Sentencia STL3536-2015/39580 de marzo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39580

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D. C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

Se decide la acción de tutela presentada por LUZ ALBA VALENCIA CUERVO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, trámite al que se vinculó el JUZGADO TREINTA Y UNO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.

I. Antecedentes

Luz Alba Valencia Cuervo instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la defensa y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

La promotora relata que adelantó proceso ordinario laboral en contra de la empresa SIBER S.A.S. con el fin de que se reconociera que entre las partes existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, desde el 25 de julio de 2011 y, en consecuencia, se condenara a la empresa demandada, al pago de prestaciones sociales, aportes a seguridad social, indemnización del artículo 26 de la Ley 336 de 1997, por haber sido despedida estando en curso un tratamiento médico, entre otras acreencias; que correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, el que mediante sentencia del 1º de septiembre de 2014, declaró probadas las excepciones de pago y cobro de lo no debido y, en consecuencia, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas; que interpuso recurso de alzada, el cual fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 16 de septiembre de 2014, en el que si bien se revocaron las costas que le habían sido impuestas en primera instancia por ser beneficiaria del amparo de pobreza, en lo demás, se confirmó la sentencia recurrida.

Reprocha que las autoridades no tuvieron en cuenta que el material probatorio allegado demostraba su estado de debilidad manifiesta y la no justeza del despido; que el Tribunal incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, al proferir un fallo absolutorio subjetivo, sin observar el material probatorio —entiéndase documentales y testimoniales— o valorándolo indebidamente, esto es, sin observancia de la sana crítica y las reglas de la experiencia.

Agrega que con la conducta arbitraria e irracional del ad quem no solo se trasgredieron de manera abrupta sus derechos fundamentales, sino que quedó sin otro medio de defensa de sus intereses, ante la improcedencia del recurso extraordinario de casación.

Por lo anterior, se extrae grosso modo, que la actora, con el presente mecanismo, pretende que se deje sin efectos, la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2014, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en su lugar, se le ordene a ese cuerpo colegiado profiera una nueva decisión en la que valore íntegramente las pruebas aportadas.

Con auto del 17 de marzo de 2015, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente. Se recibió escrito del Tribunal accionado, en el que se hace un breve recuento de los argumentos que soportaron la decisión atacada y se resalta que la misma se ajustó a derecho.

II. Consideraciones

El reproche constitucional se dirige a cuestionar la decisión adoptada en segunda instancia, por medio de la cual se confirmó la de primera, salvo en la condena en costas, con ocasión del proceso ordinario laboral que la aquí accionante adelantó en contra de la empresa SIBER S.A.S. y las cuales resultaron desfavorable a sus intereses. 

En ese sentido, se encuentra que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá una vez enlistó la probanza obrante en el plenario relativa a las incapacidades médicas y el dictamen proferido por Compesar E.P.S (a folios 427-435 y 131-132), señaló que si bien la actora estaba gozando de incapacidad a la época en que feneció el término pactado en el contrato de trabajo previamente avisado, tales documentales no daban cuenta de que para ese mismo momento estuviera configurada una limitación física que hubiera sido la causa del despido, así como tampoco un porcentaje de pérdida de capacidad laboral con su correlativa fecha de estructuración, requisitos que según el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción (sentencias rad. 37514 del 27 de enero de 2010 y 35606 del 25 de marzo de 2009), eran indispensables a efectos de conceder la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.  

Añadió que pese a la prueba testimonial recaudada, de la misma no era posible derivar la fecha de estructuración ni el porcentaje de pérdida de capacidad de la actora, pues tal probanza no era la idónea para acreditar esos aspectos, de conformidad con el criterio jurisprudencial traído como soporte.  

Analizados los argumentos precitados, considera esta Sala que la decisión acusada, es el producto de una labor hermenéutica legítima del operador judicial que la profirió, en la medida que actuó bajo criterios de razonabilidad, se soportó en la situación fáctica planteada en el interior del proceso, en las normas legales, la jurisprudencia aplicable al tema y en especial, el material probatorio recaudado.  

En efecto, como expresión del principio de autonomía del juez, se encuentra la facultad que tiene aquél de analizar las pruebas en conjunto de acuerdo con la sana crítica, tal y como lo prevé el artículo 187 del C. de P. C., siendo esta su función principal y para la cual fue investido con precisas facultades para dirimir las controversias que son de su competencia.  

A la par con lo anterior, esta Corte también ha sostenido que no le es permitido al juez constitucional entrar a controvertir las providencias judiciales, so pretexto de tener una opinión diferente en cuanto a la definición jurídica del asunto, pues, quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto, no es otro que el juez natural de la litis, a cuyo efecto su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes, las cuales, se repite, no se dan en el caso concreto; sin perjuicio de insistir en que la tutela no es una instancia más a la cual puedan acudir los administrados a efectos de debatir sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a los ritos propios del proceso natural, según la ley adjetiva. 

Ahora bien, en atención a la documental allegada con el escrito de tutela, que da cuenta de la pérdida de capacidad laboral del 33.01 % que le fue determinada a la actora, con fecha de estructuración del 14 de octubre de 2014, debe indicarse que la misma no puede tenerse como elemento probatorio válido para desestimar la decisión judicial del Tribunal aquí atacada, pues ese dictamen es de 3 febrero de 2015, esto es, de data posterior a la emisión de la sentencia, circunstancia que resulta suficiente para concluir que no fue allegado al proceso discutido y, por ende ni la demandada tuvo la oportunidad de controvertirlo, ni el juzgador de valorarlo. Por lo mismo, la accionante no puede pretender que por este mecanismo constitucional, se reviva, pretermita o subsane una oportunidad procesal que en su momento por descuido e incuria fue desaprovechada, pues lo contrario soslayaría el principio de residualidad que entraña la presente acción.  

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para negar el amparo deprecado.  

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Denegar la acción de tutela impetrada.

2. Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si de éste no se impugnare.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.