Sentencia STL14842-2017/74531 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 74531

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Acta 32

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte las impugnaciones formuladas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. (Cedelca) contra el fallo de 17 de mayo de 2017, proferido por la Sala de Casación Civil de esta corporación, en el trámite de la tutela que el municipio de Santander de Quilichao promovió contra el referido juez Colegiado, la cual se hizo extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso objeto de discusión constitucional.

I. Antecedentes

El municipio de Santander de Quilichao solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Manifestó que a través de escritura pública 1572 de 1962, Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP – (Cedelca) “recibió el dominio y posesión de la estación hidroeléctrica de Mondomo”, de propiedad del municipio de Santander de Quilichao, a cambio de lo cual, este recibió 178.458 acciones de aquella entidad, la que a su vez se obligó a “Suministrar el servicio de alumbrado público de la ciudad de Santander y demás dependencias municipales y el servicio de energía permanente del Hospital ‘Francisco de Paula Santander’ y de los establecimientos de educación municipales”, lo cual se cobraría con base en “las tarifas que para el efecto fije el Ministerio de Fomento y con cargo a las utilidades que se liquiden a favor del municipio por el aporte total de las acciones suscritas y pagadas conforme al presente contrato y demás que el municipio de Santander posea como accionista de Cedelca” (fl. 267).

Que el 31 de diciembre de 1997, en vigencia de la Ley 142 de1994, Cedelca realizó el contrato de servicios públicos con condiciones uniformes, con el fin de regular la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario; que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la citada empresa y, por resolución de 13 de julio de 2005, precisó que “sería con fines liquidatorios – administración temporal”, además dispuso el nombramiento de un Gestor Especializado, calidad que se le otorgó, previa emisión de las ofertas correspondientes, a la Compañía Energética de Occidente SAS (CEO), entidad que el 28 de junio de 2010 suscribió Contrato de Gestión con Cedelca, en el que se comprometió, “en relación con la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios del área de influencia”, a cumplirlo “de conformidad con el contrato de condiciones uniformes que en la actualidad ha sido autorizado por la CREG a la empresa”, el cual fue cedido en virtud de ese acto, y a realizar la “lectura correspondiente, crítica, facturación, cobro, recaudo, corte y suspensión a los usuarios”.

Que en atención a que el municipio no pagó los servicios suministrados por CEO, esta promovió proceso ejecutivo en su contra, para obtener el pago del “importe de las facturas correspondientes al suministro de energía eléctrica para alumbrado público y semaforización y de energía eléctrica para el sector educativo (…) oficial (…), puntos y centros de salud”, por los períodos comprendidos entre el 1º de agosto de 2010 y el 6 de junio de 2011, por la suma de $ 960.847.284, más los intereses moratorios.

El Juzgado 2º Civil del Circuito de Santander de Quilichao libró mandamiento de pago en los términos solicitados y, surtido el trámite de rigor, la ejecutada presentó las excepciones que denominó “improcedencia de la acción, cobro de lo no debido, pleito pendiente e inexistencia del título ejecutivo”, última que se declaró probada parcialmente el 28 de octubre de 2015, en cuanto a las “facturas de alumbrado público y semaforización”, dado que no se allegó el contrato estatal entre la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica y el municipio, según lo imponían los artículos 6º del Decreto 2424 de 2006 y 29 de la Ley 1150 de 2007, por lo que no se conformó el título complejo, lo cual sí se cumplió en lo correspondiente a las dependencias municipales, pues estimó suficiente allegar el contrato de condiciones uniformes y las facturas de servicios, de modo que dispuso continuar con la ejecución.

Señaló que ambas partes apelaron; la de la ejecutada se enfocó en señalar que el extremo activo no podía desconocer la Escritura Pública 1572 de 1962, pues allí se pactó que los pagos de los servicios de energía se cancelarían con las utilidades de las acciones que el municipio tenía en esa sociedad.

Que el tribunal, por decisión de 8 de marzo de 2017, consideró que el referido documento no le era oponible a la ejecutante CEO, pues no se acreditó cesión alguna, y ello tampoco se estipuló en el contrato de gestión; en lo que hace al suministro de energía para alumbrado público y para semaforización, dijo que conforme al artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, “uno es el contrato de concesión para la prestación del servicio (que es un contrato estatal regido por el Estatuto de Contratación Administrativa) y otro es el contrato para el suministro de energía con destino a tales servicios (que sí se rige por las leyes 142 y 143 de 1994)”, de modo que el mencionado contrato de condiciones uniformes y las facturas allegadas, lograban conformar el título.

El juzgador añadió que el pleito pendiente alegado no era pertinente dado que no se propuso como excepción, y que en todo caso, esa controversia no incidía en la continuación del ejecutivo, pues tratándose de una pretensión de nulidad de la referida EP, ello no involucraba a CEO, a más de que no había discusión en torno a la prestación del servicio público que se cobraba, de allí que era necesario acceder a lo solicitado y por tanto ordenó seguir la ejecución respecto de la totalidad de las facturas.

En criterio del municipio accionante, el juez Colegiado incurrió en “errores sustantivos” puesto que “asumió que el suministro de energía eléctrica para alumbrado público y semaforización se rige también por el contrato de condiciones uniformes”, cuando aquellos no tienen el carácter de domiciliarios, con lo que aplicó indebidamente el artículo 128 de la Ley 142/94, además de que desconoció los artículos 2º y 8º de la Resolución 43 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece que dicho suministro se realizará mediante un “contrato especial”, el cual no se ha suscrito y por tanto el título no pudo constituirse, y consideró que aquella normativa resulta “congruente” con lo normado en el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007.

En lo que hace a las facturas de las dependencias municipales, insistió en que se equivocó al concluir que como Cedelca no cedió el contrato vertido en la EP 1572 de 1962, la CEO podía echar mano del contrato de condiciones uniformes, sin atender que este convenio desconoció la forma de pago que se pactó en aquella, que no ha sido rescindida y por consiguiente está vigente y vincula a quienes lo celebraron, independientemente de que Cedelca “haya decidido (…) contratar a un tercero para que actúe como gestor del servicio”. Es así que asegura que los derechos que puedan derivarse en favor de CEO, están a cargo de Cedelca, “frente a la cual recae la obligación de pago con cargo a las utilidades a que tenga derecho el municipio (…) como accionista, pero de ninguna manera se encuentra facultada para cobrarle de manera directa”. En suma, anota que la ejecución forzada no estaba acreditada, por lo que el reclamo debió ventilarse por un proceso ordinario.

Por lo anterior, pidió que se dejara sin efecto la providencia de la Colegiatura accionada, y como medida provisional solicitó que se suspendiera el proceso ejecutivo.

II. Trámite y decisión de instancia

Por auto de 5 de mayo de 2017, la Sala de Casación Civil admitió la tutela, dispuso la notificación, el traslado correspondiente, reconoció personería y negó la medida provisional (fl. 316).

El Juzgado 1º Civil del Circuito de Santander de Quilichao manifestó atenerse a lo que disponga el juez constitucional (fl. 329).

El Juzgado 2º Civil de ese mismo Circuito anotó que la titular de ese despacho se declaró impedida por auto de 27 de marzo de 2017, y por tanto el expediente fue remitido al precitado, y destacó que las actuaciones surtidas no quebrantaron la Carta Política rf (fl. 331 y 332).

Mediante fallo de 17 de mayo siguiente, la Sala de Casación Civil concedió el amparo y, en consecuencia, dejó sin efecto la providencia de 8 de marzo de 2017, “así como todas las decisiones que con posterioridad a esta se hubieran emitido”, y ordenó al Tribunal a dictar una nueva decisión que atendiera las consideraciones que expuso, las cuales, en resumen, se enfocaron en señalar que fue equivocada la interpretación según la cual era dable hacer “extensivo el contrato de prestaciones uniformes elaborado por la ejecutante (sic) para la prestación de servicios públicos de carácter domiciliario”, con mirar a conformar el título para lograr la satisfacción económica respecto al cobro de facturas derivadas “de la prestación de alumbrado público y semaforización, lo que sustentó así:

“Sucede, sin embargo, que dicha interpretación es equívoca, pues ha sido un punto reiterado por la jurisprudencia que regula el asunto, que a la ejecución donde se pretenda lograr el pago de prestaciones económicas provenientes del suministro de servicios de energía destinados al alumbrado público, deberá allegarse no sólo las facturas en las que conste la cuantificación económica de la prestación, sino además el convenio o acuerdo que celebre la empresa prestadora de servicios públicos con los municipios respectivos.

Inicialmente es necesario precisar que mientras la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario está regulada por las disposiciones contenidas en la ley 142 de 1994; el suministro de energía con destino a alumbrado público se regula por las disposiciones contenidas en el Decreto 2424 de 2006.

Último, según el cual, el servicio de alumbrado público es “el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público”.

Dicho servicio, de acuerdo con la misma disposición, si bien esta (sic) en cabeza del ente territorial respectivo, pues es esa autoridad la que principalmente está llamada a garantizar su prestación a la ciudadanía, en caso de que no cuente con la infraestructura necesaria para realizarlo directamente, podrá encomendar esa labor a un tercero, que bien puede ser una empresa de servicios públicos domiciliarios o cualquier prestador del servicio de alumbrado público (Parágrafo del artículo 4º de la disposición estudiada).

Así las cosas, en eventos en los casos que sea necesario contratar los servicios de un tercero, debe atenderse lo que al respecto establece el artículo 6 ibídem, el cual indica con claridad que “todos los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estado (sic) General de Contratación de la Administración Pública, y demás normas que la modifiquen, adiciones (sic) o complementen”.

Al paso de lo anterior, el artículo 7º de ese estatuto contempla que la prestación también podrá realizarse mediante contratos de suministro de energía, los cuales deberán respetar las disposiciones que al respecto estableció la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

De esa manera, evidente es la regulación existente en materia de contratación de servicios de alumbrado público, la que como se vio, bien puede hacerse mediante contratación estatal o a través de contratos de suministros. Dichos medios de negociación, también son predicables de los convenios que se realicen para los servicios de semaforización, toda vez que la Resolución 43 de 1995 de la CREG, específicamente el artículo 1, contempla dicho servicio como una clase del primero.

Así las cosas, teniendo en cuenta, como se advirtió inicialmente, que la ejecución de obligaciones provenientes de este tipo de servicios, solo se logra a través de títulos ejecutivos complejos, conformados por las facturas respectivas y los contratos pertinentes, necesario era que la electrificadora demandante a efectos de lograr el pago de los servicios de alumbrado público y semaforización, allegara el contrato a través del cual el municipio le encomendó la iluminación pública, lo que en el caso no sucedió.

Al respecto, prudente es recodar la jurisprudencia emitida por la Sesión (sic) Tercera del Consejo de Estado, jurisdicción anteriormente encargada del conocimiento de este tipo de ejecuciones, según la cual:

“En lo que respecta a los procesos ejecutivos derivados de los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios, el título para la ejecución lo conforman el contrato de prestación de servicios o de condiciones uniformes y la factura respectiva, en una interpretación sistemática de los artículo 128, 130 y 148 de la Ley 142 de 1994, tal como lo sostuvo la sala en providencia del 89 (sic) de octubre de 1997, expediente 12.684.

“Igual suerte corren los contratos, convenios o acuerdos que celebren las empresas prestadoras de servicios públicos con los municipios para la prestación de servicios públicos con los municipios para la prestación de alumbrado público, el cual por consiguiente debe acompañarse de la factura del servicio, cuando se pretenda demandar ejecutivamente su cobro (Auto de 7 de marzo de 2001. Exp. 17001-23-31-000-2001-00337-01 (21503)).

4. Visto de esa manera, ninguna razón le asiste al juez colegiado accionado para concluir que el contrato de prestación de servicios uniformes elaborado por la ejecutante (sic) se hacía extensivo a las prestación de alumbrado público, pues quedó claro que aquel únicamente regula la prestación de servicios domiciliarios, sin que pueda aceptarse el ejercicio interpretativo que dicho juzgador realizó a efectos de demostrar la configuración de un contrato de suministro, toda vez que necesario era que se aportara documento en donde conste el mismo, tal como se desprende de la jurisprudencia anteriormente trascrita, lo que en el caso, se insiste, no sucedió (fls. 411 a 418).

En escrito recibido en la Secretaría de la homóloga Civil el 18 de mayo de 2017, CEO manifestó que notificaba por conducta concluyente y presentó el informe pertinente, en el que se opuso a la tutela toda vez que a la parte ejecutada se le ha garantizado los derechos fundamentales que le asisten en el trámite cuestionado, y precisó su postura frente a los hechos alegados.

Aclaró que lo concerniente a la validez de la EP 1572 de 1962, fue objeto de decisión por parte del Consejo de Estado el 2 de mayo de 2017, que señaló que la forma de pago pactada en la cláusula tercera “era insostenible para Cedelca”, le atribuyó la obligación al municipio de pagar el suministro de energía para alumbrado público y dependencias municipales y “extendió los efectos del contrato de prestación de servicios en condiciones uniformes a la controversia de alumbrado público”, que también declaró válido y “por tanto es un título ejecutivo legítimo junto con las facturas para efectuar el cobro del suministro”.

En efecto, aseguró que esa Corporación concluyó que la EP fue modificada por el Acuerdo suscrito entre las partes el 27 de noviembre de 2003, por lo que la controversia sobre la eficacia de la misma estaba superada y, por ello, según lo allí pactado, el “municipio no podría volver a imputar el consumo de la energía para alumbrado público y para las dependencias municipales, a las utilidades de las acciones que tuviera en Cedelca”, muy a pesar de que no haya participado en el contrato de condiciones uniformes, pues “la aceptación” de este “se predica al haber permitido la prestación del servicio en sus dependencias”, por lo que ahora no puede insistir en la vigencia de un acuerdo que, a más de ser modificado, contradice “a todas luces el marco de competitividad de la prestación de un servicio público”, de ahí que, aceptar la tesis del promotor del amparo, sería tanto como desconocer la teoría de los actos propios. Esta decisión, sostiene la compañía, permite concluir que los reproches esgrimidos por el aquí accionante ya fueron resueltos judicialmente, lo cual hizo tránsito a cosa juzgada y es de obligatorio acatamiento.

Precisó, en sintonía con lo expuesto por el tribunal encartado, que es diferente la prestación del servicio de alumbrado público al suministro de energía eléctrica para lograr ese propósito, dado que esto es “solo una parte de lo que comprende” aquella, que es justo la que hoy ejecuta la CEO “de manera eficiente e ininterrumpida”. Reprodujo el marco jurídico que estimó aplicable al caso de estudio, para enfatizar que “el servicio de alumbrado público en cuanto al suministro de energía, se rige por las disposiciones de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, esto es la Ley 142 y 143 de 1994. Pero la prestación del mismo, que comprende las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema, se rige por las disposiciones propias del alumbrado público (Decreto 2424 de 2006 y Resoluciones CREG)”, entidad esta que, en lo que hace al suministro de energía, únicamente regula “aspectos tarifarios, no contractuales”, de manera que el contrato de condiciones uniformes sí completa el título complejo para ese aspecto, máxime que, como lo infiere de la providencia del Consejo de Estado y de la Resolución CREG 43 de 1995, “la prestación del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público” no requiere de acuerdo especial (fls. 429 a 446).

En escrito separado, pidió la nulidad de lo actuado por indebida notificación (fls. 647 a 654).

Cedelca también manifestó notificarse por conducta concluyente y allegó informe de tutela en los mismos términos que CEO (fls. 463 a 487), e igual que esta entidad, solicitó la nulidad de lo actuado (fls. 667 a 688) y, además, presentó impugnación (fl. 656 a 663), acto último que asimismo elevó el tribunal accionado (fls. 704 a 706).

Luego de que la Sala de Casación Civil le corriera traslado a las partes a fin de que se pronunciaran sobre las peticiones de invalidez, y que la parte accionante arguyera su oposición (fls. 764, 774 a 779), por auto de 13 de julio de 2017 se rechazaron las solicitudes en la medida que las irregularidades planteadas fueron saneadas y, en todo caso, se probó que tuvieron oportunidad de exponer su defensa; enseguida, entendió que las solicitantes presentaron impugnación, por lo que las concedió (fls. 787 a 789). Contra este proveído formularon súplica, también rechazada el 15 de agosto de los corrientes (fl. 801).

III. Impugnación

Cedelca expuso argumentos similares a los del informe rendido (fl. 656 a 663).

El tribunal apuntó que la parte ejecutada, al sustentar la apelación que originó la providencia cuestionada, no planteó la discusión sobre la conformación del título complejo. En todo caso, estimó que su resolución judicial no fue antojadiza ni arbitraria, pues efectuó un estudio pormenorizado que llevó a concluir que “una cosa es la prestación del servicio de alumbrado público y otra, completamente disímil, es el suministro de energía eléctrica destinada al alumbrado público”, último aspecto que, según la sentencia impugnada, se regula por el Decreto 2424 de 2006, “sin siquiera hacer alusión o al menos explicar la razón por la cual no se considera aplicable en una interpretación sistemática con los restantes presupuestos normativos y resoluciones de la CREG, (…) el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007”, que transcribió.

En cuanto a que CEO debió allegar el contrato a través del cual el municipio le encomendó la iluminación pública, dijo que,

“[…] los antecedentes históricos, fácticos y contractuales lo que muestran con claridad es que el acuerdo celebrado entre el municipio y Cedelca (E.P. 1572/1962), no fue cedido al gestor – CEO, quien inició sus operaciones y en momento alguno se le ha encomendado el servicio de alumbrado, lo que hace es suministrar energía con destino a éste, sin que preste el servicio como tal al municipio, pues de manera alguna está probado que haga mantenimiento, cambio de luminarias, expansión del sistema, etc., ejecutando el contrato en los términos que la gestión le impone, luego no podía exigírsele la conformación del título ejecutivo complejo; argumento con el cual, se dejó sin efecto la sentencia proferida por este tribunal y sin cobro compulsivo aquellas sumas de dinero que el ente territorial adeuda al gestor, pues efectivamente tal como lo acepta en el proceso, recibe y aprovecha dicha energía (fls. 704 a 706)".

En memorial recibido por la Secretaría de la Sala el 25 de agosto de 2017, el apoderado de CEO presentó escrito en el que pretende “adicionar la sustentación de la impugnación oportunamente interpuesta” contra el referido fallo de tutela (fl. 21 a 41).

IV. Consideraciones

Previo a resolver la presente controversia, es necesario precisar que la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. (CEO) no impugnó la sentencia de tutela de 17 de mayo de 2017, que origina esta segunda instancia constitucional, dado que tal acto procesal únicamente lo formularon Cedelca S.A. E.S.P. y la Sala Civil del Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, según quedó detallado en la parte histórica, sin que las peticiones de nulidad que se elevaron en el presente trámite, se puedan entender como una impugnación, por tratarse de actuaciones claramente diferenciables.

En esa medida, la Sala se concentrará en los reproches esgrimidos por las referidas impugnantes, que llevarán a la revocatoria de la sentencia primigenia, conforme con las siguientes razones:

La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos en la Constitución Política.

Esta Sala ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales, salvo que, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales, criterio que se hace más relevante tratándose de la interpretación de normas o valoración de pruebas, en donde se pone de manifiesto el principio de la autonomía de los jueces consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

De ahí que, aun cuando para la resolución de determinada controversia se puedan admitir diferentes criterios jurídicos, si el acogido por el juzgador se ajusta a la orientación que razonablemente se extrae del ordenamiento, no es predicable colegir una violación constitucional por el hecho de que no se imponga la de alguna de las partes en la providencia, pues se insiste, por regla superior el Juez tiene libertad y autonomía judicial.

Esta acotación es predominante para decidir esta controversia, dado que una vez revisada la providencia que se le cuestionó al Tribunal accionado, esta es la del 8 de marzo de 2017, que revocó parcialmente la de primer grado y dispuso “seguir adelante con la ejecución en contra del municipio de Santander de Quilichao, en la forma ordenada en el mandamiento de pago adiado el 15 de noviembre de 2011”, la verdad es que de ella no se evidencia un criterio protuberante o ausente de razones, que implique indubitablemente la intervención excepcional del juez de tutela, ello independientemente de que pueda o no compartirse el criterio jurídico y probatorio esbozado por la autoridad encartada.

Se precisa que no es pertinente analizar las providencias que recientemente emitió el Consejo de Estado, aportadas al plenario como prueba de que la decisión de Tribunal fue razonable, dado que constituyen elementos de juicio que no hicieron parte en la discusión analizada. A pesar de lo anterior, como enseguida se expondrá, bastará el estudio de lo proveído por el Juez Plural accionado, para concluir indubitablemente que la tutela no debió abrirse paso.

Pues bien, empieza la Corte por memorar que la parte accionante, en sustento de su petición de amparo, consideró que el tribunal se equivocó al aplicar la Ley 142/94, y bajo su espectro legislativo hacer extensivo el contrato de prestaciones uniformes que “aplica únicamente para los servicios públicos domiciliarios”, al suministro de energía eléctrica para alumbrado público y semaforización, pese a que estos no tienen el carácter de domiciliarios ni son uniformes, por lo que, en su sentir, deben pactarse a través de un “contrato especial en el que se definan los aspectos sustanciales del mismo”, que no se ha suscrito pues la forma de pago está pactada y estipulada en la pluricitada EP 1572/62, que estima vigente y vincula a Cedelca y, por consiguiente, a CEO, de ahí que no sea dable concluir que la última esté “facultada para cobrarle de manera directa”, en desatención de aquel instrumento público.

Deviene útil remarcar que en la primera instancia constitucional únicamente se esbozó lo relacionado con el suministro de alumbrado público y semaforización, lo cual no le generó inconformidad a la parte accionante, pese a haber criticado en su tutela, adicionalmente, la ejecución de las dependencias municipales. Ante esa circunstancia procesal, la Corte se concentrará en lo que es materia de impugnación y fue objeto de salvaguarda constitucional en primer grado.

En efecto, para colegir el amparo, la Sala de Casación Civil consideró que el tribunal incurrió en un supuesto yerro manifiesto, pues pasó por alto que “la prestación de servicios de energía eléctrica de carácter domiciliario está regulada por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994”, mientras que “el suministro de energía con destino a alumbrado público se regula por las disposiciones contenidas en el Decreto 2424 de 2006”, que en su artículo 2º precisa que no es domiciliario y comprende no solo el servicio como tal, sino “las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público”, las cuales pueden ser encomendadas a un tercero, no necesariamente a una empresa de servicios públicos domiciliarios. Desde esa suerte, dijo la corporación que en tales escenarios debe aplicarse el precepto 6 de esa misma norma, con arreglo a lo cual “todos los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estado (sic) General de Contratación de la Administración Pública, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen”.

Frente a la temática concerniente a que supuestamente CEO desatendió lo pactado en la EP, es pertinente clarificar que el tribunal consideró, luego de hacer un recuento histórico sobre dicho acuerdo, y reflexionar jurídicamente sobre las instituciones de la cesión de los contratos, “contrato de mandato; cuasicontrato de gestión”, que el que celebraron Cedelca y CEO (contrato de gestión) era atípico y que no había “elementos de juicio para afirmar que las aproximadamente 178.458 acciones suscritas a su favor, así como el reparto de utilidades pactadas, sean obligaciones transferidas a CEO por obra del contrato de gestión”, apreciación que resume su sustento jurídico en los siguientes párrafos:

“El acuerdo de pago y prestación de servicio entre Cedelca y el municipio se funda en la generación de utilidades societarias hacia futuro y en momento alguno Cedelca como persona jurídica ha desaparecido, al punto que el municipio hace parte de su composición accionaria, la que no fue cedida a CEO, por ende los acuerdos entre ellos no generan una obligación difundida a esta. Nótese que las discusiones sobre el acuerdo contractual, es un tema que solo concierne a estos dos; prueba de ello son los procesos sobre nulidad y controversias contractuales que tienen zanjados y hoy día surten su apelación en el H. Consejo de Estado, según lo dicho por el municipio.

[…]

Se concluye entonces que el suministro de energía eléctrica al municipio de Santander de Quilichao, no tiene como fuente el contrato celebrado con Cedelca, razón por la que en principio la ejecutante tiene derecho a que se le retribuya en dinero el servicio prestado durante los períodos mensuales pendientes de pago”.

Justamente, a partir de este supuesto, fue que emprendió su estudio para determinar si existía o no el título complejo para cobrar judicialmente los servicios que efectivamente prestó CEO al municipio ejecutado, y en ese contexto definió su entendimiento sobre el suministro de energía con fines de alumbrado público y el contrato que lo regula.

Sobre dicha discusión, que es lo que en puridad concentra la relevancia de la presente controversia constitucional, repara la Sala en que el tribunal sí se percató del escenario jurídico que la Homóloga Civil dilucidó y consideró como aplicable al asunto de autos, solo que luego de transcribir el artículo 2º del Decreto 2424 de 2006, el Juez Colegiado arribó a la conclusión de que su contenido normativo no implicaba sostener jurídicamente que el suministro de energía para alumbrado público, pese a no ser domiciliario, fuera “ajeno al ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994”, apreciación que cimentó en la Sentencia C-035 de 2003, que al hacer referencia a una providencia del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo de 2002. Exp. 1319), destacó el artículo 2º de la Resolución 89 de 1996 de la CREG, que consagra que “La actividad de comercialización de electricidad para alumbrado público está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad”, y en esa medida puntualizó que “el cobro y el pago del servicio de alumbrado público queda sujeto a lo previsto en la Ley 142 de 1994, en relación con la facturación y el pago del servicio de energía”.

Con esa lógica, planteó que según el Decreto 2424 de 2006 era posible extraer “dos formas de contratar en materia de alumbrado público, la primera es hacerlo para la prestación del servicio como tal, y la otra, es contratar el suministro de energía eléctrica necesaria para el alumbrado”, aspecto último que estimó regulado en el artículo 7º de aquella norma, que a su vez estipula que esos convenios “deberán cumplir con la regulación expedida por la CREG”; justo por ello, trajo a colación un concepto de esta autoridad, de 20 de marzo de 2013, del que infirió que dichos acuerdos se rigen por las leyes 142 y 143, lo que consideró acorde con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, que estipula:

“Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las leyes 142 y 143 de 1994 (resaltó el tribunal).

Esa remisión normativa llevó al Juzgador Plural a recalcar que según el artículo 129 de la Ley 142 de 1994, “el contrato de servicios públicos (…) existe, es decir, que deberá entenderse celebrado, desde que el propietario o quien utiliza el inmueble solicita recibir el servicio y la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio” (subraya la Corte), y por consiguiente, concluyó:

“Entonces, desde que la CEO en cumplimiento de sus obligaciones como gestor, empezó a suministrar la energía eléctrica con destino al alumbrado público de Santander de Quilichao y el municipio de Santander de Quilichao aceptó, recibiendo ese suministro, quedó celebrado el contrato.

A ello también debe sumarse lo previsto en el inciso 1º, el artículo 132 de la Ley 142 de 1994:

“Régimen legal del contrato de servicios públicos. El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil”.

Corolario de ello, estima la Sala que si bien el municipio puede celebrar un contrato de suministro con cláusulas especiales para la energía eléctrica que requiere el alumbrado público de su municipalidad, e incluso, puede contratar un tercero para la prestación completa del servicio, lo cierto es que la recibida hasta ahora y aquí cobrada tiene como fuente de nacimiento la Ley 142 y 143 con las condiciones uniformes allí previstas en relación con usuarios del sector oficial; por lo cual, el título ejecutivo complejo está debidamente conformado con las facturas y el contrato de condiciones uniformes, pudiendo verificarse la forma en que se facturan y se calculan los consumos así como las condiciones que debe respetar la electrificadora a sus usuarios en general, a más de ser este un aspecto que ni siquiera el municipio controvirtió al excepcionar.

Asumir una posición contraria significaría exigir a CEO para el cobro ejecutivo, la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica con destino a alumbrado para habilitarle el cobro de aquel que efectivamente ha prestado y que en este preciso asunto se rige por las condiciones uniformes dadas a los usuarios del sistema, más aún cuando el municipio no negó esa condición y pretende exonerarse del pago bajo un acuerdo contractual no oponible al gestor”.

Las anteriores consideraciones, a no dudarlo, se vislumbran objetivas y razonables. Nótese que el juez colegiado en modo alguno se rebeló frente al marco jurídico destacado en la sentencia de tutela impugnada, pues lo acotó y con argumentos que distan de ser caprichosos, presentó un planteamiento cimentado en el indiscutido hecho relacionado con que el municipio recibió el suministro que es materia de cobro judicial, cuya naturaleza jurídica, enmarcada en la Ley 142 de 1994 que consideró aplicable, permitía concluir que no era admisible exigirle a la parte ejecutante “la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica con destino a alumbrado para habilitarle el cobro de aquel que efectivamente ha prestado y que en este preciso asunto se rige por las condiciones uniformes dadas a los usuarios del sistema”, de suerte que el título complejo podía conformarse con el contrato que reguló esas condiciones y las facturas correspondientes.

Como ya se dijo, esas disquisiciones no se exhiben, de ninguna manera, antojadizas o arbitrarias, y menos se visualiza que el juzgador se hubiese apartado de los mínimos postulados que definen el derecho al debido proceso, al punto de que sea ineludible que el juez de tutela intervenga en el juicio objetado. Lo que en realidad subyace de la confrontación constitucional, es una discrepancia de criterios entre la postura del tribunal y el del ente actor, escenario que, como inveteradamente lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, resulta suficiente para descartar el desquiciamiento de la providencia judicial censurada.

Es necesario reiterar que la acción de tutela no se estableció en el ordenamiento jurídico como una vía para estructurar una instancia adicional en la que los contendientes puedan insistir en la atención de los argumentos que de forma objetiva desestimó el juez natural. En efecto, lo que se le encarga al juez constitucional es verificar si la decisión fue o no ajustada a lo que razonablemente puede extraerse del marco jurídico que regula al asunto, y si en esa medida hizo respetar las garantías consagradas en la Carta Magna, dentro de las cuales también se encuentra la de autonomía e independencia judicial (art. 228, CN), que en este asunto no se observan extralimitadas pues, según quedó explicado, el criterio que sustentó la decisión judicial se exhibe razonable, independientemente de que pueda compartirse o no.

Por lo anterior, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se negará el amparo impetrado.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas, y en su lugar, NEGAR la tutela impetrada, de conformidad con las motivaciones expuestas en procedencia.

2. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.