Sentencia STL16076-2015/63063 de noviembre 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL16076-2015

Rad.: 63063

Acta 41

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá D.C., dieciocho de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: “IV. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es criterio reiterado que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.

En el caso sometido a estudio, se vislumbra que la entidad accionante, pretende que se deje sin efecto la audiencia de juzgamiento celebrada el 19 de agosto de 2015, por el juzgado sexto laboral del circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó Marta Jenny Molina Espinosa contra la fundación Francisca Radke para el desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual se dictó “(…) sentencia condenatoria. Se condenó en costas a la parte demandada. Se determinó el monto de las agencias en derecho. (…) Se dejó constancia que no asistió la parte demandada ni su apoderado. Teniendo en cuenta que no se apeló el fallo, se declaró ejecutoriada la sentencia”, diligencia a la que no pudo asistir la apoderada que en ese momento representaba a la fundación, por cuanto tuvo un accidente de tránsito, que en decir de la tutelante se traduce en un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, circunstancia que originó que esa parte no lograra ejercer su derecho de defensa e interponer el recurso de apelación en audiencia.

Ahora bien, para los efectos es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la Ley 1149 de 2007, que reza: “Apelación de las sentencias de primera instancia. Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente” (resalta la Sala). Del mismo modo el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 12 de la Ley 1149 de 2007, dispone que la decisión de fondo se notificará a las partes en estrados. Lo anterior significa, que el citado recurso debe interponerse en el acto en audiencia pública, ante la autoridad judicial competente que profirió la providencia, es decir dentro de la audiencia de juzgamiento de manera verbal e inmediata, de no hacerlo precluirá la oportunidad.

En caso de inasistencia de una de las partes a la audiencia de trámite y juzgamiento, el juez podrá admitir justificaciones antes de su celebración y fijar nueva fecha para llevarla a cabo en caso de ser pertinente. Excepcionalmente y en el evento de que concurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito, que se acrediten en el plenario en debida forma, cabría la posibilidad que dando aplicación al artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007, el juez como director del proceso, quien debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, pueda evaluar esas circunstancias y aun con posterioridad a la celebración de la citada audiencia de juzgamiento, tener por justificada la inasistencia de alguna de las partes.

Sobre la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito, la Sala de Casación Civil de esta corporación, realizó la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito, tal y como lo trajo a colación en la sentencia CSJ SC 27 feb. 2009, rad. 2001-00013-01, que edificó sus argumentos de la siguiente manera:

2.2. Por otra parte, en el fallo proferido el 29 de abril de 2005 (exp. 0829-92), la Sala consignó las apreciaciones que a continuación se compendian:

a) En primer lugar, reiteró que “la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es el imprevisto a que no es posible resistir” (art. 64 C.C., sub. art. Iº L. 95/1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos... No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de A.S.R. exp. 2001-00013-01 33 uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular —in concreto—, pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no”.

(...)

Si bien la ley de oralidad (L. 1149/2007), busca mayor celeridad y agilidad en el trámite del proceso judicial, no es dable que el juez en su tarea de darle rápido adelantamiento, pase por alto circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, en perjuicio de la defensa de las partes. No obstante lo anterior, es indispensable que tales hechos con esa relevancia, queden en el proceso natural suficientemente acreditados.

De lo anterior se colige, que la plataforma probatoria juega un papel primordial en estos casos, con el fin de demostrar los supuestos fácticos que se alegan para justificar la inasistencia a la audiencia, para el caso de juzgamiento.

Así las cosas, para una mayor ilustración se hace necesario hacer un recuento de las actuaciones en el proceso ordinario laboral así: i) que el juzgado sexto laboral del circuito de Bogotá, el 22 de junio de 2015, llevó a cabo audiencia obligatoria de “conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio” y audiencia de trámite, y allí citó a las partes para celebrar audiencia de juzgamiento; ii) que en el día y hora programada, el 19 de agosto de 2015 a las 2:30 pm, se llevó a cabo la citada audiencia, en la que se resolvió dictar “sentencia condenatoria. Se condenó en costas a la parte demandada”, igualmente se dejó constancia de la no comparecía de la parte demandada ni de su apoderada, y que por lo tanto, no fue recurrida tal decisión quedando en firme; iii) que la representante legal quien no es apoderada de la entidad accionada, el día 21 de agosto de 2015, presentó ante el juzgado censurado, solicitud para que se declarara la nulidad de la decisión proferida el 19 de agosto de 2015, y en su lugar, se fije nueva fecha para llevar a cabo audiencia de fallo, dado que a través del sistema siglo XXI, conoció de la condena y la falta de defensa técnica, pues desconoce el “paradero de la apoderada de la fundación” que no asistió a dicha diligencia; iv) que el 21 de agosto de 2015, la apoderada judicial de la fundación enjuiciada, presentó excusa por la inasistencia a la diligencia de juzgamiento programada, para lo cual informó que por un hecho ajeno a su voluntad le fue imposible llegar a tiempo a la audiencia fijada, motivo por el cual solicitó le sea permitido presentar el recurso de apelación contra el fallo dictado ya que fue totalmente adverso a la entidad demandada que representa; como sustentó de su petición allegó “acuerdo transaccional” de los daños ocasionados en el accidente de tránsito; v) que el juzgado censurado mediante auto de 28 de septiembre de 2015, despachó desfavorablemente ambas solicitudes, decisión contra la cual no hay evidencia que la fundación hoy tutelante hubiera interpuesto recurso alguno.

Pues bien, la apoderada judicial de la parte demandada, allegó como excusa de su inasistencia a la diligencia de juzgamiento programada, “Acuerdo de transacción de daños ocasionados en accidente de tránsito”, que según el juez accionado carecía de valor probatorio, de conformidad con lo normado por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. l mod. 116, en razón a que es una copia simple “sin que de la misma se pueda inferir que corresponde al documento original de los hechos narrados por la memorialista que impidieron su asistencia oportuna a la diligencia programada por el juzgado, razones que resultan suficientes para no acceder a la solicitud (...) referida a permitir presentar en este momento el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria proferida en contra de la fundación Francisca Radke para el desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional”.

Al respecto observa la Sala que además de estar efectivamente en copia el documento de transacción de accidente de tránsito, de llegarse a valorar su contenido, encontraría que el mismo no acredita el suceso de fuerza mayor o caso fortuito alegado, por cuanto a lo sumo demostraría un acuerdo final de transacción de daños ocasionados por el choque de dos automotores, pero no el impedimento de la profesional del derecho para asistir a la audiencia en el proceso ordinario. En efecto, dicha acta se levantó a la “13:35” es decir, a la 1:35 pm del día 19 de agosto de 2015, sin que lo descrito en su texto de cuenta de lo sucedido en las horas subsiguientes, que le impidiera a la abogada de la fundación llegar a la citada audiencia programada a partir de las 2:30 pm, máxime cuando el evento aducido se presentó cerca de las instalaciones del juzgado.

En consecuencia, tal prueba de admitirse no daría la certeza de la ocurrencia de un hecho ajeno a la voluntad, de carácter inesperado, excepcional y sorpresivo, en los términos descritos en las solicitudes que elevaron tanto el representante legal de la fundación y la apoderada de ese entonces y que fueron denegadas por el juzgado de conocimiento.

De esta manera, se concluye que el contenido del “Acuerdo de transacción de daños ocasionados en accidente de tránsito”, no resulta lo suficientemente contundente para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que se dice impidieron a la apoderada judicial, llegar a tiempo a la audiencia, y así poder efectuar la defensa técnica.

De otro lado, se observa que la parte demandada en el proceso ordinario y hoy accionante en tutela, actuó con incuria, al no haber interpuesto ningún recurso contra la decisión del juzgado de negar la nulidad impetrada y la decisión de no aceptar la justificación de la inasistencia de su apoderada a la audiencia de juzgamiento.

En este orden de ideas, aun cuando la fuerza mayor y el caso fortuito, pueden ser motivo de justificación de la inasistencia a una audiencia, en este asunto el juzgado accionado no vulneró los derechos fundamentales de la entidad accionante, por cuanto esta circunstancia no quedo debidamente acreditada, con lo cual irrebatible resulta revocar el fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, proferida el 5 de octubre de 2015, para en su lugar denegar el amparo solicitado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia, y consecuencialmente, se DENIEGA el amparo deprecado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

2. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».