Sentencia STL16300-2017/75391 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL16300-2017

Radicación 75391

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Nota: Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc. sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por V.A.M. contra la providencia de fecha 25 de julio de 2017, proferida por la Sala de Casación Civil dentro de la acción de tutela que instauró L.S.C.D.C. contra la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite que se hizo extensivo al juzgado XXX de familia del circuito de la misma ciudad, al defensor de familia, al procurador judicial de familia adscritos al juzgado mencionado y al impugnante, en su calidad de partes e intervinientes dentro del proceso objeto de debate constitucional.

I. Antecedentes

La accionante pidió la protección de sus derechos fundamentales a vivir libre de violencia, a la no discriminación y violencia intrafamiliar, presuntamente lesionados por la autoridad accionada.

Señaló que en el litigio materia de esta acción, solicitó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado con V.A.M., por encontrarse el cónyuge incurso en las causales contempladas en los numerales segundo, tercero y octavo del artículo 154 del Código Civil.

Mediante sentencia de 15 de septiembre de 2016, el juzgado XXX de familia de Bogotá decretó la terminación del vínculo marital y de la sociedad conyugal respectiva, al igual que la disolución y liquidación de la misma por haber encontrado probado el grave e injustificado incumplimiento del demandado de los deberes de esposo y padre, conforme a lo estipulado en el numeral 2º de la norma atrás referida.

Afirmó que en la citada decisión, el juzgador determinó que no había lugar a establecer la “reparación” de que trata el numeral 4º del canon 411 del Código Civil, por cuanto no demostró la necesidad que requiere para hacerse acreedora de una obligación alimentaria; decisión que recurrió y exigió tener por “probada la causal 3º de divorcio” para buscar que se le otorgaran “alimentos periódicos”.

Sostuvo que el tribunal cuestionado evaluó los elementos de prueba allegados y, con base en ellos, el 14 de febrero de 2017, accedió “a adicionar el ordinal primero de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico contraído entre S.C.D.C. y V.A.M. se decrete igualmente con base en la causal de divorcio que prevé el numeral 3º del artículo 154 del Código Civil”, al haberse demostrado la “violencia psicológica” sufrida por la acá querellante a manos de su expareja; sin embargo, mantuvo la negativa en lo concerniente a la fijación de alimentos a su favor, en consideración a que “no basta[ba] la condición abstracta de acreedor alimentario que le confiere el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil al cónyuge inocente para acceder” a ellos, sino que, debía cumplirse los presupuestos para ser acreedora de lo pretendido.

Por lo anterior, suplicó que se ampare “su derecho fundamental a ser resarcida en los términos del literal g) del artículo 7º de la Convención Belém do Pará (...) [y] del literal d) del artículo 4º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas” y, en consecuencia, “se disponga la reparación de perjuicios prevista en el numeral 4º del artículo 411 del Código Civil, bajo la forma de prestación alimentaria periódica”.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 5 de junio de 2017, la Sala de Casación Civil admitió la acción de tutela, dispuso su notificación para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción y vinculó a las partes e intervinientes dentro del proceso de debate constitucional (fl. 87).

La autoridad accionada y los vinculados guardaron silencio.

Surtido el trámite de rigor, el juez constitucional de primer grado otorgó el amparo pretendido por la accionante; adujo que la violencia ejercida contra la mujer desde cualquier ángulo es una práctica desdeñable que merece total reproche.

Señaló que el Estado de derecho constitucional no puede tolerar el ejercicio de la violencia física o moral en las relaciones obligatorias, mucho menos la de género, tampoco contra los ancianos, niños o contra “cualquier sujeto de derecho sintiente”; que para poner fin a tan perjudiciales y nocivas prácticas, la comunidad internacional ha diseñado diferentes instrumentos con los cuales se ha conminado a los países a adoptar en sus legislaciones internas fórmulas educativas y sancionatorias severas para eliminar ese tipo de actos y toda forma de discriminación.

Arguyó que cualquier agravio cometido en contra de las mujeres debe ser condenado y reparado, con mayor razón la cometida al interior del seno familiar; entendiendo al daño como “todo detrimento, menoscabo o deterioro que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva”.

Estimó que para definir este tipo de asuntos, los juzgadores deben analizar las causales de divorcio probadas, a la luz de las disquisiciones precedentes, para determinar si hay lugar a decretar alguna medida resarcitoria a favor del consorte que percibió algún daño por la ruptura del vínculo marital ocasionada por su expareja, por lo que resaltó que los juzgadores de instancia están facultados para adoptar disposiciones ultra y extra petita, conforme se autoriza en el parágrafo 1º de la regla 281 del Código General del Proceso.

Mencionó que en países como Argentina, Chile, España y Perú, se ha estatuido la figura de la “compensación económica” a favor del consorte que no dio lugar a la terminación de la relación jurídica de pareja, permitiendo la aplicación de esa medida a través del pago de una “pensión periódica”.

Así, después de analizar la determinación atacada, indicó que en principio, la postura del juzgador se observa razonada y acorde con los principios reguladores de la materia, pues el tribunal cuestionado aclaró que la figura de los alimentos, tiene como sustento el principio de la solidaridad, pues buscan resguardar el mínimo vital, la dignidad y la integridad física y emocional de aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la concesión de unos ingresos o de una prestación generalmente periódica para la manutención a cargo del obligado por la ley a cumplir con esa erogación, una vez acreditada la capacidad económica para proveerla.

En ese sentido precisó que los alimentos pueden ser reconocidos con las medidas correspondientes a que haya lugar a favor de todos los enlistados en el canon 411 reseñado, solo si se acreditan los elementos axiológicos de la obligación alimentaria: “la necesidad del alimentario”; la existencia de un vínculo jurídico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hipótesis del donante; y capacidad del alimentante.

Enseguida puntualizó que en el régimen de alimentos el único correctivo es el previsto en el artículo 414 ibídem, aplicable en los casos en los cuales el acreedor alimentario incurre en injuria respecto del alimentante, caso en el cual, se exime al ofendido de suministrar los alimentos congruos cuando el ataque es “grave” o, si es “atroz”, “cesará enteramente la obligación de prestar alimentos”, en otras palabras: “el alimentario puede cometer contra el alimentante (...) una injuria atroz que lo priva de alimentos, o una injuria grave que los reduzca a lo necesario”.

Sin embargo, señaló que:

(...) Debe recordar esta Sala que de la hermenéutica de los preceptos 411 y 414 no puede inferirse naturaleza indemnizatoria en la obligación alimentaria para ser asimilada como una prestación ligada al daño contractual o extracontractual. Los cánones mencionados refieren la prestación por causa de las distintas fuentes obligacionales que le dan nacimiento a la misma o para extinguirla. Analizan los congruos y los necesarios, frente a los cuales las ofensas graves o atroces provenientes del acreedor inciden para su cuantificación o determinación, según sean unos u otros, pero de ninguna manera para edificar el nacimiento de una prestación indemnizatoria, esta última como ya se ha explicado tiene su fuente en el derecho de daños que difiere sustancialmente del vínculo obligacional que surge en materia de alimentos (...).

Arguyó que el tribunal olvidó dilucidar si las circunstancias especiales del sub examine, en el cual se acreditaron los hechos fundantes de la causal relacionados con el maltratamiento, necesarios para edificar la ruptura definitiva, permitían adoptar una indemnización a favor de la tutelante y por lo que concluyó que refulgía la necesidad de otorgar la protección rogada, pues la omisión del colegiado mantiene impune la violencia comprobada sufrida por la hoy promotora a manos de su expareja.

Para ello, advirtió que “Habrá de determinarse, observando el debido proceso y el derecho de contradicción si hay lugar a proveer sobre perjuicios de índole material e inmaterial según los elementos axiológicos del derecho reparativo y los elementos probatorios recaudados”, todo lo cual fue sustentado en lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual reprodujo los artículos 1º y 2º.

Por lo anterior, la Sala de Casación Civil otorgó el amparo y ordenó al tribunal cuestionado que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del conocimiento de esta providencia, requiera al juez de primer grado el expediente aquí cuestionado y, en los dos (2) días siguientes a la recepción del mismo, deje sin efecto la sentencia de 14 de febrero de 2017 y las actuaciones que de ella pendan para que resuelva nuevamente el recurso sometido a su consideración, teniendo en cuenta lo expuesto en esa precedencia.

III. Impugnación

V.A.M. impugnó; manifestó que en la decisión proferida por la Sala de Casación Civil, no se analizaron los requisitos para determinar la procedencia de esta acción, por ser una acción contra decisión judicial, y que la misma “invadió” el fuero del tribunal y “usurpó” la función jurisdiccional del juez natural.

Insistió en que el juez constitucional se inmiscuyó en las funciones de los juzgadores naturales que, en su proceder, jamás incurrieron en vías de hecho que hicieran posible la prosperidad de este mecanismo excepcional.

Aseguró que no es aceptable lo que el juzgador de primer grado pretende, esto es, aplicar convenios y normas para acomodar, cuando el proceso de divorcio tiene su propio cauce procesal y está regulado por la aplicación del artículo 411 del Código Civil, distinto a la aplicación analógica; por lo que no se le puede condenar con argumentos ajenos a la discusión procesal, es decir, a lo realmente probado.

Explicó que la decisión es arbitraria, toda vez que, el a quo constitucional se metió en el asunto de fondo, cuando la misma corporación determinó que era una decisión razonable, lo cual resulta contradictorio, lo que configura una limitación a la autonomía de los funcionarios judiciales.

A su vez, resaltó el salvamento de voto y la aclaración de los magistrados disidentes de la decisión que se revisa, en el sentido de cuestionar la decisión, por arbitraria y contradictoria; que el fallo deviene de un manejo inadecuado de las normas sustanciales y procesales, dado que impartió órdenes que no corresponden a la ortodoxia de los fallos de tutela, máxime cuando no existe en la determinación una vía de hecho, único pilar que sustenta su procedencia.

Dicho lo anterior, y al señalar que existió una argumentación “extraña”, solicitó que se revocara el fallo constitucional impugnado.

IV. Consideraciones

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, se estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.

En atención a los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial, esta Sala ha mantenido el criterio de su improcedencia contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.

A su vez, su procedencia está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, caso en que se convierte en principal y, segundo, cuando existiendo se utiliza de forma transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, los medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos.

De esta manera, la acción de tutela es subsidiaria frente a los demás modos de defensa judicial y su objetivo no es desplazarlos, sino que se convierte en el último recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, en la medida en que el ordenamiento jurídico no le ofrece al afectado otro medio de defensa judicial.

En el escrito de tutela, la accionante solicitó que se tutele “su derecho fundamental a ser resarcida en los términos del literal g) del artículo 7º de la Convención Belém do Pará (...) [y] del literal d) del artículo 4º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas” y, en consecuencia, “se disponga la reparación de perjuicios prevista en el numeral 4º del artículo 411 del Código Civil, bajo la forma de prestación alimentaria periódica”.

De las piezas procesales aportadas a esta acción, se deriva que S.C.D.C. demandó a V.A.M. para que se decretara el divorcio (cesación de efectos civiles) del matrimonio católico celebrado por las causales 2, 3 y 8 del artículo 154 del Código Civil, decretar la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, autorizar la suspensión de la vida en común, que se fije cuota alimentaria a la menor hija, “que se fije la cuota de alimentos con la que el demandado debe contribuir a la manutención de su cónyuge S.C.D.C., en la suma de $ 3.000.000”, que se hagan las anotaciones respectivas y se condene en costas al demandado.

Los juzgadores que conocieron el asunto controvertido, tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia, al estudiar la pretensión para que se otorgara cuota de alimentos “para contribuir con la manutención” de la demandante, estimaron que para su causación se debían reunir los requisitos que configuran la obligación alimentaria, valga recordar, la necesidad del alimentario, la existencia de un vínculo jurídico del que surja la obligación (C.C., art. 411) y la capacidad del alimentante, de los cuales no se demostró el primero.

En ese orden, es dable concluir que, tal como lo consideró la Sala de Casación Civil, la decisión proferida el 14 de febrero de 2017 por el tribunal cuestionado, es razonable en lo atinente con la absolución de los alimentos solicitados en el proceso.

Lo anterior es predominante resaltarlo de entrada, pues justamente la accionante, a través de este mecanismo tutelar, insistió en que se le otorgara la prestación de alimentos conforme al numeral 4º del artículo 411 del Código Civil, esta vez, a título de resarcimiento según lo consagra la cláusula convencional que refirió en su escrito; sin embargo, itera la Corte que el marco normativo que regula las obligaciones de tipo alimentario, no edifica una prestación indemnizatoria en perspectiva a la reparación de los daños derivados, una vez acreditada la responsabilidad civil contractual o extracontractual, que es lo que sugiere la tesis planteada por la promotora del amparo, al fundar una petición de perjuicios de naturaleza material o inmaterial, en la comprobación de la violencia intrafamiliar de la que fue víctima.

Esa cuestión jurídica fue apuntada por la propia Sala de Casación Civil, al subrayar que “de la hermenéutica de los preceptos 411 y 414 no puede inferirse naturaleza indemnizatoria en la obligación alimentaria para ser asimilada como una prestación ligada al daño contractual o extracontractual”, lo que se vislumbra patente en el siguiente párrafo:

(...) Aun cuando en las normas reguladoras de los trámites de divorcio y de cesación de efectos civiles del matrimonio o por la terminación abrupta de la relación de pareja, no existe un capítulo específico dedicado a la indemnización por menoscabos sufridos; para resolver ese vacío meramente aparente se debe acudir al acápite relativo a la responsabilidad civil, régimen compatible y complementario en armonía a las pautas constitucionales atrás referidas, y los principios del régimen convencional vigente (Pacto de San José) aplicables a la materia, siguiendo los principios, valores y derechos que postula la Carta (...).

Una vez superado el debate jurídico de los alimentos pedidos por la actora, pasa esta Sala a estudiar su pretensión en sede de tutela, esto es la reparación de perjuicios, cuya presunta causación fue determinante para que la Sala de Casación Civil concediera el amparo, por cuanto, en su sentir, evidenció vulneración de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En primera medida, no puede soslayarse la realización de la justicia material, que está prevista en las reglas procesales que deben ser acatadas a efecto de salvaguardar las garantías judiciales que están en cabeza de quienes se enfrentan en un proceso litigioso. Bajo esa lógica, resulta útil rememorar, como lo hizo la homóloga civil, que la Convención Americana de Derechos Humanos señala la protección que le asiste a todas las personas y, en tal sentido consagra:

(...) ART. 1º—Obligación de respetar los derechos: 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (...).

De esta manera, toda persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios, al tenerse en consideración las prerrogativas a las “garantías judiciales” y a la “protección judicial”, previstas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en consideración de la Sala de Casación Civil fueron transgredidos, pero que en realidad, tal como adelante se explicará, en el juicio objetado no es posible señalar que se desconocieron.

En efecto, si lo que se pretende con el amparo otorgado es imponerle al tribunal que determine las eventuales consecuencias indemnizatorias a partir de los hechos que fundan el maltrato de la mujer que, en últimas, condujeron a la ruptura definitiva del vínculo entre la señora S.C. y V.A., es pertinente recordar que la accionante, en el juicio objetado, fundó sus pretensiones en el marco normativo que regula las obligaciones alimentarias, y no al que gobierna los perjuicios originados en la responsabilidad contractual o extracontractual, según el caso, emolumentos que en todo caso, ni siquiera impetró.

Tan evidente es que la actora no pidió en ningún momento el resarcimiento de perjuicios, pues una vez notificada la sentencia, solicitó aclaración únicamente con respecto a la valoración de la prueba de los ingresos del demandado, al punto de limitarse a señalar que estos eran superiores a los que estableció el tribunal, pero nada señaló en relación a la reparación mencionada que, se itera, solo reclamó a través de esta acción.

Ahora, con relación a las facultades ultra y extra petita, que al decir del a quo debieron ser utilizadas por el tribunal, hay que decir que, si bien el juez de familia tiene esa potestad según lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 281 del Código General del Proceso, el cual la consagra “cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole”, urge precisar que tal entendimiento en ningún momento puede soslayar la obligación de fallar con fundamento en lo que resulte probado en el juicio, pues lo que se vaya a conceder con apego a tales poderes, debe ser debidamente confrontado frente al asunto controvertido, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.

En tal sentido, la Sala advierte que aunque estima viable la posibilidad de que cualquier persona pueda obtener la reparación integral de perjuicios, a partir de las normas internacionales y su desarrollo interno, entre otros, en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo cierto es que no se puede imponer un resarcimiento que, más allá de haber sido expresamente solicitado, es menester que haya sido debatido y probado en el juicio ordinario, pues si bien se demostró en el caso sub examine un maltrato psicológico, no se probó el valor de los perjuicios ocasionados a efecto de tasar la eventual indemnización, ello por cuanto ni siquiera fueron estimados por quien ahora los reclama.

Aunado a lo anterior, esta corporación actuando como juez constitucional, estaría en la imposibilidad de zanjar un asunto que ni siquiera fue discutido ante el juez natural; actuar de otra manera, implicaría la transgresión de otras garantías, como el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, circunstancia que, de admitirse, podría cercenar la posibilidad de encauzar la oposición de quienes pueden resultar gravados con aquellos.

Acorde a ello, es claro que la actora puede acudir a través de los cauces procesales idóneos en procura de un resarcimiento como el que solicita en esta acción, pues para ello precisamente se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico las herramientas respectivas, a fin de que el juez competente, en un trámite seguido con tal propósito y con todas las garantías procesales que ello implica, pueda adoptar una postura en torno al tema a partir de un criterio vanguardista como el que propone el a quo constitucional, en aras de garantizar los derechos de ambas partes.

Dirigir a la actora a que acuda a los mecanismos idóneos de defensa judicial no constituye el desconocimiento de sus derechos fundamentales ni desvirtúa el maltrato psicológico que le fue reconocido en el proceso ordinario materia de debate, sencillamente permite la posibilidad de que sus pretensiones indemnizatorias sean ventiladas en el escenario previsto por el legislador, pues cabe aclarar que dicha carga no resulta excesiva frente a la que le correspondería soportar al demandado al resultar condenado por unos perjuicios sin tener oportunidad de controvertirlos, todo ello en virtud de garantizarles a las partes que su motivo de controversia sea tramitado en un nuevo escenario procesal en el que se asuman y se respeten las obligaciones y cargas que corresponden a esta clase de pretensiones.

Esta circunstancia tampoco desconoce la protección especial a la mujer víctima de maltrato o violencia, cuyas garantías se encuentran amparadas en diversas normas internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer (1979), su protocolo facultativo (2005), y la convención internacional que con el mismo propósito se suscribió en Belém do Pará (1994), que cita la accionante como sustento a su petición; así como de los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución Política de Colombia, de las cuales, cumple reiterar, se deriva como una medida de protección el establecimiento de procedimientos a través de los cuales se puedan debatir y reclamar integralmente los perjuicios que ese hecho le hubiera generado.

En ese mismo sentido, se advierte que dicha protección se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico interno, entre otras, en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1542 de 2012, esta última con el objeto de garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, de las cuales se deriva la posibilidad de obtener el resarcimiento, dentro del proceso penal, de los presuntos perjuicios ocasionados como consecuencia de tales conductas punibles.

Por otra parte, y aun cuando no es aplicable a este caso, se hace necesario también recalcar, que si bien la acción de tutela no es, en principio, el mecanismo apto para solicitar la indemnización de perjuicios causados por autoridades públicas o particulares, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que trata sobre indemnizaciones y costas, establece, que si el interesado no cuenta con otro medio judicial, en el fallo de tutela el juez puede ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente que se ocasione si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho.

Empero, lo anterior siempre que se den las circunstancias previstas por la Corte Constitucional en Sentencia T-179 de 2015 del 16 de abril, en la que se indicó:

(...) La jurisprudencia ha explicado que es posible solicitar la indemnización por perjuicios siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones mínimas: (i) Que se conceda la tutela. (ii) Que no se disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio. (iii) Que la violación del derecho haya sido manifiesta y sea consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. (iv) Que la indemnización sea necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho. (v) Que la indemnización solo cobije el daño emergente causado. (vi) Que se le haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado. (vii) Que haya tenido la oportunidad de controvertir las pruebas (...).

De la misma manera, la Sala advierte que la indemnización de perjuicios a través de este mecanismo es procedente, siempre que con esta se asegure el goce efectivo de los derechos fundamentales, que son el objeto de esta acción, y además, se cumplan los requisitos anteriormente enunciados. Pero si tal reconocimiento no depende de esa prestación económica, se debe acudir a los mecanismos de defensa idóneos previstos en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, se insiste, lo planteado en esta queja no tiene asidero constitucional, menos si se tiene en cuenta que la aspiración principal es obtener el pago de un perjuicio, discusión que involucra un aspecto meramente económico que, como se ha sostenido jurisprudencialmente, es improcedente en este escenario, pues riñe con la naturaleza de la acción de tutela, máxime cuando en este caso el disfrute de los derechos fundamentales no depende del resarcimiento solicitado y la actora cuenta con los espacios idóneos y pertinentes para exigirlo, si considera tener derecho a ellos.

Recuérdese además, que no es posible que en el escenario constitucional se imponga al juez de conocimiento adoptar uno u otro criterio, o peor aún, fallar de una determinada forma, que es a lo que indebidamente se aspira con esta petición de amparo, pues ello transgrede los principios de autonomía e independencia judicial que garantizan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

Conforme con lo expuesto, para esta Sala no se presenta vulneración de las garantías previstas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo entendió la homóloga civil, toda vez que en el proceso de alimentos analizado, se observa que se respetaron los postulados que definen el debido proceso y demás garantías judiciales, en la medida que el tribunal se sujetó al escenario fáctico que le fue planteado desde el inicio, el cual abordó en torno a la dimensión jurídica que lo regulaba. Adicionalmente, con esta providencia de tutela no se le está despojando a la actora de las prerrogativas previstas en el citado instrumento convencional, pues como ha quedado indicado, esta cuenta con las herramientas del derecho interno, como puede ser a través de un proceso de responsabilidad extracontractual, para hacer valer sus peticiones, y si bien es cierto la acción de tutela está consagrada para la protección de derechos fundamentales, su procedencia se encuentra condicionada a la no existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, como lo prevé el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que como se ha indicado anteriormente, no han sido utilizados por quien acudió a este mecanismo excepcional.

Ahora, frente a los derechos planteados por la accionante presuntamente conculcados, la Sala advierte que el tribunal atacado, actuó conforme a los mandatos legales sin descuidar las normas, presupuestos normativos y jurisprudenciales como la protección constitucional; precísese que la negativa a otorgar tales alimentos, no conlleva, per se, una vulneración a los derechos a la no discriminación o violencia intrafamiliar por parte de la autoridad accionada, pues son derechos que no pueden estimarse conculcados por dicha actuación.

En conclusión, verificado que el trámite del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico que promovió la actora, fue respetuoso de las garantías fundamentales, decidiéndose el asunto conforme a lo planteado en la demanda y advirtiéndose que la conclusión se ajustó al criterio jurisprudencial sobre lo concerniente al otorgamiento de los alimentos, es dable predicar que tal actuación no puede ser considerada como arbitraria de la autoridad judicial, sin que la circunstancia de no haber adoptado una indemnización a favor de la accionante, que, se insiste, solamente pidió a través de esta acción de tutela y que enarboló en torno a las fuentes obligacionales del derecho de alimentos, lo que la propia Sala de Casación Civil estimó inviable desde el punto de vista constitucional y legal, pueda entonces catalogarse como una transgresión de derechos de rango constitucional o supraconstitucional.

Es significativo y necesario puntualizar que para esta Sala de la Corte no pasa desapercibido el componente social frente a la protección de la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y, en esa medida, no es ajena a la problemática de la violencia ejercida al interior de la familia contra los niños y las mujeres, siendo la familia el fundamento de la construcción de la sociedad y de la democracia, ni desconoce que los jueces naturales concluyeron que hubo un maltrato y un incumplimiento grave de deberes y obligaciones por parte del señor V.A.M. contra la promotora como fue declarado por los jueces de instancia; sin embargo, esta situación no impide que se adelante el trámite correspondiente para solicitar, discutir y definir un asunto, sobre el cual, jamás se puso en movimiento el aparato judicial en sede ordinaria.

Por último, es claro que la accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, “a no ser discriminada por razones de género, ni víctima de violencia contra la mujer e intrafamiliar”, con apoyo de la Convención Belém do Pará; debe esta Sala precisar que como se dijo arriba, tal documento internacional tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo cual, está garantizado a través de los mecanismos de defensa judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico interno, que garantizan y desarrollan los compromisos adquiridos en tales instrumentos, y al no ser utilizados, impiden la intervención del juez constitucional, como se ha indicado a lo largo de todo el análisis precedente, a través del proceso ordinario, que es el medio idóneo para buscar su fin, el cual es el resarcimiento de perjuicios a través de una indemnización.

Así las cosas, son suficientes las anteriores consideraciones para negar el amparo invocado, circunstancia que impone revocar el fallo impugnado.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo impugnado y, en consecuencia, se NIEGA la tutela solicitada, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa.

2. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.