Sentencia STL2203-2017/46120 de febrero 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL2203-2017

Rad.: 46120

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 5

Bogotá, D. C., quince de febrero de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por José Nicolás Crespo de la Cruz contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.

I. Antecedentes

El accionante instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, fundamentando su petición en los siguientes hechos:

Que el 23 de octubre de 2008, el Instituto de Seguros Sociales, lo valoró y determinó una pérdida de capacidad laboral del 41.08%, con el diagnóstico de “síndrome de bajo gasto secundario a bradicardia extrema más lesión nervio axilar izquierdo”.

Que el 19 de febrero de 2009, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 42.68% y “de fecha incapacidad permanente parcial 18 de septiembre del año 2008, con el mismo diagnóstico”; que el 27 de octubre de la misma anualidad, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, lo valoró con idénticos resultados.

Que el 22 de febrero de 2011, el señor Crespo de la Cruz presentó ante el ISS, hoy Colpensiones, la solicitud de pago de incapacidades; que el 7 de octubre del mismo año, radicó derecho de petición ante dicha entidad, con el fin de que le cancelaran su incapacidad permanente parcial desde la fecha otorgada por la Junta Regional de Calificación; que el citado día también pidió el pago de las incapacidades a la Nueva EPS.

Que el 11 de abril de 2011, la Nueva EPS le envió certificación de las incapacidades que datan desde “el 24 de junio de 2008 hasta el 6 de noviembre de 2009, para un total de 418 días”; asimismo, adujo que tenía “incapacidad continua desde el 18 de septiembre de 2008, valorado por la AFP-ISS, ahora Colpensiones, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación, respectivamente”, y que también tiene “certificación de incapacidad permanente expedida por Colpensiones desde el 23 de octubre de 2008 y según el diagnóstico 6580”.

Que el 29 de junio de 2012, recibió de la Vicepresidencia de Pensiones de Medicina Laboral del ISS, “a través del dictamen n.º 4124, certificación de pérdida de capacidad laboral, con un porcentaje de 51.32 % con fecha de estructuración a partir de 14 de noviembre de 2011”.

Que el 22 de agosto de 2012, solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez ante la Administradora Colombiana de Pensiones con radicado n.º 132315; que dicha entidad por Resolución GNR 107746 del 24 de mayo de 2013, le otorgó la pensión y “relacionó el tiempo de prestación de servicios por la parte demandante hasta el 15 de septiembre de 2010”; que Colpensiones “solo le liquidó el pago de las mesadas pensionales a partir del 14 de noviembre de 2011, y no tuvo en cuenta el período de incapacidad permanente certificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez”.

Que presentó demanda ordinaria laboral contra Colpensiones y la Nueva EPS, con el fin de que se declarara que “la Nueva EPS le cancelara el valor correspondiente de las incapacidades certificadas, desde el 24 de junio de 2008 hasta el 24 de diciembre del mismo año, por 180 días y que Colpensiones le debía pagar el valor correspondiente a la incapacidad parcial permanente desde el día 181 del 25 de diciembre de 2008, hasta el 14 de noviembre de 2011, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral”; asimismo, pidió que “las empresas demandadas debían pagarle […] los intereses moratorios desde la fecha de causación hasta la fecha de la cancelación total de las mismas, todo debidamente indexado […]”.

Que el asunto le correspondió al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que por sentencia del 18 de marzo de 2015, “condenó a la Nueva EPS a cancelarle la suma de $5.821.259,08 por los 180 días y a Colpensiones $7.817.500 por 265 días, sumas que debían ser indexadas al momento de su pago”, y aclaró que “el reconocimiento de la indexación excluía los intereses moratorios, reclamación que tampoco tenía fundamento jurídico”.

Que la parte demandada apeló y el Tribunal Superior de la referida ciudad, por pronunciamiento del 5 de julio de 2016, revocó la decisión del a quo, al declarar “la prescripción del reconocimiento de las incapacidades”.

Que en su sentir, con el simple reclamo ante las entidades, interrumpió la prescripción, pues “la fecha de su primera incapacidad fue el día 24 de junio de 2008, y el dictamen expedido por la Vicepresidencia de Pensiones de Medicina Laboral del ISS, fue el día 17 del mes de julio de 2012, cuando el fondo de pensiones le califica la pérdida de capacidad laboral del 51.32%, por la enfermedad Síndrome de bajo gasto secundario, bradicardia extrema, implantación de marcapaso definitivo normofuncionante, lesión nervio axilar izquierdo/QX lesión menisacal rodilla derecha, evidenciando con esto, que se encontraba en un estado de incapacidad, lo que le imposibilitaba realizar con anterioridad trámites de reclamo de pago de incapacidades”.

Que el 1º de septiembre de 2016, fue sometido a una intervención quirúrgica para ajustarle el marcapasos, por lo que a la fecha “se ha encontrado en reposo absoluto […], continuando con su pensión de invalidez, lo que le hacía imposible salir de su vivienda a realizar trámites con el fin de otorgar poder para impetrar la acción de tutela”.

Por lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia pidió revocar la sentencia del 5 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla y se le ordene confirmar la decisión de fecha 18 de marzo de 2015, emitida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de la referida ciudad.

Mediante auto del 7 de febrero de 2016, esta Sala avocó conocimiento y ordenó comunicar a la autoridad judicial accionada, así como a los demás intervinientes dentro del proceso cuestionado para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja.

La Magistrada Ponente del Tribunal Superior de Barranquilla pidió declarar improcedente el amparo instaurado por no existir vulneración a los derechos fundamentales reclamados, toda vez que la decisión adoptada “se ajustó a la realidad probatoria obrante en el expediente, y atendiendo las normas legales que rigen la materia, y los precedentes sobre el tema a decidir, entre ellas la providencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Radicación 37.251 del 7 de febrero de 2012, […], sobre el término y suspensión de la prescripción en materia laboral, que para el caso del accionante se contabilizó desde el momento en que se hizo exigible la obligación […] hasta el momento en que se efectuó la respectiva reclamación, momento en el cual operó la suspensión del término hasta que le fue resuelta y reanudándose nuevamente hasta el momento en que presentó la demanda ordinaria laboral, momento en que ya se habían cumplido en demasía el término trienal de prescripción para el cobro de los auxilios por las incapacidades”.

El Juez Décimo Laboral del Circuito de la referida ciudad, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas por su despacho, indicó que “ha obrado con la diligencia que corresponde, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo con el que cuenta, y que de hecho todas las actuaciones se enmarcan a las normas sustanciales y procesales del caso que además de han practicado oportuna y diligentemente respetando el debido proceso del accionante, […]”, por lo que solicita “sobreseer el amparo solicitado, toda vez que no existe vulneración al debido proceso atribuible a esta agencia judicial”; asimismo, remitió el expediente del proceso cuestionado, en calidad de préstamo.

La apoderada judicial del accionante, allegó copia del CD correspondiente a la audiencia de segunda instancia, efectuada ante el juez colegiado accionado.

II. Consideraciones

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, se estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a las autoridades judiciales en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.

Al respecto, esta Sala ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales.

Establecido lo anterior, debe señalarse que en el presente asunto, el señor José Nicolás Crespo de la Cruz indica que la vulneración de sus derechos fundamentales derivó de la sentencia que profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el 5 de julio de 2016, pues, en su criterio, el análisis de la excepción de prescripción que efectuó el tribunal, en el citado proveído, no fue compatible con las normas sustantivas y procesales que regulan dicho medio extintivo de las obligaciones, dado que con el simple reclamo ante las entidades, interrumpió la ocurrencia de dicha situación.

Ahora bien, una vez escuchado el audio del fallo de segunda instancia, se aprecia que el juez colegiado revocó el fallo del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, al estimar que analizada la prueba documental obrante al expediente, como las incapacidades laborales, los diagnósticos médicos, la solicitud para el pago de dichas incapacidades elevada ante el ISS, hoy Colpensiones, el 22 de febrero de 2011 y su respuesta negativa el 27 de octubre de 2011, así como la reclamación presentada a la Nueva EPS y su contestación respectiva, donde se le indicó que “al 28 de enero de 2009 presentó 180 días continuos de incapacidad como consecuencia del diagnóstico G-580 y que a partir del día 181 su reconocimiento era responsabilidad del fondo de pensiones al que estaba afiliado”, se podía constatar que el actor “frente a la enfermedad que se le diagnosticó de origen común, se le otorgaron varias incapacidades a partir del 24 de junio de 2008, las que se vinieron prorrogando hasta el 6 de noviembre de 2009”, lo que permitía concluir que “el pago está a cargo de la EPS dentro de los primeros 180 días, pero a partir del cuarto día de la incapacidad así: desde el 27 de junio de 2008 hasta el 28 de enero de 2009 y las que corrieron desde el día 181, es decir desde el 29 de enero de 2009 al 6 de noviembre de 2009, estarían a cargo del Fondo de Pensiones al que se encontraba afiliado el demandante, como lo era el Seguro Social, hoy Colpensiones”.

Luego, advirtió que respecto a la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, debía recalcarse que aunque “las preceptivas sobre el sistema de seguridad social en salud que cubren los riesgos de enfermedad general y maternidad no contemplan un término de prescripción […], si lo contempla el sistema general de riesgos profesionales en el artículo 18 de la Ley 776 de 2002, que para recordarlo es un término prescriptivo de un (1) año […]”, pero señaló que en este caso, como lo solicitado “son auxilios por incapacidad laboral generado por enfermedad de origen común, debe aplicarse la prescripción común de tres (3) años que aparece reglada en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, pero que es susceptible de suspensión por una sola vez, mientras se agota el reclamo gubernativo ante las entidades públicas”.

Por último, indicó que “como lo que se reclama por parte del actor, […] es el pago de unas incapacidades temporales con fundamento en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, se debe establecer si transcurrieron tres (3) años desde que se expidieron o se hicieron exigibles hasta cuando se reclamaron”, por lo que consideró que las concernientes a los primeros 180 días, es decir las que se expidieron “entre el 27 de junio de 2008 al 28 de enero de 2009, […] como el demandante solo le reclamó a la Nueva EPS, el día 7 de octubre de 2011, operó la suspensión del término hasta que este le fue respondido por escrito del 18 de octubre de la misma anualidad, conforme lo viene adoctrinando la Sala de Casación Laboral en la sentencia del 7 de febrero de 2012, en el radicado 37251, […], término que se reanudó por lo que cuando se presentó la demanda, el 15 de octubre de 2013, ya se había cumplido en demasía el término trienal de prescripción para el cobro de los auxilios por incapacidades que estaban a cargo de la EPS”, y frente al pago de las incapacidades que estaban a cargo del Fondo de Pensiones, es decir, “las expedidas del 29 de enero al 6 de noviembre de 2009, al haberlas reclamado el 22 de febrero de 2011 al ISS”, y haber emitido respuesta éste el 27 de octubre de 2011, se encuentra que “los tres (3) años contabilizados desde la presentación de la demanda hacía atrás, se cumplieron el 10 de febrero de 2010, por lo tanto también se encuentran afectados de prescripción los auxilios por incapacidad temporal a cargo de esta demandada, […]”.

Así las cosas, al analizarse la anterior decisión, esta Corte observa que el procedimiento que empleó la autoridad judicial accionada, para concluir que las incapacidades reclamadas se encontraban cobijadas por el fenómeno de la prescripción, fue el siguiente: primero, determinó respecto de las concernientes a los primeros 180 días que el señor Crespo de la Cruz solo le reclamó a la Nueva EPS, el 7 de octubre de 2011, operando la suspensión del término “hasta que este le fue respondido por escrito el 18 de octubre de 2011”, y dando aplicación a la sentencia Rad. 37251 de 7 feb. 2012, proferida por esta corporación, estableció que al presentarse la demanda el 15 de octubre de 2013, “ya se había cumplido en demasía el término trienal de prescripción para el cobro de los auxilios por incapacidades que estaban a cargo de la EPS”; y segundo, frente al pago de las incapacidades que estaban a cargo del Fondo de Pensiones, indicó que como fueron reclamadas ante el ISS el 22 de febrero de 2011 y dicha entidad emitió respuesta el 27 de octubre de la misma anualidad, se podía deducir que “los tres (3) años contabilizados desde la presentación de la demanda hacía atrás, se cumplieron el 10 de febrero de 2010”.

En el anterior orden de ideas, para esta Corte es claro que la decisión del Tribunal no fue compatible con el contenido literal del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que interpretada sistemáticamente con los artículos 151 ibídem y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, conduce sin equívocos a la conclusión de que la reclamación presentada por el trabajador, interrumpe la prescripción, y esta comienza a contarse de nuevo a partir del reclamo, por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente, es decir, nuevamente por tres años.

Igualmente, es evidente que la autoridad judicial accionada, al apoyar la decisión referida en la sentencia Rad. 37251 de 2012, proferida por este cuerpo colegiado, pasó por alto que la postura contenida en dicho fallo fue recogida de tiempo atrás por esta Sala, dando paso a numerosos pronunciamientos en los que se ha señalado que el entendimiento que debe darse al artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, es justamente el que emana de su tenor literal, esto es, que la reclamación que presente el trabajador, con miras a obtener el reconocimiento de sus acreencias laborales, interrumpe el término de prescripción por una sola vez, caso en el cual, una vez finalizada la interrupción, dicho término comienza a contarse nuevamente por un lapso igual al inicial, equivalente a tres años.

Así se dijo, entre otras, en la Sentencia SL17165-2015:

Empero, el planteamiento de la censura es equivocado, pues tanto el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo como el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que señalan el plazo general de tres años para la extinción de las obligaciones y acciones laborales, señalan que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho determinado, interrumpe la prescripción, pero por una sola vez, plazo que empezará a contarse de nuevo, sin que sea posible interrumpir ese plazo por varias veces, en tanto, como ya quedó dicho, los citados preceptos permiten la interrupción de la prescripción por una sola vez, tenor literal que no admite interpretación distinta ni mucho menos como la planteada por la acusación. Desde luego, no debe olvidarse que de conformidad con el artículo 6º del estatuto adjetivo laboral que regula la reclamación administrativa –consistente en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que se pretenda– en las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, mientras esté pendiente el agotamiento de dicha reclamación, el término de prescripción queda suspendido, de manera que la reanudación del término de prescripción se da desde el momento en el que se produzca efectivamente la respuesta de la administración., o cuando el interesado, transcurrido un mes después de presentada, decide no esperar la respuesta y opta por la acción judicial, disposición que cabalmente también observó el tribunal, como lo detalló en su sentencia en la manera como a continuación se resume:

La demandante, el 24 de octubre de 2003, reclamó al ISS el retroactivo pensional del período comprendido entre enero y julio de 2003, momento desde el cual el término de la prescripción quedó interrumpido e igualmente suspendido. El ISS, el 27 de abril de 2005 dio respuesta a esa petición y a otra que en igual sentido presentó la demandante el 14 de febrero de 2005 -que debe considerarse inocua-. A partir del día siguiente a esa respuesta, terminó la suspensión de la prescripción y comenzó a correr un nuevo término de tres años, el que de consiguiente venció el 28 de abril de 2008(Subrayado fuera del texto original).

Y también en la sentencia SL13000-2015, en la que se puntualizó:

En efecto, de acuerdo con el art. 6º del CPT y SS, la reclamación administrativa del derecho presentada ante entidades de la administración pública, suspende el término de prescripción hasta (i) cuando se decida la petición, o (ii) cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta.

En cuanto a esta última hipótesis, incorporada por la L. 712/2001, debe clarificarse que fue declarada exequible condicionadamente por la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2006, en el entendido que “el agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si decide esperar la respuesta de la administración, la contabilización del término de prescripción solo se hará a partir del momento en el que la respuesta efectivamente se produzca”. De suerte que, hoy por hoy, un adecuado entendimiento del art. 6° del CPT y SS, debe necesariamente contemplar el hecho de que hasta tanto no se emita y notifique la respuesta a la reclamación, el término prescriptivo permanece suspendido.

Siendo esto así, en el sub examine la demanda fue promovida dentro del plazo de los tres años siguientes a la fecha de agotamiento de la reclamación administrativa, por cuanto si bien la solicitud del derecho se presentó el 22 de agosto de 2005, lo cierto es que la respuesta vino a producirse el 30 de diciembre de 2005 y notificarse hasta el 26 de enero de 2006 (fl. 130), motivo por el cual, debe entenderse que el término prescriptivo resurgió nuevamente el 27 de enero de 2006, y con él, la posibilidad del trabajador de accionar ante los jueces del trabajo dentro de los tres años siguientes a esta última calenda, como efectivamente ocurrió (subrayado fuera del texto original).

En las condiciones anotadas, resulta manifiesto que la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, de negar el reconocimiento y pago de las incapacidades reclamadas por el aquí accionante, al amparo de la supuesta prescripción de las mismas, vulneró los derechos fundamentales que fueron invocados, pues se trató de una decisión que no consultó el ordenamiento jurídico vigente relacionado con la prescripción como medio extintivo de las obligaciones, como tampoco las decisiones de esta Corte, en las que como máximo órgano encargado por la Constitución Política, de unificar la jurisprudencia en materia laboral, ha interpretado el alcance de dichas disposiciones.

En ese orden, se concluye que la intervención del juez constitucional, en este puntual asunto, se encuentra justificada, como también la adopción de medidas urgentes de su parte, dirigidas a restablecer las prerrogativas fundamentales del señor José Nicolás Crespo de la Cruz. Por ello, esta Sala, en su condición de tal, dejará sin valor legal ni efecto alguno la sentencia proferida por la corporación accionada, el 5 de julio de 2016 y, en su lugar, le ordenará a dicha autoridad que profiera una decisión de reemplazo, en la que tenga en cuenta los razonamientos expresados en esta providencia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el amparo solicitado en la presente acción de tutela por el señor José Nicolás Crespo de la Cruz contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.

2. ORDENAR al respectivo juez colegiado que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, deje sin efecto la providencia del 5 de julio de 2016, y emita un nuevo pronunciamiento en reemplazo de la mencionada, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo.

3. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

5. DEVOLVER al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, el expediente del proceso ordinario laboral rad. 2013-00467 que fue remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.