Sentencia STL22065-2017/77133 de diciembre 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

STL22065-2017

Rad.: 77133

Magistrada Ponente:

Dr. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta no. 46

Bogotá, D. C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por B... C... B... en representación de su hija menor XXX contra el fallo proferido el 24 de octubre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela que adelanta la recurrente contra la Secretaría Distrital de esta ciudad, el Colegio Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza y la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral - ABC Prodein, trámite al cual fueron vinculadas Y... Á... y L... A... F... R... en calidad de rectora y profesora de dicha institución educativa, la Nación - Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la EPS Unicajas Confacumdi.

Se acepta el impedimento manifestado por el magistrado doctor F... C... C..., por encontrarse incurso en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se encuentra vinculada la Procuraduría General de la Nación.

I. Antecedentes

B... C... B... en representación de su menor hija instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, integridad física, igualdad, salud y vida, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

En lo que interesa al presente trámite constitucional, refirió la promotora que desde el año 2014 su hija se encuentra matriculada en el Colegio Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza, y que actualmente, tiene 8 años de edad y cursa grado tercero B, que se encuentra a cargo de la docente L... A... F...

Manifestó que su hija ha sido víctima de “maltrato, agresión, acoso, matoneo y bullying (sic)” por parte de su profesora, compañeras de clase y la rectora de la institución, escenario que aseguró, se ha visto agravado ante la queja que presentó en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, puesto que la “ridiculizan delante de las demás compañeras [y] la maltratan”, situación que ha trascendido a sus notas académicas, en comparación a las demás estudiantes.

Sostuvo la accionante que también se ha visto afectada, dado que la rectora “la [ha] ridiculizado” en la junta de padres de familia, por las denuncias que ha presentado.

Agregó que dicha situación la puso en conocimiento del ICBF y de la Secretaría de Educación Distrital, pero no ha obtenido respuesta al respecto, y que el 24 de julio de 2017 su hija ingresó por urgencias al Hospital de Meissen por el “maltrato psicológico, emocional, espiritual y moral”, que “ha recibido (…) dentro del salón”.

Añadió la promotora que el 13 de septiembre de 2017, acordó con las directivas del plantel educativo que “su hija tuviera una terminación de su calendario académico de forma anticipada”.

Acudió entonces al presente mecanismo de amparo constitucional para que se protejan sus derechos fundamentales invocados y, para su efectividad, solicitó se ordene al Colegio Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza que realice “una retractación y (…) disculpa pública”; que efectúe una reunión con las compañeras de estudio, la Secretaría de Educación, la Personería Distrital y el ICBF, “donde las niñas [le] den un abrazo especial a su hija”; que le entreguen el paz y salvo correspondiente al año 2017, con el fin de que pueda matricularla en otro plantel educativo, y que se conmine a las entidades convocadas para que implementen las medidas necesarias para evitar este tipo de comportamientos.

Así mismo, pidió como medida provisional que se ordene la valoración de su hija por un especialista en psicología y sociología.

II. Trámite y decisión de instancia

Mediante proveído de 12 de octubre de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades censuradas y vinculó a Y... Á... y L... A... F... R... en calidad de rectora y profesora del plantel educativo Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la EPS Unicajas Confacumdi, con el fin de que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.

Dentro del término concedido, la Personería de Bogotá señaló que ha desplegado las actuaciones administrativas en el marco de su competencia, en tanto efectuó los requerimientos pertinentes conforme lo expuesto en la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013.

La Defensoría del Pueblo solicitó su desvinculación del presente trámite ius fundamental, pues asegura que al revisar su base de datos, evidencia que la convocante no ha presentado solicitud alguna.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF informó la apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos, dentro del cual remitió a la menor a la ONG Psicorehabilitar con el propósito de adelantar la valoración psicológica y psiquiátrica, si a ello hubiere lugar, con la finalidad de conjurar las situaciones que hayan podido afectar a la menor.

Por otra parte, adujo que si bien el 20 de septiembre de 2017 requirió a la institución educativa y a la Secretaría de Educación Distrital para que brindaran información frente a las quejas presentadas por la petente, lo cierto es que no ha recibido respuesta alguna.

La Nación - Ministerio de Educación Nacional refirió que no ha vulnerado las prerrogativas fundamentales de la tutelante, puesto que las quejas relacionadas con la convivencia escolar deben ser resueltas por la Secretaría de Educación Distrital.

A la par, Y... Á... y L... A... F... R... solicitan denegar el amparo, pues afirman que no han incurrido en las conductas que les endilga B... C... Barón y refieren que las acusaciones presentadas son “calumnias” en su contra.

La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá aclaró que no es la llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que la institución educativa convocada es de naturaleza privada, razón por la cual es un plantel escolar autónomo en sus decisiones y, por tanto, es este quien se encuentra llamado a responder por los hechos descritos en la presente acción de tutela.

La Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral - ABC Prodein indicó que no ha conculcado derecho alguno, puesto que adelantaron las actuaciones pertinentes para atender el requerimiento efectuado por la accionante.

Agregó que las manifestaciones realizadas por la convocante no son ciertas, dado que la menor aquí implicada, pese a que es buena estudiante, presenta inconvenientes de convivencia, en tanto tiene comportamientos agresivos con sus compañeras.

La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación, toda vez que la actora no ha formulado petición relacionada con los hechos que se exponen al interior del proceso.

Surtido el trámite de rigor, la Sala de conocimiento de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 24 de octubre de 2017 negó el amparo deprecado, al considerar:

(…) i) no quedó acreditado en debida forma los actos propios que encierra el denominado concepto de Bullying o matoneo de conformidad con la Observación General Nº 13, acerca al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, alude a los alcances del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, materializada está (sic) en una agresión repetida y sistemática que hubiese ejercido la docente –F… R…–, rectora –Y... Á...–, y niñas del grupo 3B sobre la presunta víctima hija de la accionante la menor K... L… T… C..., comoquiera que no existió dentro del acervo probatorio valorado en conjunto indicio alguno de secuelas por violencia física o psicológica que hubiese padecido la menor.

ii) pues si bien es cierto de las pruebas allegadas por la accionante, como lo fuera la epicrisis de la menor específicamente de la incapacidad médica a ella concedida, donde se demostró los 7 días brindados a ella por este concepto, también lo es que no se avizora que exista un nexo causal entre el resultado de su estado de salud –psicológico o físico– valorado en la historia clínica materializado con la incapacidad y, las presuntas conductas de acoso escolar por los actores referidos en precedencia.

iii) menos aún se verificó trato discriminatorio alguno o, de desigualdad alegada por la accionante en contra de su hija menor de edad, registrada estas presuntas conductas en los supuestos de hecho de cara a las calificaciones parcializadas por parte de la docente F… R…, toda vez que la promotora omitió allegar los cuadernos de la menor K... L... T... C..., para efectuar el cuadro comparativo con los cuadernos de las niñas de 3B solicitados por ella y decretados en esta instancia judicial como prueba para efectos de comprobar los indicios de la presunta persecución de la aludida profesora, lo cual brilló por su ausencia.

iv) entre otros documentos allegados por la gestora se encuentran las diferentes solicitudes radicadas tanto al colegio como a la Personería de Bogotá, ICBF y Secretaria de Educación Distrital, respecto de las cuales se haya respuesta a todos sus requerimientos.

v) luego, los documentos en mención carecen de valor suasorio en punto a la concurrencia de los requisitos para que se configure el acoso escolar o bullying alegado en el escrito de tutela, conforme a la jurisprudencia precedentemente referida.

vi) por lo contrario, quedó acreditado por la convocada ABC Prodein -Colegio Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza, toda ausencia de maltratos, agresiones, acoso, matoneo o bullying por parte de la rectora, docente y compañeras de estudio, puesto que de haber acaecido esta situación en particular de tal manera, sin lugar a dubitación alguna la condición académica de la menor sería desfavorable, pues nadie en un presunto estado de violencia materializado en una agresión repetitiva y sistemática, pueda alcanzar un óptimo desempeño académico, como en efecto acaece con la menor XXX quien se encuentra en estado de aprobación de asignaturas, siendo reconocida positivamente dentro del curso para obtener los resultados reflejados los boletines y planillas de notas tanto del primer como segundo periodo académico del curso 3B, a pesar de presentar la menor dificultades en el ámbito de convivencia con sus compañeras de estudio, como así da cuenta las anotaciones registradas en el observador estudiantil.

vii) con relación a los solicitudes elevadas ante la Personería de Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital y el ICBF, de conformidad con las pruebas allegadas por esta, se tiene que estas han ofrecido respuestas a cada uno de los requerimientos efectuados por la accionante, por tanto, no se configura vulneración a derecho fundamental alguna respecto de lo pretendido por la actora de la presente acción.

viii) aunado a lo brevemente expuesto, y de conformidad con la jurisprudencia del órgano de cierre constitucional en punto al hecho superado por la acción del Colegio obligado, se halla superada la presunta afectación de los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela, con la celebración del convenio registrado en el acta que de consuno suscribieron las partes el 13 de septiembre de 2017, concerniente a la terminación anticipada del calendario escolar que así fuera aceptado por la misma promotora tanto en las pretensiones y fundamentos fácticos del libelo introductorio (…).

III. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la accionante la impugna e insiste que se vulneran los derechos fundamentales de su hija, pues afirma que las situaciones de “agresión, acoso, intimidación escolar, bulling (sic) que padeció (…) a lo largo del año escolar”, le causaron a la menor perjuicios materiales y psicológicos, lo cuales quedaron demostrados en el plenario.

IV. Trámite previo

La Sala consideró necesario establecer comunicación telefónica con la accionante para que informara si su hija culminó su año lectivo, fue promocionada al año siguiente y si se encuentra matriculada en alguna institución educativa para cursar el grado cuarto de básica primaria. Esto, con el fin de determinar si se mantenía en el tiempo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Frente a ello, B... C... Barón indicó que del 27 de septiembre al 27 de octubre del año en curso, la menor tomó clases personalizadas dictadas por una docente a quien el colegio accionado designó, los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 1:30 a 2:45 p.m.; que tuvo que adelantar por su cuenta el estudio de varios temas que no se alcanzaron a verificar en esas jornadas; que la niña fue promovida al grado 4º; que no asistió a la clausura anual, y que, a la fecha, no ha logrado obtener cupo en alguna institución educativa donde aquella pueda continuar con su formación académica.

En virtud de lo anterior, también se observó la necesidad de comunicarse, vía telefónica, con la rectora del plantel, quien informó que la clausura de los cursos de primaria fue el 20 de noviembre de este año; que la menor fue promovida al grado 4º y no asistió a la clausura; que las actividades curriculares culminan el próximo 15 de diciembre; que el siguiente año lectivo tendrá inicio el 1º de febrero de 2018, y que la madre de la menor optó por no renovar la matrícula para dicho periodo.

V. Consideraciones

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir ante la judicatura en procura de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impida o suspenda el acto de lesión o amenaza.

Ahora bien, el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás y, frente a aquellos, el estado, la sociedad y la familia, tienen el deber de asistirlos y protegerlos a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, dentro de los cuales dicha norma reseña como fundamentales, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la educación y la cultura, entre otros.

Así mismo, el artículo 67 superior dispone que la educación tiene una doble connotación, pues se trata de un derecho que tiene toda persona y a su vez un servicio público con función social, cuyo propósito implica ”el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Luego, el derecho a la educación se traduce en un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad.

En esa dirección, el Estado colombiano ha adquirido diferentes compromisos internacionales relativos al derecho a la educación, tales como los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece en su artículo 13 que los Estados partes ”reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)”.

Igualmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el derecho a la educación en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas (…)” y la Convención sobre los Derechos del Niño describe en su artículo 28 que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades”.

Así las cosas, conforme el citado artículo 67 constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la garantía del derecho fundamental a la educación está determinado por sus facetas de acceso y permanencia en el sistema educativo - C.C. T-698 de 2010, lo que significa que todo niño debe tener la posibilidad de acceder a la educación pública, básica, y gratuita a partir de la obligación que le asiste al Estado de brindarla y, de la misma forma, pueda permanecer allí sin que en ningún caso pueda ser excluido.

Ahora, recientemente y por las circunstancias de violencia generadas al interior de los planteles educativos en el desarrollo de su misión, se expidió la Ley 1620 de 2013 -mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar–, que definió el acoso escolar o bullyin, como:

Toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.

Dicha ley también estableció que el acoso escolar tiene consecuencias “sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo”.

En el mismo sentido y con el propósito de establecer mecanismos de prevención, protección, detención temprana y denuncia sobre la violencia escolar, el Decreto 1075 de 2015 prevé, entre otros, la conformación de los comités escolares de convivencia encargados de desarrollar acciones para la mitigación de aquella. Para el efecto, contempla lo siguiente:

Todas instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la Violencia El respectivo consejo directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir del 11 de 2013, para conformar el comité escolar de convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte integral del manual de convivencia.

El mismo compendio normativo, en su artículo 13 fija las funciones del comité en los siguientes términos:

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema y de la ruta.

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

Bajo las anteriores premisas, la Corte aborda el escenario puesto a su consideración a fin de determinar si se verifica la vulneración de derechos fundamentales de la menor accionante, bajo el contexto de su alegada calidad de víctima de acoso escolar o bullying.

Al respecto, y a diferencia de lo decidido por el juez de primer grado, considera la Sala que en el plenario se encuentran acreditados los actos propios que encierra dicho concepto, entre otras, por las siguientes circunstancias:

1. En el plenario obran videos de la menor –que se reitera cuenta apenas con 8 años de edad–, en los que notablemente afectada y llorando le dice a su madre que se siente triste por la situación que vive en su colegio; que no entiende por qué su profesora y sus compañeras se portan así con ella; que ella no dice mentiras; que no quiere volver a la institución e incluso que “quisiera matarse”.

En otro de los videos, posteriores a la reunión a la que más adelante se hará alusión, XXX llora y le dice a su madre “no quiero que se vaya a la cárcel porque usted es mi único apoyo” y al increparle la progenitora a qué obedece su miedo, refiere “es que la profesora va ganando la demanda y si nosotros perdemos y ella gana, usted se va para la cárcel, yo sé que es así”.

2. A diferencia de lo señalado por el juez de primer grado, en la historia clínica de la IPS Comfasalud S.A. y en la de urgencias de la Clínica de Meissen (fls. 68 a 80), los médicos que trataron a la menor incluyeron en sus reportes que el deterioro en su salud obedecía a la situación que se estaba prestando al interior del plantel educativo. Así lo consignaron en varios apartes de tales documentos:

a. Expresion (SIC) facial triste que se acentúa al interrogar sobre actividad escolar mirada evasiva habla con tono bajo casi cuchicheante. Postura encorvada.

b. Se decide solicitar valoracion (sic) por psicologia (sic) para iniciar intervención (sic) en deseo de no continuar con escuela.

c. Clasificación de la enfermedad: Problemas asociados con la educación.

d. Enfermedad actual: paciente al lado de madre quien refiere cuadro clínico de más o menos 3 meses de evolución caracterizado por llanto, se reuza (sic) a ir a la institución.

e. Durante la consulta la paciente se encuentra con estado de ánimo bajo, logra verbalizar sus pensamientos y emociones, se evidencia en la paciente miedos para asistir en el colegio. Sugerencias y recomendaciones: se sugiere sesiones con psicología para paciente donde se sugiere trabajar auto concepto y seguridad en sí mismo. Se recomienda asistir a secretaria de educación para apoyo con la institución académica.

f. Sugerencias y recomendaciones: se recomienda cambiar de jornada o de institución académica.

3. La rectora de la institución en su afán por darle fin a una situación que ella misma calificó como “estresante”, y frente a la queja presentada por la madre de la menor ante diferentes autoridades, entre ellas la Personería de Bogotá, quien mediante Oficio 2017EE717543 requirió al plantel educativo a fin de que dispusiera la ruta de atención y el desarrollo de las estrategias de asistencia destinadas a garantizar la correcta atención del caso, el día 13 de septiembre de 2017 citó a la menor y a su progenitora a una reunión en la que también participaron algunas compañeras de estudio de la niña, sus padres de familia y docentes incluida la directora del grupo 3B.

No obstante, conforme se logra verificar del audio contentivo de la reunión (fl. 227), en esa oportunidad, se desdibujaron las más elementales reglas de acercamiento entre las partes, así como las de protección de los menores involucrados.

En efecto, pese a que algunas estudiantes incluida XXX se encontraban presentes en el recinto donde se surtía la diligencia, y después de una confrontación directa entre ellas –en la que cada niña le enrostra actuaciones displicentes a la citada menor, a lo cual esta reacciona golpeando la mesa y llorando–, la rectora de la institución lanzó expresiones contra la madre de la accionante que no solo resultan agresivas, sino que claramente generaron un ambiente aún más tenso entre las niñas, al ser testigos de tales hechos.

Por citar algunos ejemplos, la directora del plantel luego de solicitarle a la accionante que se abstenga de grabar la reunión, afirmó “yo le puedo hablar así” y se encargó de resaltarle a los padres de familia asistentes que pueden demandar a B... C... por no contar con su autorización para continuar con la grabación de la diligencia; así mismo, resaltó que la situación ha generado mucho estrés en ella y en la directora de grupo, tanto que ha “dejado de hacer su trabajo”.

Igualmente, en el desarrollo de la reunión permitió sin ningún miramiento que los padres asistentes tilden a B… C… de “agresiva”, le insistan en que si no tiene dinero para adquirir los uniformes y cambiar de colegio a la niña, ellos pueden “ayudarle”, a fin de que no continúe en el plantel y comparen a XXX con sus compañeras.

Finalmente, plantearon una solución que es aceptada por la madre de la menor, consistente en que la niña recibiría clases personalizadas y en un horario diferente al de sus compañeras hasta tanto concluyera el año lectivo.

4. La decisión adoptada por el plantel accionado –referida en el numeral 3º–, aun cuando aceptada por la madre de la menor a título de “acuerdo entre las partes”, significó una verdadera desescolarización de la menor, en tanto se limitó a recibir 1 hora y 15 minutos de clase, 3 días a la semana, esto es, lo propuesto y llevado a cabo significó un traspaso repentino a niveles inferiores de formación que –sin necesidad de ser expertos en docencia–, significó una disminución en el aprendizaje de la niña.

Así, se tiene que la accionante fue relegada de su grupo escolar a un nivel educativo bajo y fue sometida a un proceso abrupto, diferente al que conocía permanentemente y significaba su homogeneidad con las demás alumnas, al punto que según afirmó su madre, tal circunstancia le generó sentimientos de culpa y tristeza.

De lo anterior, fácil es concluir que en realidad, se verificaron conductas de hostigamiento, intimidación, exclusión social y discriminación sufridas por la niña en el entorno escolar, que le han significado problemas particularmente emocionales y que, por demás, atentan contra su dignidad.

Sin duda, los menores de edad tienen derecho a que se les proteja del acoso escolar, por constituir una forma expandida de afectación de la honra y dignidad, y una conducta que impacta negativamente en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

En efecto, el núcleo esencial del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, implica el respeto absoluto por el desarrollo social e individual del ciudadano. Luego, aquel es un medio para que el individuo se integre de manera efectiva a la sociedad y se forme en valores que impongan como regla de conducta, el respeto y la tolerancia. Además, la educación es un medio para consolidar el carácter material de la igualdad, pues en la medida en que una persona tenga las mismas posibilidades educativas, podrá gozar de igualdad de oportunidades en la vida a fin de realizarse como persona.

Por esta razón, y dada la importancia que tiene este derecho para el desarrollo de los ciudadanos, la educación goza de una especial protección por parte del Estado. Esto genera obligaciones recíprocas entre los sujetos de derecho y los distintos actores que se encargan de asegurar su efectividad.

De ahí que, precisamente la ley que viene de referenciarse, estableció como uno de los principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, la corresponsabilidad, según el cual:

La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia.

En virtud de lo anterior, estima la Sala procedente la revocatoria del fallo de primer grado, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales reclamados a nombre de la menor XXX, y para conjurar tal vulneración resulta necesario precisar:

1. Frente al Colegio accionado, la rectora y directora del grado 3B, año 2017.

La petición de la accionante frente a la institución educativa se dirige a obtener que le ofrezcan a la menor excusas públicas por el trato que esta recibió al interior de la misma y, además, que sus compañeras del grado 3B (año 2017), le “den un abrazo especial”, pues asegura la convocante que aquella fue víctima de “bulling y maltrato” por parte de la directora de grupo, la rectora de la institución y las compañeras de clase, por lo que tales actuaciones “restaurarían su corazón”.

Sobre el particular, estima la Sala traer a colación el estudio denominado “Acoso u hostigamiento entre niños, niñas y adolescentes: el Bullying” realizado por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos, el 29 de octubre de 2009, en el cual se señaló que las consecuencias del acoso escolar en la salud y en el bienestar de los niños son ”devastadoras”, pues los efectos van ”desde la pérdida de la capacidad de establecer relaciones de amistad estables hasta llegar a altos grados de depresión –incluso al suicidio– o de deseo de ‘venganza’ como fórmula de escape ante la violencia sufrida”.

En esa dirección, considera la Sala que el acto de reconciliación pretendido por la accionante reviste de trascendencia, en tanto es importante para las niñas involucradas en el conflicto en la medida que no solo aprenden cómo llevarse bien con otros, sino que las conduce a interiorizar la posibilidad de reparar una relación. Es que enseñarle a los niños sobre episodios de reconciliación hará que sean más fáciles las actividades de resolución de sus problemas.

Vale decir que la vida en una cultura tan marcada por la productividad y la competencia, conlleva a que las personas no contemos con espacios propicios para expresar nuestras emociones, lo que nos priva de la posibilidad de un abrazo o unas palabras que nos humanicen. Por ello, estima la Sala que más allá de un acto de perdón hacia la menor afectada, de lo que se trata es de propender por un acto que reconcilie las diferencias y que lleve a recordar que entre las partes del conflicto se encuentran menores en pleno proceso de formación.

En tal medida, se ordenará al instituto educativo y a su rectora, que dentro de los 5 (cinco) días siguientes al inicio del periodo escolar 2018, lleve a cabo un acto de reconciliación, sincero y público con la menor XXX, la directora de grupo y las alumnas del grado 3B –año 2017–, el cual, deberá ser documentado para el archivo de la institución educativa y personal de la madre de la menor. De la realización de dicho acto, deberá informar previamente al ICBF para que a través de uno de sus delegados haga presencia en la fecha y hora programadas para tal fin.

De otra parte, para esta corporación, la actividad desplegada por la institución educativa no se acompasó con la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento. En realidad, la rectora del plantel y sus docentes no consultaron que el acuerdo propuesto a la madre de la menor fue en desmedro de su formación académica y de su ambiente sico-social, en tanto su carga horaria fue disminuida a 1 hora y 15 minutos, tres veces a la semana, aislada de sus compañeras de estudio.

Al respecto, se debe decir que la problemática del acoso escolar como fenómeno social en los centros educativos, requiere de medidas de prevención y concientización de aplicación inmediata e impostergables por tratarse de acontecimientos que atentan directamente sobre la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, máxime cuando, como es de conocimiento público, en algunos casos ha conllevado a que sus víctimas tengan alteraciones emocionales que incluso han generado desenlaces fatídicos.

Entonces, frente el desafortunado tratamiento que se le dio al caso en cuestión por parte del ente educador accionado, estima esta corporación que este como responsable de prevenir el acoso y promover la buena convivencia entre las alumnas, padres, madres, así como los equipos administrativos, docentes y directivos, tiene el deber de ofrecer programas destinados a: (i) fomentar el respeto y la protección de la dignidad humana, y (ii) a capacitar a su integrantes en el manejo de la resolución de este tipo de conflictos, como función adicional a su responsabilidad legal de promover la buena convivencia escolar y evitar cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los alumnos.

En tal sentido, se le ordenará que en el transcurso del periodo académico del año 2018, realice tres (3) de cada uno de los programas descritos, en aras de garantizar la intangibilidad mental, física, moral y espiritual de cada uno de los integrantes de la comunidad estudiantil.

2. En cuanto a la Secretaría de Educación Distrital y la Nación - Ministerio de Educación Nacional.

Como quedó visto, la accionante informó vía telefónica que, a la fecha, su menor hija XXX no se encuentra matriculada en institución educativa alguna para el año escolar 2018, debido a la falta de cupos disponibles, circunstancia que amerita la intervención del juez de tutela en aras de proteger su derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta Política, garantía que además tiene incidencia en la concreción de otros derechos tales como la dignidad humana, igualdad de oportunidades, mínimo vital y libertad de escoger profesión u oficio.

Así, tal y como lo ha explicado la Corte Constitucional, el derecho a la educación conlleva tres obligaciones: (i) respeto; (ii) protección, y (iii) cumplimiento por parte de los distintos actores del sistema educativo. Luego, el segundo de ellos implica imponer medidas a fin de evitar que la problemática que aqueja a la menor accionante –acoso escolar– le impida también la continuidad en su formación académica.

De esta manera, la Sala considera necesario ordenar a la Secretaría de Educación Distrital y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional que, en caso de que la madre opte por que su hija ingrese en una institución del orden distrital o privada, según corresponda, adelanten las actuaciones tendientes a obtener un cupo en un colegio distrital o privado –con las mismas características del ente educativo accionado–, respectivamente, y que esté ubicado en la localidad de residencia de la menor.

De otra parte, dadas sus funciones, entre otras, de inspección y vigilancia de la prestación del servicio de educación, se impondrá a los entes aquí mencionados la orden de adelantar un seguimiento documentado acerca del cumplimiento que el colegio accionado dé a las órdenes que se impartirán frente a la realización del acto de reconciliación y los programas de prevención y promoción a que se hizo referencia en el acápite precedente.

3. Respecto a la EPS Unicajas Confacumdi

Reiteradamente la Corte ha sostenido que el ser humano necesita mantener adecuados niveles de salud, no solo para sobrevivir, sino para desempeñarse apropiadamente como individuo, en familia y en sociedad, de modo que al surgir anomalías que afecten los niveles de pervivencia estable, inclusive cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una atención oportuna para no poner en peligro la dignidad humana y el paciente mantenga los derechos a la recuperación, a recibir alivio a sus dolencias y a continuar la vida en condiciones dignas.

En tal medida, la jurisprudencia que en sede constitucional ha emitido esta Sala, reiteradamente ha propendido por la protección de la vida en forma integral, con el propósito de buscar que la persona obtenga del Sistema de Seguridad Social una solución satisfactoria a sus dolencias físicas y sicológicas, que afecten su normal desarrollo en sociedad.

En consecuencia, la protección al derecho a la salud no implica únicamente el cuidado de un estado de bienestar físico o funcional, incluye también el bienestar psíquico, emocional y social de las personas, provenientes de presiones del medio social o familiar, que producen baja autoestima, aislamiento, inconformidad con la propia imagen, depresión, etc.

Ahora bien, además de las normas constitucionales y legales que propenden por la adecuada prestación del servicio de salud y la protección preferente de los niños, niñas y adolescentes, el legislador, en el artículo 33 de la citada Ley 1620 de 2013, estableció:

Atención en salud mental. La atención en salud mental a los niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud*, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (*Entiéndase plan de beneficios).

Así las cosas, comoquiera que dentro del plenario está debidamente acreditado que los médicos tratantes de XXX recomendaron el inicio de un tratamiento psicológico, cuya puesta en marcha no se probó debidamente en este accionamiento, se ordenará a la EPS Unicajas Confacumdi que, a través de la IPS que corresponda y dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a iniciar el tratamiento psicológico ordenado, cuya continuidad deberá ejecutarse de forma oportuna, integral y efectiva.

4. En cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Tal como consta en el plenario a folios 116 a 118, el ICBF, una vez enterado de la situación presentada al interior del colegio accionado, a través de auto de apertura de investigación de fecha 6 de octubre de 2017, ordenó como medida provisional el restablecimiento de derechos a favor de la menor XXX, en desarrollo de su función de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que son agredidos en situaciones de acoso escolar, así como a los que son agresores y a sus familias.

Tal determinación consulta la necesidad imperiosa de conjurar todos los aspectos que puedan alterar el normal desenvolvimiento de la menor en su entorno educativo, social y familiar, entendido este último, indiscutiblemente, como la base del aprendizaje a la hora de relacionarse con los demás.

En efecto, la estructura y la rutina de la familia, el tipo de educación impartida por los padres, la relación y trato con los hermanos, etc., son aspectos que de no ser manejados correctamente pueden transmutar en factores de riesgo para que los niños y niñas se conviertan en agresores o para que contribuyan en su papel de víctima al relacionarse entre iguales. De ahí que para esta Sala, ese acompañamiento integral del ICBF, redunda en beneficio de la protección de los derechos de la menor y, en esa medida, se ordenará a dicho instituto continuar con el seguimiento al caso de la menor XXX, así como a su núcleo familiar, conforme la mencionada medida de restablecimiento de derechos que adoptó.

Bajo las mismas premisas, se ordenará su comparecencia a través de uno de sus delegados, al acto de reconciliación que programe el centro educativo accionado, como garante de los derechos de las menores involucradas.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia, para en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de la menor XXX, al buen nombre, igualdad, salud, vida y educación.

2. ORDENAR al Colegio Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza y a su rectora Y… Á…, que dentro de los 5 (cinco) días siguientes al inicio del periodo escolar 2018, lleve a cabo un acto de reconciliación, sincero y público con la menor XXX, la directora de grupo y las alumnas del grado 3B –año 2017–, el cual deberá ser documentado para el archivo de la institución educativa y personal de la madre de la menor; de la realización de dicho acto deberá informar previamente al ICBF. Así mismo, la institución educativa en el transcurso del periodo académico del año 2018, deberá realizar tres (3) programas dirigidos a las alumnas y al profesorado orientados a fomentar el respeto y la protección de la dignidad humana, y (3) tres capacitaciones dirigidos al personal docente y administrativo del establecimiento académico, a efectos de instruir acerca de la resolución de conflictos del tipo que aquí se ventiló.

3. ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital que, en caso de que la madre opte por la continuidad de la formación académica de su hija en una institución del orden distrital, ofrezca un cupo en uno de tales colegios que deberá estar ubicado en la localidad de residencia de la menor.

4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional que, en caso de que la madre opte por la continuidad de la formación académica de su hija en un institución de carácter privada, ejerza las acciones pertinentes a fin de ubicar un cupo en un colegio de similares características a la institución accionada, que deberá estar ubicado en la localidad de residencia de la menor.

5. ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, adelantar un seguimiento documentado acerca del cumplimiento que el colegio accionado dé a las órdenes impartidas en el numeral segundo de este proveído.

6. ORDENAR a la EPS Unicajas Confacumdi que a través de la IPS que corresponda, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a iniciar el tratamiento psicológico ordenado a la menor XXX por el galeno tratante, cuya continuidad deberá ejecutarse de forma oportuna, integral y efectiva.

7. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, continuar con el seguimiento al caso de la menor XXX, así como a su núcleo familiar, conforme la medida de restablecimiento de derechos que adoptó el 6 de octubre de 2017 dentro de la Historia de atención Nº 1028785921. Así mismo, se ordena comparecer al acto de reconciliación que realice el colegio accionado, como garante de los derechos de las menores involucradas.

8. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

9. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.

Salvamento de voto

Respetuosamente me permito expresar las razones por las cuales me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala en este asunto:

En mi sentir, los hechos planteados en la acción de tutela dan cuenta de un conflicto escolar entre menores de edad que, sin negar la gravedad y el impacto que puede tener en su proceso formativo, debe ser tratado adecuadamente por expertos, a partir de medidas interdisciplinarias concebidas y desarrolladas en el interior del mismo foro educativo y no a través de órdenes o imposiciones de un juez de tutela.

En efecto, de las pruebas recaudadas en el interior del trámite de la acción es posible reconocer un conflicto de convivencia desarrollado en el seno del ambiente escolar, del que no se conocen muchos detalles y que según dan cuenta las constancias médicas aportadas al proceso, le ha significado a la menor accionante una afectación emocional que requiere tratamiento psicológico.

Ante dicha evidencia, reitero, no me parece adecuado recrear un escenario conflictivo entre víctimas y victimarios o vencedores y vencidos, sino que se debe comenzar por reconocer que se trata de menores de edad con conflictos de interacción y convivencia que deben ser adecuadamente tratados en el interior del proceso formativo, con la mediación de expertos, a fin de recomponer los vínculos afectivos y sociales y garantizar su adaptabilidad, aceptabilidad y reconciliación.

En ese orden, considero inconveniente que el juez de tutela invada los procesos formativos y, por ejemplo, imponga un acto de perdón y reconciliación y que, más allá de eso, obligue a que sea “sincero”. Justamente, por la complejidad y la variedad de facetas que adopta este tipo de fenómenos de convivencia, es la respectiva institución educativa la que tiene que generar espacios adecuados para el tratamiento y la reconciliación, con la guía de expertos en la materia. Esto es, en mi sentir, es más válido y adecuado en estos casos gestionar la conformación de espacios en los que los actores involucrados, con la mediación de sicólogos y especialistas en convivencia escolar se encuentren, dialoguen, reflexionen y lleguen por sí solos a medidas de reconciliación, que la imposición de actos de perdón entre estudiantes de educación primaria, inadecuadamente públicos por tratarse de menores de edad, y en el que se llega incluso a ordenar que se tengan sentimientos como la sinceridad.

Con lo anterior, no niego que las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en la prevención y tratamiento de fenómenos como el matoneo escolar, que bien pueden ser verificadas por el juez constitucional, en aras de garantizar los derechos fundamentales de los menores. Tampoco se trata de negar la gravedad de las afecciones físicas y emocionales que pueden sufrir los niños y adolescentes en este tipo de casos. Sin embargo, en mi concepto, en este evento la institución inició los procedimientos tendientes a tratar la problemática, en el interior del respectivo foro escolar, y, como ya lo advertí, estos son fenómenos muy complejos y que requieren de tratamientos responsables y debidamente informados, más de que de la mediación de un juez.

Por todo lo anterior, estimo pertinente la continuación de procesos como el de restablecimiento de derechos iniciado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la guía de expertos como la ONG Psicorehabilitar; el inicio de tratamiento psicológico por la EPS a la que está afiliada la menor; y la capacitación a los estudiantes y el seguimiento de las demás autoridades, con el ánimo de recomponer los vínculos sociales y afectivos y garantizar la continuidad de la educación de la menor accionante, como lo dispuso la Sala. No obstante, como ya lo advertí, no comparto la imposición de acciones como un acto público de perdón, “... público y sincero...”.

Dejo en los anteriores términos sustentado mi disentimiento con la mayoría de la Sala en este asunto)

Rigoberto Echeverri Bueno 

Salvamento de voto

Mi distanciamiento con el fallo proferido por la mayoría en el asunto de la referencia se produce, en esencia, por las siguientes razones que serán explicadas a continuación:

1. Si bien es cierto la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, ello no desecha el deber que le asiste al juez de constatar la veracidad de las afirmaciones, con el fin de establecer si existe la vulneración o amenaza del derecho fundamental que se pretende sea protegido.

Sobre el asunto, ha sostenido la Corte Constitucional que “un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo procesó no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario”(1); la decisión del juez constitucional “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes”.

En el asunto, tal y como lo concluyó el juez constitucional de primera instancia, considero que de las pruebas aportadas no es posible extraer la existencia de actos propios que configuren el acoso escolar (bullying), definido en la Ley 1620 de 2013, como ((Toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”.

En efecto, en el fallo de tutela se alude a unos videos grabados por la accionante, y en los cuales la menor manifiesta sentimientos de tristeza por la situación que vive en su colegio, así como a la historia clínica en donde los médicos que trataron a la menor registraron que su estado de salud psicológico se debía “a problemas asociados con la educación”; no obstante, a mi modo de ver, constituyen meros indicios que no alcanzan a demostrar de manera fehaciente el alegado bullying, y las secuelas a nivel físico y/o mental en la menor, pues además de que son insuficientes para establecer que tales problemas obedecen a una conducta de hostigamiento repetitiva y sistemática por parte de sus compañeros de clase y/o de los docentes, no arrojan mayores conclusiones diferentes a “estado de ánimo bajo)) y “deseo de no continuar en la escuela”.

Y si bien es cierto, el 13 de septiembre de 2017 la accionante celebró un convenio con las directivas del establecimiento educativo, concerniente a que su hija recibiría clases de manera personalizada y en un horario diferente al de sus compañeras, y que terminaría su año lectivo de manera anticipada, también lo es que ello no puede tenerse como una trasgresión evidente de los derechos alegados solo porque conllevó a la reducción del horario de clase, pues precisamente fue la manera en que tanto la madre como el plantel educativo llegaron a una solución concertada ante las quejas presentadas por aquella.

De modo que la falta de demostración del acoso escolar imposibilitaba la concesión de la protección reclamada, como quiera la procedencia de la acción de tutela requiere como presupuesto lógico necesario, que exista una amenaza seria y actual o una vulneración concreta, lo que no se acreditó en este caso.

2. La accionante promovió las acciones pertinentes ante el ICBF, el cual dio apertura al respectivo proceso administrativo de restablecimiento de derechos, entidad que además conforma el Comité Nacional de Convivencia Escolar, y que en el marco de la Ley 1620 de 2015, “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, tiene por objetivo, entre otros, “Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares”.

De tal suerte, que al encontrarse en curso un medio de defensa idóneo y eficaz para salvaguardar las garantías superiores que se afirman comprometidas, ello impedía la intervención constitucional a través de la queja tutelar, pues además de su carácter subsidiario, residual y excepcional, no fue establecida para eludir las competencias propias de las autoridades administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración so pretexto de la supuesta violación de derechos fundamentales.

3. No había lugar a impartir ninguna orden en concreto ante la carencia actual de objeto por hecho superado, pues conforme se verificó en la resolución de la impugnación, la menor no solo finalizó de manera satisfactoria su año lectivo, comoquiera que fue promocionada al siguiente grado escolar, sino que además optó por continuar su formación académica en un establecimiento educativo diferente, de lo que se colige que no subsiste la afectación de las garantías denunciadas, pues ciertamente desapareció el presunto riesgo.

No se puede olvidar que la finalidad de la acción de tutela radica en garantizar la protección de los derechos fundamentales. De tal modo, cuando el quebrantamiento o la amenaza contra alguno de ellos cesa, porque la situación lesiva fue neutralizada o se desvaneció, la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, al quedar sin materia cualquier restablecimiento que el juez de tutela pudiese adoptar ante el caso concreto.

Por lo demás, comparto en su integridad las apreciaciones del tribunal que lo llevaron a desestimar la protección invocada, pues su análisis está acorde con la realidad fáctica evidenciada.

Por considerar suficientes los argumentos para separarme de la decisión mayoritaria, dejo así a salvo mi voto.

Fecha ut supra. 

Luis Gabriel Miranda Buelvas 

1 Sentencia T-702 de 2000.

(Sic) Sentencias T-298 de 1993, T-835 de 2000 y T-131 de 2007.