Sentencia STL3698-2018/2018-00084 de mayo 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

STL3698-2018

Rad. 2018-00084

Acta Nº 09

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

Procede la Corte a resolver en primera instancia, la acción de tutela instaurada por E.B.G.L., contra la Fiscalía General de la Nación (Dirección Nacional de Fiscalias y Unidad Nacional Contra el Terrorismo), Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Civil, Laboral y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y del Distrito Judicial de Ibagué, Tribunal Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, Juzgado (2) Penal del Circuito Judicial Especializados de Ibagué, coordinador de la oficina de administración y apoyo judicial para la Ley 600 de 2000 de Ibagué y Tolima, Juzgado Séptimo Penal del Circuito Judicial de Ibagué, Juez Coordinador del C.S.A., para los Juzgados Administrativos de Ibagué y Tolima, juez coordinador del C.S.A. para los juzgado civiles municipales, civiles del circuito, laborales y de familia de Bogotá, juez coordinador del C.S.A. para los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad del circuito judicial de Bogotá D.C., coordinador de la oficina de administración y apoyo judicial para la Ley 600 de 2000 de Bogotá, y juez coordinador del C.S.A para el sistema oral penal acusatorio de Bogotá–Ley 906 De 2004.

I. Antecedentes.

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al “(…) habeas data judicial, comercial, bancaria(sic), financiera (sic) —la autodeterminación informática y el derecho al olvido— en conexidad sustancial con los derechos fundamentales a no ser objeto de discriminación, petición, información, trabajo y acceso al crédito público”.

En razón a lo anterior, solicita que se de aplicación a lo establecido en la sentencia de esta corporación con radicación 20889 del 19 de agosto de 2015, la que señala estableció:

“(…) la sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público —sin la supresión de los nombres de los procesados— permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lecutra.

Cuando se comprueba que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nomrbes de las personas condenadas, salvo en todos los eventos en que la ley obligue a conservar pública esta información en todo tiempo, No obstante, se mantendrá el documento integro en los archivos de la corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas que reposa”.

Así mismo, pretende que se amparen todos los derechos fundamentales que se considera vulnerados y en consecuencia, se ordene:

“(…) a cada una y todas las autoridades accionadas, que cumplan sus funciones y deberes constitucionales y legales (…)”, específicamente solicita que “(…) a través del área de sistemas e informática interna de cada autoridad accionada, se proceda a impedir el acceso y conocimiento de terceras personas sin interés legítimo en la información, anonimizando-ocultado mis datos personales —nombres, apellidos y número de identificación— cualquier información que permita que terceras personas infieran que registro antecedentes penales que estuve privado de libertad en centro carcelario y penitenciario del Estado Colombiano y que en el pasado fui objeto y sujeto de procesos judiciales”.

Como fundamento de su petición, aduce que fue “objeto y sujeto de sendas investigaciones y sanciones penales, proceso de los cuales, conocieron por razón de competencias judiciales de; juzgamiento, de tutelas, acciones de cumplimiento y habeas corpus, cada una y todas, las entidades hoy accionadas por esta vía judicial (…)”; que en la actualidad al consultar las páginas de la rama judicial, se encuentra que “(…) Cada proceso judicial atrás mencionado —los penales— culminaron con reconocimiento y declaratoria de extinción de la sentencia penal y la sanción impuesta por prescripción, estando cada proceso penal, en archivo definitivo”; que se encuentra a paz y salvo con la administración de justicia, pero que en las páginas web y en los motores de búsqueda existe información “negativa” sobre procesos penales, acciones de tutelas, acciones de cumplimiento y acciones de habeas corpus, la que puede ser consultada por terceras personas que no tienen interés legítimo en el asunto; que al digitar sus apellidos o el número de identificación pueden conocer su “pasado delictivo” y por ello ha sido “(…) discrimindado social, laboral y económicamente (…).y (…) no [ha] podido acceder a un trabajo digno remunerado, no [ha] podido acceder al crédito público”.

Con referencia a lo anterior, manifiesta que efectuó una investigación mediante la cual pudo determinar que empresas privadas se dedican a “obtener información negativa de personas de orden judicial y venderla al sector bancario, comercial y financiero, disque para mitigar el riesgo de conocer créditos a delincuentes”, que accedió al “(…) expediente oculto de 63 páginas que maneja el sector bancario, comercial y financiero de Colombia en [su] contra, información negativa de orden penal, que no me permite acceder al crédito público”.

Señala, que las autoridades judiciales accionadas con el presente amparo constitucional, en el pasado tuvieron conocimiento de diferentes actos judiciales (procesos penales, acciones de tutela, de cumplimiento y habeas corpus), información que “(…) hoy por hoy estando prescritas y/o caducas por el trascurso del tiempo sigue siendo conocido y accesada (sic) por cualquier persona en las páginas webs de la rama judicial, expuestas al público en general en la internet sin control alguno”.

Refiere, que promovió trámite ante la dirección de investigaciones de protección de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que investigara a las empresas privadas que tenía por objeto la venta de información negativa, y que a la fecha una de ella tuvo que eliminar los precitados datos de su motor de búsqueda, pero que la otra entidad “lo judicial”, se niega a hacerlo hasta tanto las autoridades judiciales “no eliminen esas informaciones primero”. Así mismo, refiere que solicitó a cada una de las entidades accionadas a través de sus áreas de sistemas internas “anonimicen-oculten mis nombres y apellidos y todos aquellos datos civiles y personales que permitan indentificarme y que terceras personas sin interés legítimo en conocer mi pasado personal —conozcan información sobre mi pasado delicitivo— a cada petición y autoridad mencionada, adjunte los documentos de absolución y extinción de sentencia y pena de prisión”.

Aduce, que las autoridades acusadas no resuelven “en concreto” lo solicitado, y que otras no contestan lo peticionado, por lo que concluye que “(…) está[n] desconociendo de manera palmaria, la doctrina y jurisprudencia nacional existente sobre la materia y de otra parte, esta[n] vulnerando [sus] derechos fundamentales”.

La Sala Civil de esta corporación, mediante auto de 19 de febrero del presente año, señaló que no era la competente para conocer de la acción de tutela impetrada, debido a que la misma se dirigía en contra de las diferentes Salas de Casación, razón por la cual adujo que su reparto debía hacerse por medio de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (fl. 202).

Esta Sala, mediante auto de seis (6) de marzo del año curso, avocó el conocimiento y ordenó comunicar a las autoridades judiciales acusadas, así como a los demás intervinientes dentro de las actuaciones cuestionadas, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja (fl. 210).

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante oficio suscrito por la magistrada María Mercedes Mejía Botero, señaló que revisados los libros radicadores, evidenció que su despacho tramitó en primera instancia dos tutelas promovidas por el aquí accionante, quien hasta la fecha no ha elevado solicitud alguna para obtener la eliminación de la información que reposa en el sistema pero que en todo caso, no es competente para adelantar dicho procedimiento habida cuenta “(…) es una herramienta implementada por el Consejo Superior de la Judicatura”, razón por la cual, considera que es la precitada Corporación, la que debe resolver la pretensión incoada a través del amparo constitucional (fl. 254).

El director seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que luego de consultar el sistema de Información sobre antecedentes y anotaciones Sian, que administra la entidad, se determinó que “(…) No figura registro de antecedentes y anotaciones”. Igualmente, refirió que se examinó el sistema de antecedentes penales y requerimientos judiciales de la Policía Nacional, y que en el mismo no “(…) tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.

Indicó, los casos en los cuales procede la acción de tutela y con referencia a ello, aduce que dicha entidad no es responsable de las acusaciones que se endilgan en el escrito del amparo constitucional, por cuanto la presunta información sobre “el pasado delictivo del accionante”, no es responsabilidad de dicha entidad, ya que no le corresponde el control de ese tipo de datos, y que sólo tiene acceso a ellos por medio de los sistemas de información antes referenciados en los cuales insiste no figuran registros.

Por otro lado, indica que el competente para dar información al accionante sobre la extinción de la acción penal y la cancelación de la orden de captura es el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, “(…) según la información suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura del Tolima”.

Finalmente, expresa que como pruebas, anexa copia del registro de las consultas efectuadas en los sistemas de información referidos (258-259).

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, señaló que dicha Corporación, conoció en primera instancia de una acción promovida por el accionante contra el Ejército Nacional, el DAS y la DIPOL, mediante la cual se “tuteló el derecho de petición del gestor constitucional”; que el expediente se remitió a la Corte Suprema de Justicia, para que resolviera la impugnación presentada que se confirmó la decisión de primera instancia, luego de lo cual expediente retorno al tribunal, procediendo a su archivo el 4 de agosto de 2010 (fl. 261).

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (Tolima), mediante oficio suscrito por el magistrado, Héctor Hernández Quintero, manifestó que dicha Sala, actuó como juez de segunda instancia dentro del proceso penal Nº 2003-00019, en el que: i) mediante auto del 25 de noviembre de 2004, se confirmó la providencia que negó la revocatoria de la medida de aseguramiento; ii) por fallo del 5 de mayo de 2004, se revocó la condena impuesta al aquí tutelante, y en su lugar lo absolvió de los cargos, razón por la que se dispuso su libertad inmediata e incondicional, decisión que quedo ejecutoriada el 30 d junio de 2006 y iii) a través de proveído del 14 de enero de 2010, se confirmó a decisión que negó una solicitud de nulidad incoada por el procesado.

Con referencia a lo anterior, señala que en la base de datos de la Rama Judicial “(…) en la consulta de procesos seguidos por la Sala Penal de esta Corporación en contra del peticionario, solo se relacionan las actuaciones surtidas en virtud de radicado 2003-00019 indicando en precedencia (tres registros aparecen) registrándose que dentro de dicho diligenciamiento este tribunal absolvió al [accionante], por lo que el proceso se encuentra inactivo y archivado en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Especializados de esta ciudad(…)”.

En igual sentido, expresa que aparece otro registro acerca de una acción constitucional incoada por el tutelante, en la cual se negó la protección solicitada.

Finalmente, señala que en atención a una petición elevada por el demandante, mediante auto del 3 de noviembre de 2017, “(…) se negó la solicitud de eliminación de la información relacionada con el trámite surtido en el proceso penal, señalando al peticionario la inviabilidad de acceder a sus pretensiones ya que ello implica que se borre por completo el registro efectuado en el sistema en relación con los procesos que conoció el tribunal, lo cual permite saber, inclusive a los funcionarios judiciales de esta corporación, todo el trámite adelantado dentro de las radicaciones 2033-00019 y 2014-002220, y las fechas en las que se surtieron las actuaciones correspondientes, lo cual es necesario para el control y función judicial (…)” (fl. 268).

El centro de servicios administrativos de los juzgados especializados, efectuó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado y por la Sala Penal del Tribunal Superior, para luego señalar que no existe la vulneración de los derechos fundamentales denunciadas, por parte de dicha entidad, toda vez que desde su competencia, una vez revocada la sentencia de primera instancia se “(…) se libraron todos los oficios a las autoridades pertinentes a fin de que se cancelaran las anotaciones que se hubieses registrado a causa de esta actuación (…)”.

Así mismo, expresó que la administración de las diferentes bases de datos de la Policía Nacional y la consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial, no se encuentra dentro de la órbita de su competencia y que mediante providencia de 6 de octubre de 2017, se dio trámite y respuesta a la solicitud elevada por el aquí accionante.

En igual sentido, refirió que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, resolvió las peticiones presentadas por el tutelante, mediante autos del 14 de noviembre de 2017 y 17 de enero de 2018.

Finalmente, reitera que obrando en calidad de juez coordinador del centro de servicios de los juzgados especializados, “(…) se ha dado trámite a todas las solicitudes elevadas por el señor (…) y finalmente [que] dentro de los asuntos de [su] competencia se libraron los oficios correspondientes, comunicando a las autoridades correspondientes para la época de los hechos (DAS, SIJIN DETOL y Dirección Seccional de Fiscalías), la cancelación de cualquier anotación judicial en contra del señor (…)” y anuncia que anexa copia de los oficios y de las decisiones (fl. 271).

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, efectuó un recuento de los actos procesales que se realizaron en el proceso que fue adelantado por dicho despacho, y manifestó que el actor radicó diferentes escritos ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Ibagué y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, para que “(…) se ordenara a la Dirección Administrativa Judicial y a las entidades privadas (…), la eliminación de toda la información negativa existente sobre él en toda clase de actuaciones procesales, tales como proceso penal, habeas corpus y acciones de tutela”; que se dio respuesta mediante oficios 5599 de 9 de octubre y 6250 del 14 noviembre de 2017, exponiéndosele las razones por las cuales no se podía acceder a lo solicitado.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el objeto de tutela propiamente dicho, expresó que no existía la vulneración endilgada a dicho despacho, toda vez que todas las peticiones elevadas han sido oportunamente atendidas y puesta en conocimiento del peticionario, explicando los motivos por los que no era posible ordenar lo pretendido.

Adicionalmente, indicó que ese juzgado, la única base de datos que alimenta con la información de las actuaciones surtidas en un proceso penal, es el “sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia Siglo XXI”, y que por tanto no se está administrando información a bases de datos que “sean de acceso y conocimiento público”, y señaló que” (…) ni si quiera [tienen] acceso al dominio de la página web de la Rama Judicial (…)”; que ese despacho “(…) no está facultado para ordenar a los demás despachos judiciales o corporaciones que conocieron de otros procesos ordinarios y acciones constitucionales donde figure el accionante (…), para que eliminen la información relacionada con la actuación surtida dentro de los mismos”.

Recuerda, respecto de las sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, T-020/14 y T-277/15, que las mismas dispusieron la sustitución de los datos de la accionante por una sucesión de letras y número, pero no la eliminación de los registros y/o anotaciones del proceso.

Insiste, en que ese despacho no ha vulnerada derecho fundamental alguno, por cuanto “(…) [no ha] publicado noticia, sentencia u otro documentos en la internet, relacionado con el proceso penal (…) y/o la acción constitucional (…) y segundo, porque, no se encuentra facultado el suscrito para ordenar la eliminación de las actuaciones surtidas en el proceso, puesto que las mismas se digitan en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia Siglo XXI, en acatamiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1591 del 24 de octubre de 2002, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (fls. 283-285).

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, solicitó denegar el amparo constitucional impetrado, por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo que fundamenta en que:

“(…) si se repara en que si el soporte para reclamar la protección ius fundamental, no es otro que la “divulgación de providencias judiciales por medio de bases de datos… como condenado” (sujeto pasivo)” con miras a lograr “la supresión” en las mismas y en los “fallos judiciales” en lo que opero la extinción de la acción penal, es claro que la acción de tutela No. (…) que el precitado incoó (sujeto activo) en representación de sus menores hijos (fallada en forma adversa para aquel 6 de septiembre de 2017), en busca amparo de la protección de derechos ajenos, no lo habilita para reclamar tal protección frente a este Tribunal”.

La Sala Penal de esta corporación (fl.291), manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales respecto de los cuales se solicita su protección constitucional, porque ha dado respuesta a las tres peticiones presentadas por el accionante y además porque:

“(…) no se ajusta a la verdad su afirmación atinente a que en su primigenio requerimiento “[adjuntó] los documentos de absolución y extinción de sentencia y pena de prrisión (sic), tanto así que por eso, mediante auto del 27 de septiembre de 2017, no se accedió a la solicitud de anonimización, ya que “el peticionario no se acreditó que para [ese] momento en el proceso o procesos en los que fue sancionado se haya decretado la extinción de la acción penal, bien por prescripción, ora por cumplimiento de la pena, haciéndosele saber, sin embargo que una vez demostrara lo anterior, la oficina responsable de la Corte Suprema de Justicia debía proceder de acuerdo a las reglas establecidas en Auto del 19 de agosto de 2015, lo que hasta la fecha no ha ocurrido”.

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas por ese despacho ante la petición elevada por el aquí accionante, encaminada a obtener copia autentica del “auto de cesación de procedimiento y constancia de ejecutoria del mismo” y así mismo indicó que ante la solicitud de eliminar los registros que pesaban en su contra se le informó que “(…) no era posible acceder a lo solicitado, pues [estaba sujeto y facultado] para registrar en los sistemas de información de la Rama Judicial, e informar a las autoridades las decisiones que se adopten al interior de los procesos” y que por esa razón “(…) se remitía la solicitud a la dirección seccional de administración judicial-oficina de informática (…)”.

Por lo anterior, solicita se declare improcedente el amparo constitucional incoado teniendo en cuenta que no está dentro de las facultades del juzgado eliminar información que se registra “en la base de datos de esa entidad” (fls. 324-325).

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, señaló “(…) el citado promovió acción de habeas corpus en el que se denegó el amparo, sin que este despacho tenga incidencia alguna sobre las anotaciones que respecto del mencionado trámite se hayan registrado en las páginas web, como el Sistema Judicial Siglo XXI”.

Así mismo, indicó que el accionante no había elevado ninguna petición ante ese despacho en ese sentido (fl. 338).

II. Consideraciones.

De conformidad a los lineamientos contenidos en el artículo 86 de la Carta Magna y en los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida como un mecanismo que permite reclamar a la administración de justicia mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata y eficaz de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo, que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese sentido, debe entenderse que fue el querer del constituyente, garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos fundamentales, permitiéndoles acudir ante el juez constitucional, en procura de una orden, que luego de un proceso ágil y eficaz, impida o suspenda el actuar que está generando el menoscabo de los derechos cuya protección se solicita.

En el presente caso, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar, si con la información personal sobre el accionante que reposa en las diferentes bases de datos de las distintas autoridades acusadas, con ocasiones de los procesos judiciales en los que ha sido parte el tutelante, se está vulnerando los derechos fundamentales respecto de los cuales se solicita el amparo constitucional impetrado.

En ese sentido, se tiene que el artículo 15 de la Constitución Nacional, contempla el derecho fundamental al habeas data, que consiste en la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, la cual está relacionada estrechamente con los derechos a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad.

El propio constituyente, reconoció la viabilidad de que las entidades públicas recojan información sobre las personas, ya sea para sus archivos o para crear una base de datos que faciliten su consulta. Empero, es imprescindible que en la recolección, tratamiento y circulación se respete la libertad y demás garantías constitucionales, y que se le permita a los titulares de los datos que allí circulan su derecho a conocerlos, actualizarlos y rectificarlos.

No obstante, el buen nombre, la honra y el habeas data no son derechos absolutos, pues si bien gozan de protección constitucional, la persona no puede impedir la recolección y el manejo del dato cierto cuando este es de interés general, y en todo caso es necesario que esa información sea veraz, completa y permanezca actualizada.

En efecto, tal y como se indicó mediante las respuestas dadas por esta Sala, de fecha 1º de noviembre de 2017, a las solicitudes elevadas por el aquí tutelante, se tiene que los artículos 74 y 228 de la Constitución Política, establecen respectivamente que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos”, y que las actuaciones que se deriven del ejercicio de la administración de justicia, “serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley (…)”.

De igual manera, el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justica (L. 270/1996) dispone:

“(…) Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes.

Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.

Por su parte, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (L. 1712/2014), en su artículo 2º establece “(…) toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.

Sin perjuicio de lo anterior, el literal a) del artículo 18 de la precitada ley, que regula lo concerniente a “información exceptuada por dado de derechos a personas naturales o jurídicas” la define como “toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos: a) El derecho de toda persona a la intimidad (…)”.

Así mismo, se tiene que la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para la protección de datos personales en su artículo 6º, prohíbe el tratamiento de datos sensibles, los que conforme a su precepto 5 comprenden aquellos que “afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación”.

En igual sentido y previo a resolver, se considera necesario tener en cuenta que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto CSJ AP, 19 agt. 2015, Rad. XXXX, al decidir sobre una petición de eliminación de datos negativos, en la base de datos de esta corporación, sobre una condena ya cumplida, precisó que los antecedentes penales y las sentencias condenatorias con la información personales del procesado, tienen el carácter de datos negativos “(…) que permiten asociar circunstancias no queridas, perjudiciales, socialmente reprobadas o simplemente desfavorables con una persona natural”. Posiblemente sean, “en el marco de un estado de derecho, el dato negativo por excelencia: el que asocia el nombre de una persona con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales”.

Así mismo, y luego de hacer un extenso análisis sobre la inclusión de la precitada información en las bases de datos manejada por esta corporación, estableció que:

“(…) Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público —sin la supresión de los nombres de los procesados— permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lectura.

Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa”.

Bajo ese contexto, se tiene que en el caso bajo estudio, los datos y/o la información objeto de acusación, se circunscribe a aquella que reposa en las bases de datos de las diferentes autoridades acusadas, como consecuencia de haber sido aquellas, quienes conocieron de las diferentes actuaciones procesales, en virtud de las investigaciones penales adelantadas en contra del tutelante, y por tanto, hacen alusión a sus antecedentes penales, de modo que su divulgación, claramente genera una afectación en su esfera social y a su derechos de reinserción social, al olvido y a la caducidad del dato negativo que “se traduce en la imposibilidad de que informaciones negativas acerca de una persona tengan vocación de perennidad, razón por la cual, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo” (CC, T-699-14), pues indiscutiblemente se trata de la exposición de información vinculada a su intimidad, que puede ser usada indebidamente lo que le podría llegar a generar perjuicios en el ejercicio de sus derechos como individuo perteneciente a una colectividad.

Por tanto, se considera que es del caso proceder conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, en el sentido de efectuar una versión pública de las decisiones proferidas, que mantenga en reserva los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del accionante siempre y cuando, como lo determinó la homologa penal, quien solicita el amparo constitucional compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena.

Finalmente, es de precisar que los mecanismos implementados en procura de la reserva de los datos del petente, suponen en todo caso el deber de mantener públicas las providencias que los contienen y que las mismas se mantendrán de manera íntegra en los archivos de la respectiva corporación, esto bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, pudiendo consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposan.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. AMPARAR la tutela de los derechos invocados, respecto de aquellas providencias proferidas dentro de los trámites de las diferentes acciones interpuestas por el aquí tutelante, que hagan alusión a sus antecedentes penales, para lo cual, una vez el accionante compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, las autoridades que las hayan proferido deberán adoptar en un término no mayor a 20 días hábiles, las medidas pertinente para que en las bases de datos que administren, se refleje una versión pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas, que mantenga en reserva los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del accionante.

2. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.