Sentencia STL18246 de noviembre 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga 

STL18246-2017

Radicación 76223

Acta 40

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

La Constitución Política de 1991 incorporó, dentro de los principios fundamentales que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” y a partir de allí se desarrollaron sus fines esenciales, pero además los derechos y los deberes de los ciudadanos que la integran.

Es con fundamento en ello que se deriva que, en el marco de una democracia participativa sea deber de las y los ciudadanos la conformación, el ejercicio y el control del poder político (art. 40 C. Nal) y en ese sentido es que se impone, entre otros, hacer parte de las elecciones y de todas las formas de participación democrática.

Esa doble connotación de la ciudadanía y de los derechos que de ella emanan, no solo co
mo posibilidad de reclamar las garantías, sino también de asignar deberes y responsabilidades, es la que genera que, en el evento de los certámenes de elección, todas las personas, mayores de edad, puedan ser designados como jurados, como una de las facetas de la democracia e incluso está prevista la posibilidad de ser relevado de tal designación siempre que medien circunstancias relevantes, que además se encuentran taxativamente señaladas en el Código Electoral.

Ahora bien la convocatoria a ser jurado de votación no implica, como lo señaló el tribunal, que la notificación deba hacerse personal, sino que se haga visible y que se demuestre que, en efecto, quien ha sido convocado y que cualquier persona pudo haber conocido de tal información, esto por cuanto si bien se trata de un acto administrativo de carácter particular y concreto, tiene una calidad sui generis en la medida en que está integrado por un número significativo de personas.

Precisamente, el artículo que lo reglamenta, esto es el artículo 105 del Código Electoral la Corte Constitucional, fue declarado exequible de manera condicionada, para indicar que «el concepto lugar público se refiere a aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional» y en ese sentido se trata de una excepción a la regla general de que los actos particulares y concretos deban comunicarse personalmente.

Así en la referida determinación CC C-620/2004 tal circunstancia así se explica:

El nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales. En consecuencia, el acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, tiene el carácter de particular y concreto. Lo anterior, debido a que dicho acto establece unos deberes claros y específicos en materia electoral, en cabeza de ciudadanos perfectamente individualizados y determinados. En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación. Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, puede afirmarse que es “un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas”.

(...).

El acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, es un acto administrativo de carácter particular y concreto sui generis; que aunque está dirigido a una multiplicidad de ciudadanos; están estos perfectamente individualizados y especificados. Por consiguiente, el proceso de notificación es excepcional en comparación con el proceso de notificación personal, típico de este tipo de actos. Así las cosas, encuentra esta Corte que el mecanismo de fijación o publicación de las listas, es proporcional y razonable, en punto de la cantidad de receptores que dicho acto administrativo tiene. Lo antecedente, apareja de suyo la constitucionalidad del mecanismo de notificación. No obstante lo aludido, esta Corporación condicionará la exequibilidad del aparte demandado del artículo que consagra “y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva” en el entendido que el concepto lugar público se refiere a aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.

En ese sentido, en lo que atañe a la ausencia de notificación personal como jurado de votación no sería posible decir que su convocatoria la requería, en cambio a juicio de la Sala aquella debía realizarse posteriormente, para allí establecerse si, efectivamente, la accionante fue vinculada al certamen democrático, cuáles fueron las actas de reemplazo de los jurados de votación que se designaron para ese día, qué tipo de actividad se realizó luego de tal circunstancia, para adelantar la sanción administrativa, pues si bien el hecho de la vinculación para participar en las mesas de votación no debía adelantarse con comunicación personal, ello mismo no puede predicarse del procedimiento administrativo que, a raíz de esos hechos se le efectuó, en el que, quedó advertido, no fue vinculada ni siquiera para dar cuenta sobre, por ejemplo, eventuales circunstancias que la hubiesen podido exonerar de la multa, como la de grave enfermedad del jurado, de su cónyuge, madre, padre o hijo, la muerte de alguno de ellos en los 3 días anteriores, no ser residente del lugar donde fue designado, ser menor de 18 años o mayor de 60 o haberse inscrito y votar en otro municipio.

Aunque para esta Corte, al no haberse demostrado su vinculación al procedimiento que culminó con la sanción, lo que procedía era su anulación íntegra para, en cambio, disponer que se adelante con pleno cumplimiento de las garantías constitucionales, lo cierto es que al no ser impugnada tal determinación por la interesada no pueda hacerse más gravosa la circunstancia de la entidad y por ello se confirmará.

V. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Confirmar el fallo impugnado.

Segundo. Enterar de esta decisión a los interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Cuarto. Notifíquese y cúmplase».