Sentencia STL15824-2015/62807 de noviembre 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 62807

STL15824-2015

Acta: 39

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil quince.

Se resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de B. A. G. de C. y E. C., contra el fallo proferido el 4 de septiembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, dentro de la acción de tutela que interpusieron contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta y la Superintendencia de Notariado y Registro, trámite al cual se ordenó vincular a los Juzgados Cuarto de Familia del Circuito de Bucaramanga, Quinto de Familia de Cúcuta, Octavo Civil Municipal, Jorge Enrique Vélez García en calidad de Superintendente de Notariado y Registro de la Ciudad de Bogotá, Zoraida Arce Cartagena en calidad de Registradora de Instrumentos Públicos de Cúcuta y al señor J. E. V. M.

Antecedentes

B. A. G. de C. y E. C., instauraron acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales “a recibir verdad, justicia y reparación”, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las accionadas.

Relataron los accionantes que son los padres de L. A. C. G. (q. e. p. d.), quien en vida contrajo matrimonio con J. E. V. M., vínculo en el cual procrearon dos hijos (q. e. p. d.), quienes constituyeron patrimonio de familia de un bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria XXX en la ciudad de Cúcuta.

Manifestaron que J. E. V. M. fue condenado en el año 2008 por el “homicidio de su esposa e hijos” menores de edad, por tal razón los hoy tutelantes, se constituyeron en víctimas en calidad de “parte activa en incidente de reparación de perjuicios”, en la causa penal; que la sentencia penal dispuso resarcir en dinero a los accionantes, y por lo tanto, se promovió demanda ejecutiva ante el Juez Civil del Circuito de Bucaramanga, autoridad que “ordenó la medida cautelar de embargo y secuestro del único bien” de V. M., documento que se presentó ante el juez civil de conocimiento en el proceso de sucesión.

Informaron que el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia declaró a J. E. V. M., como “indigno sucesoral” y, en consecuencia “no puede suceder a su esposa e hijos”.

Refirieron que en el proceso de sucesión adelantado ante el Juzgado Octavo Civil de Municipal de Cúcuta, se declaró que V. M. tiene derecho a gananciales y, en partición se le otorgó el 50% del bien relicto y, el otro 50% a los hoy tutelantes en calidad e herederos de la cónyuge fallecida. Sin embargo, respecto de la parte del cónyuge sobreviviente se ordenó el embargo de su cuota para la reparación a víctimas.

Agregaron que en dicha partición y en la sentencia que la aprobó, no se estipuló que se levantaran los gravámenes de “patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar”.

Resaltaron que al finalizar la sucesión se procedió a radicar en la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos de Cúcuta, la sentencia que adjudicó en partición el 50% del inmueble a J. E. V. M. y el 50% a los accionantes B. G. de C. y E. C., así como el embargo del primero de los citados por el 50% por concepto de reparación a víctimas, autoridad administrativa que en nota devolutiva de 26 de marzo de 2015, se rehusó a registrar dicha sentencia, toda vez que, el inmueble se encuentra “afectado a vivienda familiar”.

Expusieron que a través de proveído de 25 de agosto de 2014, el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta, dentro del proceso que adelantaron los tutelantes, con el fin levantar la afectación a vivienda familiar, consideró que no era competente para adelantar el trámite dado que por “sustracción de materia y carencia de objeto, toda vez que quien ostenta la propiedad falleció así como sus hijos menores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la nueva Ley 854 de 2000 (…) situaciones que se subsume por cuanto el fallo de 22 de marzo de 2012, resolvió declarar a V. M. como indigno para suceder a su cónyuge L. A. C. y sus hijos”.

Expresaron los accionantes que pertenecen al grupo de la tercera edad, y que no han recibido el pago de reparación integral como víctimas, además que no procede recursos contra la anterior actuación administrativa, y por lo tanto, no pueden iniciar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De conformidad con los hechos narrados, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia se ordene “a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta a registrar sin ningún reparo la sentencia mencionada en el hecho octavo así como la medida cautelar de embargar lo adjudicado al señor V. M.”.

I. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 31 de agosto de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y vinculó a los Juzgados Cuarto de Familia del Circuito de Bucaramanga, Quinto de Familia de Cúcuta, Octavo Civil Municipal, y a Jorge Enrique Vélez García en calidad de Superintendente de Notariado y Registro de la Ciudad de Bogotá, y a la dra. Zoraida Arce Cartagena en calidad de Registradora de Instrumentos Públicos de Cúcuta y al señor J. E. V. M.

La Jueza Quinta de Familia del Circuito de Cúcuta, indicó que “(…) obra de pleno derecho el hecho de que la causante L. A. C. G., cónyuge del señor J. E. V. M., haya fallecido, y no solo ella sino sus hijos, razón por la cual la afectación a vivienda familiar debe levantarse. Pero estas medidas no obran por si solas, debe el profesional del derecho que acá acciona realizar los actos pertinentes necesarios esto es acudir a la notaria respectiva solicitando el levantamiento de los gravámenes que pesan sobre el inmueble, por supuesto cumplimento con los requisitos de ley (…)”.

La Jueza Octava Civil Municipal de Cúcuta, expresó que el proceso fue enviado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Descongestión, circunstancia que imposibilita ejercer el derecho de defensa y contradicción al respecto aun cuando “la suscrita se desempeña como titular del despacho desde el 12 de septiembre de 2014”.

La Superintendencia de Notariado y Registro, manifestó que en el folio de matrícula inmobiliaria XXX existen dos limitaciones al dominio que deben ser canceladas para proceder al registro de la sentencia judicial como a la orden de embargo, ya que el folio de matrícula inmobiliaria debe reflejar en todo momento la real situación del inmueble de conformidad con la Ley 1579 de 2012.

Precisó que si bien es cierto existe un procedimiento para cancelar dichas limitaciones al dominio y que los accionantes las han agotado, también lo es que para el registro, estas deben ser canceladas bien sea por vía notarial o judicial, pues de no cancelarse el folio no se puede demostrar la real situación jurídica y, advirtió que la entidad no puede cancelar de oficio ninguna inscripción.

Surtido el trámite de rigor, la Sala de conocimiento de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2015, denegó el amparo tutelar, tras considerar que:

(…) los aquí accionantes no interpusieron los recursos establecidos en la ley contra la negativa del registro de dichas medidas, y de otro lado, se presentó ante el Juzgado Quinto de Familia Ordalidad de Cúcuta la demanda de cancelación de patrimonio de familia y levantamiento de afectación a vivienda familiar, resolviendo no ser competente para adelantar dicho trámite por sustracción de materia y carencia de objeto toda vez que quien ostentaba la propiedad falleció así como sus hijos conforme lo dispone el artículo 4º de la Ley 584 de 2003 (…). en este caso ya se agotó la vía judicial, es decir, que no se ha agotado la notarial, correspondiéndole al juez constitucional dar una orden de registro de una medida de embargo sobre un bien que presenta limitaciones al dominio cuando los accionantes no han agotado todas las instancias y mecanismos que la ley les otorga pues, como se dijo anteriormente, la tutela sólo procede cuando no se disponga de otro medio judicial de defensa verdaderamente idóneo para la protección efectiva de tales derechos.

(…)

Se observa, igualmente, que desde la fecha del 8 de abril de 2013, cuando se comunica por parte del Juez Octavo Civil Municipal de Cúcuta la medida de embargo, a la fecha de interposición de la presente tutela (21 de mayo de 2015) ha transcurrido un tiempo considerable debiéndose dar aplicabilidad a la inmediatez que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales (…).

II. Impugnación

Inconforme con la decisión, los accionantes la impugnaron, para lo cual, refirieron que no se valoró de fondo la argumentación fáctica y jurídica expuesta en la tutela y tampoco se hizo énfasis en los requisitos para levantar el patrimonio de familia por vía notarial.

IV.(sic) Consideraciones

La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales.

Si bien es cierto que esta Sala, ha considerado que el amparo constitucional es procedente frente a decisiones judiciales, también lo es que ha estimado que ello solo es viable cuando, en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

Así las cosas, al analizar el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, se advierte que lo pretendido por los accionantes es que se ordene a la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos de Cúcuta, que se inscriba la sentencia que adjudicó la partición del 50% del inmueble a J. E. V. M. y el 50% a B. G. de C. y E. C. herederos de la cónyuge L. A. C. G., que junto con sus hijos menores de edad fallecieron, así como el embargo del primer citado 50% por concepto de reparación a víctimas; por virtud de que dicho funcionario administrativo se rehusó efectuar el registro, toda vez que, el inmueble se encuentra “afectado a vivienda familiar”.

La anterior solicitud en decir de los tutelantes vulneró el derecho al debido proceso, con fundamento en que el Juez Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, se negó a resolver de fondo la solicitud de levantamiento de afectación de vivienda familiar y cancelación de patrimonio de familia, sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria XXX, quienes en calidad de herederos de la fallecida C. G., elevaron tal petición luego de habérsele asignado el 50% del inmueble.

La providencia que se cuestiona data del 25 de agosto de 2014, y el funcionario judicial resolvió “Declararse sin competencia para conocer de —ese— tipo de demanda”. Para ello, el Juez Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, edificó sus consideraciones de la siguiente manera:

Los señores E. C. y B. E. G. de C., a través de apoderado judicial solicitan el levantamiento de afectación a vivienda familiar, así como la cancelación del patrimonio de familia constituido sobre el inmueble ubicado en manzana XXX lote XXX de la avenida XXX de la urbanización XXX del municipio de Cúcuta Norte de Santander y distinguido con matrícula inmobiliaria XXX.

Revisada la presente demanda junto con los anexos, se demuestra plenamente el derecho de propiedad sobre el inmueble antes descrito que ostentan los señores E. C. y B. E. G. de C. en calidad de herederos de la señora L. A. C. G., q. e. p. d., de conformidad con la sentencia de fecha marzo 11 de 2013, proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta Norte de Santander, dentro del proceso sucesorio radicado 540014003008-2009-00621-00; de los causantes: L. A. C. G., L. M. V. C., J. C. V. C.

Con respecto al proceso adelantado por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Bucaramanga Santander, radicado bajo el Nº 407 de 2010, indignidad sucesoral, adelantado por los herederos E. C. y B. E. G. de C., contra el señor J. E. V. M., mediante fallo del 22 de marzo del año 2012, resolvió “declarar a este como indigno para suceder a su cónyuge L. A. C. G., y a sus hijos L. M. V. C., J. C. V. C., por encontrase demostrada la causal primera del artículo 1025 del Código Civil”.

Por consiguiente los interesados en calidad de padres y herederos de la causante; L. A. C. G., q. e. p. d., acuden a esta instancia para obtener la autorización del el levantamiento de afectación a vivienda familiar, así como la cancelación del patrimonio de familia constituido sobre el inmueble antes descrito.

“Invocadas las leyes 70 de 1931, “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”, y 258 de 1996, por la cual se establece la afectación a vivienda familiar, modificada por la Ley 854 de 2003, estas reglamentan los patrimonios familiares, “la destinación especial que se da a un bien en servicio de la familia”, y el patrimonio se construye no solo en favor de beneficiario designado, si no de su cónyuge y de los hijos que lleguen a tener, salvo que expresamente se pacte otra cosa”.

Ahora bien; teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentran los señores E. C. y B. E. G. de C., como herederos de la causante L. A. C. G., q. e. p. d., con el fin de legalizar su propiedad referente al inmueble ubicado en manzana XXX lote XXX de la avenida XXX de la urbanización XXX del municipio de Cúcuta Norte de Santander y distinguido con matrícula inmobiliaria XXX, de acuerdo con la normatividad vigente; este despacho expresa que no es competente para adelantar el trámite por cuanto carece de competencia, por sustracción de materia y carencia de objeto, toda vez que quien ostentaba la propiedad, falleció así como sus hijos menores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o de la nueva Ley 854/2003 que reza:

“podrá levantarse la afectación a solicitud de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, en virtud de providencia judicial en los siguientes casos (sic): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asimismo la afectación a vivienda familiar se extinguirá de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges.

Con respecto a la Ley 70 de 1931, “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”, se tiene que:

De igual forma el cónyuge sobreviviente cuando no hay hijos menores dentro de los herederos del difunto puede reclamar la adjudicación del bien afectado por patrimonio de familia, pero sujeta a la obligación establecida en el artículo 30 de la Ley 70 de 1931 el cual dice así: “El cónyuge sobreviviente, si no hay menores entre los herederos del difunto, puede reclamar para sí la adjudicación del patrimonio de familia, para conservarlo con ese carácter, con la obligación de pagar a dichos herederos la parte que les corresponda, sobre el avalúo dado al bien”.

Situación que se subsume por cuanto el fallo del 22 de marzo del año 2012, resolvió “declarar a J. E. V. M. como indigno para suceder a su cónyuge L. A. C. G., y a sus hijos L. M. V. C., J. C. V. C., por encontrase demostrada la causal primera del artículo 1025 del Código Civil (resalta la Sala).

Como se puede observar, el juez de conocimiento, luego de reconocer que se encuentra plenamente demostrado el derecho de propiedad sobre el inmueble antes descrito por parte de los accionantes en calidad de herederos, y de poner de presente que el cónyuge sobreviviente fue declarado “indigno para suceder” a su esposa L. A. C. G. y sus dos hijos menores, por encontrarse demostrada la causal primera del artículo 1025 del Código Civil, tal y como se avizora en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia, calendada 22 de marzo de 2009, trajo a colación las normas que autorizan la constitución del patrimonio de familia no embargables, para así concluir que no era competente para adelantar el tramite solicitado, por “sustracción de materia y carencia de objeto”, por virtud de que la cónyuge que ostentaba la propiedad y sus menores hijos fallecieron.

Si bien es cierto, la anterior inferencia resulta lógica y razonada, en la medida que el “patrimonio de familia” es un instrumento de protección constitucional de la familia que tiene por objeto salvaguardar su patrimonio, conforme a lo dispuesto en la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y el Decreto 2817 de 2006; también lo es, que en esa providencia no se efectuó pronunciamiento alguno sobre el particular con el fin de que el Registrador de Instrumentos Públicos pueda proceder de conformidad, máxime cuando en este asunto, en particular, no existe ningún otro mecanismo idóneo para dirimir esta situación.

Ahora bien, tal como lo informó la Superintendencia de Notariado y Registro durante el trámite tutelar, la cancelación del patrimonio de familia que se constituyó, puede darse por dos vías, la notarial y la judicial. La primera de ellas, en este caso no se adelantó para eliminar dicha afectación por no existir consentimiento de ambos cónyuges o compañeros, y la segunda que se debe adelantar ante el Juez de Familia, fue incoada por los herederos de la cónyuge fallecida, la cual se despachó desfavorablemente como antes de dijo, quedando así agotado este mecanismo de defensa judicial, que permite resolver en sede de tutela.

El pedimento de inscripción de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta el 11 de marzo de 2013, por medio de la cual se aprobó el trabajo de liquidación de la sociedad conyugal de los esposos J. E. M. y la causante L. A. C. G., así como la partición y adjudicación del bien relicto de la fallecida y, la medida cautelar allí mencionada, no puede quedar en suspenso o sin resolver, máxime que en ese proceso sucesoral no se dijo nada respecto de la medida de afectación del patrimonio familiar que recae sobre el citado inmueble.

Así las cosas, el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad que sí es competente para conocer de las demandas de jurisdicción voluntaria, debe resolver de fondo lo que atañe al levantamiento del patrimonio familiar, teniendo en cuenta para ello, la legitimidad como herederos de los accionantes B. A. G. de C. y E. C., las causales de extinción para la cancelación del patrimonio de familia constituido, observando las diferencias entre la figura de patrimonio de familia y de afectación de vivienda familiar, ambas consagradas en la legislación civil.

Sobre este aspecto la Corte Constitucional en Sentencia C-317 del 5 de mayo de 2010, al referirse al levantamiento de estas garantías, estableció la diferencia entre una y otra figura, existiendo la posibilidad en ambos casos de levantar, extinguir o eliminar dichas garantías, con mayor razón cuando han fallecido los beneficiarios del grupo familiar. Dijo entonces la Corte:

2.3.5. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las diferencias entre una y otra figura con relación al levantamiento o la extinción de garantía. En el artículo 1º de la Ley 70 de 1931 sobre patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se dispone que una vez constituido el patrimonio, éste tendrá la calidad de no embargable. Dicha disposición se complementa con el artículo 21 de la misma ley que establece que “El patrimonio de familia no es embargable, ni aun en caso de quiebra del beneficiario. El consentimiento que éste diere para el embargo no tendrá efecto alguno” (negrilla fuera del texto). En cambio, en la Ley 258 de 1996 sobre afectación de vivienda se establece la posibilidad de levantar dicha medida mediante el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros, quienes en cualquier momento por escritura pública pueden eliminar dicha afectación (art. 4º).

Al mismo tiempo se establece en el artículo 4º de la Ley 258 de 1996 que en todo caso podrá levantarse la afectación de vivienda, a solicitud de uno de los cónyuges, en virtud de providencia judicial, en los siguientes eventos:

“1. Cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habrá; circunstancias éstas que serán calificadas por el juez, 2. Cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público, 3. Cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges, 4. Cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los cónyuges, 5. Cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges, 6. Cuando se disuelve la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley y 7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación, a solicitud del cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero”.

Además, se dispone en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 258 de 1996, que regula la afectación de vivienda, que ésta se extingue de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, “por muerte real o presunta de uno de los cónyuges, salvo que por justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (…)”.

En cambio, sobre el levantamiento o la extinción del patrimonio de familia, en la Ley 70 de 1931 la situación no es tan clara y sólo se establece en el artículo 28 que el patrimonio de familia subsiste a favor de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, sin necesidad de intervención judicial alguna(1). También se diferencia la ley de patrimonio de familia con la de la afectación de vivienda, cuando se trata de la disolución del matrimonio por causa de muerte de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, ya que en el artículo 27 de la Ley 70 de 1931, se precisa que el patrimonio de familia subsiste a favor del cónyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos.

El pronunciamiento que de fondo debe realizar el juez de familia a quien se le puso a consideración la solicitud en comento, trae consigo el trámite a seguir por parte del registrador accionado, quien deberá acatar lo decidido por ese despacho judicial.

En este orden de ideas, resulta claro que la citada autoridad jurisdiccional, al declarar la falta de competencia y abstenerse de resolver de fondo sobre la solicitud de “levantamiento de afectación a vivienda familiar, así como la cancelación del patrimonio de familia”, vulneró los derechos fundamentales de los petentes, quienes son sujetos de protección especial al estar acreditado que son adultos mayores con más de 80 años.

Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar procedente la acción de tutela y, por ello, revocar la decisión de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, para en su lugar conceder el amparo solicitado al encontrarse vulnerado del derecho conculcado, por las razones antes señaladas.

I.(sic) Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

2. CONCEDER la tutela del derecho fundamental al debido proceso, conforme las razones indicadas en precedencia, ordenándose al Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del presente fallo, proceda a resolver de fondo la petición de “levantamiento de afectación a vivienda familiar, así como la cancelación del patrimonio de familia”, decisión judicial que deberá ser acatada por el registrador accionado.

3. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de Sala.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Gustavo Hernando López Algarra.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

1 El artículo 28 establece que: “Muertos ambos cónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan salido de la minoría de edad”.