Sentencia STL14259-2017/75041 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

STL14259-2017

Rad.: 75041

Acta 31

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Positiva Compañía de Seguros S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 24 de julio de 2017, dentro de la demanda de tutela que Oscar Rosero Zapata promovió contra la Nación Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Seguridad Social, ARL Colmena, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y Nueva EPS, a la cual se vinculó a la impugnante.

I. Antecedentes

El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y móvil, a la dignidad, a la igualdad, a la salud y “seguridad laboral reforzada”, presuntamente vulnerados por las accionadas.

Como fundamento de su petición, sostuvo que sufrió un accidente de trabajo el 22 de enero de 2007 cuando trabajaba en la Empresa Inversiones Zoilita, el cual se reportó a la ARL Colmena; que en cumplimiento de sus labores sufrió una lesión lumbar; que lleva 870 incapacitado, no ha sido calificado y ninguna de las entidades del sistema de seguridad social ha asumido el pago del respectivo auxilio por enfermedad; que por su estado de salud no puede trabajar, tiene 55 años de edad, no cuenta con ingresos para atender sus obligaciones y se encuentra “en un estado famélico y con intentos de autoeliminarme”.

Por lo anterior, solicitó que le sean canceladas las incapacidades “como medida transitoria” mientras se le reconoce la pensión de invalidez.

II. Trámite y decisión de instancia

Por auto de 10 de julio de 2017 el Tribunal Superior de Cali admitió la acción y dispuso la notificación de las autoridades accionadas para el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

En el término de traslado, Colpensiones se remitió a la regulación sobre el pago de incapacidades por parte del sistema de seguridad social en Colombia, con base en lo cual concluyó que las incapacidades de origen laboral están a cargo exclusivo de las administradoras de riesgos laborales, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo en lo que a esa entidad concierne.

Colmena Seguros informó que otorgó las prestaciones asistenciales que se derivaron del evento en el que resultó lesionado el accionante y que ocurrió el 22 de enero de 2007; que calificó en primera instancia una pérdida de capacidad laboral del 7.6%; ante la inconformidad del afiliado se remitió el asunto a la junta regional de calificación de invalidez del Valle que estableció, por ese mismo concepto, el 10.5 %, con base en la cual procedió al pago de la prestación por incapacidad permanente parcial; señaló que con posterioridad, no se encuentran incapacidades expedidas como consecuencia del accidente, ni se ha solicitado atención médica a esa entidad.

Resaltó que algunas de las incapacidades aportadas, tienen como contingencia accidente de trabajo, y otras, enfermedad general, y se diagnosticaron alteraciones que no se detectaron por esa administradora, “lo cual descarta que las lesiones presentadas sean derivadas del accidente de trabajo ocurrido el día 22 de enero de 2007 como es el caso de la patología “hernia discal”; añadió que las incapacidades iniciaron el 26 de febrero de 2015, es decir, ocho años después de ocurrido el accidente y no se adjunta atención desde el año 2007 que permita inferir que se trata de una evolución de ese suceso para establecer si se trata de una secuela; por lo cual considera que las prestaciones asistenciales y económicas le corresponden a la EPS.

Informó que desde el 23 de junio de 2009, el actor se desvinculó de esa administradora y se encuentra afiliado a Positiva Compañía de Seguros; solicitó su desvinculación del trámite constitucional porque considera que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental.

El Ministerio de Trabajo, a través de la Directora Territorial del Valle del Cauca, solicitó que se desvincule a esa entidad porque no ha recibido queja alguna en contra de las entidades del sistema de seguridad social accionadas.

El Ministerio de Salud y Protección Social se remitió a las normas aplicables al pago de las incapacidades en el sistema de salud y las entidades responsables; con fundamento en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, señaló que una vez se sancione la ley que adopte el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, contará con los recursos para atender el pago de incapacidades superiores a 540 días cuando sean de origen común.

Por auto del 18 de julio de 2017, se ordenó vincular a Positiva Compañía de Seguros.

Mediante sentencia del 24 de julio de 2017 el Tribunal Superior de Cali concedió el amparo; en principio señaló que la acción de tutela “no se instituyó para suplir los medios de defensa existentes, y en esa medida puede el accionante acudir al trámite pertinente que dispuso el legislador para esta clase de eventos”. Refirió que Colmena informó que en anterior oportunidad efectuó la calificación derivada del accidente de trabajo y otorgó las prestaciones económicas correspondientes, respecto a la cual, advirtió que el actor “puede solicitar una nueva calificación a las entidades de seguridad social, o acudir directamente al organismo competente, mutuo(sic) propio, para efecto de buscar na nueva calificación de la pérdida de capacidad laboral si estima, que la patología que presente(sic) ha sido progresiva”; no obstante, estimó que “corresponde a la ARL practicar la valoración médica que determine la pérdida de la capacidad laboral, de conformidad al art. 41 de la Ley 100/93 y sus reformas”.

Sostuvo que si bien la tutela procede en caso de excepcional para el pago de incapacidades, en este caso no se advierte dado que no se demostró en el proceso “que el libelista se encuentre en un estado de desamparo y vulnerabilidad que amerite acudir a la acción de tutela en procura del pago de esas incapacidades, sino también porque las mismas se generaron por un evento de hace más de diez años, lo que significa que su impago no está privando de su mínimo vital actual, sino en el pasado, cuando por razones médicas debió ausentarse del trabajo y dejó de percibir su único ingreso salarial. Y como la afectación del derecho operó en el momento de la incapacidad que se reclama, es decir, en el año 2007, sin que acredite que encuentre afectado su mínimo vital, luego no se advierte la necesidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio”.

Llamó la atención que el actor solicite el pago de incapacidades “dando a entender que ninguno de estos subsidios se le ha cancelado, puesto que no es usual, que una persona, espere tanto lapso temporal, para cobrarlos, en el entendido que, como se sabe, el pago de las mismas, viene a suplir el salario que de ordinario recibe el afiliado o trabajador, para satisfacer sus elementales necesidades”; por tanto señaló que el “cobro de las que lleguen a debérsele, de años atrás, se recuerda que el mecanismo para acceder al pago de incapacidades no es la acción de tutela, toda vez que ella está dispuesto ante la Superintendencia Nacional de Salud, en el art. 41 de la Ley 1122/2007, modificado por el 126 de la Ley 1438 de 2011”.

No obstante, estimó que era procedente la protección con respecto a las incapacidades relacionadas por la Nueva E.P.S. por concepto de accidente de trabajo del 20/01/2017 al 19/04/2017; lo anterior, con fundamento en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, pues la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. guardó silencio, luego “en virtud a que si bien el accidente de trabajo se dio el 2 de enero de 2007, la ARL Colmena en [la] contestación de la acción informa que la actual ARL del libelista, es esta entidad y el pago de las incapacidades que se ordena a través de esta acción se causaron en el año que milita, cuando el señor Oscar Rosero Zapata ya se encontraba afiliado a la misma, y porque cualquier trámite administrativo o de responsabilidad y pago que se pudiere presentar entre las Administradoras de Riesgos Laborales en las que ha estado el tutelante, bien pueden arreglarse entre ellas mismas, a fin de no afectar el derecho que le asiste al afiliado en el pago del subsidio de incapacidad”.

III. Impugnación

Inconforme con el anterior fallo, Positiva S.A. Compañía de Seguros, impugnó; arguyó que acorde a la base de datos y sistemas de información, el actor no registra reporte alguno de accidente de trabajo; insistió en que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, la prestación de servicios asistenciales y médicos, corresponde a la entidad de riesgos laborales que tuvo conocimiento del accidente de trabajo, que para el caso es la ARL Colmena y, por tanto, le corresponde asumir el pago de las incapacidades.

IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

Importa recordar que hoy día se ha reconocido que el derecho a la salud, dada su importancia, es un derecho fundamental autónomo y no derivado o conexo como se venía entendiendo, dejando de lado la tesis según la cual se le tenía como un derecho de carácter meramente prestacional, solo tutelable en la medida en que incidiera o afectara a uno de linaje fundamental.

De ahí que a través de la Ley 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 2º que “El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”.

En ese sentido, la garantía constitucional de toda persona a acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, contemplada dentro del derecho a la salud (C.N. art. 49), ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional, haciendo énfasis en las condiciones de calidad, eficacia y oportunidad con que los servicios deben ser prestados.

Es pertinente mencionar que la seguridad social en salud, fue instituida para brindar a las personas una calidad de vida, mediante programas creados por el Estado para proporcionar la cobertura integral de las contingencias que puedan afectar la salud de los habitantes del territorio nacional.

En virtud de ello, los artículos 2º y 3º de la Ley 100 de 1993, establecieron los principios de eficiencia, universalidad, integralidad y solidaridad, donde se determina que el Estado debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

Descendiendo al caso concreto, es preciso reseñar que aun cuando en principio las reclamaciones relativas al reconocimiento y pago de incapacidades que puedan presentarse entre un afiliado y las entidades del sistema de seguridad social integral o su empleador, no podrían ser ventiladas por vía de tutela, por cuanto para ello existe un trámite procesal ante el juez ordinario laboral, en tratándose de incapacidades laborales la jurisprudencia constitucional ha enseñado que tales pagos constituyen el medio de subsistencia de la persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha visto reducida la capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos para su subsistencia y la de su familia. De allí que, consecuencialmente, la acción de tutela se convierta en el medio idóneo para la protección de otros derechos fundamentales que con tal situación también pueden resultar afectados, como el mínimo vital y la salud cuando el peticionario se ve desprovisto del pago de las incapacidades médicas.

En ese mismo sentido, se ha pronunciado esta Sala, entre otras, en las decisiones STL9950-2017, STL7837-2017, STL3598-2017 y STL18026-2016, entre otras, criterio que coincide, en términos generales, con el expuesto por la Corte Constitucional, que en sentencia CC T-140/16 manifestó sobre el particular lo siguiente:

El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones legales. Entonces, no solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia.

En esa medida, se itera, la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos puede afectar gravemente la condición económica del trabajador, pues tal auxilio, en esa particular situación, reemplaza el salario que por regla general constituye su mínimo vital. De allí que cuando se presenta la negativa a su reconocimiento por la entidad obligada, permite al juez constitucional entrar a resolver la controversia a efecto de evitar un perjuicio irremediable, dado que se pondría en riesgo incluso la subsistencia del afiliado y su grupo familiar.

En este asunto, resulta evidente que la controversia propuesta por la entidad impugnante, tiende a confrontar la obligación impuesta por el fallador constitucional de primer grado, en tanto le ordenó el pago de las incapacidades otorgadas al accionante entre el 20/01/2017 y el 19/04/2017, habida cuenta que para la fecha en la que ocurrió el accidente de trabajo, que presuntamente causó las incapacidades, el promotor estaba afiliado a la ARL Colmena, entidad a la cual, señala como encargada de asumir la prestación.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad en el pago de las incapacidades, es necesario establecer, en primer lugar, el origen de la contingencia, esto es, si proviene de una enfermedad común, en cuyo evento la asume el sistema general de salud, o si esta ocurrió por un accidente de trabajo o la exposición a un riesgo asociado al trabajo; en este último supuesto, la obligación recae en el sistema general de riesgos laborales.

No obstante, existe la posibilidad de que se presente controversia entre los posibles responsables, en ese evento es necesario remitirse a la legislación vigente que prevé expresamente a quién le corresponde calificar el estado de invalidez, el origen de la misma y el procedimiento a seguir en caso de discrepancias en la respectiva determinación; en ese sentido, el artículo 12 del Decreto-Ley 1295 de 1994, señala que:

“Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común.

La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificado, en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado.

El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinaran el origen, en segunda instancia.

Cuando surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de riesgos profesionales.

De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las juntas de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la ley 100 de 1993 y sus reglamentos”.

En ese orden, el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó el 41 de la Ley 100 de 1993, reglamenta la calificación de la invalidez de la siguiente manera:

(…) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las entidades promotoras de salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

(…)

De acuerdo con lo anotado, y descendiendo al caso en estudio, se observa que se aportó certificado de incapacidades prescritas a Oscar Rosero Zapata, expedido por la Nueva EPS como obra a folios 10 a 15, entre el 10/02/2011 y el 14-02-2011 y desde el 26/02/2015 hasta el 19/04/2017, estos últimos en forma consecutiva, varios de los cuales cuentan con reporte de contingencia accidente de trabajo o enfermedad general; igualmente se observa en las copias de la historia clínica aportada, que la atención en salud ha estado a cargo de esa misma empresa promotora de salud.

No obstante lo anterior, y pese a que fue citada al proceso, la Nueva EPS no compareció ni rindió informe alguno con respecto a la situación del accionante, de lo cual se impone concluir que al no obrar una calificación inicial por parte de la institución prestadora de servicios de salud o de la mencionada empresa, que determine que las incapacidades prescritas a partir del 26 de febrero de 2015 sean o correspondan a un accidente de trabajo, deben por tanto reputarse a una enfermedad general, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 12 del Decreto 1295 de 1994.

La Sala advierte que si bien el accionante acreditó que el 22 de enero de 2007 reportó un accidente de trabajo a Colmena vida y riesgos laborales, como consta a folios 217 y 218, y lo corroboró esa misma entidad en este trámite, lo cierto es que no obra concepto alguno del cual se pueda derivar un nexo causal entre aquél y las recientes patologías, de manera que si se consideró esa posibilidad, era deber de la promotora de salud, realizar la respectiva calificación inicial que, se insiste, no fue aportada al proceso.

De lo anterior se deriva que la responsabilidad inicial de realizar el pago de las incapacidades que le han sido prescritas al accionante, corresponde a la Nueva EPS, entidad que, en caso de que determine que la patología es de origen laboral, luego de realizar la correspondiente calificación, puede repetir contra aquellas que considere responsables, sin que entre tanto, pueda afectar los derechos fundamentales del promotor, y privarlo del ingreso económico a cargo del sistema.

Advierte la Corte que si bien la impugnación de Positiva S.A. estaba dirigida a exonerarla de su responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas impuestas por considerar que el afiliado no estaba vinculado con esa entidad a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo, lo cierto es que luego de un estudio constitucional integral, impone para este caso, definir que la obligación mencionada está a cargo de la entidad promotora de salud, hasta tanto no se defina el origen de la enfermedad que actualmente padece.

Lo anterior es suficiente para modificar la decisión impugnada y, en consecuencia, imponer el pago de los auxilios por enfermedad prescritos por los médicos tratantes a la Nueva EPS; para lo cual deberá sujetarse al trámite dispuesto en los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 y 67 de la Ley 1735 de 2015, en lo que sea aplicable, sin perjuicio de que ésta pueda repetir contra la que considere responsable, una vez se defina la controversia sobre el origen de la contingencia.

Es del caso reiterar que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 5º de la ley 1562 de 2012, el pago de la incapacidad temporal será asumido por las entidades promotoras de salud, en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea común, o por la administradora de riesgos laborales, en caso de que dicho origen sea laboral, motivo por el cual, cada una de ellas debe concurrir al pago del respectivo auxilio según la determinación allí realizada, sin perjuicio de que, en caso de persistir controversia, se someta el caso a la junta regional de calificación de invalidez a fin de determinar la que debe asumir la carga económica en su totalidad, si fuere el caso, sin que, entre tanto, puedan suspender el pago al afiliado.

Por otro lado, y dado que el promotor informó que pese a que lleva 870 días de incapacidad, no se le ha definido el derecho a la pensión de invalidez, y teniendo en cuenta que no se aportó prueba de los trámites que se hubieran adelantado para tal efecto, se exhortará a las entidades accionadas para que definan la situación jurídica del señor Rosero Zapata e informar al juez de primera instancia periódicamente las gestiones realizadas por cada una de ellas a fin de evitar que se continúe dilatando el asunto, con el consecuente perjuicio que se ha advertido en esta acción de tutela.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el fallo de tutela impugnado para, en su lugar, disponer que la orden del pago de las incapacidades prescritas a Oscar Rosero Zapata recae en la Nueva EPS, sin perjuicio de que ésta pueda repetir contra la que considere responsable, una vez se defina la controversia sobre el origen de la contingencia.

2. EXHORTAR a las entidades demandadas, para que dentro del ámbito de sus competencias, definan el derecho del actor a las prestaciones económicas que le correspondan e informar al juez de primera instancia periódicamente las gestiones realizadas por cada una de ellas a fin de evitar que se continúe dilatando el caso del accionante.

3. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.