Sentencia SL13710 de septiembre 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

STL13710-2016

Radicación 68927

Acta 35

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte las impugnaciones presentadas por la apoderada judicial de Adalid Corp S.A.S. y por Andrés Guzmán Caballero contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casación Civil de esta corporación el 18 de agosto de 2016, dentro de la acción de tutela que aquellos instauraron contra Caracol S.A., Sylvia Charry, la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía Sexta Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia.

I. Antecedentes

La parte accionante acudió a este mecanismo constitucional por estimar quebrantados sus derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra y al debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia presuntamente vulnerados por los accionados.

Indicaron que el 19 de junio de 2016 la revista Semana publicó la “Historia de un complot contra la Fiscalía” que revela detalles de una investigación que descubrió el intento de instalar micrófonos en el despacho del entonces vicefiscal general, Jorge Perdomo, cuya indagación le correspondió a la Fiscalía Sexta Delegada ante esta corporación, “sin que con su actuar llegue a conclusiones sobre responsabilidades, ni tampoco a revelar detalles de piezas procesales bajo reserva legal”.

Señalaron que al día siguiente, la periodista Sylvia Charry a través de la emisora W Radio difundió una información en la cual los menciona, la que también está registrada en el portal web de esa estación, en la sección actualidad, así: “Los que estarían detrás del complot para desprestigiar a funcionarios de la Fiscalía” y “La W continúa haciéndole seguimiento al episodio que tiene que ver con periodistas involucrados, presuntamente, con delincuentes”.

Afirmaron que ese mismo día Andrés Guzmán Caballero fue entrevistado en dicho medio de comunicación y controvirtió la información ventilada, y quedó registrada en su portal de internet como “Mi empresa es experta en informática forense: Andrés Guzmán” y “En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el dueño de Adalid niega que su empresa haya estado involucrada en investigaciones al fiscal (e) Jorge Perdomo”.

Sostuvieron que el 14 de julio del presente año, se divulgó otra noticia que los relacionó nuevamente con el supuesto complot y en ella se aseguró que Yahir Acuña y Sigifredo López también participaron en reuniones para tal fin; suceso que quedó registrado en internet como: “Citan a Yahir Acuña por caso de “guerra sucia” contra la Fiscalía” y “La Fiscalía tiene la declaración juramentada de un testigo que lo señala de la campaña de desprestigio contra el ente acusador”.

Aseguraron que el 1º de julio de 2016 Guzmán Caballero solicitó a la cadena radial aclaración, supresión y rectificación de la información, petición que en respuesta otorgada el día 21 del mismo mes y año no tuvo acogida, tras asegurar la cadena radial que aquella no era falsa ni inexacta y que se había guardado el equilibrio informativo, a lo cual se agregó que si lo pretendido era quitar las noticias publicadas en el servidor, lo podía comunicar por ese medio.

Después del intercambio de varios correos, se aclaró que lo pretendido era suprimir la información contenida en la página web y rectificar lo dicho en la emisora, ante lo cual se le indicó que estudiarían el tema a efecto de otorgar respuesta, sin que la misma se hubiera producido.

Expusieron que el 27 de julio de 2016, el referido medio radial publicó detalles de piezas cobijadas por reserva legal, relacionadas con los resultados obtenidos en inspección del día 22 del mismo mes, a lugares ordenados por la Fiscalía Delegada que corresponden a los inmuebles de las oficinas, antigua y actual, de Adalid Corp.

Censuraron “el propósito de mantener su campaña de desprestigio” de manera caprichosa, pues “ilustran un escenario a su propio amaño e interés”, dado que corresponde a “falsas percepciones que se ven reflejadas con las propias manifestaciones de indagación y rechazo de las que ha sido víctima el Dr. Andrés Guzmán Caballero, es más, se está poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia, ya que las conductas que le endilga el medio masivo, en específico, la periodista Sylvia Charry, son rechazadas por la sociedad”, situación que catalogan como “persecución mediática en su contra”, lo que mereció que se elevara la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con fundamento en lo expuesto, solicitaron como medida provisional la suspensión inmediata de las páginas web y/o las menciones de Adalid y Andrés Guzmán Caballero, mientras se resuelve la tutela; de fondo, pidieron que se ordene a Caracol S.A. que a través de W Radio, rectifique mediante transmisión radial y registre en su página web el audio rectificado, en el cual deberá reproducirse la entrevista efectuada por agentes del CTI a Guzmán Caballero; del mismo modo, rectifique que la Fiscalía General de la Nación no adelanta ninguna investigación en su contra por los hechos mencionados y que la citada persona natural ha colaborado con las investigaciones que se adelantan en ese caso; además pide que se aclare que existe una declaración “que no tiene ninguna circunstancia de tiempo, modo y lugar, de que la periodista Silvya Charry ha dado cuatro versiones distintas, de la supuesta reunión, sin especificar, cuándo, dónde o cómo ocurrieron las supuestas reuniones y siempre cambiando los asistentes a las mismas”.

De otra parte, solicitó que se ordene al medio de comunicación que realice una pauta radial, al menos por el término de cinco días, así como publicar aviso por un periódico de amplia circulación nacional referente a la rectificación y aclaración solicitada; se compulse copias a la Fiscalía, a esta Corporación y a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue “la filtración de información reservada a medios de comunicación” y, por último, se ordene a la Fiscalía General de la Nación: “i) observar los protocolos y procedimientos exigidos por la ley para la recolección de información que tiene protección legal y ii) que proteja de forma correcta de acuerdo a la ley la información reservada”.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 10 de agosto de 2016 la Sala de Casación Civil admitió la acción, negó las medidas provisionales solicitadas y ordenó la notificación y el traslado correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

La parte actora, expuso que en la fecha en que se admitió la acción recibió escrito de Caracol S. A., a través del cual pone de manifiesto la negativa a rectificar la información publicada y que es objeto de debate constitucional e indica que en publicación de 11 de agosto, nuevamente son mencionados.

La Fiscalía Sexta Delegada ante esta corporación dio cuenta de la averiguación de los responsables por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer y los demás que se puedan configurar, por sucesos relacionados con el posible ofrecimiento de dinero para que en el despacho del vicefiscal general de la nación se colocaran unos micrófonos de manera subrepticia, trámite que está en etapa de indagación preliminar. En lo que a ella compete, sostuvo que la supuesta filtración de información se deriva de una diligencia judicial cuyo contenido no ha sido revelado, sino que se infiere de determinadas circunstancias que pone de presente quien grabó la diligencia, que no es otro que Guzmán Caballero, “desconociendo la forma en que conservó dicha grabación, por demás o quien tuvo acceso a los pormenores de la misma, tras su grabación”; de allí que no está acreditado que lo divulgado haya salido del ente acusador, máxime cuando la diligencia de inspección fue atendida por personas ajenas a los hechos, luego la información bien pudo salir de ellos; por demás, precisó que esa entidad ha cumplido los protocolos de reserva del proceso. Aclaró que la pretensión de rectificación y aclaración no involucra a la Fiscalía, por lo que tales defectos no le resultan atribuibles.

Caracol S. A. y Sylvia Charry Sepúlveda a través de apoderado dieron contestación a la acción; en primer lugar indicaron que mediante comunicación de 10 de agosto de 2016 la entidad ofreció respuesta a la petición elevada por la parte accionante y después de relacionar las notas informativas adujeron que “el alcance de la noticia no puede ser, jamás calificado como campaña de desprestigio a la parte accionante, como que su seguimiento hace parte de la labor profesional del comunicador”, por lo que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados, principalmente porque “la redacción de las noticias cuestionadas está carente de imputaciones a los accionantes en los relatos puros en los que se mencionan sus nombre”.

Mediante sentencia de 17 de agosto de 2016, la Sala de Casación Civil precisó que la situación descrita versa sobre una discusión relacionada con la libertad de expresión e información de los medios de comunicación en contraposición con el buen nombre y la honra de los accionados. Y luego de revisar las probanzas, explicó que Caracol S. A. “en ningún momento ha publicado información por medio de la cual asevere y dé por cierto que los accionantes participaron o participan del supuesto ‘complot’ direccionado a desprestigiar a algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por el contrario, en todas las publicaciones y emisiones radiales criticadas se ha dejado claro que la información difundida proviene de los testimonios rendidos por diferentes personas al interior de una investigación que adelanta el ente fiscal e, incluso, se ha afirmado, eso sí, que la Fiscalía no descarta citar a Andrés Guzmán para que allí ‘cuente lo que sabe’, sin que ello implique calumnia o injuria alguna en su contra”, por lo que concluyó que el medio radial “no efectuó un análisis infundado de la situación, tampoco ha endilgado responsabilidad penal alguna a los involucrados y, simplemente, se ha limitado a exponer, acorde con su labor periodística, lo que los testigos han dicho al ente fiscal”.

También destacó que la filtración de la información reservada, custodiada por el ente fiscal, “resulta ser una afirmación huérfana de toda prueba” que no encuentra respaldo en sede constitucional. Bajo tal derrotero negó lo pretendido contra la cadena radial; referente a la petición de compulsar copias, reseñó que los interesados pueden acudir a las autoridades competentes para tal fin.

III. La impugnación

La apoderada de la sociedad accionante insistió en los hechos que motivaron la solicitud de amparo y censuró la decisión atacada por indebida valoración conjunta de las pruebas; a su juicio el daño persiste, pues lo documentado continúa en internet y ello crea una falsa percepción sobre los hechos ocurridos y agregó que es procedente la compulsa de copias reclamada para determinar la participación de las personas que lesionaron el principio de reserva legal.

A su turno, Andrés Guzmán Caballero precisó que cree en la justicia y por ello busca que se respete su buen nombre y el de su empresa; arguyó que el fallo impugnado no observó las pruebas aportadas y los dichos falsos contenidos en las publicaciones realizadas, pues “no solo publica una información que goza de reserva al tratarse de una investigación preliminar sobre la presunta comisión de un delito, sino que además modifica a sus propios intereses las constancias dejadas en las correspondientes actas”, para el efecto transcribió las entrevistas, destacando apartes que a su juicio no son ciertos.

IV. Consideraciones

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública o por particulares en los casos expresamente previstos por la ley, el constituyente estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, sino que, por el contrario, se reduce a ciertos y determinados derechos.

En el presente asunto los convocantes estimaron conculcados los derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra, debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, los que estiman transgredidos con las diferentes informaciones divulgadas en la emisora W Radio y registradas en el portal web de la misma, perteneciente a la demandada Caracol S.A.; en tal sentido, censuran las publicaciones con diferentes versiones que relacionan tanto a Adalid Corp como a Andrés Guzmán Caballero con el supuesto “complot” contra el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, en las que no se precisan detalles ni circunstancias de tiempo, lugar y modo, lo que a su juicio, genera desinformación, pues la misma es inexacta y carece de veracidad e imparcialidad. Consecuente con lo anterior, pretenden que se ordene al medio de comunicación accionado que rectifique las noticias en las que se les ha mencionado, como quiera que no tienen ninguna investigación penal en su contra y por el contrario, han estado prestos a colaborar con dicha labor.

Cabe recordar que la Constitución Política consagra en su artículo 21 que “se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”, así mismo, en el precepto 2 se consagra que entre los deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas las personas residentes en Colombia. Por su parte el artículo 42 establece el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia.

El derecho fundamental al buen nombre, ha sido conceptualizado por la Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia T/110-2015, así:

El derecho al buen nombre, está previsto en el artículo 15 de la Constitución y ha sido definido por esta corporación como la reputación que acerca de una persona tienen los demás miembros de la sociedad en el medio en el cual se desenvuelve. En concreto se ha señalado:

“la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.

Por tanto, se ha establecido que este derecho constitucional es típicamente proyectivo, por lo que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. El ser humano es social, lo que implica que los demás miembros del conglomerado juzguen, evalúen y califiquen los comportamientos de las personas, en consecuencia, el titular de este derecho es de quien depende proteger su imagen, ya que de acuerdo a su proceder en el medio social o de su actuar en el mundo de lo público, se desprenderá el concepto que el resto de los individuos tengan de él. Entonces, el derecho al buen nombre, es una valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad realice un juicio de valor sobre su comportamiento, el que implica además la “buena imagen” que genera ante la sociedad. En consecuencia, para alcanzar su protección, es indispensable el mérito, la conducta irreprochable del individuo o el reconocimiento social hacia el comportamiento del mismo.

Esta corporación ha señalado que las afectaciones del derecho al buen nombre se originan en la difusión de afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad: “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen” .

De lo transcrito dimana que el derecho en mención, consiste en la reputación que sobre una persona tienen los miembros del entorno en el cual se desenvuelve, y que es el resultado de la valoración que efectúan sobre su comportamiento y proceder en el mundo público. Bajo ese concepto tal derecho no es absoluto, pues está ligado a las acciones que realiza el individuo y, por tanto, se puede ver menguado cuando con su proceder altera, perturba o genera una imagen negativa por su indebido comportamiento social.

Bajo el anterior derrotero la misma providencia relacionada contempla que se menoscaba tal derecho con “la difusión de afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad: “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen”“, pues resultaría contrario a la razón que se reclame su protección cuando el deterioro de su imagen, es el resultado de un accionar reprochable y censurable por parte de la sociedad.

Ahora bien, refiriéndose a situaciones en donde entran en conflicto los derechos a la honra y al buen nombre con los de información, libertad de expresión y de opinión, en el texto de la providencia que ha sido rememorada, la Corte Constitucional, indicó:

La libertad de expresión y la libertad de información son derechos que gozan de una amplia protección por ser esenciales para el libre desarrollo de la personalidad, como para la consolidación de una sociedad democrática a través de la contingencia del debate.

Sin embargo, como quiera que no revisten la calidad de derechos absolutos, se les exigen determinados límites. En el caso de la libertad de información, es necesario que la misma sea veraz e imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho irrespetando los derechos de los demás. En cuanto a las opiniones, se exige que las mismas se diferencien de los hechos y cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la rectificación respecto de dichos supuestos, así como los límites en la antijuridicidad de apologías al racismo, al odio, a la guerra o la prohibición de la pornografía infantil. En atención al objeto de esta acción de tutela, se analizará en mayor medida la libertad de expresión.

En concreto, en cuanto a los límites la libertad de expresión esta corporación ha reconocido que “la Carta contempla numerosas restricciones y limites que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los demás”. En consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público.

Sin embargo, la anterior argumentación no puede terminar por hacer nugatoria la libre expresión de opiniones. Por tanto, el ejercicio de esta garantía fundamental en cuanto se relaciona con los hechos y no con las opiniones que de ellos se derivan, se rige de forma atenuada bajo los mismos principios que limitan el alcance del derecho a la información, los cuales son: libertad, finalidad, necesidad, veracidad e integridad, con el objetivo de proteger el contenido normativo de otros derechos como la honra, el buen nombre y la intimidad. La verificación de forma integral de los citados principios, permite garantizar el acceso legítimo a la información, así como la neutralidad en su divulgación y, por tanto, asegurar un debido proceso de comunicación.

De otra parte, el artículo 20 de la misma Carta establece la facultad de las personas de exigir la rectificación de la información, que se constituye, por tanto, en una herramienta de reparación de los derechos fundamentales, cuando han sido lesionados por la divulgación de una información inexacta o errónea respecto de una persona.

Sin embargo, revisada una a una las notas informativas que transmitió W Radio y que dejó plasmadas en su portal de internet, ninguna transgresión a los derechos fundamentales invocados se advierte; en efecto, la información divulgada el 20 de junio de 2016 da cuenta que la empresa accionante, propiedad de la persona natural que también ocupa esa posición en este trámite constitucional, es contactada para suministrar los micrófonos en el despacho del vicefiscal Perdomo, empero, expuso notoriamente que dicha afirmación proviene de lo reseñado por un testigo ante la Fiscalía; luego de lo cual aclara que dicha entidad es experta en cotejo de voces y es la única certificada en Colombia por la Unión Europea para ello, observándose que en dicha oportunidad, el propio Guzmán Caballero fue entrevistado en el mismo medio radial y pudo controvertir la referida publicación.

En la emisión del día 14 de julio, se hizo relación que conforme lo reseñó un testigo, otras personas también participaron en reuniones para el aludido “complot”, y aunque si bien es cierto nuevamente se menciona a los accionantes, en ella se precisó que “según la información que tiene, tanto la Policía, como la Fiscalía, esa reunión si existió y tienen todas las pruebas que ya están en el ente acusador”.

El 27 de julio siguiente se difundieron los resultados obtenidos en inspección practicada a las oficinas de Adalid Corp., para revisar los registros de entrada y salida de la empresa y verificar si Guzmán Caballero se había reunido con otras personas en sus instalaciones, lo cual no se pudo llevar a cabo ante la ausencia de anotaciones; ahora, aunque se retransmitió la invitación que el 20 de junio anterior hizo el propio Guzmán para constatar tal información, al final se dijo que la Fiscalía no descarta en llamarlo a “declaración a que cuente lo que sabe”.

Posterior al inicio de esta acción, la parte actora también reprochó lo relatado el 11 de agosto de 2016 cuando se desarrolló la noticia de una declaración juramentada rendida ante la Fiscalía, y aun cuando claramente se mencionan a los accionantes y se plantean inconsistencias con otras versiones, al final del reporte se precisa “según este testimonio habría personas que podían estar involucradas en ese complot y que tenían el interés de perjudicar al vicefiscal Jorge Perdomo”, acto seguido se destaca: “Hay que ser claros, esto es un testimonio, no necesariamente hay que decir que sea al final el fallo ni la verdad de lo que sucedió”.

Así las cosas, evidentemente los hechos que fueron materia de noticia, provienen de manifestaciones realizadas por terceros, las cuales fueron reseñadas por el medio de comunicación con el ánimo de informar a la comunidad sobre lo ocurrido, destacándose que no se advierte un mensaje con efectos denigrantes para la parte actora o que afrente su patrimonio moral.

Cumple aclarar, que tales afirmaciones, conforme lo aduce la parte accionante, provienen de pruebas rendidas ante el ente investigador, luego con base en ello la información suministrada contaría con total sustento, lo que de contera, justificaría el mensaje que se trasmitió; advirtiéndose en todo caso, que revisado el conjunto de emisiones y publicaciones realizadas por Caracol S.A., no se colige que se hayan realizado imputaciones falsas o juicios de valor respecto de las personas accionantes.

De esta manera, estima la Sala que los derechos a la información y expresión de los cuales hizo uso el medio de comunicación accionado, no quebrantó las garantías fundamentales de la parte actora, pues lo divulgado, se itera, correspondería a lo manifestado por terceros en una investigación, que acorde a lo señalado por la Fiscalía, se encuentra en etapa de indagación preliminar a efectos de aclarar la situación y poder verificar lo que sucedió.

De otra parte, en relación con lo pretendido contra la Fiscalía, la Sala comparte los argumentos expuestos por el fallador de primer grado, en tanto pese a la abundante documental aportada a esta acción, ningún reproche merece la actuación del ente acusador como quiera que no existe prueba tendiente a demostrar que las informaciones que se “filtraron” a los medios de comunicación, sean producto de su descuido o hayan sido suministradas por tal autoridad.

Finalmente, referente a la solicitud de compulsa de copias insistida en la impugnación, no se advierte irregularidad alguna que amerite conceder tal pretensión; sin embargo, tal y como se ha manifestado en otras oportunidades, de estimar la parte actora que ello es procedente, le incumbe ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y allegar las pruebas necesarias, debiendo eso sí, asumir la responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que de ella se deriven.

Conforme lo expuesto, se impone la confirmación de la sentencia impugnada, pues no se advierte una situación cuya excepcionalidad imponga la intervención del juez de la Carta Fundamental, en aras de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

Tercero: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

Magistrados: Jorge Luis Quiroz AlemánGerardo Botero ZuluagaJorge Mauricio Burgos RuizFernando Castillo CadenaClara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda Buelvas.