su hijo de 11 años; que no cuenta con ingresos adicionales para solventar los costos de cuidado, alimentación y educación ni para pagar un crédito hipotecario de la que es titular.

Censuró la negativa de la accionada al no permitirle firmar el contrato de prestación de servicios por su estado de salud y después de haberle servido por ocho años, lo que afirmó, le causa un perjuicio irremediable cierto e inminente.

Con fundamento en lo anterior, acudió a este mecanismo para que se amparen sus derechos fundamentales y pidió que se ordene a la autoridad accionada que proceda a «entregar a la doctora Ana Consuelo Puerta Puerta, el contrato de prestación de servicios DP 4276-2016, con una nueva vigencia del 16 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, que fuera retenido arbitrariamente por la entidad, por ella encontrarse incapacitada».

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 23 de enero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, admitió la acción de tutela y una vez surtida las respectivas actuaciones, el 2 de febrero del mismo año, concedió el amparo de los derechos fundamentales deprecados, motivo por el cual la entidad encausada la impugnó. Esta Sala de la Corte, en auto de 17 de marzo siguiente, declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó vincular a las entidades de seguridad social a las que se encuentra afiliada la actora.

En cumplimiento a la providencia anterior, el Tribunal de Cali en proveído de 16 de mayo de 2017, admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades accionadas y vinculadas para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

Dentro del término de traslado, la Defensoría del Pueblo afirmó que según el régimen legal y reglamentario de la entidad, las personas que ejercen funciones de defensores públicos, lo hacen mediante contrato de prestación de servicios, el cual «cuenta con un término establecido para su ejecución» y que se suscriben según «las necesidades de la administración y en los términos establecidos».

Aseguró que a dichos contratistas no se les renueva ni prorroga el contrato, pues este tiene un término de expiración y que «una vez alcanzada la fecha límite de ejecución contractual establecida en la minuta suscrita por las partes, el contrato finaliza y no se renueva, simplemente se celebra un nuevo negocio jurídico con la misma persona o en su defecto con un nuevo abogado», por lo que aseguró que no es deber de dicha autoridad «mantener con las profesionales contratadas relaciones jurídicas con vocación de perpetuidad».

Advirtió que la accionante no puede beneficiarse de estabilidad laboral reforzada que le imponga a la defensoría la obligación de celebrar un nuevo contrato, empero, de considerarse que la actora tiene derecho a tal beneficio se tendría que estudiar el nexo de causalidad. Adicionalmente, afirmó que la patología detectada a la promotora no puede tenerse como enfermedad derivada del desarrollo de sus actividades como defensora pública y que por el contrario, esta resulta incompatible con la ejecución del objeto contractual derivado de esta clase de prestación. Agregó que dada su condición de contratista la Defensoría del Pueblo no afectó su mínimo vital pues no se encuentra impedida para laborar con otras entidades o ejercer su actividad litigiosa de manera independiente.

Adujo que respecto a la calidad de madre cabeza de familia, debe ser acreditada en las condiciones establecidas por la jurisprudencia y, por último, refiere que las empresas de seguridad social vinculadas son las encargadas de ofrecer una garantía a los derechos fundamentales de la proponente.

Por su parte la Nueva EPS, la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y la ARL Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A., a través de escrito separado, afirmaron que las pretensiones de la actora no vinculan ni afectan ninguna actuación adelantada por ellas, así como que tampoco existen derechos fundamentales vulnerados por su parte y, en consecuencia, solicitan ser desvinculadas del presente asunto.

La accionante, mediante escrito de 19 de mayo de 2017 solicitó ampliar las peticiones de la queja constitucional, conforme a ello, exige aplicar a la Defensoría del Pueblo la sanción máxima contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en el pago de una indemnización de 180 días de salario, y como el despido se tornó ineficaz, declarar que se encuentran «vigentes las obligaciones salariales, prestacionales y frente al sistema de seguridad social que en el presente asunto deviene la afectación desde el 15 de diciembre de 2016».

Una vez se surtió el trámite pertinente, la Sala de conocimiento de este asunto constitucional en primer grado, a través de sentencia adiada 30 de mayo de 2017 amparó los derechos invocados, por lo que ordenó a la Defensoría del Pueblo «entregar a la señora Ana Consuelo Puerta Puerta (…) el contrato de prestación de servicios número DP 4276-2016, con una nueva vigencia del 16 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, que fuera retenido por la entidad al encontrarse incapacitada. Una vez venza el término de duración de este nuevo contrato, y en caso de considerar que existe una causal objetiva, —diferente al simple vencimiento del término del contrato, —para no prorrogarlo, deberá exponerle a la referida, de manera escrita, clara y precisa, una razón objetiva que justifique la razón por la cual se resuelve no prorrogar o celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios».

Para arribar a su decisión, sostuvo que la tutelante se encuentra en estado de debilidad manifiesta y, teniendo en cuenta que la autoridad enjuiciada no le permitió la firma del contrato aquí debatido, consideró que se vulneró el derecho a la estabilidad laboral «reforzada».

Cuestionó el argumento esbozado por la Defensoría del Pueblo en el que indicó que la relación contractual culminó por el vencimiento del termino pactado, pues evidenció que la actora venía contratada desde el 29 de diciembre de 2008 de forma ininterrumpida y que, según correos electrónicos, Ana Consuelo fue llamada a suscribir un nuevo contrato que empezaría el 16 de diciembre de 2016; no obstante, por estar incapacitada no pudo acercarse a firmarlo, situación en la que se apoyó la convocada para negar la continuidad en la contratación por servicios.

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la Defensoría del Pueblo la impugna para lo cual arguye que quienes se vinculan como defensores públicos suscriben un contrato de prestación de servicios con la entidad y que a dichos contratistas no se les renueva ni prorroga el contrato, pues este tiene un término de expiración y que «una vez se (sic) alcanzada la fecha límite de ejecución contractual establecida en la minuta suscrita por las partes, el contrato finaliza y no se renueva, simplemente se celebra un nuevo negocio jurídico con la misma persona o en su defecto con un nuevo abogado», por lo que aseguró que no es deber de dicha autoridad «mantener con las profesionales contratadas relaciones jurídicas con vocación de perpetuidad». Tal como lo expresó en la contestación de la demanda de tutela.

Afirma que como esta Sala ordenó vincular a las entidades adscritas al sistema de seguridad social de la actora, es a ellas a quienes se les debió dar la orden de protección, en la medida que «resulta evidente que la patología que presenta la accionante impide desarrollar una actividad productiva, surge diáfanamente la necesidad de asegurar su ingreso a través de una prestación periódica propia de las que reconocen las entidades de seguridad social que integraron el listisconsorcio».

Por otro lado, el 6 de junio del año en curso, la misma entidad radicó memorial ante la secretaria de la Sala de conocimiento en primer grado de esta queja constitucional, en el cual indica la imposibilidad de cumplir la orden judicial emanada de dicho colegiado, puesto que las fechas relacionadas como extremos temporales de la relación contractual ya expiraron, por lo que «ejecutar lo ordenado constituiría una infracción directa a disposiciones legales, en especial a la ley orgánica de presupuesto, ley (sic) 111 de 1996».

Así mismo, refiere que no es «lógico celebrar un nuevo negocio jurídico cuyo objeto no podrá ser ejecutado por la accionante debido a su condición de salud y que implicara además un menoscabo a la población vulnerable que se beneficia de los servicios de defensoría pública».

Posteriormente, Margarita Emilia Puerta Puerta el 4 de agosto de 2017 allegó a esta corporación copia del dictamen de pérdida de la capacidad laboral de su agenciada, expedida por la médica Lina María Loaiza Ochoa en porcentaje de 79,93% estructurada el 15 de julio de 2016, así como copia del poder otorgado por la accionante a la mencionada apoderada, radicado ante Colpensiones el 22 de marzo del año en curso, para adelantar el trámite tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual fue radicado bajo el consecutivo 2017_2970168 (fl. 4-12).

IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que, encontrándose consagrados en otros acápites de ese estatuto, adquieren tal categoría por conexidad.

Así mismo, conforme lo señalado en la norma en cita, no puede acudirse a la tutela cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa, a no ser que con la actuación o la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional. No es, entonces, una figura de la cual se pueda abusar, ni sustituir con ella las vías naturales diseñadas por el legislador.

Descendiendo al caso sub judice, se tiene que la solicitud de la tutelista radica en que se ordene a la autoridad accionada que proceda a «entregar a la doctora Ana Consuelo Puerta Puerta, el contrato de prestación de servicios DP 4276-2016, con una nueva vigencia del 16 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017, que fuera retenido arbitrariamente por la entidad, por ella encontrarse incapacitada» y, contrario a ello, la convocada a juicio argumenta que la relación contractual se encuentra finalizada, toda vez que esta clase de contratación no exige una continuidad en la prestación del servicio por no tratarse de una relación laboral.

Al respecto, importa precisar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en afirmar que quienes se vinculan por medio de contratos de prestación de servicios cuentan con «estabilidad ocupacional reforzada», en tal sentido se refirió en Sentencia CC SU-049-2017:

El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda (resaltado fuera del texto).

En este mismo sentido, el fallo antes citado estipuló que la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones que emanan de un contrato de prestación de servicios, en virtud de ello afirmó:

(…) el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que les “impid[a]o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”, toda vez que esa situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese solo hecho.

(…).

4.6. Pues bien, la protección especial debe en primer término fundarse en los principios de solidaridad e integración social (C.P., arts. 1º, 43 y 95). La solidaridad supone asumir como propias causas en principio ajenas, cuando el titular de ellas no puede por razones objetivas ejercer su defensa y protección individualmente de forma integral. El hecho de elevar a deber constitucional el principio de solidaridad implica que incluso si, en tales casos, las causas ajenas no se asumen voluntariamente por otras personas, pueden ser adjudicadas por las instituciones del Estado entre distintos individuos, grupos o entidades. Un posible detonante del deber constitucional de solidaridad puede ser la pérdida de capacidad laboral en un grado considerable, o la experimentación objetiva de una dolencia o problema de salud que afecte sustancialmente el desempeño en condiciones regulares de las labores de las cuales uno o más seres humanos derivan su sustento. En tales eventos, obrar solidariamente implica hacerse cargo total o parcialmente de los costos humanos que implica para la persona su situación de salud. Si no se observa una asunción voluntaria del deber de solidaridad, el Estado puede distribuir las cargas de la persona afectada de forma razonable entre otras personas. La Constitución, la ley y la jurisprudencia han tenido en cuenta para tal efecto los vínculos prexistentes a la situación que motiva el obrar solidario. Así, por ejemplo, cuando una persona experimenta una afectación de salud relevante, el principio de solidaridad implica para sus familiares la asunción de su cuidado y asistencia personal; para las instituciones de salud con las que estaba vinculado y venía recibiendo tratamiento, el deber de continuar la prestación de servicios que requiera; y para sus empleados y contratantes, el deber de preservarlo en el empleo a menos que concurra justa causa convalidada por la oficina del trabajo, sin perjuicio de la obligación de reubicarlo, capacitarlo y ajustar las condiciones de su trabajo al cambio en sus condiciones existenciales, pues esto además se acompasa con el principio de integración social (C.P., art. 43).

(…) esta Corte ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajo dependiente estrictamente subordinado y sujeto al derecho laboral, sino también a quienes están insertos en relaciones ocupacionales divergentes, originadas por ejemplo en un contrato de prestación de servicios o en un contrato de aprendizaje. En efecto, desde la Sentencia T-1210 de 2008 la Corte ha sostenido que “aún en el seno del contrato de prestación de servicios, puede predicarse ciertas garantías de la que gozan las relaciones laborales, al cobrar importancia los principios de estabilidad laboral a ciertos sujetos”. Luego esta posición se ha reiterado en distintas ocasiones, como por ejemplo en las sentencias T-490 de 2010, T-988 de 2012, T-144 de 2014 y T-310 de 2015. En la Sentencia T-040 de 2016, la Sala Tercera de Revisión de la Corte tuteló el derecho a la estabilidad reforzada de una persona a quien se le terminó sin causa justificable y sin autorización de la oficina del trabajo su contrato de prestación de servicios, mientras estaba en condiciones de debilidad manifiesta. Sostuvo entonces que “la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica a todas las alternativas productivas, incluyendo al contrato de prestación de servicios”.

(…) De hecho, en las dos últimas se señaló de forma expresa que si bien la naturaleza del vínculo (laboral o de prestación de servicios) no es relevante a efectos de definir si se aplica la estabilidad ocupacional reforzada, sí lo es para determinar si procede la indemnización de 180 días consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997:

“Finalmente, en lo atinente al ámbito material de protección, la corporación ha señalado de manera reiterada y uniforme que la estabilidad no depende de la denominación del vínculo por el cual la persona logra ejercer una alternativa productiva. […] La naturaleza del vínculo, sin embargo, posee importancia al momento de determinar el alcance del amparo, una vez constatada la violación al derecho a la estabilidad laboral reforzada pues, a manera de ilustración, resulta claro que la terminación de un vínculo de carácter laboral indefinido debe dar lugar al reintegro sin solución de continuidad y, en caso de hallarse plenamente comprobada la actitud discriminatoria del empleador, puede dar lugar a la condena al pago de la indemnización de 180 días de salario. A su turno, cuando la opción productiva es un contrato o una orden de prestación de servicios, el amparo se concreta en declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y ordenar su renovación por un período igual al inicialmente pactado. Obviamente, si persiste el estado de debilidad manifiesta del actor por razones de salud, la terminación del nuevo contrato estará sometida a la existencia del permiso de la autoridad del trabajo”.

De la lectura del fallo de unificación de jurisprudencia constitucional, se tiene que: (i) la estabilidad ocupacional reforzada se extiende a quienes son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios; (ii) el principio de solidaridad impone a los empleados y contratantes, el deber de preservar el empleo —a menos que concurra justa causa convalidada por la oficina del Trabajo—, a quienes presenten una afectación de salud relevante; (iii) el amparo de quienes presenten la citada afectación consiste en la ineficacia de la terminación del vínculo contractual, lo que obliga al contratante a prorrogar la relación contractual por un término igual al inicialmente pactado, y (iv) se tiene como ineficaz la terminación del contrato de prestación de servicios a quienes posean graves afectaciones de salud si no ha mediado permiso del Ministerio de Trabajo.

Ahora bien, se encuentra demostrado que la actora presenta una patología llamada «dermatomiositis» la cual es catalogada como una enfermedad huérfana, lo que sugiere que no se trata de una simple dolencia. Asimismo, a folio 5 del cuaderno de la Corte obra documento expedido el 10 de noviembre de 2016 por Colpensiones en el que se califica a la actora con una pérdida de la capacidad laboral del 79,93% con fecha de estructuración 15 de julio de 2016, razón por la cual presenta un grado de incapacidad severa, lo que la hace un sujeto de especial protección.

Bajo estos supuestos se tiene que la terminación del contrato de prestación de servicios 2016-289 iniciado el 25 de octubre de 2016 y con fecha de terminación 15 de diciembre de 2016, no culminó, en esta última data, pues tal como se evidencia del folio 27 del cuaderno principal, la actora estuvo incapacitada por el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, y como no obra en el plenario prueba que la Defensoría del Pueblo haya solicitado autorización al Ministerio del Trabajo para la terminación del mencionado contrato, su decisión de terminarlo se torna ineficaz.

Así las cosas, tal como lo indica el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en la providencia anteriormente citada, el alcance de la protección a la estabilidad reforzada «cuando la opción productiva es un contrato o una orden de prestación de servicios, (…) se concreta en declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y ordenar su renovación por un período igual al inicialmente pactado. Obviamente, si persiste el estado de debilidad manifiesta del actor por razones de salud, la terminación del nuevo contrato estará sometida a la existencia del permiso de la autoridad del trabajo». De allí que el fin de no terminar del vínculo contractual deviene en la renovación del contrato de prestación de servicios por un término igual al inicialmente pactado.

Conviene traer a colación la Sentencia CC T-988-2012, en la que en un caso similar al aquí estudiado el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional indicó:

3.2. Como a continuación se expone, en el caso concreto se cumplen las condiciones para conceder el amparo constitucional al peticionario:

3.2.1 El actor es una persona en condición de debilidad por motivos de salud, y por lo tanto, titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Además de ello, fue desvinculado de su opción laboral al superar un período de incapacidad, iniciado durante la vigencia del vínculo. En consecuencia, la entidad accionada desconoció sus derechos fundamentales y el amparo resulta procedente.

En ese orden de ideas, se encuentra probado, a partir de información de carácter médico allegada al expediente, que el peticionario padece de enfermedad pulmonar crónica (EPOC), condición de carácter incurable que afecta el normal funcionamiento del sistema respiratorio. Esa afección supone obstáculos para el normal ejercicio de las funciones laborales del actor, debido a la frecuente fatiga que padece al realizar actividades sencillas.

(…)

Siguiendo la narración de los hechos de la demanda —no controvertida por la parte demandada—, al momento de regresar de una incapacidad, le informaron verbalmente que su contrato había terminado. En este punto es posible que surja una discusión acerca de si el vínculo terminó o si se cumplió el período pactado inicialmente, aspecto que si bien no fue discutido por la parte demandada, se infiere de la propia narración de los hechos.

Ese extremo de la discusión resulta, sin embargo, irrelevante en el caso concreto, pues sin ninguna duda el período de incapacidad inició durante la vigencia de la relación que sostenían las partes, de manera que la entidad accionada debía mantener la vinculación o renovarla hasta el momento en que el actor recuperara plenamente su salud, o se diera una causa justa de terminación del vínculo, calificada por la oficina del trabajo.

(…).

3.2.3. Siguiendo las subreglas reiteradas en esta oportunidad, la concurrencia de esos hechos, es decir, (i) la condición de debilidad manifiesta originada en una condición de salud determinada y, en el caso concreto, en la enfermedad pulmonar que afecta al peticionario y (ii) la terminación del vínculo sin permiso de la autoridad del trabajo, (iii) lleva a que se presuma que se dio un despido de carácter discriminatorio. Además, (iv) esa presunción debe ser desvirtuada por el empleador, lo que no ocurrió en esta oportunidad, en virtud de la posición pasiva de la parte accionada.

De lo expuesto, se concluye que el Hospital de Turbaco, ESE, violó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del señor Alfonso Barrios Caro.

4. Como se explicó en los fundamentos de esta decisión, la protección a la estabilidad de las personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud se extiende a todas las opciones productivas y no exclusivamente al ámbito del contrato laboral. Sin embargo, el alcance del amparo difiere en atención a cada clase de vínculo.

(…).

Esa conclusión, por supuesto, no constituye un obstáculo para que la Sala otorgue la protección constitucional al derecho a la estabilidad reforzada del actor en su opción productiva y que, en atención a las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta, por razones de enfermedad, se dicten las órdenes adecuadas de protección.

En ese sentido, la Sala declarará la ineficacia de la terminación del vínculo contractual entre las partes, e inaplicará la cláusula de la última orden de prestación de servicios, que establecía su duración hasta el 31 de diciembre de 2011. Ordenará, en consecuencia, a la parte accionada el pago de los honorarios dejados de percibir por el actor desde la ineficaz terminación del vínculo.

En atención a las circunstancias de vulnerabilidad del actor, el amparo se extenderá hasta que el actor recupere definitivamente su salud, de acuerdo con concepto de medicina laboral; o hasta que la entidad obtenga autorización de la oficina del trabajo para darlo por terminada la relación contractual. Además, si la empresa pretende alegar como causal de terminación la edad del actor, esta sólo podrá aplicarse una vez se haya efectuado un análisis integral de la situación pensional del actor por parte de la AFP a la que esté afiliado, proceso en el cual la entidad accionada deberá acompañar al peticionario.

Así las cosas, se itera que la terminación del contrato antes mencionado se torna ineficaz, en tanto, para la fecha en el que este expiraba, la actora se encontraba incapacitada, por lo que debió la entidad accionada solicitar permiso a la oficina del trabajo para culminar la vinculación con justa causa, tal como lo prescribe el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Aunado a ello, se precisa que dicha estabilidad laboral se predica de todas las formas de contratación que generen una única fuente de ingresos para el sustento de quien presta sus servicios, en virtud de ello, la Constitución Política garantiza que su vínculo no sea interrumpido de forma intempestiva por el contratante, de suerte que no se genere un menoscabo en el sustento del contratista y el de su familia.

Del mismo modo, la Sala no puede pasar por alto que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, en efecto, la función protectora de los derechos de los ciudadanos que ostenta esta autoridad encuentra su origen en el artículo 182 de la Constitución Política, que reza:

ART. 282.—El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

3. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.

8. Las demás que determine la ley.

En virtud de tales premisas, considera la Sala que no es congruente con la misión institucional de la accionada, el incurrir en la vulneración de los derechos de quienes allí prestan sus servicios.

Por lo dicho en precedencia, esta corporación modificará el fallo de primer grado constitucional, en el sentido de declarar la ineficacia de la terminación del contrato de prestación de servicios 2016-289. Ello, a consecuencia de la estabilidad ocupacional reforzada en la que se encuentra la petente, toda vez que a pesar de su modalidad de contratación, no se solicitó el permiso a la autoridad del trabajo para darlo por culminado.

En consecuencia, se ordenará a la Defensoría del Pueblo que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a restablecer el vínculo contractual, por un período igual al inicialmente pactado en el contrato de prestación de servicios 2016-289 el cual empezará desde el 16 de diciembre de 2016, junto con el pago de honorarios dejados de percibir por el actor desde la ineficaz terminación del vínculo.

De otra parte, se tiene que la agenciada presentó solicitud para obtener su reconocimiento a la pensión de invalidez ante la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, desde el 22 de marzo del año en curso, la cual fue radicada bajo el consecutivo 2017_2970168, tal como se demuestra a folio 12 del cuaderno de la Corte, lo que significa que está a la espera de las resultas de tal petición, lo que eventualmente puede conjurar.

Por lo anterior, se impondrá a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas resuelva de fondo la solicitud de pensión de invalidez elevada por Ana Consuelo Puerta Puerta y la notifique debidamente.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el fallo impugnado, en el sentido de declarar la ineficacia de la terminación del contrato de prestación de servicios 2016-289. Ello, a consecuencia de la estabilidad ocupacional reforzada en la que se encuentra la petente, toda vez que a pesar de su modalidad de contratación, no se solicitó el permiso a la autoridad del trabajo para darlo por culminado.

2. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a restablecer el vínculo contractual, por un período igual al inicialmente pactado en el contrato de prestación de servicios 2016-289 el cual empezará desde el 16 de diciembre de 2016, junto con el pago de honorarios dejados de percibir por el actor desde la ineficaz terminación del vínculo.

3. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas resuelva de fondo la solicitud de pensión de invalidez elevada por Ana Consuelo Puerta Puerta y la notifique debidamente.

4. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.